nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que la recurrente, Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas, solicitó a través del portal web de la recurrida la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjera y el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, relativos a encontrarse afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que el 11 de agosto de 2026 fue notificada, mediante correo electrónico, del rechazo de su solicitud, en los siguientes términos: Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.

Sostiene que dicha decisión desconoce la normativa especial aplicable, desde que la ley no exigiría formalidades adicionales a la acreditación de la afiliación extranjera, y que la recurrida habría efectuado una interpretación formalista, contraria a la finalidad de la Ley N°18.156, cual sería permitir al trabajador extranjero disponer de sus ahorros previsionales cuando cumple las condiciones legales. Agrega que, al calificar el documento aportado como una constancia de cotización, la propia recurrida admitiría implícitamente que la actora se encuentra afiliada.

Afirma que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en el sitio web oficial de dicho organismo mediante código de validación o consulta por cédula de identidad venezolana, además de declaración jurada, título profesional apostillado y contrato de trabajo con su anexo, y refiere haber acompañado, asimismo, un certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Precisa que tales documentos emanan de la autoridad competente de su país de origen y permiten acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, que cubriría las contingencias de vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la negativa de la AFP a considerarlos o verificar su autenticidad constituiría un actuar arbitrario e ilegal.

Añade que la recurrida habría impuesto exigencias no contempladas expresamente en la Ley N°18.156, tales como la apostilla o legalización de la documentación, pese a que existiría dificultad o imposibilidad para los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos consulares, atendida la actual situación diplomática entre Chile y Venezuela, circunstancia que no depende de la actora y que configuraría, a su juicio, un caso fortuito o fuerza mayor.

Refiere, además, que otras administradoras habrían aceptado documentación similar mediante verificación electrónica, lo que, a su juicio, evidenciaría un trato desigual. Cita, en apoyo de su pretensión, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones.

Estima que el rechazo impugnado vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, en relación con el N°26 del mismo precepto, al impedirle disponer de fondos previsionales que estima de su propiedad y al exigirle requisitos que no se aplicarían del mismo modo en otros casos.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se disponga un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo de cinco días, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 7 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo ni presentación ante dicho organismo respecto de los hechos materia del recurso, por lo que no cuenta con antecedentes administrativos específicos sobre la solicitud cuestionada.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que permite la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales sólo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, en relación con el artículo 7°, y que, conforme al N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

En cuanto al caso concreto, afirma que la recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que no sería idóneo para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la ley, por cuanto no se encuentra firmado por quien lo emite, ni apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla, del cual Chile y Venezuela son Estados Parte.

Agrega que la declaración jurada suscrita por la actora tampoco es un documento idóneo, pues la certificación relativa a la cobertura previsional extranjera debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país respectivo.

Añade que dicho antecedente tampoco señala las coberturas específicas con que contaría la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de manera genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano. Precisa que, según su jurisprudencia administrativa, no basta una referencia general al sistema extranjero ni una cartola de cotizaciones, sino que debe constar, por certificación de la autoridad previsional competente, que la trabajadora contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Finalmente, indica que la exigencia de apostilla o legalización responde a la forma prevista para que documentos emitidos en el extranjero produzcan efectos en Chile, citando jurisprudencia de esta Corte, confirmada por la Excma. Corte Suprema, en un caso similar, y concluye que no cuenta con antecedentes que permitan tener por cumplidas las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 10 informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene, en primer término, que la acción de protección no sería la vía idónea para resolver una materia controvertida y de lato conocimiento, desde que no existiría un derecho indubitado a la devolución de los fondos previsionales.

En cuanto al fondo, reconoce que el 11 de agosto de 2026 rechazó la solicitud de devolución formulada por doña nombre reservado, por no haberse acompañado una constancia de afiliación vigente, apostillada en el país de origen o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisando que la constancia electrónica de cotizaciones que adjuntó carece de firma y que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, tales documentos, no legalizados ni apostillados, que no señalan las coberturas con que cuenta el afiliado ni permiten inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones del sistema venezolano, no sirven para acreditar la cobertura previsional extranjera.

Agrega que la declaración jurada acompañada tampoco constituye un medio idóneo, pues dicha cobertura debe ser certificada por la autoridad previsional competente. Por ello, afirma que no se acredita el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En relación con la exigencia de la letra b) del mismo precepto, señala que en el contrato de trabajo de 8 de agosto de 2018 la recurrente declaró encontrarse afiliada a AFP Modelo, y que solo mediante modificación de contrato de 15 de julio de 2026 manifestó su voluntad de permanecer afiliada a un régimen previsional extranjero, declaración que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, resultaría extemporánea.

Añade que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, siendo propietaria de un inmueble en Chile, e invoca jurisprudencia conforme a la cual dicha circunstancia resulta relevante al analizar la procedencia del retiro excepcional de fondos previsionales, por el eventual impacto en el sistema de seguridad social chileno.

Concluye que su actuación se ajustó a la Ley N°18.156, al D.L. N°3.500 y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, organismo al que corresponde la interpretación administrativa de la normativa previsional, por lo que no existiría acto ilegal o arbitrario ni vulneración de las garantías invocadas. Acompaña copia de los Oficios Ordinarios N°12.954, de 17 de julio de 2025, y N°21.880, de 17 de noviembre de 2025, ambos de dicha Superintendencia.

A folio 11 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerado:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por la presente vía constitucional se reclama la decisión de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., que negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros, personal técnico, existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Sexto: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, titular de cédula de identidad para extranjeros, con residencia permanente en el país. Asimismo, conforme al comprobante de su solicitud, presta servicios en Chile para un mismo empleador desde el 1 de agosto de 2018, relación laboral que se mantenía vigente a la fecha de dicha presentación.

2° Para acreditar los requisitos legales, la recurrente ha hecho valer su título de Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas, apostillado; su contrato de trabajo y la modificación de éste; una declaración jurada suscrita por ella; y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) el 13 de julio de 2026, con vigencia hasta el 31 de julio de 2026, la que consigna 224 semanas cotizadas, como primera fecha de afiliación el 2 de mayo de 2011 y su estatus de asegurada cesante, con fecha de egreso de su último empleador registrado el 14 de agosto de 2015, documento que, según se indica, contendría un código de verificación electrónica que permitiría constatar su autenticidad a través del portal web de dicha entidad.

3° El 11 de agosto de 2026, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente, fundado en que Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado, precisando en su informe que dicho documento, además, carece de firma de quien lo emite, no se encuentra legalizado ni apostillado, y no señala de manera específica las coberturas previsionales con que contaría la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones del sistema previsional venezolano, y que la declaración jurada acompañada no constituye un medio idóneo para tales efectos.

Añade que la recurrente, en su contrato de trabajo de agosto de 2018, declaró su afiliación a AFP Modelo, manifestando su voluntad de permanecer afiliada a un régimen previsional extranjero solo mediante modificación contractual de 15 de julio de 2026, y que cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, e invoca jurisprudencia conforme a la cual esta última circunstancia resulta relevante al analizar la procedencia del retiro excepcional de fondos previsionales, por el eventual impacto en el sistema de seguridad social chileno.

Séptimo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva, ya que establece un derecho, la devolución de fondos previsionales, del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social), razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante título de Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas apostillado, y que, por lo tanto, puede ser considerada como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de firma, apostilla o legalización; y la falta de idoneidad de la declaración jurada, por no emanar de la autoridad previsional competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación de la recurrente al sistema previsional venezolano desde el año 2011 y del número de semanas cotizadas, consignando su estatus de asegurada cesante, con fecha de egreso de su último empleador registrado el 14 de agosto de 2015, y pretende acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer que la actora haya contado con protección efectiva por los riesgos que enumera la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 durante el período en que ha prestado servicios en Chile, iniciado el año 2018, ni la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

A ello se agrega que dicho documento carece de firma de quien lo emite y no se encuentra apostillado ni legalizado, sin que la existencia de un código de verificación electrónica supla tales exigencias, las que responden a la forma en que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero producen efectos en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, invocados por las informantes.

Tampoco resulta atendible la alegada imposibilidad de cumplir dicha formalidad, desde que la propia recurrente obtuvo, el 19 de agosto de 2025, la apostilla de su título profesional ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, lo que da cuenta de que tal procedimiento se encuentra disponible en su país de origen, a lo que se suma que el certificado consular legalizado a que alude el recurso no figura entre los documentos acompañados en su primer otrosí. La declaración jurada de la propia afiliada, por su parte, no suple la certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente.

Por lo demás, según lo informado por la recurrida, sin que ello haya sido desvirtuado, en el contrato de trabajo suscrito en agosto de 2018 la actora declaró su afiliación a AFP Modelo, y solo mediante modificación de 15 de julio de 2026, esto es, casi ocho años después de iniciada la relación laboral y pocos días antes de formular su solicitud, manifestó su voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, de manera que tampoco se encuentra acreditado con la claridad necesaria el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Finalmente, cabe considerar la calidad de la recurrente como titular de residencia permanente, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada, desde que la negativa de la recurrida se sustenta en la aplicación de la normativa legal y administrativa a la que se encuentra sujeta, sin que la circunstancia de que otra administradora habría accedido a solicitudes análogas, que por lo demás no se ha acreditado, importe una diferencia arbitraria imputable a la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6285-2026.