Protección contra su madre

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Francisco López Muñoz, abogado, en representación convencional del Servicio De Salud Aconcagua, persona jurídica de Derecho Público, RUT RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en favor del lactante nombre reservado, nacido el NUM000 de 2024, y en contra de su madre, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por la negativa de esta última a dar cumplimiento al Plan Nacional de Inmunizaciones respecto de su hijo.

En cuanto a los hechos, expone que, conforme lo informado al Tribunal de Familia de San Felipe por el CESFAM Segismundo Iturra, la recurrida no ha dado cumplimiento al calendario de inmunizaciones correspondiente a la edad de su hijo. Señala que, de acuerdo al Informe de Cumplimiento de fecha 9 de septiembre de 2025, emanado de dicho centro asistencial, el lactante mantiene pendientes de aplicar las vacunas correspondientes a los 4, 6 y 12 meses de edad del Programa Nacional de Inmunizaciones, así como la vacuna anti influenza de la campaña del año 2025, además de los controles de salud correspondientes a los 8 y 12 meses de edad.

Sostiene que la recurrida se niega a cumplir con la inoculación de su hijo en el Centro de Salud Familiar Segismundo Iturra, dependiente de la I. Municipalidad de San Felipe, vulnerando con ello el interés superior del niño y la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, sin dar mayor razón de su negativa, todo ello en el contexto de la causa Rit P-706-2025 del Juzgado de Familia de San Felipe, sobre medida de protección en favor del lactante ya individualizado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, apoya su acción en el Decreto N°50 de 2021 del Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad de las vacunas contra enfermedades inmunoprevenibles para la población infantil, tales como hepatitis B e influenza, entre otras.

Sostiene que, si bien la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, reconoce en su artículo 14 el derecho a aceptar o rechazar tratamientos médicos, el artículo 15 establece una excepción cuando dicha decisión pone en riesgo la salud pública, como ocurre en el caso de la vacunación. Invoca, asimismo, el artículo 7 y el artículo 38 de la Ley N°21.430, que consagran el interés superior del niño y su derecho a la inmunización contra enfermedades prevenibles, apoyándose además en la Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del Niño.

Solicita que se acoja el recurso en todas sus partes, declarando que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, y ordenando que de forma inmediata se apliquen al lactante todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, disponiendo que la recurrida concurra con su hijo al CESFAM Segismundo Iturra de San Felipe, o al establecimiento de salud más cercano, para dicho efecto y, en caso de no hacerlo, se remitan los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez para el inicio del procedimiento de protección administrativa que corresponda.

Acompaña a su presentación certificado de nacimiento del lactante nombre reservado e Informe de Cumplimiento de fecha 9 de septiembre de 2025, emanado del CESFAM Segismundo Iturra de San Felipe.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que el centro de la controversia radica en determinar si la negativa de la recurrida a dar cumplimiento al Plan Nacional de Inmunizaciones respecto de su hijo lactante constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del niño.

Tercero: Que, respecto a la legalidad de la vacunación impetrada por el Servicio de Salud recurrente, el artículo 32 del Código Sanitario faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población contra enfermedades inmunoprevenibles. Así, en ejercicio de dicha facultad, el Decreto N°50 de 2021 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por tanto, la administración de las vacunas correspondientes a los 4, 6 y 12 meses de edad, así como la vacuna anti influenza, no pueden quedar al arbitrio o voluntad de los particulares, sino que constituyen un deber legal cuyo cumplimiento resulta imperativo. Lo anterior se ve reforzado por la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cual, en su artículo 38, es taxativa al señalar que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles y que los padres son los garantes inmediatos de la salud de sus hijos, estando obligados a cumplir con los controles médicos y adoptar todas las medidas necesarias con el fin de velar por su salud. En consecuencia, la omisión de la recurrida no solo contraviene normas administrativas, sino que infringe directamente el estatuto de protección integral del cual el lactante de autos es titular.

Cuarto: Que, en la especie, la negativa de la recurrida a dar cumplimiento al calendario de inmunizaciones no aparece fundada en antecedente médico o científico alguno que la justifique, ni se ha acreditado en autos razón objetiva o comprobada que permita privar al lactante de su derecho a ser inmunizado, manteniéndose pendientes las vacunas correspondientes a los 4, 6 y 12 meses de edad y la vacuna anti influenza, exponiéndolo con ello a contraer enfermedades inmunoprevenibles, riesgo que además se extrapola a los demás sujetos que compartan con él en el evento de resultar afectado.

Quinto: Que, en cuanto a la eventual alegación relativa a la autonomía para aceptar o rechazar tratamientos médicos, cabe precisar que la propia Ley N°20.584, en su artículo 15, establece límites claros a dicha autonomía cuando la falta de tratamiento —en este caso, la inmunización— supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de un lactante expuesto a enfermedades prevenibles únicamente mediante la vacunación obligatoria. De este modo, la potestad parental no puede ejercerse de forma que vulnere el núcleo esencial del derecho a la vida e integridad física y psíquica del niño, primando en esta materia su interés superior por sobre la autonomía de sus padres, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley N°21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sexto: Que, conforme ha razonado la Excelentísima Corte Suprema en un caso análogo (Rol N°7616-2025, considerando tercero), se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible al recurrido que se niega a que su hijo sea vacunado conforme al Plan Nacional de Inmunización, lo que afecta el derecho a la vida e integridad del niño amparado. En consecuencia, siendo un hecho indiscutido que el lactante nombre reservado no cuenta con su esquema de vacunación al día por la sola voluntad de su madre, se configura una amenaza real a su salud que amerita la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el Servicio De Salud Aconcagua, en favor del lactante nombre reservado, y en contra de su madre, doña nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que de forma inmediata se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, debiendo la recurrida concurrir con el lactante al Cesfam Segismundo Iturra de San Felipe, o al establecimiento de salud más cercano, para dicho efecto, dentro del plazo que el referido centro de salud disponga. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, remítanse los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez que corresponda, a fin de que se inicie el procedimiento de protección administrativa pertinente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6457-2025.

En Valparaíso, veintisiete de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.