nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece por sí, nombre reservado, enfermera, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por la dictación de la Resolución de Cobranza N° 104232-TR-VALPO, de 13 de julio de 2026, en el Expediente Administrativo N°13407-2026, que no admitió a tramitación ninguna de las excepciones que opuso conforme al artículo 177 del Código Tributario, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que somete el cobro de una deuda derivada del Crédito con Aval del Estado a un procedimiento de apremio tributario no habilitado por la ley y desestima sin motivación la inembargabilidad de sus remuneraciones, vulnerando sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, 3, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que percibe una remuneración líquida mensual promedio de $1.409.000, afecta a descuentos permanentes, y que es madre de una niña de tres años que depende íntegramente de sus ingresos. Agrega que la deuda se origina en un Crédito con Aval del Estado otorgado por una entidad bancaria al amparo de la Ley N°20.027, afirmando que pagó ese crédito regularmente hasta que el alza de los intereses hizo las cuotas incompatibles con la subsistencia de su familia.

Señala que opuso seis excepciones dentro de plazo, no obstante, el Tesorero Regional, actuando a la vez como acreedor y juez sustanciador, rechazó la primera y la tercera por carecer de fundamento plausible. Desestimó la segunda, de pago parcial, por calificarla de abono no acreditado. Las tres restantes, relativas a la inembargabilidad, la desproporcionalidad y el cobro de intereses excesivos, las descartó por estimar que no correspondían a ese procedimiento. Sostiene que esta decisión removió el único obstáculo que impedía el embargo, de modo que el perjuicio que enfrenta es actual, inminente e irreparable.

Argumenta que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 remite a las reglas generales de cobro y no al procedimiento tributario, sin que el registro en el Formulario 34 ni el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 alteren la naturaleza civil del crédito. Agrega que el principio de legalidad impide a la recurrida escoger la vía de cobro, máxime cuando el Decreto N°182 de 2005 exige el ejercicio previo de acciones judiciales, inexistentes en la especie. Además, sostiene que el rechazo sin motivo de sus excepciones es arbitrario, pues sus remuneraciones no exceden el límite inembargable de 56 unidades de fomento previsto en el artículo 445 N°1 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 40 del Código del Trabajo.

En cuanto a las garantías fundamentales, estima infringida la igualdad ante la ley, al aplicársele sin justificación un régimen más gravoso que a otros deudores civiles; el debido proceso, al ser juzgada por el propio acreedor con defensas restringidas; el derecho de propiedad, al amenazarse sus remuneraciones inembargables sin habilitación legal; y el numeral 26°, al afectarse dichos derechos en su esencia.

Pide, se declare ilegal y arbitraria la aplicación del procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario al cobro de su deuda, se deje sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo, el procedimiento seguido en el Expediente Administrativo N°13407-2026 y la resolución recurrida, alzándose toda retención o embargo. Solicita, además, que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar o reiniciar el cobro por esa vía, y que se la condene en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 10, evacuó informe la Tesorería General de la República.

En cuanto a los antecedentes, expone que en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente consta una deuda fiscal por Crédito con Aval del Estado, registrada en el Formulario 34, folio N°629358, por la suma de $22.124.494. Agrega que dicha deuda se cobra ejecutivamente en el Expediente Administrativo N°13407-2026, donde el 3 de junio de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos y se despachó mandamiento de ejecución y embargo. Ambos fueron notificados a la deudora por correo electrónico el 4 de junio de 2026, informándosele el plazo de diez días hábiles para oponer excepciones, las que luego dedujo y fueron resueltas en su mérito.

En primer término, plantea la extemporaneidad del recurso. Sostiene que la impugnación se dirige, en realidad, contra la aplicación del procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario, que la actora conoció el 4 de junio de 2026. Por ello, el plazo de treinta días corridos del Acta N°94-2015 vencía el 4 de julio, en tanto la acción se interpuso recién el 12 de agosto de 2026. Añade que las resoluciones posteriores no contienen una nueva decisión que renueve el plazo, y que la Corte Suprema ha rechazado las tesis del "hecho permanente" y del "tracto sucesivo", según los Roles N°28.448-2025, 50.865-2025 y 5.901-2025 Luego, alega que la acción es improcedente por no ser la vía idónea, pues el legislador estableció un procedimiento ejecutivo especial, completo establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, en relación con los artículos 30, 31 y 35 del Decreto Ley N°1.263, que contempla oportunidades de defensa; enseguida, que el recurso no procede contra resoluciones dictadas dentro de un procedimiento reglado en que el Tesorero actúa como juez sustanciador por mandato legal; y, finalmente, que no existe un derecho indubitado, sino una controversia jurídica compleja sobre el estatuto de cobro aplicable, que excede la naturaleza cautelar de esta acción, citando al efecto jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso, afirmando que su actuación se ajusta a derecho, toda vez que, ejecutada la garantía estatal e incorporada la acreencia al patrimonio fiscal, el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 ordena aplicar el procedimiento del Código Tributario a los créditos del Sector Público cualquiera sea su naturaleza, sin que ello importe cobrar el CAE como un impuesto, en armonía con sus artículos 31 y 40, con el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 y con el D.F.L. N°1 de 1994.

Refuerza esta tesis con los artículos 171 y 186 del Código Tributario, que aluden a créditos fiscales distintos de los tributos, y con diversos créditos no tributarios que Tesorería cobra por esta vía. Cita también el Dictamen N°54.539 de 2011, conforme al cual el Consejo de Defensa del Estado carece de facultades para este cobro, así como la sentencia de la Corte Suprema Rol N°54.802-2024.

Precisa que el propio artículo 18 bis de la Ley N°20.027 reconoce la competencia de Tesorería, criterio ratificado por los Dictámenes N°54.539, de 2011, y N°D183-2026 de la Contraloría General de la República. Respecto de los convenios de pago, sostiene que constituyen alternativas de cumplimiento voluntario y no actos coactivos. Además, la improcedencia de condonaciones obedece a que tales beneficios requieren habilitación legal expresa.

Sobre las garantías constitucionales, niega su vulneración. Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que la diferencia de trato se funda en situaciones jurídicas distintas y es objetiva y razonable. En lo que atañe al debido proceso, argumenta que el procedimiento contempla instancias de contradicción, que el Tesorero actúa por mandato legal y no como comisión especial, y que la notificación electrónica está autorizada por la Ley N°21.713. Añade que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de ese estatuto en el Rol N°3297-16-INA. En relación con el derecho de propiedad, señala que este no confiere inmunidad frente a obligaciones exigibles y que no consta la traba efectiva de embargo. Finalmente, niega cualquier infracción a los artículos 6° y 7° de la Constitución, por actuar dentro de sus competencias legales.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso:

Primero: Que, la recurrida solicita se declare extemporánea la presente acción constitucional, sosteniendo que el acto impugnado corresponde al mandamiento de ejecución y embargo y a la notificación electrónica practicada el 4 de junio de 2026, por lo que, al haberse deducido el recurso el 12 de agosto del mismo año, habría transcurrido el plazo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Sobre el particular, del expediente administrativo N°N°13407-2026 de Valparaíso acompañado a estos autos, consta que el 4 de junio de 2026, se remitió a la recurrente copia íntegra de la nómina de deudores morosos y del mandamiento de ejecución y embargo despachado en su contra, comunicándosele, además, el plazo de diez días hábiles para oponer excepciones, las que opuso.

De esta manera, a esa data la actora tenía conocimiento cierto del procedimiento de cobranza cuya legalidad cuestiona por esta vía, sin que su afirmación de haber tomado conocimiento efectivo de aquel el 13 de julio de 2026 permita alterar el inicio del cómputo del plazo, atendida la constancia de notificación incorporada al expediente administrativo.

En consecuencia, habiéndose interpuesto la presente acción el 12 de agosto de 2026, una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos previsto en el numeral 1 ° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la alegación de extemporaneidad será acogida.

II. - En cuanto a las alegaciones de inadmisibilidad:

Segundo: Que, teniendo únicamente presente que esta Corte declaró admisible el presente recurso, las alegaciones de inadmisibilidad serán rechazadas.

III. - En cuanto al fondo:

Tercero: Que, sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, cabe señalar que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, amenacen o perturben su ejercicio.

En consecuencia, no constituye una instancia destinada a declarar derechos cuyo reconocimiento requiera de un debate o discusión propios de un procedimiento de lato conocimiento.

Cuarto: Que, en la especie, el acto cuestionado consiste en la aplicación, por parte de la Tesorería General de la República, del procedimiento ejecutivo previsto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario para el cobro de la deuda que la recurrente mantiene producto del financiamiento de sus estudios superiores conforme a la Ley N°20.027, sosteniendo esta que, atendida la naturaleza civil y contractual de dicha obligación, su cobranza debe sujetarse a los mecanismos contemplados en ese cuerpo legal y a las reglas generales aplicables a los títulos en que consta.

Quinto: Que, de este modo, aparece de manifiesto que mediante la presente acción se pretende definir la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza incoada por la Tesorería General de la República y, a partir de ello, determinar el procedimiento y tribunal competentes para su cobro, cuestiones que no pueden ser establecidas por esta vía, pues requieren de un debate y análisis que exceden la naturaleza cautelar de esta acción constitucional.

Sexto: Que, en consecuencia, no advirtiéndose la existencia de un derecho preexistente e indubitado susceptible de ser cautelado por esta vía, la pretensión de la recurrente no puede prosperar, sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer por los procedimientos que correspondan.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Se acoge la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por la Tesorería General de la República.

II.- Se rechaza la alegación de inadmisibilidad de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Guillermo Oliver Calderón, quien estuvo por rechazar la alegación de extemporaneidad y acoger la presente acción constitucional, teniendo para ello presente:

1°) Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, cabe señalar que la actuación impugnada no se agota en la notificación del mandamiento de ejecución y embargo, sino que se mantiene en el tiempo mediante la tramitación del procedimiento de cobranza seguido en contra de la recurrente, subsistiendo la amenaza de afectación de sus garantías constitucionales mientras dicho procedimiento permanezca vigente.

En consecuencia, atendido el carácter permanente de la afectación denunciada, el plazo para recurrir no puede computarse únicamente desde la notificación inicial de las actuaciones de cobro, razón por la cual, a juicio del disidente, corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad y entrar al conocimiento del fondo del asunto.

2°) Que, en cuanto al fondo, cabe tener presente que la Ley N.º 20.027 fue concebida como un mecanismo estatal destinado a garantizar el acceso igualitario a la educación superior de quienes carecen de recursos económicos, estableciendo un sistema especial de financiamiento estudiantil y mecanismos destinados a asegurar el pago de los créditos otorgados. Sin perjuicio de las facultades de cobro conferidas a la Tesorería General de la República, la naturaleza del Crédito con Aval del Estado difiere de la de otros créditos fiscales como los derivados del no pago de las obligaciones tributarias, por cuanto su origen y finalidad responden a la protección del derecho de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.

3°) Que del artículo 18 bis de la norma legal citada se desprende que las acciones de cobranza deben sujetarse a las reglas generales de procedimiento, sin que resulte procedente aplicar el procedimiento especial de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias regulado en el Título V del Libro III Código Tributario. En ausencia de una regulación especial de ejecución para estos créditos, corresponde acudir a las normas generales del ordenamiento civil, las cuales otorgan al deudor mayores posibilidades de defensa y resguardan adecuadamente sus derechos procesales. Asimismo, las amplias facultades de administración, cesión y cobranza que la ley reconoce respecto de estos créditos son incompatibles con la tesis de que su cobro deba efectuarse exclusivamente mediante la vía tributaria.

4°) Que, en consecuencia, la utilización del procedimiento de cobro tributario respecto del Crédito con Aval del Estado constituye una actuación ilegal y arbitraria, por cuanto somete a la recurrente a un régimen procesal más restrictivo que el previsto por las reglas generales sobre cobro ejecutivo de obligaciones en dinero, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Además, la naturaleza jurídica de dicho crédito no puede alterarse por su incorporación a formularios o mecanismos propios de obligaciones tributarias.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6276-2026.

En Valparaíso, catorce de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.