nombre reservado con CLINICA BUPA REÑACA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1 comparece don Javier Muñoz Salinas, abogado, en representación de doña nombre reservado, médico cirujana, quien interpone acción de protección en contra de Clínica Reñaca S.A, por el actor ilegal o arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales del articulo 19 N°1,2,16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, la recurrente es médico cirujana y su especialidad es anestesióloga, y trabaja en dependencias de la Clínica Reñaca desde hace 38 años a la fecha, y en dicha calidad ha trabajado con diferentes equipos médicos que operan en las diversas áreas quirúrgicas del establecimiento de salud.

En cuanto al sistema de trabajo y cobro de honorarios médicos este ha sido variado a lo largo del tiempo, inicialmente era por bono emitido y/o boleta de honorarios a nombre del paciente atendido, --boletas de honorarios en el caso de la recurrente--, sin embargo, en ocasiones durante toda la relación que la vincula con la recurrida y en los últimos años, la Clínica Reñaca cobra el honorario directamente al paciente y solicita boleta de prestación de servicios en forma regular a la actora y, esta última, emite la boleta directo a clínica Reñaca, una vez al mes por ser así exigido por parte de la Clínica. Ahora bien, algunos pacientes pagan en forma directa contra boleta, otros pagan a la clínica y esta le paga a la recurrente, reteniendo en estos casos la Clínica el respectivo impuesto legal.

Desde hace 4 años, la recurrente trabaja de forma regular con tres equipos médicos, generalmente urólogos y ocasionalmente con una ginecóloga, constituyendo casi el total de los ingresos de la actora.

El 03 de septiembre de 2024, la recurrente fue notificada por parte de la recurrida que a partir del 01 de octubre de 2024, toda la actividad anestesiológica será a través de una empresa externa “ Anesmar”, sin que la actora pueda seguir trabajando y prestando servicios bajo la modalidad que lo hace más de 38 años, modificando unilateralmente las condiciones pactadas de forma consensual, obligando a la recurrente a someterse a las reglas que va a impartir en la clínica la empresa externa aludida.

Agrega que, efectivamente el 01 de octubre la empresa externa comenzó las gestiones dentro de la clínica, por tanto ya no se está ante amenaza de las garantías constitucionales denunciadas, sino ante una conculcación o transgresión real de las garantías.

El objetivo del ingreso de esta empresa externa es reducir los costos a costa de los honorarios médicos anestesiológicos. Esta sociedad ofrece a algunos colegas la posibilidad de seguir trabajando en la clínica -en condiciones de contrato de trabajo más desmejoradas que las actuales-, con horas a cumplir durante la semana y algunos fines de semana, pero, a valores obviamente inferiores a lo que la recurrente percibe y trabajando con otros equipos quirúrgicos dirigiros y establecidos unilateralmente por esta empresa externa y no con los equipos de profesionales hasta ahora afianzados y convenidos, lo que en primer lugar acarrea perjuicios económicos, luego, importa una modificación unilateral de las reglas pactadas y altera el normal desarrollo de las reglas o condiciones del vínculo existente entre mi representada y la recurrida y perdiendo la posibilidad de trabajar con ellos, esto es, con sus equipos médicos.

Hace presente que, existe un vínculo legal y contractual entre la actora y la recurrida, siendo no determinado aún la naturaleza del mismo, ahora bien, determinarlo le corresponde hacerlo o establecerlo a un juez de fondo en un procedimiento de lato conocimiento, cualquiera sea este. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y de la naturaleza del vínculo contractual que resulte establecido por otra vía que no es este arbitrio procesal de cautela, lo cierto es que existe un contrato consensual y reglas (derechos y obligaciones) establecidas y pactadas por años y, el actuar de la recurrida importa no solo modificar las reglas o las condiciones pactadas consensualmente y vigentes al día de hoy, perjudicándola además de manera económica, sino que importa modificar unilateralmente y en forma arbitraria las condiciones existentes del contrato o vínculo contractual obligacional que emana del pacto verbal que a la fecha mantiene vigente la recurrente y la recurrida.

Por medio de este actuar, la Clínica recurrida además de lo anterior, -por medio de este subterfugio- lo que está haciendo es romper o poner término al vínculo que la liga con la actora, traspasando en forma unilateral e ilegal la relación existente entre recurrente y recurrida a manos de una empresa externa, sin contar ni haber contado con la voluntad en tal sentido de la actora, lo que constituye en primer término un incumplimiento a las reglas del contrato consensual existente y vigente, y en segundo lugar, una causa de perjuicios económicos generados, todo lo cual además es un acto arbitrario, ilegal y unilateral de la recurrida, que derechamente trasunta en perjuicios económicos y morales para mí representada.

Con la presente acción constitucional solicita: 1) Que el actuar de la recurrida transgrede las garantías -una o más-previstas en los numerales 1, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en perjuicio de la recurrente y que el acto realizado es un acto ilegal y/o arbitrario; 2) Que, la recurrida deberá abstenerse de realizar el acto que conculca las garantías y que importa modificar derechamente y en forma unilateral las condiciones que regulan las reglas pactadas entre las partes en cuanto a la forma, condiciones, valores y demás características de la relación contractual que ha regido las relaciones entre las partes entre su fecha de inicio y hasta antes de la modificación de estas a partir del 1 de octubre de este año, limitando el pleno derecho que la recurrente tiene respecto del ejercicio de su trabajo y que realiza por el lapso de 38 años a la fecha en compañía de los equipos médicos de cirugía en los cuales ella participa y forma parte, absteniéndose de realizar por sí o por interpósita persona cualquier acción que amague el derecho o garantía alegada que impida ejercer su trabajo o actividad económica y/o que importe privar, limitar o amenazar el libre y pleno ejercicio de las actividades económicas y/o laborales y profesionales que ella realiza al interior del establecimiento de salud y bajo las condiciones, valores y manera en que estas se han realizado hasta antes del actuar de la recurrida; 3) Que el recurrido deberá pagar las costas del recurso.

A folio 10 evacua informe don Nicolás Daniels Leonard, abogado en representación de la Clínica Reñaca S.A, quien hace un breve resumen de lo indicado en el recurso interpuesto por la recurrente, agregando que entre la recurrente y la clínica recurrida, efectivamente existe un vínculo contractual, celebrado el día 04 de junio de 2019, en donde se suscribe un convenio profesional de médico con la actora, en virtud del cual se le autoriza a realizar funciones como anestesióloga al interior de la clínica de propiedad de la recurrida. El contrato no es de naturaleza indeterminada, es un contrato entre privados en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

Hace presente que, no existía una relación de subordinación o dependencia, ya que la recurrente determinaba a que cirugías acudir, según su propia conveniencia, disponibilidad de agenda, etc, y evidentemente al prestar servicios al interior de una clínica privada, en una actividad regulada y, que, atendida la materia, debe cumplir con altos y rigurosos estándares sanitarios, se le exigía cumplir los reglamentos e instructivos de la clínica.

Agrega que, la recurrente indica que la clínica habría alterado unilateralmente las condiciones pactadas, lo cierto es que la clínica recurrida ejerció una facultad expresamente estipulada en el contrato de naturaleza civil, así se puede apreciar en su cláusula decimoquinta; Este convenio tendrá la duración de 1 año y se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de un año cada uno. No obstante lo anterior, las partes podrán poner término anticipado al presente Convenio en cualquier momento sin necesidad de expresión de causa mediante aviso por escrito con una anticipación de 5 días”

Así las cosas, a través de correo electrónico enviado con fecha 3 de septiembre de 2024, se le informó que, a partir del 1° de octubre de 2024, el servicio de anestesia sería entregado a través de la Sociedad Médica Anesmar, lo que es en beneficio de los pacientes, ya que bajo la modalidad anterior, se debía consultar al anestesista, atendida agenda y disponibilidad, si podía concurrir a dicha cirugía.

De este modo, existiendo un vínculo contractual en que se acordó que cualquiera de las partes podía ponerle término al convenio con una antelación mínima de cinco días, queda de manifiesto que esta no es la sede ni la vía idónea para discutir acerca de los derechos derivados de la aplicación – o término- de este contrato, ya que es materia de un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

En efecto, la actora no reclama derechos indubitados, sino meras expectativas en orden a “seguir trabajando como lo venía haciendo” y, en cualquier caso, las consideraciones personales acerca de qué los servicios prestados en la clínica comprenderían prácticamente a “todos sus ingresos” excede con creces el objeto de esta acción cautelar y, de todas formas, no es una circunstancia que sea oponible a la recurrida.

Finaliza indicando, que la empresa externa “Anesmar” le ofreció a la recurrente adscribirse a la misma, sin que ello implique una merma en sus ingresos; pero, claro, sí implicaba estar disponible para integrar equipos de otros médicos bajo la lógica de un sistema de turnos, cuestión a la que legítimamente no quiso adscribir, pero que, en ningún caso podría ser calificado como una vulneración de las garantías recamadas.

A folio 11 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante este recurso de protección se cuestiona el actuar de la Clínica Reñaca S.A en orden a contratar a la empresa externa “Anesmar” quien estará a cargo de toda la actividad anestesiológica de dicho centro, modificando unilateralmente las condiciones pactadas de forma consensual con la recurrente, obligando a esta a someterse a las reglas que va a impartir en la clínica la empresa externa aludida.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida refiere que efectivamente se contrató a esta empresa externa en beneficio de los pacientes, de forma que bajo esta modalidad siempre se contará con un anestesiólogo de turno, no siendo necesario consultar disponibilidad y agenda del médico de la especialidad.

A mayor abundamiento, la empresa externa “Anesmar” le ofreció a la recurrente adscribirse a la misma, sin que ello implique una merma en sus ingresos; pero, claro, sí implicaba estar disponible para integrar equipos de otros médicos bajo la lógica de un sistema de turnos, cuestión a la que legítimamente no quiso adscribir, pero que, en ningún caso podría ser calificado como una vulneración de las garantías recamadas.

Cuarto: Que, la parte recurrida, ejerció una facultad expresamente estipulada en el contrato de naturaleza civil celebrada entre las partes el 04 de junio de 2019, así se puede apreciar en su cláusula decimoquinta: “Este convenio tendrá la duración de 1 año y se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de un año cada uno. No obstante lo anterior, las partes podrán poner término anticipado al presente Convenio en cualquier momento sin necesidad de expresión de causa mediante aviso por escrito con una anticipación de 5 días”. Por lo anterior no se aprecia un actuar ilegal y/o arbitrario por su parte.

Quinto: Que, asimismo, hay que tener presente que la recurrente no es dueña ni socia de la Clínica Reñaca S.A, de modo que ella debe cumplir las reglas que imponen los propietarios de ésta en ejercicio de las facultades que les garantiza el derecho de dominio que tienen sobre el referido centro asistencial, esto es, la facultad de usar, gozar y disponer de la misma del modo que estimen ajustado a sus intereses y a las obligaciones que les impone la autoridad sanitaria.

Sexto: De lo anterior se concluye que la Clínica Reñaca S.A. ha actuado en el ejercicio legítimo de su derecho de dominio al determinar los médicos o anestesistas que están facultados para realizar actividades profesionales en sus dependencias. Este derecho puede ser ejercido plenamente por la recurrida pues él no está en pugna con ninguna garantía constitucional de las que estima amagada la recurrente, por lo que este arbitrio será desestimado al no haberse afectado garantía constitucional alguna de la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional presentada en favor del de nombre reservado, en contra de la Clínica Reñaca S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6230-2024.