nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce acción de amparo en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por calificar de ilegal y arbitraria la decisión de 15 de septiembre de 2025 que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, presentada al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que ingresó su requerimiento de retiro de fondos a través del portal web de la recurrida, acompañando antecedentes destinados a acreditar su calidad de trabajadora extranjera afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen. Señala que fue notificada vía correo electrónico el 15 de septiembre del presente año del rechazo de la solicitud, indicándosele escuetamente que debía contactarse con la administradora para mayores antecedentes, tras lo cual, al comunicarse telefónicamente, se le informó que la petición había sido rechazada por no haberse acompañado certificado de afiliación debidamente apostillado o legalizado y porque el anexo de contrato de trabajo no cumpliría con las formalidades exigidas.

Sostiene que tales exigencias importan la incorporación de requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156 ni en la normativa aplicable, desde que los documentos acompañados permiten verificar su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 1 y 7 del citado cuerpo legal, siendo posible corroborar su autenticidad mediante los mecanismos electrónicos de validación allí indicados. Aduce que la recurrida prescinde de esos medios de verificación, formula una interpretación meramente formalista y desconoce las dificultades públicas y notorias que afectan a los nacionales venezolanos para obtener documentación apostillada, configurando con ello un obstáculo indebido para el ejercicio del derecho a la devolución de sus fondos.

Afirma que el acto recurrido vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al establecer diferencias arbitrarias y afectar su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, por lo que solicita se deje sin efecto la decisión impugnada y se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación presentada, realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de fondos solicitada, o adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, aplicable sólo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que acrediten copulativamente afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el respectivo contrato de trabajo.

Indica que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la cobertura en el extranjero debe probarse mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, precisando coberturas y periodo respectivo, requisitos que no se cumplen con la constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada acompañadas por la recurrente, por carecer aquélla de las formalidades exigidas.

Hace presente que tanto la exigencia de apostilla como el criterio restrictivo han sido confirmados por la jurisprudencia administrativa y judicial, citando, entre otros, lo resuelto por esta Corte y por la Excma. Corte Suprema en causas análogas, concluyendo que la decisión de la recurrida se ajusta a derecho y no vulnera garantías constitucionales.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el beneficio previsto en la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional, sujeto al cumplimiento estricto y copulativo de los requisitos establecidos en dicha ley, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en las normas sobre legalización de documentos extranjeros del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, entre ellos la acreditación de afiliación efectiva a un régimen previsional extranjero mediante certificado emitido por la autoridad competente, debidamente legalizado o apostillado.

Sostiene que la documentación acompañada por la recurrente -constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada- no resulta idónea ni cumple las formalidades exigidas, y que, además, el vínculo invocado con la sociedad DRA. nombre reservado nombre reservado SpA no configura una relación laboral válida para efectos de la Ley N° 18.156, atendida su calidad de representante y socia de la misma. Afirma que su actuación se ajusta a la normativa y a instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, descartando la existencia de acto ilegal o arbitrario o vulneración de garantías constitucionales.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional se dirige en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en la falta de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen de seguridad social venezolano y en observaciones formales al contrato de trabajo acompañado. La actora sostiene que tales exigencias no se encuentran previstas en la ley, que los documentos presentados acreditan su afiliación efectiva al sistema previsional de su país de origen y que la negativa de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados y su igualdad ante la ley.

Segundo: Que la recurrida solicita el rechazo del recurso, argumentando que la devolución de fondos a técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional sujeto al cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, entre ellos, acreditar la afiliación previsional mediante certificación emitida por la autoridad competente y debidamente apostillada o legalizada. Sostiene que la constancia electrónica acompañada por la recurrente carece de las formalidades y precisiones exigidas por la normativa vigente, al no consignar las coberturas ni el período de afiliación, y que, además, el vínculo laboral invocado con la sociedad DRA. nombre reservado nombre reservado SpA no configura una relación de subordinación y dependencia válida para los efectos de la ley, atendida su calidad de socia y representante Tercero: Que para resolver la controversia es preciso recordar que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que concurran copulativamente las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. A su turno, el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Cuarto: Que el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones desarrolla la aplicación de la Ley N° 18.156, disponiendo, en lo que interesa, que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste de manera específica que el trabajador ha contado con protección en los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile, criterio que ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en su jurisprudencia administrativa.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, consta que la recurrente presentó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada suscrita ante notario. La primera no se encuentra apostillada o legalizada, ni consigna de forma específica las coberturas y períodos exigidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; en tanto que la segunda, por emanar de la propia interesada, no constituye medio idóneo para acreditar su afiliación efectiva a un régimen previsional extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contempla de manera expresa la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación, dicha formalidad deriva de las normas generales sobre eficacia y valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero -artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil- y del Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto para Chile como para Venezuela, así como de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades legales. En este contexto, la exigencia de un documento emitido por la autoridad previsional competente, debidamente autenticado, no aparece como un requerimiento antojadizo, sino como una condición orientada a garantizar la certeza y seriedad del régimen excepcional que contempla la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros. En consecuencia, tales documentos no satisfacen las exigencias legales ni reglamentarias para acreditar el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos por la Ley N° 18.156, razón por la cual la decisión de la Administradora recurrida de rechazar la solicitud se encuentra debidamente fundada.

Séptimo: Que, además, de los antecedentes consta que el vínculo laboral invocado dice relación con la sociedad DRA. nombre reservado nombre reservado SpA, de la cual la actora detenta la calidad de socia y representante legal, circunstancia que impide configurar una relación de subordinación y dependencia en los términos exigidos por el artículo 7° del Código del Trabajo. Sobre este punto, la Superintendencia de Pensiones, mediante su Oficio Ordinario N° 5310, de 30 de marzo de 2022, ha precisado que no procede reconocer la calidad de trabajador dependiente ni aplicar los beneficios de la Ley N° 18.156 cuando el solicitante tiene la calidad de socio, administrador o representante legal de la empresa empleadora. En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa Rol N° 9951-2025, sostuvo que no puede configurarse vínculo laboral alguno cuando el trabajador es simultáneamente representante legal o socio controlador de la empresa empleadora, al faltar el elemento esencial de subordinación y dependencia que caracteriza la relación laboral, por lo que en tales casos resulta improcedente acceder a la devolución de fondos previsionales prevista en la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida que afecte el derecho de propiedad de la recurrente, desde que la decisión cuestionada se sustenta en la normativa vigente y en instrucciones administrativas, limitándose a exigir el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio reclamado. Asimismo, tampoco se configura vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, desde que las exigencias aplicadas son de carácter general y se imponen por igual a todos quienes se encuentran en situación semejante.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6325-2025.

En Valparaíso, once de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.