Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece el abogado don Patricio Eduardo Sepúlveda Rocha, en representación de don nombre reservado, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, RUT N°RUT reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001, de 29 de julio de 2026, notificada electrónicamente el 27 de julio de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°NUM002, N°NUM003, N°NUM004, N°NUM005, N°NUM006, N°NUM007 y N°NUM008, extendidas en forma continua por un total de 180 días de reposo entre el 9 de octubre de 2024 y el 6 de abril de 2025.

Expone que se desempeñaba como trabajador dependiente de la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., y que el cuadro de salud que motivó las licencias médicas reclamadas se encuentra vinculado a un conjunto de factores de especial gravedad, entre ellos hostigamiento laboral judicializado, un accidente automovilístico de alta energía, el fallecimiento de su padre, el término de una relación de pareja de trece años y antecedentes de violencia intrafamiliar. Señala que el tratamiento, iniciado en enero de 2024, ha sido continuado por el médico tratante don nombre reservado, con diagnóstico de episodio depresivo grave y, posteriormente, trastorno mixto de ansiedad y depresión, con comorbilidad de trastorno de estrés postraumático e ideación suicida con planificación, con una evaluación funcional EEAG/GAF de 50 puntos, y que las siete licencias reclamadas dieron continuidad a un único proceso terapéutico, con controles periódicos, ajustes farmacológicos y atención psicológica en el Cesfam Llay Llay.

Sostiene que la Resolución Exenta N°NUM001 y los pronunciamientos de la Compin que la precedieron son ilegales y arbitrarios, por carecer de la motivación suficiente exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, al descartar la evidencia clínica mediante fórmulas genéricas, sin evaluación médica presencial ni peritaje de contraste; por erigir un tope de 261 días de reposo no contemplado en norma legal o reglamentaria alguna; y por incurrir en una contradicción interna, al invocar la continuidad de la patología para limitar el reposo mientras se fragmenta el mismo cuadro licencia por licencia para rechazarlo.

Invoca como vulneradas las garantías de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, se ordene la autorización de las licencias médicas reclamadas y el pago íntegro del subsidio por incapacidad laboral correspondiente y, en subsidio, que se ordene a la Compin disponer un nuevo informe médico con evaluación directa del recurrente, con costas.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social, oponiendo en primer término la extemporaneidad del recurso, por estimar que el plazo de treinta días corridos debe computarse desde el 4 de junio de 2026, fecha en que el recurrente reclamó por primera vez ante dicha Superintendencia en contra de la Compin Región Metropolitana, y no desde la Resolución Exenta N°NUM001, por cuanto admitir lo contrario permitiría que las sucesivas reconsideraciones administrativas instadas por el interesado renueven indefinidamente el plazo para el ejercicio de la acción cautelar.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción por versar sobre materia de seguridad social no amparada por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, en subsidio de ambas alegaciones, informa respecto del fondo, solicitando su rechazo íntegro.

Señala que, conforme al informe médico de la doctora nombre reservado de 28 de julio de 2026, los antecedentes acompañados por el recurrente - emitidos, en su mayoría, por médicos generales o sin especialidad consignada- no incluyen ajustes de complejidad concordantes con la extensión del reposo reclamado, ni detalle de las intervenciones psicológicas realizadas -número de sesiones, fechas y objetivos terapéuticos-, ni evaluación de especialidad ni escalamiento del esquema farmacológico, por lo que no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 261 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Informa, asimismo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, señalando que el rechazo de las licencias médicas reclamadas se fundó en que los informes acompañados por el recurrente carecían de derivación a especialista psiquiatra, de informe de psicoterapia, de mención de la escala GAF y de un plan de reintegro laboral, y que sus actuaciones se enmarcan en los parámetros técnicos dispuestos por la normativa vigente, destinados a asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla su finalidad terapéutica y transitoria.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia opuestas por la Superintendencia de Seguridad Social:

Primero: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, cabe considerar que el acto expresamente impugnado por el recurrente es la Resolución Exenta N° NUM001 de 29 de julio de 2026, notificada electrónicamente el 27 de julio de 2026, que confirmó en definitiva el rechazo de las siete licencias médicas reclamadas. Dicha resolución constituye el acto que agotó la vía administrativa y fijó en términos definitivos la posición de las recurridas, de manera que es a partir de su notificación que corresponde computar el plazo fatal de treinta días corridos previsto en Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Habiéndose deducido la presente acción el 18 de agosto de 2026, esto es, dentro de dicho término, la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Segundo: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia fundada en que la materia debatida pertenecería exclusivamente al ámbito del derecho a la seguridad social, se debe tener presente que si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece al campo de la seguridad social, en la especie se ha denunciado la vulneración de los derechos consagrados en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los que se encuentran expresamente amparados por la presente acción según prescribe su artículo 20. Por consiguiente, la alegación de improcedencia también será desestimada.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar, urgente y concreta, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan una privación, perturbación o amenaza actual al legítimo ejercicio de las garantías expresamente protegidas por dicho precepto.

Cuarto: Que, el acto impugnado consiste en la Resolución Exenta N°NUM001, de 29 de julio de 2026, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de siete licencias médicas, extendidas por un total de 180 días de reposo entre el 9 de octubre de 2024 y el 6 de abril de 2025, por patología de salud mental, decisión fundada en que los antecedentes médicos no permitirían establecer incapacidad laboral más allá de los 261 días de reposo ya autorizados por la misma patología, en la ausencia de ajustes de complejidad concordantes con la extensión del reposo y en la falta de detalle de las intervenciones psicológicas realizadas.

Quinto: Que, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la decisión de las recurridas de rechazar las licencias médicas del recurrente, fundada en la insuficiencia del detalle de las intervenciones psicológicas y en la ausencia de ajustes de complejidad, ponderó adecuadamente los antecedentes clínicos del caso - en particular, la gravedad del cuadro psiquiátrico documentado y su vinculación con el ambiente laboral-, o si, por el contrario, constituye una fundamentación insuficiente para desvirtuar la prescripción de los facultativos tratantes.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados consta que el cuadro psiquiátrico del recurrente -diagnosticado como episodio depresivo grave y, posteriormente, trastorno mixto de ansiedad y depresión, con comorbilidad de trastorno de estrés postraumático e ideación suicida con planificación- fue evaluado y tratado de manera continua por su médico tratante y, complementariamente, por atención psicológica en el Cesfam Llay Llay, con un esquema farmacológico progresivo de múltiples fármacos, sin que las recurridas hayan opuesto a dichos antecedentes evaluación médica presencial, peritaje de contraste o diligencia instructora alguna.

Séptimo: Que, conforme al artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, para el mejor acierto de las decisiones sobre licencias médicas, la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social pueden practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, solicitar informes complementarios al profesional tratante y disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución.

El artículo 34 de la Ley N°19.880, por su parte, faculta a la Administración para ordenar los actos de instrucción necesarios para la determinación de los hechos. Una evaluación médica directa del afiliado se encuentra, por tanto, dentro de las atribuciones que el propio ordenamiento confiere a las recurridas.

Octavo: Que, las objeciones que sustentan el rechazo constituyen cuestiones clínicas controvertidas, cuya dilucidación exige una apreciación médica que la sola lectura de los informes no permite.

Además, el detalle de las intervenciones psicológicas que se cuestiona corresponde a prestaciones otorgadas por la red pública de salud a la que el recurrente se encontraba derivado.

Noveno: Que, a lo anterior se suma que las recurridas fundaron el rechazo en que los antecedentes no permitirían establecer incapacidad laboral "más allá de los 261 días de reposo ya autorizados por la misma patología". Ni el D.F.L. N°44, de 1978, ni el Decreto Supremo N°3 de 1984, fijan un tope de días de reposo para las patologías de salud mental, cuya duración depende de la evolución clínica del caso concreto. Ello no importa, sin embargo, que corresponda tener por autorizado el reposo reclamado, cuestión que exige una determinación técnica.

Décimo: Que, no corresponde a esta Corte sustituir el juicio clínico de los organismos técnicos ni declarar, por sí misma, la procedencia de las licencias médicas y del subsidio reclamados. Sin embargo, sí le compete controlar que las decisiones que afectan derechos constitucionales se adopten con fundamento suficiente, conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880. En la especie, las recurridas descartaron la prescripción de los facultativos tratantes, en un cuadro de salud mental grave con riesgo suicida, sin diligencia instructora ni contraste técnico alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°s 1° y 24°, y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección; en los artículos 11, 34 y 41 de la Ley N° 19.880; y en los artículos 8°, 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se declara:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia opuestas por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de julio de 2026 y se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social que disponga la práctica de un peritaje médico psiquiátrico del recurrente, con evaluación directa de éste y acceso a la totalidad de su ficha clínica, incluidos los informes de su médico tratante y del Cesfam Llay Llay, debiendo emitir una nueva resolución debidamente fundada conforme a derecho respecto de las licencias médicas individualizadas, ponderando el mérito del peritaje.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Caballero, quien estuvo por rechazar el presente arbitrio en razón de las siguientes consideraciones: 1°) Que, el rechazo de las licencias médicas del recurrente no obedeció a una revisión meramente formal, sino que fue precedido de un examen técnico de los antecedentes médicos aportados en cada oportunidad, que constató que los informes complementarios acompañados no detallaron la psicoterapia -número de sesiones, fechas y objetivos terapéuticos-, sin escalamiento del esquema farmacológico a fármacos de mayor potencia y sin un plan de reintegro laboral. 2°) Que, por consiguiente, la decisión de las recurridas se encuentra fundada en antecedentes médicos y administrativos concretos, ponderados por los organismos técnicos competentes dentro del ámbito de sus atribuciones, sin que la discrepancia del recurrente con dicha conclusión transforme la decisión en ilegal o arbitraria, pues fue adoptada con expresión de sus fundamentos y dentro de las competencias legales de las recurridas. 3°) Que, tampoco se configura vulneración de las garantías invocadas. El rechazo de las licencias médicas no impide al recurrente continuar su tratamiento de salud, ni constituye por sí mismo una afectación a su integridad física o psíquica; y, en cuanto al derecho de propiedad, no existe un derecho adquirido al subsidio por incapacidad laboral mientras la licencia médica no se encuentre autorizada por el organismo competente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6390-2026.