nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA LOS ANDES

Maz C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Christian Espinoza-Medel Medel, abogado, en representación convencional de nombre reservado, técnico en educación parvularia, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, representado por su Director Ejecutivo don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la misma comuna, por la dictación de la Resolución Exenta N° 772, de 13 de julio de 2026, que declaró incompatible la salud de su representada con el desempeño del cargo y dispuso el cese de sus funciones por aplicación del artículo 33 letra g) de la Ley N° 21.109, y de la Resolución Exenta N° 824, de 27 de julio de 2026, que rechazó la reposición administrativa deducida el 24 de julio de 2026 y mantuvo íntegramente el cese.

Expone que ambos actos son ilegales y arbitrarios, pues transforman un presupuesto meramente habilitante, cual es haber utilizado más de seis meses de licencia médica dentro de los últimos dos años, en una causal automática de separación, omitiendo efectuar y exteriorizar un juicio individual, actual y suficientemente motivado sobre la incompatibilidad entre el estado de salud de su representada y las funciones concretas del cargo.

Refiere que su representada se desempeñaba en el Jardín Infantil y Sala Cuna Cuncuna Rayito de Luna, en labores de atención directa de lactantes y párvulos que exigían levantarlos y trasladarlos durante la jornada, y que durante los años 2022 y 2023 sufrió episodios de lumbago mientras ejecutaba sus funciones, siendo evaluada por especialista en traumatología y ortopedia y sometida a estudios imagenológicos, tratamiento farmacológico y rehabilitación kinésica. Añade que, si bien la mutualidad calificó posteriormente la afección como de origen común, los hechos ocurrieron en el lugar de trabajo y con ocasión de la prestación de servicios, circunstancia que debía ser ponderada por la autoridad.

Sostiene que el dato decisivo no es la existencia histórica de una patología ni el legítimo uso de licencias médicas, sino la condición funcional de su representada al tiempo del ejercicio de la potestad, la que se encontraba acreditada por la Resolución de Evaluación Folio N° 20499641, de 27 de mayo de 2026, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que determinó que su estado de salud es recuperable, y por el informe médico de 23 de julio de 2026 del doctor nombre reservado, que consigna mejoría clínica, ausencia de focalidad neurológica, maniobras de Lasègue y Tepe negativas, tratamiento kinesiológico cumplido y ausencia actual de dolor, disponiendo el alta médica y concluyendo que la recurrente puede reincorporarse a sus labores cotidianas.

Argumenta que el artículo 33 letra g) de la Ley N° 21.109 establece una facultad y no un cese automático, pues emplea la expresión sólo podrá considerar y exige evaluación médica previa; que la recurrida infringió el deber de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al no razonar sobre la patología, la evolución clínica, el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el alta médica, las limitaciones funcionales actuales y las tareas concretas del cargo; que omitió ponderar antecedentes decisivos; y que la decisión es además arbitraria y desproporcionada, por hacer prevalecer un único antecedente retrospectivo, esto es, el total de días de licencia.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por haberse aplicado un criterio automático no previsto en la norma, y el derecho de propiedad, por la privación de las remuneraciones, asignaciones y demás estipendios incorporados a su patrimonio, solicitando que se dejen sin efecto ambos actos administrativos, se ordene la inmediata reincorporación de su representada y el pago de las remuneraciones y demás estipendios dejados de percibir desde la separación hasta el reintegro efectivo, debidamente reajustados, con costas.

A folio 7 informa nombre reservado, por el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, solicita el íntegro rechazo de la acción, con costas.

Expresa que dentro del bienio legalmente relevante la recurrente hizo uso de 192 días de licencias médicas, superando el límite de seis meses previsto en el artículo 33 letra g) de la Ley N° 21.109; que las licencias computadas corresponden al tipo 1, esto es, por enfermedad o accidente común, sin que se hayan considerado licencias maternales, de protección a la maternidad ni reposos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales regidos por la Ley N° 16.744; y que, en cumplimiento de la misma norma, se requirió previamente la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la que por Resolución de Evaluación Folio N° 20499641, de 27 de mayo de 2026, informó que el estado de salud de la funcionaria era recuperable.

Afirma que la calificación de salud recuperable no impide la declaración de salud incompatible, pues esta última se configura precisamente sin mediar declaración de salud irrecuperable, criterio aplicado por esta Corte en las causas roles N° 4272-2026, referida al mismo Servicio y a la misma disposición legal, y N° 4612-2026; que no hubo aplicación automática de la causal ni falta de motivación, desde que el acto individualizó cada licencia, precisó su naturaleza, verificó el cómputo, dejó constancia de la evaluación previa del organismo técnico y desarrolló la afectación concreta producida en la organización y continuidad del establecimiento educacional; que el alta médica invocada es de 23 de julio de 2026, posterior a la Resolución Exenta N° 772, de 13 de julio de 2026, y que la norma no exige una segunda evaluación médica o funcional distinta de la evaluación previa; que la alegación sobre el origen laboral de las afecciones no altera la calificación de las licencias computadas, atendido que el organismo competente calificó la patología como de origen común sin que conste resolución posterior que la modifique; y que no se configura arbitrariedad ni vulneración de las garantías invocadas.

A folio 9 la recurrente acompañó la Resolución Exenta N° 503, de 5 de mayo de 2026, que ratifica la designación de fiscal instructora en procedimiento disciplinario seguido en su contra, la Resolución N° 01, de 24 de agosto de 2026, que constituye fiscalía, y el acta de notificación personal de la misma fecha, sosteniendo que tales actuaciones revelan una actuación administrativa carente de coherencia y racionalidad.

A folio 11 la recurrida hizo presente que el sumario administrativo fue instruido por la Ilustre Municipalidad de Los Andes mediante decreto alcaldicio N° 2558, de 11 de julio de 2025, y traspasado al Servicio Local en virtud de la Ley N° 21.040, encontrándose obligada a continuar su sustanciación hasta su normal término.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de toda persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar, se impugna la Resolución Exenta N°772/2026, de 13 de julio de 2026, dictada por nombre reservado, Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, que declaró incompatible la salud de la recurrente con el desempeño del cargo y dispuso el cese de sus funciones, así como la Resolución Exenta N°824/2026, de 27 de julio de 2026, que rechazó la reposición administrativa deducida en su contra, cuestionándose la forma en que la recurrida ponderó los antecedentes tenidos a la vista para configurar la causal del artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109, particularmente en cuanto se habría prescindido de la declaración de salud recuperable, de la evolución clínica favorable y del alta médica de la recurrente, alegándose además la falta de fundamentación de las resoluciones recurridas.

Por su parte, la recurrida argumenta que, atendido que mediante Resolución de Evaluación Folio N°20499641, de 27 de mayo de 2026, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) determinó que la salud de la funcionaria era recuperable, la autoridad administrativa se encuentra igualmente habilitada para considerar dicha salud como incompatible con el desempeño del cargo, por tratarse de hipótesis jurídicas diversas que el legislador reguló de manera diferenciada.

Tercero: Que, al respecto, el Director Ejecutivo de los Servicios Locales de Educación Pública tiene la facultad legal de declarar el cese de funciones por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, según dispone el artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109. Por su parte, el inciso segundo del citado artículo 33 dispone: Para efectos de la aplicación de la causal establecida en la letra g) de este artículo, el Director Ejecutivo del Servicio sólo podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 del Estatuto Administrativo y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El Director Ejecutivo del Servicio, para ejercer la facultad antes señalada, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Cuarto: Que, en consecuencia, la Ley N°21.109 distingue entre el cese de funciones por salud irrecuperable de aquel dispuesto por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En cuanto a la declaración de cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo, ella no otorga ninguno de los beneficios asociados a la declaración de irrecuperabilidad, pues, como expresa el propio texto legal citado, dicha causal se configura precisamente sin mediar declaración de salud irrecuperable o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica, en este caso la COMPIN, establece que la salud del funcionario es recuperable.

Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo las excepciones legales expresamente contempladas, la condición médica de la recurrente resultó incompatible con el desempeño de la función pública, al no haberle permitido ejercer su cargo por más de seis meses dentro del lapso de dos años previsto en la norma.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, no existe controversia en cuanto a que la recurrente hizo uso de licencias médicas dentro del período comprendido entre julio de 2024 y julio de 2026, manteniendo un ausentismo discontinuo de sus funciones por un total de 192 días, en virtud de catorce licencias médicas tipo 1, por enfermedad o accidente común, con reposos comprendidos entre el 29 de julio de 2024 y el 9 de diciembre de 2025, excediendo el límite de seis meses establecido por la ley.

Respecto del segundo requisito, consta que la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación Folio N°20499641, de 27 de mayo de 2026, determinó que la salud de la recurrente era recuperable, cumpliéndose con la exigencia del inciso segundo del artículo 33 de la Ley N°21.109.

Sexto: Que, de lo anterior, aparece que la resolución objeto de este recurso se encuentra apegada a la ley que regula el asunto fáctico, porque es la extensión en el uso de licencias médicas por parte de la funcionaria la que habilitaba al Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes para considerar tal hecho como constitutivo de salud incompatible con el desempeño del cargo, facultad que la autoridad ejerció por superarse el plazo legal de seis meses de ausencia dentro de los últimos dos años.

Séptimo: Que, para determinar si la decisión recurrida cumple con la debida fundamentación exigida por la Ley N°19.880, se tiene presente que de la sola lectura de la Resolución Exenta N°772/2026, especialmente sus considerandos N°4, N°5, N°8, N°10, N°11 y N°12, se cumple con el deber legal, ya que individualiza cada una de las licencias médicas computadas y su naturaleza, y explica de manera pormenorizada los motivos que se tuvieron a la vista al momento de resolver, esto es, la afectación a la continuidad y adecuado funcionamiento del establecimiento educacional, la necesidad de redistribuir personal de otros niveles para suplir las funciones propias de técnico en párvulos, la dificultad para obtener reemplazos idóneos atendida la frecuencia y duración de las ausencias, la sobrecarga laboral generada en el equipo existente y los sucesivos ajustes en la planificación anual y en la conformación de los equipos de trabajo, sin que dicha decisión constituya, según se consigna expresamente en el considerando N°12, una sanción ni un reproche respecto del estado de salud de la funcionaria ni del legítimo uso del derecho a licencia médica.

Octavo: Que, no alteran lo concluido las demás alegaciones de la recurrente. En efecto, el alta médica otorgada mediante informe de 23 de julio de 2026 es posterior a la Resolución Exenta N°772/2026, de 13 de julio del mismo año, y la norma transcrita no exige, para el ejercicio de la facultad, una evaluación médica o funcional distinta de la evaluación previa de la COMPIN, ni que la dolencia subsista al momento de decidir.

Del mismo modo, consta de los propios antecedentes acompañados por la recurrente que la patología fue calificada como de origen común por el organismo administrador competente, mediante resolución de 10 de octubre de 2023, sin que se haya acreditado su impugnación ni la existencia de una decisión posterior que la modifique, de manera que las licencias computadas no pueden ser excluidas del cálculo efectuado por la Administración.

Finalmente, la continuación del procedimiento disciplinario instruido por la Ilustre Municipalidad de Los Andes y asumido por el Servicio recurrido en su calidad de sucesor legal no importa reconocimiento alguno de compatibilidad entre el estado de salud de la recurrente y el desempeño del cargo, por tratarse de potestades de objeto y fundamento diversos.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes, se concluye que las resoluciones impugnadas por esta vía fueron dictadas por autoridad competente, en uso de una atribución establecida en la ley, y en la forma ordenada en ella, por lo que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sra. Marcela Figueroa Astudillo quien estuvo por acoger el recurso, por considerar que, tratándose de una causal de salud incompatible con el cargo, la hipótesis que habilita poner término a la relación laboral exige necesariamente que la condición de salud sea irrecuperable, circunstancia que no concurre en la especie.

En efecto, el inciso segundo del artículo 33 de la Ley N°21.109 impone al Director Ejecutivo requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, de manera que es dicho organismo técnico, y no la autoridad administrativa, el llamado por la ley a pronunciarse sobre la aptitud de la funcionaria para el ejercicio de sus funciones.

En la especie, la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación Folio N°20499641, de 27 de mayo de 2026, resolvió que la recurrente presenta un estado de salud recuperable, sin establecer que su condición no le permita desempeñar el cargo, lo que importa que, para el organismo técnico competente, su salud resulta compatible con el desempeño de sus funciones.

Tal pronunciamiento, emanado del órgano que el legislador estableció precisamente para dotar de sustento técnico a la decisión, no puede ser desconocido por la autoridad administrativa, pues de lo contrario el informe obligatorio quedaría desprovisto de toda finalidad.

A ello se suma que, según el informe de 23 de julio de 2026 del médico tratante, la recurrente fue dada de alta y se encuentra en condiciones de reincorporarse a sus labores, quedando en evidencia que no se cumplen los requisitos para poner término al vínculo estatutario.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese N°Protección-6302-2026.