nombre reservado con ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos HÁBITAT en contra del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, comunicado mediante notificación de 2 de enero de 2026.

Sostiene que, se encuentra afiliado a la AFP Hábitat en Chile y, amparándose en la Ley N° 18.156, solicitó la devolución de sus fondos previsionales en enero de 2025.

Afirma haber presentado toda la documentación exigida, incluyendo su título de Ingeniero Civil debidamente apostillado, contrato de trabajo con la cláusula de previsión extranjera, y certificados de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Denuncia que, la AFP Hábitat ha rechazado la solicitud de forma reiterada (el último rechazo data del 2 de enero de 2026) o ha omitido una respuesta formal y fundada.

Añade que, la recurrida habría invocado fundamentos genéricos como "falta de documentos" o "error en antecedentes" sin especificar cuáles, lo que deja al recurrente en una situación de indefensión y constituye, a su juicio, una conducta caprichosa y arbitraria.

En cuanto al derecho, apoya su pretensión, en la ley N° 18.156 que regula la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros y permite la devolución de fondos acumulados si se cumplen requisitos como la calidad de técnico, afiliación a un sistema previsional extranjero y la voluntad de mantenerla, artículos 6, 7, 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, artículos N° 11 y 41 de la ley 19.880, solicitando en definitiva tener por interpuesto el Recurso de Protección contra la AFP Habitat por el acto ilegal y arbitrario de rechazar la solicitud de retiro de fondos, adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho, ordenando que se reconozca la documentación suministrada y realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente, conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 10, informa la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, el recurrente no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo señalado, sostiene que en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

En este contexto, la normativa contenida en la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Conforme a lo anterior, cabe explicar que el artículo 1° de la Ley N°18.156 prescribe: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744 Agrega que, por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Como puede apreciarse de las normas precedentemente transcritas, la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Precisado lo anterior, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 señala que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, se informa que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Se precisa entonces que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Ahora bien, se debe hacer presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado de dicha manera no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Dicho documento, además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En consecuencia, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

En relación al artículo 19 N° 24 al cual el recurrente hace alusión, esto es, el derecho constitucional sobre sus fondos como constitutivos -a su juicio- de “propiedad privada”, esta Superintendencia viene en señalar que no es un hecho controvertido y menos desconocido, la circunstancia que el recurrente y todos los afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, son dueños de los fondos que mantienen en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, los cuales son por el citado Decreto Ley N° 3.500, cuestión que por tanto no resulta debatida ni controvertida, encontrándose su dominio sobre tales fondos bajo la tutela de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que es la que precisamente cuestiona.

Por consiguiente, no es razonable concebir la propiedad que sobre los fondos de pensiones tiene un afiliado al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, de manera aislada o independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae dicha propiedad, los que constituyen un sistema de previsión social y, por ende forman parte del Derecho de Seguridad Social, la que, al igual que el derecho de propiedad y dada su importancia, ha sido tutelada o resguardada por el constituyente, consagrándola también dentro de las garantías contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente en el número 18 de dicho precepto constitucional.

Finalmente, en relación al aludido artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de Chile, se debe señalar que siendo la Ley N°18.156 una ley especial únicamente aplicable a los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros, que acrediten el cumplimiento de las condiciones copulativas exigidas en su artículo 1°, y que hayan sido contratados como tales, para los efectos de acceder a los beneficios de la citada ley (exención y devolución de fondos previsionales), todos quienes tengan dicha calidad -sin excepción de su país de origen- deben acreditar el cumplimiento de la exigencia de cobertura previsional en el extranjero de la referida letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A folio 8 informa AFP Hábitat.

Alega la improcedencia del recurso de protección, por cuanto la AFP sostiene que esta acción constitucional no es la vía idónea para resolver la controversia. Argumenta que el recurso de protección busca amparar derechos preexistentes y no discutidos. En este caso, el recurrente no ha acreditado cumplir con los requisitos legales para el retiro.

Afirma que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa vigente, por lo que no hay una vulneración de garantías constitucionales y que la disputa requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modifique el sistema de pensiones actual.

Asevera la existencia de incumplimiento de los Requisitos de la Ley N° 18.156, la AFP enfatiza que esta ley es una norma de excepción y, como tal, debe interpretarse de manera restrictiva. Los argumentos específicos sobre el incumplimiento son: Documentación no vigente: El certificado de afiliación consular presentado por el recurrente tenía una vigencia de 120 días y, al momento de la solicitud, estaba vencido. Falta de legalización o apostilla: Documentos como la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS de Venezuela fueron presentados sin firma ni apostilla. Según el Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben estar legalizados o apostillados para tener valor probatorio y Acreditación de cobertura continua: La AFP señala que el afiliado no probó tener cobertura previsional en el extranjero durante todo el periodo trabajado en Chile (octubre 2022 a noviembre 2025).

Arguye, que la AFP argumenta que, según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las cotizaciones tienen como fin la cobertura de riesgos sociales y no constituyen un fondo de ahorro de libre disponibilidad al término de los servicios. El beneficio de la Ley 18.156 busca únicamente evitar la doble cobertura previsional para técnicos extranjeros transitorios.

En cuanto a la defensa de Garantías Constitucionales, la AFP rechaza la supuesta vulneración de derechos alegada por el recurrente. La administradora reconoce que los fondos son de propiedad del afiliado y permanecen en su cuenta individual. El hecho de no poder retirarlos ahora no significa privación de propiedad, ya que el afiliado podrá acceder a ellos mediante las pensiones o beneficios generales del sistema (D.L. 3.500) cuando cumpla los requisitos. Igualdad ante la Ley (Art. 19 N° 2): Se argumenta que no hay discriminación, ya que se le exigen los mismos requisitos legales y formales que a cualquier otro técnico extranjero, independientemente de su nacionalidad o la situación política de su país de origen.

5. Respaldo Jurisprudencial La AFP cita numerosos fallos recientes de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones (Santiago, San Miguel, Valparaíso, Concepción) que han rechazado recursos similares de ciudadanos venezolanos. Los tribunales han ratificado que: La dificultad para obtener apostillas en Venezuela no exime del cumplimiento de la ley. Las verificaciones en sitios web extranjeros no sustituyen la formalidad de la apostilla requerida en Chile.

En conclusión, la AFP solicita el rechazo del recurso alegando que su decisión de no devolver los fondos no es un capricho, sino la aplicación obligatoria de la normativa previsional ante la falta de antecedentes idóneos por parte del solicitante.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP HÁBITAT comunicada el 2 de enero de 2026, que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, no estar firmada por la autoridad emisora, y no consignar cobertura efectiva y específica en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y realiza una interpretación restrictiva de la norma legal vigente.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por la actora no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Administradora de Fondos de Pensiones HÁBITAT.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-641-2026.

En Valparaíso, cinco de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.