nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Enrique Jofre Parra, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la resolución exenta N° R-01-UME-128016-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025 que rechaza las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 18 de junio de 2025. Lo que estima vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica garantizado en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el recurrente, nombre reservado de 71 años, padece una hernia inguinal derecha diagnosticada en 2013. La condición evolucionó a mayor severidad en 2018, con desplazamiento intestinal, dolor crónico y deterioro de salud. Se le indicó una cirugía programada (hernioplastía con malla) en el año 2019, con pase quirúrgico para el Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, pero esta nunca se ejecutó. El caso fue archivado por el hospital en más de tres oportunidades. El recurrente lleva más de 6 años en lista de espera.

Debido al riesgo vital y al agravamiento de la patología por la falta de cirugía, el reposo médico se ha mantenido como la única medida terapéutica para evitar consecuencias vitales, dada la imposibilidad de desplazarse al trabajo.

Argumenta que, ante estas dificultades y la deteriorada condición de salud del recurrente, se han interpuesto dos recursos de protección previos al presente arbitrio. Un primer recurso Rol N° 1425-2025, el que acogido por la Iltma. Corte de Apelaciones con fecha 9 de junio de 2025, dejando sin efecto una resolución de la SUSESO y ordenando un nuevo pronunciamiento. Este fallo fue confirmado por la E. Corte Suprema el 8 de octubre de 2025. Detalla que incluso con posterioridad a esta primera acción, la propia SUSESO en abril de 2025 había justificado otras dos licencias médicas por la misma patología, indicando: "Reposo plenamente justificado. Paciente en lista de espera quirúrgica del Hospital Eduardo Pereira".

La segunda acción constitucional Rol N° 3934-2025, acogida por la Iltma. Corte de Apelaciones con fecha 30 de septiembre de 2025, dejando sin efecto otra resolución de la SUSESO de fecha 16 de junio de 2025, ordenando el pago de las seis licencias médicas rechazadas.

Argumenta que este es el tercer recurso de proteccon que debe presentar en el mismo año por el actuar de la SUSESO. Expone que el acto impugnado adolece de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 1, derecho a la integridad física y psíquica, y 24 , derecho de propiedad.

Respecto de la ilegalidad, indica la vulneración de la normativa que establece el derecho al subsidio por incapacidad laboral, aquellas disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, Ley N° 19.880, Ley N° 16.395, D.S. N° 3 de 1984. Agrega, en referencia a la arbitrariedad, que la resolución utiliza argumentos "vagos y tautológicos", limitándose a la causal de "diagnóstico irrecuperable”, lo que contraviene la exigencia legal de fundamentar los actos administrativos, regulados en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880 y el artículo 16 del D.S. N° 3. Considera irracional que se exija mayor justificación al reposo o se utilice el no otorgamiento de la cirugía, que es de responsabilidad del Estado, como fundamento para negar las licencias.

Arguye que la SUSESO se contradice en su razonamiento, pues rechazó las licencias a pesar de que, un mes antes, había aprobado otras con los mismos antecedentes y por la misma patología, reconociendo el "rol terapéutico del reposo" y que el paciente estaba en lista de espera quirúrgica.

Sumado a lo antes expuesto, indica la falta de diligencia de la entidad fiscalizadora, ya que no fundó su decisión en un chequeo médico experto o nuevas evaluaciones, limitándose a revisar antecedentes.

Concluye solicitando se deje sin efecto la resolución exenta N° R-01-UME-128016-2025, de fecha 16 de septiembre de 2025, se ordene el pago de las licencias médicas, o en su defecto, se ordene el correspondiente peritaje.

A folio 7, informa Luis Felipe Henríquez Ferrari, abogado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) de la Región de Valparaíso, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), quien expone las razones del rechazo de las licencias medicas del recurrente por la patología de Hernia Inguinal Bilateral corresponden principalmente al reposo prolongado y falta de rol terapéutico del reposo.

En lo referente al reposo prolongado, el recurrente ha acumulado un reposo continuado desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2025, totalizando 1.216 días de reposo autorizado por la misma condición médica. La COMPIN rechazó gradualmente las licencias médicas al considerar que el reposo perdió su rol terapéutico, ya que la patología es de curso crónico y ya no justifica una incapacidad temporal. En este orden de ideas la COMPIN exigió, infructuosamente, antecedentes que respaldaran un plan de tratamiento activo, recuperabilidad y plan de reintegro laboral.

Argumenta que con posterioridad la SUSESO confirmó la decisión de COMPIN mediante Resolución Exenta Nº R-01-UME-128016-2025. El fundamento fue que, por el tiempo transcurrido, la afección es de curso crónico con un grado de incapacidad presumiblemente no modificable con el reposo, por lo que este cesó en su rol terapéutico.

En cuanto a los hechos, refiere que el recurrente alega falta de cirugía por razones atribuibles al Estado. Sin embargo, un Certificado del Hospital Dr. Eduardo Pereira, de fecha 30 de mayo de 2025, acompañado por el propio recurrente, revela lo siguientereiterados en incumplimiento de controles en varias fechas entre 2013 y 2014; registro de 5 de diciembre de 2013 que indica que el recurrente "no desea operarse”.

Además, se registra un largo periodo de inactividad para la cirugía entre 2014 y 2019. Indica que en el año 2022 el recurrente no adhiere a someterse a dieta y tratamiento necesarios para la cirugía.

Arguye que estos hechos ratifican la decisión administrativa, ya que la falta de solución quirúrgica ha sido primariamente una decisión personal y la inobservancia del tratamiento recomendado, y el reposo prolongado sin adherencia a un plan de manejo carece de propósito terapéutico.

Señala que, tanto la actuación de la COMPIN como de la SUSESO se enmarcó en la legalidad, cumpliendo con la normativa vigente. Ya que, la licencia médica tiene como objeto recuperar la capacidad laboral de forma transitoria, el artículo 6 del D.S. N° 3 de 1984, exige que la incapacidad laboral sea de carácter temporal. El recurrente acumula 1.216 días de reposo y la falta de adherencia al tratamiento demuestran que el reposo perdió su rol terapéutico y su carácter temporal. La afección, de ser permanente, debe ser evaluada por los procedimientos de invalidez, no por el sistema de subsidios por incapacidad laboral transitoria.

También indica que, en casos de reposo continuo y prolongado, el paciente debe aportar antecedentes adicionales que justifiquen la prórroga, como acreditar la inclusión en lista de espera quirúrgica o un informe médico tratante. Señala que, el recurrente incumplió sistemáticamente con estas obligaciones, al no adjuntar antecedentes de terapia activa ni el certificado de lista de espera, además de que sus propios antecedentes revelan su desinterés por la solución quirúrgica.

Finalmente expone que por los motivos antes señalados o existe un acto ilegal y arbitrario, por lo que consecuentemente no existe vulneración de los derechos a la vida e integridad física y psíquica ni al derecho de propiedad del recurrente.

Concluye reiterando que la acción de protección no es la vía idónea para revisar la pertinencia de las decisiones médicas o la suficiencia de los antecedentes, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección con expresa condena en costas.

A folio 8, comparece nombre reservado en representación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), argumenta en primer lugar, la improcedencia de la acción deducida. refiere que la materia del recurso versa sobre un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, específicamente sobre la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica y el pago del subsidio por incapacidad laboral. Este derecho se encuentra consagrado en numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pero no está amparado por la acción de protección, ya que esta garantía constitucional no está contemplada en la numeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental.

En subsidio, respecto al fondo de la acción deducida, indica que la licencia médica es un beneficio que suspende transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, regulado principalmente en el D.F.L. N° 1 de 2005 y el D.S. N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud. La finalidad de la licencia médica, junto al reposo y tratamiento, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y se reintegre a su trabajo.

Esgrime que en el caso del recurrente la afección, hernia inguinal bilateral gigante, es de curso crónico y la persistencia del reposo indica que la incapacidad no es modificable con el mismo. Expone que el paciente, de 70 años, presenta una hernia inguinoescrotal bilateral de 20 por 20 centímetros, dolorosa e irreductible, con múltiples comorbilidades y sin fecha cierta de cirugía en lista de espera hace 12 años. En este contexto, el reposo carece de un horizonte terapéutico efectivo y sin rol terapéutico, por lo que la incapacidad deja de ser temporal y se transforma en una situación de carácter permanente. El sistema de licencias médicas no está concebido para amparar reposos indefinidos ante patologías crónicas sin tratamiento resolutivo posible.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad indica que la SUSESO actúa como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión y le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Señala que la resolución impugnada contiene los argumentos y fundamentos que lo sustentan, basados en el estudio de los antecedentes médicos y en las normas legales. Por lo tanto, no es un acto "arbitrario" ni "ilegal". Indica que al no existir ilegalidad o arbitrariedad no exite vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, ni del derecho de propiedad sobre un eventual subsidio por incapacidad laboral.

Concluye solicitando se rechace la acción de protección deducida en todas sus partes.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.-En cuanto a la improcedencia de la acción:

Primero: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción de protección formulada por la recurrida, cabe señalar que los derechos los derechos que esgrime la actora han sido conculcados son aquellos consagrados en los numerales 1 y 24 el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, su cautela se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la acción constitucional ejercida de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la misma carta fundamental, razón por la cual dicha alegación n ser desestimada.

II.- En cuanto fondo del recurso:

Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, la resolución exenta N° R-01-UME-128016-2025, de 16 de septiembre de 2025 rechaza las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 18 de junio de 2025, lo que estima vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica garantizado en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en particular, la citada resolución se fundó en el reposo injustificado, atendida la larga data de las licencias médicas de que es beneficiario el recurrente, careciendo de finalidad terapéutica el reposo prescrito. Sumado a ello, la recurrida informa que no ha cumplido con controles médicos y adherencia al tratamiento preoperatorio y de sus patologías de base, lo que implica una dilación en la intervención quirúrgica requerida que no es de cargo de la recurrida.

Quinto: Que, en consecuencia, de los antecedentes de autos se vislumbra que la resolución impugnada cuenta con fundamentos para justificar el rechazo de la licencia médica de conformidad a lo previsto en los articulo 11 y 41 de la Ley n°19.880, no existiendo antecedentes que permitan considerar que dicho acto resulte ilegal o arbitrario. En consecuencia, se debe rechazar la acción constitucional de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que se rechaza la improcedencia de la acción.

II.- Que se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6297-2025.