nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado don Elio Antonio Olcese Rojas, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por estimar que la decisión de efectuar descuentos en su remuneración, destinados al pago de un crédito social otorgado el año 2020, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 24 febrero de dos mil veinte la recurrida le otorgó a la actora un crédito social identificado con el código 525036606, por un monto total de $5.209.620, pactado en 60 cuotas de $86.827, con un interés inicial de 2,25, cuyo pago se efectuaría mediante los descuentos por planilla previstos en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Señala que han transcurrido “más de cinco años” (sic) desde que su representada incurrió en mora, sin que durante dicho lapso la Caja de Compensación haya realizado gestión alguna tendiente a obtener el pago de la deuda, ya sea por la vía judicial o utilizando las herramientas que le confiere la Ley N° 18.833. Sin embargo, refiere que, el dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, tomó conocimiento, a través del Departamento de Recursos Humanos de su empleador, de que en su remuneración correspondiente al mes de octubre se le descontaría la suma de $81.515, por concepto de crédito social, mediante descuento intercaja.

Sostiene que esta decisión la deja en un estado de indefensión, desde que, luego de un prolongado período de inactividad por parte de la acreedora, un porcentaje relevante de su remuneración le será detraído de manera intempestiva y unilateral. Afirma que la recurrida estaría “reviviendo” de forma antojadiza una facultad que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 otorga a las Cajas de Compensación para el cobro oportuno de sus créditos, pese a haber transcurrido un lapso superior al plazo de prescripción de las acciones cambiarias emanadas del pagaré, sin darle la posibilidad de oponer la excpeción prescripción u otras defensas en sede judicial.

Alega que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por consistir en un uso abusivo y carente de razonabilidad de la potestad de efectuar descuentos por planilla, afectando directamente la remuneración de la actora y, con ello, su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Añade que su postura se encontraría respaldada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, citando, entre otros, los fallos dictados en las causas roles N° 23.258-2018, 68.700-2016 y 2.895-2018, en los que se habría calificado como caprichosa, antojadiza e injustificada la utilización de la facultad prevista en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para obtener el pago de créditos sociales respecto de los cuales el acreedor habría permanecido inactivo durante extensos períodos, reconociéndose en tales casos la procedencia del recurso de protección.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la Caja de Compensación 18 de Septiembre y se ordene a dicha entidad abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos en las remuneraciones de la recurrente, disponer que se reembolsen los montos que eventualmente se hubieren descontado por esa vía, y condenar en costas a la recurrida.

A folio 7, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Explica, que el 24 de febrero de 2020 la recurrente solicitó un crédito social por la suma de $2.650.000, pagadero en 60 cuotas mensuales de $86.827, operación registrada bajo el folio N° 525036606. Indica que la actora pagó oportunamente las primeras doce cuotas, pero que, ante el estado de morosidad que presentaba la operación desde la cuota N° 13 -con vencimiento el 10 de abril de 2021-, fue la propia deudora quien solicitó la reprogramación de su crédito.

Refiere que dicha reprogramación se concretó el 28 de marzo de 2022, acordándose el pago del saldo pendiente en 48 cuotas mensuales a partir del 10 de mayo de 2022, verificándose, desde entonces, pagos continuos entre los años 2022 y 2024, con trece abonos posteriores a la reprogramación. Precisa que, a la fecha, constan en sus registros veinticinco cuotas pagadas, la última el 11 de septiembre de 2025, lo que -a su juicio- evidencia que la operación ha mantenido una recaudación efectiva y sostenida.

Sostiene que es falso que hayan transcurrido “más de cinco años” (sic) sin gestión de cobro, puesto que existió una reprogramación reconocida expresamente por la actora y pagos posteriores a ella. Agrega que el mecanismo de descuento aplicado se ajusta al marco legal previsto en los artículos 1 y 22 de la Ley N° 18.833, 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley N° 17.322, así como al mandato otorgado por la deudora en la cláusula décima del pagaré suscrito en el marco del crédito social.

Indica que el Compendio de Normas de las Cajas de Compensación, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, establece expresamente que las deudas por crédito social deben ser descontadas, retenidas y remesadas conforme a las mismas reglas aplicables a las cotizaciones previsionales, tratándose de un mecanismo especial inherente al régimen de crédito social.

Hace presente, además, que la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 7.090-2025, habría establecido que el uso del mecanismo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 sólo podría estimarse improcedente cuando exista: (i) declaración de prescripción; (ii) cobro judicial iniciado; o (iii) inactividad superior a cinco años. Afirma que ninguna de dichas circunstancias concurre en este caso, puesto que no existe declaración de prescripción, no se ha iniciado juicio de cobro y el período sin pagos es inferior a un año.

Concluye que el descuento cuestionado constituye el ejercicio legítimo de una facultad legal y contractual, sin que se verifique acto ilegal o arbitrario imputable a la Caja, solicitando, en consecuencia, el rechazo del recurso.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por medio de la presente acción constitucional, la recurrente impugna la decisión de la Caja de Compensación 18 de Septiembre de efectuar descuentos en su remuneración, con cargo a un crédito social otorgado en el año 2020. Alega que, tras haber transcurrido “más de cinco años” (sic) desde que la obligación cayó en mora sin que la entidad adoptara gestión alguna de cobro, la reactivación intempestiva del mecanismo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 constituye un actuar ilegal y arbitrario, que afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Afirma que dicha actuación desconoce el carácter oportuno que exige la ley para este tipo de descuentos, impidiéndole ejercer defensas como la prescripción y privándola sorpresivamente de parte relevante de su ingreso mensual.

Segundo: Que, por su parte, la recurrida sostiene que no ha existido inactividad prolongada en el cobro del crédito, ni transcurso del plazo señalado por la actora, desde que la propia deudora solicitó reprogramar la operación el 28 de marzo de 2022, generándose pagos continuos hasta el año 2024 y registrándose veinticinco cuotas pagadas a la fecha. Agrega que el descuento efectuado se ajusta al marco legal, contractual y reglamentario que regula el crédito social, en particular al artículo 22 de la Ley N° 18.833 y al mandato expresamente otorgado por la recurrente en el pagaré suscrito, por lo que no concurriría actuación ilegal o arbitraria alguna. Enfatiza que ninguno de los supuestos definidos por la Excma. Corte Suprema para estimar improcedente el uso del mecanismo especial -prescripción declarada, cobro judicial iniciado o inactividad superior a cinco años- se verifica en la especie, solicitando el rechazo del recurso.

Tercero: Que, conforme al mérito de los antecedentes acompañados por ambas partes y de acuerdo con el criterio reiterado por la Excma. Corte Suprema -entre otros, en el Rol N° 7.090-2025-, el mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 solo puede estimarse improcedente cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: (i) existencia de declaración de prescripción; (ii) inicio de cobro judicial por parte del acreedor; o (iii) inactividad superior a cinco años en la gestión de cobro. En tales situaciones, ha estimado el máximo tribunal que el empleo del descuento por planilla deviene arbitrario, por implicar una forma de autotutela o por alterarse sustancialmente las condiciones en que se otorgó el crédito.

Cuarto: Que, en la especie, ninguno de dichos supuestos concurre. Por el contrario, los antecedentes dan cuenta de que fue la propia recurrente quien solicitó la reprogramación del crédito social el 28 de marzo de 2022, conviniéndose un nuevo plan de pagos a partir de mayo de ese año. Desde entonces se registran pagos continuos entre 2022 y 2024, con veinticinco cuotas enteradas a la fecha, la última de ellas el 11 de septiembre de 2025. Tales hechos, que no fueron desvirtuados por la actora, evidencian que la operación se ha mantenido activa, con recaudación sostenida, descartándose la alegada inactividad por más de cinco años. En este contexto, la decisión de la Caja de Compensación de aplicar el mecanismo de descuento en octubre de 2025 se enmarca dentro de los parámetros temporales y de razonabilidad exigidos por la jurisprudencia.

Quinto: Que, de lo expuesto, no se divisa en el actuar de la recurrida ilegalidad alguna, desde que el mecanismo aplicado se encuentra expresamente autorizado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, así como en la cláusula décima del pagaré suscrito por la deudora. Tampoco se advierte arbitrariedad, pues el descuento se funda en antecedentes objetivos que acreditan tanto la existencia de la deuda como su vigencia y recaudación posterior a la reprogramación. Al no concurrir acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el derecho de propiedad invocado por la recurrente, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6340-2025.

En Valparaíso, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.