nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., fundada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Expone que el acto ilegal y arbitrario consiste en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada conforme a la Ley N° 18.156, pese a haber acompañado la documentación que —a su juicio— acredita todos los requisitos exigidos por dicha normativa especial.

Indica que el recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó la solicitud mediante la plataforma electrónica de AFP Planvital, adjuntando contratos de trabajo, anexos laborales que contienen cláusula previsional, declaración jurada de afiliación, Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) —con código de verificación electrónica— y título profesional debidamente apostillado, cumpliendo así íntegramente lo requerido por la ley 18.156.

Refiere que, con fecha 9 de septiembre de 2025, es informado telefónicamente del rechazo, fundándose la Administradora en que no resulta suficiente una declaración jurada del trabajador, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no sirve para acreditar cobertura, por tratarse —según se le indicó— de un documento genérico que no permitiría tener por acreditada la protección del artículo 1 letra a) de la Ley 18.156 —enfermedad, invalidez, vejez y muerte— durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Sostiene que dicha exigencia formal resulta imposible de cumplir, porque no existe actualmente representación consular o diplomática venezolana en Chile, lo que configura una situación de fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, que impide obtener certificaciones consulares tradicionales. Agrega que el documento presentado posee verificación electrónica oficial y que la exigencia de apostilla o legalización no se encuentra prevista en la ley 18.156, configurando —afirma— una interpretación formalista restrictiva que altera la finalidad del legislador: permitir que los extranjeros puedan disponer de sus propios fondos previsionales.

Sostiene que el rechazo vulnera el derecho a igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución, pues se le estaría exigiendo un requisito adicional no contemplado en la normativa.

Solicita que esta Corte tenga por interpuesto el recurso y adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable o el que esta Corte estime.

A folio 4 evacuó informe la Superintendencia de Pensiones en Oficio Ordinario N° OF-FIS-25-5943, señalando que el recurrente nombre reservado, RUT RUT reservado, de nacionalidad venezolana, accionó de protección en contra de AFP PLANVITAL S.A. fundado en el rechazo el 9 de septiembre de 2025 de la solicitud de devolución de fondos previsionales requerida conforme a la Ley N° 18.156, siendo notificado mediante llamada telefónica.

Indica que, según lo informado por la AFP al recurrente, “no sirve declaración jurada del trabajador para efectos de acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156”, debiendo dicha certificación ser emitida por la institución previsional del país de origen o por consulado actuando como representación de dicha institución, y que la constancia electrónica de cotizaciones no es suficiente para acreditar la cobertura exigida según la jurisprudencia administrativa de este servicio.

Señala que el recurrente sostiene que cumple los requisitos legales para solicitar la devolución de sus fondos, y que la negativa de la AFP sería arbitraria e ilegal, pues la certificación de afiliación del IVSS puede verificarse en línea y no podría exigirse legalización o apostilla atendida la situación diplomática actual, lo que —según afirma— constituye fuerza mayor.

Precisa que no consta reclamo previo del recurrente ante la Superintendencia.

Luego expone la normativa aplicable, transcribiendo los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, y destaca que el régimen es de excepción y debe interpretarse restrictivamente, debiendo acreditarse todos los requisitos copulativos, particularmente el de cobertura previsional en el extranjero.

Indica que, conforme a jurisprudencia administrativa sostenida y uniforme, para acreditar la cobertura del artículo 1 letra a) se requiere un documento emitido por la autoridad previsional extranjera competente, que certifique específicamente la protección en caso de enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte, durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile, y que dicho documento debe estar legalizado o apostillado.

Manifiesta que la constancia electrónica acompañada en autos no sirve para acreditar dicho requisito, pues no está firmada, no está legalizada ni apostillada, y no precisa período ni cobertura efectiva, razón por la cual no produce efectos en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Finalmente, cita jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema y de esta Iltma. Corte, en que se ha rechazado recursos de protección en casos análogos, confirmando que la exigencia de apostilla o legalización resulta obligatoria para tener por acreditados los requisitos de la Ley N° 18.156. Concluye solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 6 evacuó informe AFP PlanVital S.A., representada por el abogado Víctor Tabilo Marentis, solicitando el rechazo íntegro del recurso con condena en costas.

Expone que el recurrente el 5 de septiembre de 2025 ingresó tres solicitudes de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156 (folios N°13279, 13280 y 13281), acompañando documentos destinados a acreditar los requisitos legales.

Sostiene que tras la revisión efectuada, la documentación no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa, presentando deficiencias sustanciales que impiden acoger la petición. En particular, señala que respecto del requisito de cobertura previsional extranjera del artículo 1 letra a), la Declaración Jurada suscrita en Chile y la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS no tienen valor probatorio suficiente, por cuanto no provienen de la autoridad previsional extranjera competente, no están legalizadas ni apostilladas, y no acreditan cobertura real y efectiva durante todo el período trabajado en Chile.

Cita Oficios de la Superintendencia —entre ellos los N°20.294 de 2020, N°25.057 de 2023, y N°12.954 de 17 de julio de 2025— que descartan expresamente tanto las constancias electrónicas sin apostilla como las declaraciones juradas como medios idóneos para acreditar el requisito legal; y refiere que la Iltma. Corte de Valparaíso, en causa Rol N°4627-2025, estableció que la interpretación de la Superintendencia es obligatoria para las Administradoras conforme al artículo 94 del D.L. N°3.500.

Agrega que el rechazo no desconoce el derecho de propiedad del recurrente, puesto que sus fondos se mantienen en su cuenta individual y la devolución puede solicitarse nuevamente una vez cumplidos los requisitos legales.

Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario, puesto que la decisión recurrida fue adoptada en estricto cumplimiento de la Ley N°18.156, Compendio de Pensiones y jurisprudencia administrativa obligatoria, solicitando el rechazo total del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por nombre reservado ante AFP PlanVital S.A., fundado en la Ley N°18.156, decisión notificada al recurrente el 9 de septiembre de 2025, sosteniendo que acompañó documentación suficiente para acreditar los requisitos legales exigidos.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que, para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen o de representación consular actuando como tal, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo.

A su vez, AFP PlanVital sostuvo que el recurrente ingresó tres solicitudes (folios 13279, 13280 y 13281) y que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como declaraciones juradas suscritas en Chile.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7 de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley.”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, y la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, ya que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A..

Se previene que el Ministro Sr. Núñez estuvo por rechazar el recurso, solo en cuanto no se cumple el requisito del artículo 1 de la Ley N° 18.156, en tanto no se adjuntó contrato de trabajo, razón por lo cual, no se configura derecho indubitado que habilite la vía cautelar del artículo 20 de la Constitución.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6265-2025.