nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, nombre reservado deduce acción de protección en favor de sí misma y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, representada por su Director Regional, señor Jesús Virgilio Figari Luengo, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de dar respuesta a la consulta formal remitida sobre la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin Nº 21.643, manteniéndose en un estado de inercia, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales, garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 20 de marzo del año 2025, interpuso denuncia a través de la página de la Dirección del Trabajo, asignándosele el código de ingreso BJQJOOOOOAPX, en contra de su empleador HOME MEDICAL S.A., en el marco de la Ley N°21.643 que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Señala que, la Dirección del Trabajo confirmó la recepción con fecha 21 de marzo de 2025 vía correo electrónico y solicitó al empleador la aplicación de medidas de resguardo consistentes en proporcionar atención psicológica temprana mediante derivación al respectivo organismo administrador y aplicar la medida de resguardo correspondiente a la gravedad de los hechos denunciados.

Indica que, con fecha 25 de marzo del año en curso, recibió correo electrónico del Asesor en Prevención de Riesgos de la empresa HOME MEDICAL S.A., informándole que, como se encontraba haciendo uso de licencia médica otorgada por la ACHS, la empresa había dispuesto derivarla al organismo administrador para que recibiera atención psicológica temprana, disponiéndose como medida de resguardo no volver a realizar labores en el domicilio en que se encontraba trabajando en ese momento. Agrega que, el plazo máximo de investigación de treinta días, previsto en el artículo 211-C inciso 2º del Código del Trabajo y en el artículo 17 del Decreto Nº 21 que Aprueba Reglamento de "Ley Karin" se cumplió el día 21 de abril del año 2025, sin que hasta la fecha haya recibido notificación alguna respecto al estado o conclusión de dicha investigación.

Menciona que, con fecha 23 de mayo del presente año, la Asociación Chilena de Seguridad determinó que los hechos denunciados constituían una enfermedad profesional. Añade que reiteró la solicitud de consulta mediante correo electrónico, el 15 de abril y 30 de abril, el 19 de mayo, 16 de junio, 18 de agosto y 26 de septiembre, todas correspondientes al año 2025, sin obtener respuesta a la fecha de presentación de este recurso. Sostiene que la conducta imputada como ilegal y arbitraria a la Dirección del Trabajo se consuma al no dar respuesta a la consulta formal remitida sobre la tramitación del procedimiento administrativo, manteniéndose en un estado de pasividad.

Argumenta que la conducta resulta ser ilegal por cuanto contraviene expresamente lo prescrito en los artículos 211-C inciso 2º del Código del Trabajo y en el artículo 17 del Decreto Nº 21 que Aprueba Reglamento de Ley Karin, que señalan que la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días. Asevera que, pasados los treinta días, la Dirección del Trabajo no solo no ha concluido la investigación que a su cargo se está llevando, sino que, además, no ha dado respuesta a la recurrente en lo tocante a la vigencia de las medidas de resguardo y el resultado de la investigación propiamente tal. Refiere que, la conducta deviene en arbitraria desde que carece de cualquier fundamento normativo o racional que la respalde, constituyendo un mero capricho de la recurrida quien, sin causa alguna, se ha mantenido en un estado de inactividad frente a la tramitación de un procedimiento administrativo que sobre ella recae.

Afirma que, la omisión de la recurrida conlleva en dispensar un trato discriminatorio a la actora, sin razón normativa ni racional que lo justifique, dejándola en una posición diferente a aquella en que se encontraría un empleado promedio. Adiciona que ha debido solicitar sus vacaciones para dar tiempo a la recepción de una respuesta, por parte de la Dirección del Trabajo.

Concluye solicitando que se declare que la Dirección del Trabajo incurrió y continúa incurriendo en una omisión ilegal y arbitraria con ocasión de la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin Nº 21.643, y que, en consecuencia, se disponga de inmediato la adopción de todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, en particular, ordenando a la recurrida cerrar la investigación a su cargo, informando a la entidad empleadora los resultados de la misma y señalando expresamente que las medidas de resguardo adoptadas inicialmente no continúan vigentes, y que en caso de existir oposición, se imponga a la Dirección del Trabajo el pago de las costas de la causa.

A folio 6, evacúa informe Carolina Pérez Rodríguez, abogada, por la recurrida, Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso. Sostiene que, con fecha 20 de marzo de 2025, la trabajadora, señora nombre reservado, interpuso denuncia, a través de la página de la Dirección del Trabajo, código de ingreso BJQOOOOOAPX, en contra de su empleador HOME MEDICAL S.A., dentro del marco de la Ley N°21.643. Señala que, ante la denuncia, la Dirección del Trabajo dictó como medida de resguardo la derivación psicológica temprana, según respectivo protocolo de prevención. Indica que, en atención al análisis de los hechos denunciados, no se vislumbran indicios suficientes que configuren acoso laboral. Sin embargo, la denuncia podría comprender hechos que manifiesten una situación de conflictividad al interior de la empresa que pueden atender en virtud de la facultad preventiva que les confiere el artículo 1° del DFL 2 de 1967, razón por la que se solicitó la realización de una mediación conforme lo dispone la Circular N°29.

Expone que, con fecha 17 de octubre del año en curso, se llevó a efecto la mediación, la que resultó sin acuerdo por incomparecencia de la parte empleadora. Agrega que la Ley N°21.643, de fecha 15 de enero de 2024, establece diversas disposiciones que modifican e incorporan definiciones legales, añade medidas de prevención y resguardo en la materia, perfecciona los procedimientos de investigación, además de equiparar el estándar de funcionario público y trabajador privado, implementando y adecuando la normativa nacional a los parámetros establecidos en el Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo. Argumenta que el recurso de protección interpuesto en estos autos es del todo improcedente, en atención a que dicha acción cautelar está siendo utilizada como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios que existen al efecto.

Sostiene que, de conformidad al principio de impugnabilidad establecido en el artículo 15 de Ley N°19.880, todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, incluyendo solicitudes de aplicación del silencio administrativo. Señala que es errada la argumentación de la recurrente, ya que el acto administrativo no se transforma en ilegal por el solo transcurso del tiempo, existiendo situaciones que constituyen fuerza mayor como ocurre en este caso, ya que con la entrada en vigencia de la Ley N°21.643 se aumentaron las materias que pueden denunciarse y, consecuencialmente aumentó de forma exponencial la cantidad de denuncias interpuestas por trabajadores, a lo cual debe adicionarse todo lo que ingresa por el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) mediante el cual los empleadores ingresan las solicitudes de investigación y las solicitudes de revisión.

Menciona que la implementación de la citada ley no trajo aparejada mayor cantidad de recursos para su implementación, lo que implica que servicios como la Dirección del Trabajo deban atender una carga mucho mayor de requerimientos con la misma cantidad de funcionarios. Manifiesta que se debe tomar en consideración que la recarga de trabajo ha conllevado una gran cantidad de licencias médicas, lo que hace aún más difícil dar respuesta a todos los requerimientos formulados y tramitar las denuncias en el plazo señalado por el legislador, lo que constituye una verdadera fuerza mayor para este ente fiscalizador. Asevera que la Contraloría General de la República en reiterada jurisprudencia administrativa, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la administración no son fatales, puesto que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos.

Refiere que, la Corte Suprema ha sostenido que el plazo para la administración no es fatal y que su incumplimiento solo genera responsabilidades administrativas para el funcionario que lo incumple. Indica que, en lo relativo al silencio positivo de la administración, la reiterada jurisprudencia de la Contraloría Regional de la República ha sostenido que, atendida la naturaleza de las funciones fiscalizadoras e inherentes al control de legalidad que de acuerdo con la Constitución Política y la ley le corresponde ejercer, las normas sobre silencio administrativo no le son aplicables. Agrega que, la falta de respuesta de este servicio a la consulta formulada por el empleador, tomando en consideración el incumplimiento del plazo de treinta días, establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo, no vulnera de manera alguna la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que no se le está dando un trato diferenciado a la recurrente en relación a los otros empleadores, ya que la avalancha de denuncias y la falta de funcionarios hacen imposible dar respuesta a cada una de ellas dentro de los plazos establecidos, lo cual ocurre con todos los empleadores y no solo con la recurrente.

Sostiene que, el servicio al que representa, en ningún caso ha afectado la garantía del derecho de propiedad, en atención a que al momento de recepcionar la denuncia dicta las correspondientes medidas de resguardo y conforme al mérito de los hechos denunciados cita a una mediación especial en virtud de lo dispuesto en la Circular N°29 de la Dirección del Trabajo.

Finalmente, pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos, declarando la improcedencia del mismo por las razones expuestas o, en su defecto, que no existe una acción arbitraria ni ilegal, ni se ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por parte de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, todo con costas.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la omisión de dar respuesta a la consulta formal remitida sobre la tramitación del procedimiento administrativo, asociado a la Denuncia Ley Karin Nº 21.643, pretendiendo la recurrente que se declare que la Dirección del Trabajo incurrió en una omisión ilegal y arbitraria, y que se disponga de inmediato la adopción de todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, ordenando cerrar la investigación, informar los resultados y señalar que las medidas de resguardo adoptadas inicialmente no continúan vigentes.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que el recurso es improcedente por constituir un sustituto jurisdiccional de acciones ordinarias, que no existe acto ilegal ni arbitrario debido a que la fuerza mayor derivada del aumento exponencial de denuncias -840 regionales y 1254 en SUAC- sin recursos adicionales, justifica la demora, ello sin perjuicio de que los plazos administrativos no son fatales, según la jurisprudencia del órgano Contralor, y que, en el presente caso no se han vulnerado las garantías invocadas.

Cuarto: Que, al tenor de los antecedentes fácticos reunidos en estos autos, pueden tenerse por asentados los hechos que se indican a continuación:

a) Con data 20 de marzo del año en curso, la actora interpuso denuncia, en el marco de la Ley N°21.643, a través de la página web de la Dirección del Trabajo, en contra de su empleador, Home Medical S.A., a la que se asignó el código de ingreso BJQOOOOOAPX;

b) Con fecha 21 de marzo de 2025, vía correo electrónico, la Dirección del Trabajo confirmó la recepción de la denuncia y solicitó al empleador la aplicación de medidas de resguardo en favor de la actora, consistente en proporcionarle atención psicológica temprana;

c) El día 25 de marzo de este año, la recurrente recibió correo electrónico del Asesor en Prevención de Riesgos de la empresa recurrida, informándole que, como ella se encontraba haciendo uso de licencia médica otorgada por la ACHS, la empresa dispuso su derivación al organismo administrador para que recibiera atención psicológica temprana, decretándose como medida de resguardo no volver a realizar labores en el domicilio relacionado con su denuncia;

d) Habiendo vencido el plazo de treinta días, previsto en el artículo 211-C, inciso 2°, del Código del Trabajo, el día 21 de abril del año en curso, la actora no recibió notificación alguna respecto al estado o conclusión de la investigación;

e) Los días 15 y 30 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 18 de agosto y 26 de septiembre, todos de 2025, la actora formuló la consulta acerca del estado de su denuncia, vía correo electrónico, sin recibir respuesta de la Dirección del Trabajo, omisión que estima arbitraria e ilegal y que la conduce a intentar la presente acción cautelar, y, f) Con data 17 de octubre de este año, se llevó a efecto una audiencia de mediación, realizada a instancias de la recurrida, por aplicación de la Circular N°29, por el Centro de Conciliación y Mediación de la Región de Valparaíso, la que se vio frustrada ante la inasistencia de la parte empleadora.

Quinto: Que, para resolver el presente arbitrio, se tendrá presente que la Ley N°21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, incorporó el artículo 211-B al Código del Trabajo, en el que expresamente se estableció que los procedimientos de investigación deberán sujetarse, entre otros, al principio de celeridad y perspectiva de género.

Que, en efecto, la señalada norma establece, a la letra, que:

“…Los procedimientos de investigación regulados en este párrafo deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género…”.

Que, asimismo, se contempla en forma expresa, en el inciso 2°, del artículo 211-C del Estatuto Laboral, que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, lo que encuentra su fundamento en la gravedad que se asigna a las conductas de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, las que, por ende, requieren rapidez en su tramitación.

Por su parte, el artículo 17 del Decreto 21, publicado el 3 de julio de 2024, que aprueba el reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, establece que:

“…Plazo de la investigación. La investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días contados desde la presentación de la denuncia o desde la fecha de recepción de la derivación por el empleador a la Dirección del Trabajo. Para efectos del cómputo del plazo, en caso de derivación, la Dirección del Trabajo deberá emitir un certificado de recepción…”.

Sexto: Que, de la confrontación de los hechos que han resultado establecidos en estos autos -descritos en el basamento cuarto que precede- con la normativa precitada es dable advertir que, en la especie, se han transgredido los principios de celeridad y debido proceso que rigen en este tipo de investigaciones, al tiempo que se ha incumplido largamente el plazo que otorgan la ley y su reglamento para su tramitación. En efecto, han transcurrido meses desde la formulación de la denuncia, sin que, hasta esta fecha, la actora haya sido debidamente informada de su estado, sin que aún haya sido oída, ni tampoco se le haya garantizado el conocimiento del estado del correspondiente procedimiento.

Que, así las cosas, el órgano recurrido ha incurrido en la omisión que se denuncia, la que se erige como ilegal y arbitraria, puesto que vulnera la garantía constitucional contemplada en el inciso 6°, del N° 3, del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, ya que se han transgredido las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, en los términos que lo mandata la Ley N°21.643 y su reglamento, lo que conlleva a que la acción intentada deba ser acogida.

Séptimo: Que, al tenor de las reflexiones que preceden, la recurrida no podrá ser oída en cuanto pretende justificar la tardanza en su obrar en el presente caso en haber acontecido una supuesta fuerza mayor, cuya génesis atribuye a la Ley N° 21.643, puesto que su vigencia originó un aumento exponencial de denuncias sobre la materia que ésta regula, lo que ha impedido a la recurrida dar mayor celeridad a la investigación de la denuncia de que se trata. El argumento en cuestión no puede ser atendido en modo alguno pues es el imperativo legal el que conmina a este servicio a tramitar este tipo de denuncias con la mayor rapidez que la gravedad de la materia involucrada demanda.

Que, será desestimada, asimismo, la alegación del organismo recurrido en cuanto aduce que la acción de urgencia intentada no sería procedente en razón de que estaría siendo utilizada como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios que existen al efecto, como son los recursos administrativos de reposición y jerárquico, incluyendo solicitudes de aplicación del silencio administrativo. Para ello se tendrá en consideración que, del texto expreso del artículo 20 de la Constitución Política de la República que regula el recurso de protección, se expresa que éste procede “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes…”, lo que descarta su carácter excluyente en relación con otras acciones o procedimientos.

Octavo: Que, tampoco justifica la conducta omisiva observada por la Dirección del Trabajo, la circunstancia de que ésta haya llamado a mediación laboral a la trabajadora y a su empleador, ya que el nombrado medio de resolución de conflictos no está contemplado ni en la ley, ni en el reglamento que rige en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

Que, habiendo transcurrido meses desde la formulación de la denuncia de la recurrente, la Dirección del Trabajo estimó que los hechos denunciados no configurarían indicios suficientes de acoso laboral, si bien refiere que ésta podría comprender hechos que manifiestan una situación de conflictividad al interior de la empresa. En este escenario, la recurrida utilizó la facultad preventiva que confiere a este servicio el artículo 1°, del DFL 2 de 1967, la que se concretó en un llamado a mediación, conforme lo dispone la Circular N°29, de 22 de marzo de 2010. Sin perjuicio de dejarse constancia de que dicho medio de resolución de conflictos se vio frustrado por la inasistencia del empleador -según da cuenta el acta correspondiente, de 17 de octubre pasado-, no es menos cierto que la citada instrucción regula la derivación a mediación laboral de denuncias administrativas por vulneración de Derechos Fundamentales que no aprobaron examen inicial de admisibilidad, o no fue posible determinar la existencia de indicios suficientes a través de la fiscalización, en materia de tutela laboral.

Que, en otras palabras, no está suficientemente claro que la aludida circular resulte aplicable en aquellas materias que regula la Ley N° 21.643. Así, el inciso 3°, del artículo 12, del Decreto 21 que reglamenta el mentado cuerpo legal, establece que “…No será posible considerar en los procedimientos de investigación un control de admisibilidad de la denuncia…”. Si no es dable en los procedimientos que se originen a propósito de este tipo de denuncias realizar un control de admisibilidad, no procede aplicar la Circular 29 en aquellas materias cuyo marco regulatorio se enmarca en la denominada Ley Karin. La otra hipótesis que hace aplicable la Circular 29, esto es, “cuando no fue posible determinar la existencia de indicios suficientes de vulneración de Derechos Fundamentales a través de la fiscalización”, tampoco encuadra en el caso que afecta a la recurrente, de modo tal que la Dirección del Trabajo debió limitarse a tramitar el procedimiento correspondiente en el plazo establecido tanto en la ley como en su reglamento.

Noveno: Que habiéndose adquirido convicción en orden a que la recurrida incurrió en una omisión ilegal y arbitraria que transgredió la garantía fundamental del debido proceso que el artículo 19, N° 3, inciso 6°, que nuestra Carta Fundamental asegura a la trabajadora recurrente, el arbitrio intentado debe ser acogido y adoptarse las providencias necesarias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, debiendo la recurrida: a) cerrar la investigación que originó la denuncia de la actora, a la que se asignó el código de ingreso BJQJOOOOOAPX, interpuesta en contra de su empleador HOME MEDICAL S.A., una vez evacuadas las diligencias que se encontraren pendientes, si las hubieran; b) pronunciarse expresamente acerca de la vigencia de las medidas de resguardo ya adoptadas, y, c) notificar en forma legal, tanto a la recurrente, señora nombre reservado, como a la entidad empleadora, el resultado de la investigación, así como toda decisión que se adopte en su mérito.

Redacción de la Fiscal Judicial, señora nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6232-2025.

En Valparaíso, dos de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.