COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA 10 DE MAYO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1 comparece el abogado Felipe Eduardo Flores Cornejo, quien deduce acción de protección en favor de Comité de Vivienda Nueva 10 de Mayo, representado por nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, representada por su alcalde, Marcos Antonio Morales Ureta, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en mantener en funcionamiento irregular una planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en el sector de La Chocota que ha provocado reiterados rebalses de aguas servidas que afectan gravemente al sector, y cuyo último episodio crítico registrado ocurrió el 06 de octubre pasado, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°1, 8 y 9 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el sector La Chocota, calle Los Pescadores, comuna de Puchuncaví, existe una planta de tratamiento de aguas servidas que opera sin resolución sanitaria ni recepción final de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, lo que ha configurado un patrón reiterado de fallas operativas objeto de múltiples denuncias ciudadanas, sumarios sanitarios y observaciones técnicas. Señala que la planta, originalmente proyectada para la localidad de Horcón, resulta insuficiente para los volúmenes actuales, generando escurrimientos, olores nauseabundos y proliferación de vectores sanitarios.

Agrega que el día 6 de octubre de 2025, se produjo un nuevo rebalse que afectó viviendas del sector, con escurrimientos de aguas negras hacia vías públicas y patios residenciales, provocando olores, proliferación de moscas, infecciones dérmicas y respiratorias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, documentándose casos graves como el de una vecina diabética que contrajo una bacteria con riesgo de amputación, y muertes de animales domésticos por exposición a estas aguas contaminadas.

Sostiene que la respuesta de la autoridad ha sido meramente reactiva y superficial, utilizando camiones limpia fosas que no solucionan el problema de fondo del sistema de drenaje, actuando con negligencia al no ejecutar las obras de ingeniería necesarias, lo que constituye una perturbación y amenaza directa a la integridad física y psíquica de los vecinos, así como a su derecho a vivir en un entorno ambientalmente sano.

Asevera que la falta de recepción final de la planta agrava la ilegalidad, pues se está operando un sistema que no cumple con los estándares técnicos mínimos exigidos por la normativa de salud.

Pide, se ordene a la recurrida la adopción de todas las medidas que sean necesarias para cesar de manera inmediata la filtración de aguas servidas hacia los sectores habitados contiguos a la planta de tratamiento de aguas, la emanación de olores y ordene a los recurridos cesar inmediatamente los actos u omisiones en que han incurrido; adoptando cualquier otra medida de protección que se estime necesaria y urgente, con costas.

Acompaña una serie de documentos a su recurso; a saber: 1) Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés reducida a escritura pública ante el Notario Público de la Segunda Notaría de Quintero-Puchuncaví don nombre reservado, repertorio 225-2023; 2) Copia de certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro emitido por el Servicio de Registro Civil, con registro número 324229, código de verificación 489704bd7464; y 3) Set de doce imágenes fotográficas de fecha seis de octubre de dos mil veinticinco que constatan la filtración de aguas servidas que afecta a la comunidad.

A folio 10 y 11 evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví.

En primer lugar, opone la excepción de falta de legitimación activa, argumentando que la recurrente es una persona jurídica y, por tanto, carece de la titularidad de derechos personalísimos como la vida y la integridad física. En subsidio, alega la extemporaneidad de la acción, indicando que los problemas de la planta son conocidos por la comunidad desde hace años, no siendo el evento de octubre recién pasado un hecho nuevo.

En subsidio, alega la falta de oportunidad del recurso, sosteniendo que el episodio de derrame de aguas servidas no ocurrió el 6 de octubre de 2025, como afirma el recurrente, sino entre los días 13 y 18 de septiembre del año en curso y que la emergencia sanitaria se encontraba completamente superada al momento de interposición del recurso. Afirma que se adoptaron medidas concretas entre los días 13 y 18 de septiembre, que incluyeron trabajos con maquinaria pesada para prevenir el colapso del drenaje removiendo 45 metros cúbicos de material, descargas sanitarias de 250 metros cúbicos de aguas servidas en coordinación con la autoridad sanitaria controlando el riesgo de rebalse, y sanitización de 2.000 metros cuadrados de superficie comunitaria con producto registrado en el Instituto de Salud Pública, eliminando focos de contaminación y olores, sanitizaciones que continuaron semanalmente hasta noviembre pasado.

En cuanto al fondo, y en subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas, afirmando que no existe acto ilegal o arbitrario imputable a su parte y que el recurrente no ha indicado norma legal infringida ni explicado la relación de causalidad entre las supuestas acciones u omisiones y la vulneración de garantías constitucionales. Por el contrario, sostiene que la gestión municipal evidencia cumplimiento normativo, destacando la ejecución de proyectos de mejora integral de la planta, financiando la operación y mantención con cerca de 12 millones de pesos mensuales sin realizar cobros por tratamiento, estando a cargo de la empresa ICCI SpA desde septiembre de 2024. Además, que se han concretado nuevas inversiones para la habilitación de sopladores y mejora de la capacidad de aireación del sistema, dando cumplimiento progresivo a las exigencias de la autoridad sanitaria según su disponibilidad de fondos.

Argumenta que la saturación del sistema se debe, en gran medida, al crecimiento demográfico explosivo y a la existencia de asentamientos irregulares en las inmediaciones que sobrecargan la red de alcantarillado, denunciando que los habitantes obstaculizan las labores municipales mediante barricadas y vandalismo. Advierte que paralizar la planta implicaría retomar la descarga al mar, alternativa inviable que afectaría el bien común, además de cuestionar el mérito probatorio de las imágenes y sostener la inexistencia de denuncias formales.

Respecto al supuesto funcionamiento ilegal de la planta, la recurrida refuta esta afirmación señalando que, si bien la Seremi de Salud no recepcionó la planta en 2018, por incumplimiento de ciertos ítems, nunca ordenó su clausura, acompañando resoluciones que demuestran que la autoridad sanitaria ha aprobado modificaciones y mejoras. Invoca la Resolución número 3999 de dos mil diez, sobre ampliación del sistema de alcantarillado, la Resolución número 220 de dos mil veintidós, sobre reutilización de aguas tratadas y el Oficio CP número 20200/2025 de septiembre de dos mil veinticinco que estimó factible la implementación de mejoramiento tecnológico, evidenciando que la autoridad competente tiene pleno conocimiento del funcionamiento de la planta y lo estima necesario y debidamente autorizado.

Acompaña documentos a su informe. A saber: 1) Informe de emergencia del Encargado de Operaciones Municipales; 2) Informe de Secretaría Comunal de Planificación; 3) Decreto Alcaldicio N°677 de fecha seis de agosto de dos mil veinticinco sobre adquisición de sopladores para la planta de tratamiento de aguas servidas y 4) Cuadro resumen de contratos de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.

Asimismo realizó una presentación complementaria en la que acompañó: 1) Informe Técnico número 3, de primero de abril de dos mil veinticinco, emitido por el Encargado de Operaciones y Contratos; 2) Informe Técnico número 4, de dos de junio de dos mil veinticinco, emitido por el Encargado de Operaciones y Contratos; 3) Informe Técnico número 5, de nueve de junio de dos mil veinticinco, emitido por el Encargado de Operaciones y Contratos; 4) Informe Técnico número 6, de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, emitido por el Encargado de Operaciones y Contratos; 5) Parte denuncia de Comisaría Virtual de fecha diecisiete de junio de dos mil veinticinco por delito de daños simples; 6) Decreto Alcaldicio número 1164 de trece de septiembre de dos mil veinticuatro; 7) Decreto Alcaldicio número 267 de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco; 8) Decreto Alcaldicio número 605 de siete de julio de dos mil veinticinco; 9) Resolución número 3999 de doce de noviembre de dos mil diez de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso; 10) Resolución número 220 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso y 11) Oficio CP número 20200/2025 de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso.

A folio 12 el abogado recurrente acompañó copia del Acta Constitutiva del Comité de Vivienda Nueva 10 de Mayo de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, autorizada por la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, para acreditar que don nombre reservado, en su calidad de presidente del Comité, cuenta con facultades expresas para representar legalmente a la comunidad ante la Corte de Apelaciones en el presente recurso de protección, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código de Procedimiento Civil y acreditando la legitimación activa del compareciente.

A folio 17 evacúa informe nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, acompañando “INFORME Oficina Sanitaria Ambiental Concón, Quintero y Puchuncaví - SEREMI DE SALUD - REGIÓN DE VALPARAÍSO”.

Dicho informe da cuenta que la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Horcón presenta deficiencias operativas crónicas detectadas en múltiples fiscalizaciones desde el año 2016. Señala que se han instruido diversos sumarios sanitarios debido al mal funcionamiento de los sistemas de aireación y la saturación del campo de drenes, resultando en amonestaciones, sobreseimientos y una multa vigente sin apelación.

Además, confirma que la fiscalización sanitaria se ha visto obstaculizada por dirigentes comunitarios que impiden el acceso mediante actitudes intransigentes, dificultando procedimientos necesarios para que SUBDERE asigne recursos.

Finalmente, refiere que se han desplegado gestiones interinstitucionales donde se presentó plan de obras con inversión de 150 millones del Royalty Minero, transformación tecnológica a sistema SBR, externalización de operación como condición para nuevos proyectos y regularización del terreno del dren, programándose reunión para noviembre de 2025 para verificar cumplimiento de cronograma y definir encargado técnico permanente.

Acompañó los siguientes documentos a su informe: a) Minuta Técnica de la Oficina Sanitaria Ambiental con el historial de fiscalizaciones; b) Copia de expedientes de sumarios sanitarios y resoluciones de multas aplicadas a la municipalidad.

A folio 18 evacuó informe la Superintendencia del Medio Ambiente.

Menciona que recibió dos denuncias relativas a la planta de tratamiento de aguas servidas de Horcón, identificadas como 176-V-2025, de 13 de marzo de 2025 y 312-V-2025, de 21 de abril pasado, consistentes en operación sin permisos sanitarios ni recepción final y desborde de aguas ocasionando contaminación y riesgos sanitarios.

Señala que, tras analizar los antecedentes, determinó que carece de competencia sobre las materias denunciadas conforme al artículo 2° de su Ley Orgánica, por lo que las denuncias fueron derivadas a la SEREMI de Salud de Valparaíso, la Gobernación Marítima de Valparaíso y la Municipalidad de Puchuncaví para su conocimiento y gestión dentro de sus respectivas competencias, sin haber recibido respuesta a la fecha.

A folio 26 evacuó informe nombre reservado, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Refiere que, en este caso, la emergencia solo se manejó a nivel comunal, por lo que la Delegación trabajó fuera de las instancias formales de respuesta regional, por lo que no tiene facultades operativas directas.

Destaca la existencia del Delegado Presidencial Medioambiental, quien tiene funciones exclusivamente asesoras (no ejecutivas) en materias socioambientales y que fue informado del evento por su potencial afectación ambiental. Indica que él participó en reuniones de trabajo únicamente con fines consultivos, aportando desde su experticia medioambiental, sin embargo, no participó en la determinación de medidas sanitarias o de salud pública adoptadas para abordar la situación.

A folio 27 se trajeron los autos en relación.

A folio 32 se decretó la medida para mejor resolver allí descrita.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la alegación de falta de legitimación activa.

PRIMERO: Que dicha alegación será desestimada, teniendo presente que el arbitrio ha sido interpuesto por nombre reservado, en representación del Comité de Vivienda Nueva 10 de Mayo, agrupación de personas con domicilio aledaño al lugar de las emanaciones reclamadas, resultando evidente que la parte actora posee un interés directo en las situaciones denunciadas y, además, no debe olvidarse que la Constitución Política de la República faculta para ejercer esta acción cautelar a cualquier persona en nombre de aquel que se vea afectado o amenazado en su derechos. Ergo el actor compareciente constituye un legítimo interesado sobre los hechos reclamados y, por tanto, posee legitimación activa para demandarlo.

II. En cuanto a la alegación de extemporaneidad.

SEGUNDO: Que, esta alegación será igualmente rechazada, toda vez que los hechos denunciados poseen efectos permanentes en el tiempo, por lo que ha de entenderse que, a su respecto, la acción de autos ha sido interpuesta dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

III. En cuanto al fondo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, a través de esta vía cautelar, se denuncia como ilegal y arbitrario el actuar del municipio recurrido, consistente en mantener funcionando de modo irregular una planta de tratamiento de aguas, ubicada en el sector de La Chocota, que ha provocado reiterados rebalses de aguas servidas que han afectado gravemente al sector y cuyo último episodio crítico registrado ocurrió el 06 de octubre de 2025, lo que se estima vulnera los derechos fundamentales de la actora garantizados en los numerales 1, 8 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el municipio recurrido reconoce el episodio acaecido entre el 13 y el 18 de septiembre de 2025, pero expresa que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su desempeño, pues ha actuado dentro de sus competencias gestionando reparaciones constantes y financiando obras mayores, sosteniendo que los rebalses son provocados por factores externos como la sobrepoblación y el vandalismo de los propios vecinos, quienes han bloqueado el acceso de las cuadrillas de emergencia, impidiendo la solución oportuna de los incidentes.

SEXTO: Que, al apreciar los antecedentes allegados a este procedimiento cautelar, específicamente aquellos contenidos en el informe del folio 17 de la SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso, es posible constatar que al menos -desde septiembre de 2016- se han presentado, en el sector La Chocota, comuna de Puchuncaví, una serie situaciones irregulares respecto de la Planta de Aguas Servidas de Horcón. Dichas situaciones han dado lugar a eventos recurrentes de colapso y saturación en el sistema de drenes, así como escurrimiento de aguas servidas hacia el borde costero, caleta de pescadores y zonas pobladas, afectando a los recurrentes en su vida diaria, salud y condiciones ambientales.

SEPTIMO: Que, del mismo informe citado precedentemente, consta que, con ocasión de las situaciones aludidas, la autoridad respectiva ha desarrollado, entre 2016 y 2025, siete sumarios sanitarios, estableciéndose en cinco de ellos sanciones de amonestación o multa para el municipio recurrido por la gestión y manejo deficiente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Horcón.

OCTAVO: Que si bien, en la actualidad, la operación de la planta de tratamiento aludida se encuentra directamente a cargo de la empresa ICCI SpA, no puede desconocerse que dicha acción se realiza por encargo del Municipio de Puchuncaví, siendo éste el responsable, ante la comunidad, de las deficiencias en su funcionamiento, las que se han mantenido en el tiempo y permiten concluir que han provocado y provocan una vulneración de los derechos y garantías fundamentales de la recurrente, entre ellas, la consignada en el artículo 19, número 8, de la Constitución Política de la República, esta es “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, derecho que se vulnera con la ocurrencia de los eventos verificados y derivados del mal funcionamiento de la planta reseñada, lo que se ha comprobado por la autoridad sanitaria en múltiples y reiteradas oportunidades.

NOVENO: Que, de lo expuesto, se observa que el ente edilicio recurrido ha incumplido diversos deberes legales. Primeramente, lo dispuesto en el artículo 11 del Código Sanitario, que dispone que: “Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de Salud, corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades: a) Proveer a la limpieza y las condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y de recreo;” agregando en su letra c): “Velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre higiene y seguridad se establecen en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización;”. En segundo término, lo previsto en el artículo 1° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que preceptúa que ellas son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y, en su artículo 4°, al disponer que: “Las Municipalidades, en su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con:…b) La salud pública y la protección del medio ambiente; i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo 101, de la Constitución Política;”.

DECIMO: Que, de lo razonado y reiteración de la situación descrita, queda en evidencia que la Municipalidad de Puchuncaví no ha dado un debido y eficaz cumplimiento a sus funciones, permitiendo que las situaciones denunciadas en el libelo ocurran, como asimismo no adoptando las medidas necesarias para prevenir efectivamente la reiteración de ellas y, en lo posible, neutralizar el fenómeno contaminante materia de la acción, que se ha mantenido en el tiempo por más de nueve años, lapso que aparece a todas luces excesivo, atendida su naturaleza y efectos; lo que permite calificar de arbitrario e ilegal su comportamiento en esta materia y vulnerador del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la protección de la salud que la Constitución Política de la República reconoce a la parte recurrente; dado el manifiesto riesgo sanitario que los rebalses de aguas servidas o no tratadas poseen, al ser portadoras de virus o bacterias.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de falta de legitimación activa.

II. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad.

III. Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el Comité de Vivienda Nueva 10 de mayo en contra de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví y, en consecuencia, se ordena que:

III.1) La Municipalidad de Puchuncaví deberá revisar el protocolo de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Horcón, con la finalidad de establecer las correcciones y mejoras necesarias para evitar en lo inmediato episodios de rebalse, saturación o emergencias sanitarias.

III.2) La Municipalidad de Puchuncaví deberá implementar los mecanismos de seguridad adecuados y suficientes para evitar robos, hurtos o daños que afecten al sistema eléctrico de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Horcón.

III.3) La Municipalidad de Puchuncaví deberá darle la celeridad necesaria, informando a esta Corte del estado de avance y ejecución, de todas aquellas acciones denominadas “a largo plazo”, descritas en el documento titulado “V3 Informe Técnico Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Horcón”, que fuera acompañado, en el folio 39, por la SEREMI de Salud - Región de Valparaíso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Señor Felipe Caballero Brun.

N° Protección 6286-2025.