nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. Que el recurrente funda su acción en el acto ilegal y arbitrario que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Señala que solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales mediante el portal web correspondiente, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado. No obstante, mediante correo electrónico de 10 de septiembre de 2025, la Administradora rechazó su solicitud.

Que el recurrente sostiene haber acompañado contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación al IVSS y título profesional debidamente apostillado, dando así íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Argumenta que la recurrida realizó una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, vulnerando su derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o el que estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Que, para acreditar sus alegaciones, el recurrente adjuntó los siguientes documentos: 1) Rechazo de retiro de devolución de fondos como técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Título Profesional debidamente apostillado; y 4) Declaración jurada de afiliación legalizada ante notario y Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., solicitando el rechazo del recurso interpuesto. Planteó la improcedencia de la acción de protección, sosteniendo que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de normativa especial en materia previsional cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado. Asimismo, invocó que la controversia debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para conocer y resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados en contra de las Administradoras, conforme al artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980.

Que, en cuanto al fondo del asunto, la recurrida fundamentó en que el recurrente no acompañó documentación que acredite haber estado cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que la cobertura de enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, conforme exige el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156. y argumentó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, requisito esencial para su validez en Chile, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Que, para acreditar sus defensas, la recurrida adjuntó los siguientes documentos: 1) Solicitud de devolución de fondos previsionales con documentación adjunta; 2) Respuesta al recurrente; y 4) a 16) Diversas sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que confirman criterios similares al sustentado por la Administradora.

A folio 9, informa la Superintendencia de Pensiones, precisó que el señor nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada. Sin perjuicio de lo anterior, explicó que en la legislación de seguridad social chilena la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo entenderse el entero de imposiciones en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Que, asimismo, la Superintendencia señaló que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicha ley. Por tratarse de una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece. En este sentido, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de devolución de cotizaciones previsionales cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable y a la sistemática jurisprudencia administrativa de dicha institución.

Que, en cuanto al caso concreto, la Superintendencia manifestó que el recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada suscrita por él. Al respecto, señaló que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Adicionalmente, indicó que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, añadiendo que dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado, añadiendo que dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 8 de mayo de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece vigencia, de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, según consta en la copia de cédula de identidad acompañada en esta instancia.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6310-2025.