PG CORP SERVICIOS S.A. CONTRA CENTRO DE CONCILIACION Y MEDIACION DE LA DIRECCION DEL TRABAJO DE VALPARAISO

Foja: 30 Treinta Eaam C. A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar la abogado doña Mabel Muñoz Miranda, 10 minutos contra el recurso de protección, quien hizo uso de su derecho en estrado, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, quince de septiembre de dos mil dieciséis.

N° Protección 6230-2016.- nombre reservado.

Relator Valparaíso, quince de septiembre de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 9, comparece don nombre reservado, Gerente General y en representación de la sociedad “PG Corp Servicios S.A”, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y deduce acción constitucional de protección en contra del “Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso”, representado por doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, con ocasión del acto ilegal y arbitrario que lo hace consistir en la Ordinario Nº 714 de fecha 13 de julio de 2016, y en cuya virtud, no se admite a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa presentada por su parte ya que “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, no cumple con requisito de admisibilidad…”, en cuanto vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 Nº 2 (“igualdad ante la ley”), y Nº 3 inciso 5° (“debido proceso”), de la Constitucin Pl﷽﷽﷽﷽﷽﷽stituciio de propiedad sobre toda clase de bienes"14olucilñol Mar, con ocasión Política de la República.

En cuanto a los fundamentos de hecho, señala que por Resolución de Multa N° 8115 / 16 / 102 de fecha 18 de mayo de 2016, se cursaron a su parte 2 multas, en el contexto de una fiscalización efectuada por la fiscalizadora laboral doña nombre reservado, y que le fuera notificada mediante carta certificada ingresada en Correos de Chile el día 26 de mayo de 2016.

Agrega que contra dicha resolución su parte dedujo recurso de reconsideración administrativa del artículo 512 del Código del Trabajo, arbitrio que sin embargo no fuera admitido a tramitación tal y como se consigna en el Ordinario que se reclama por esta vía. Sin embargo, aquel acto administrativo torna en ilegal y arbitrario “pues entiende que el plazo que nos convoca es de días corridos, en circunstancias que la correcta aplicación de la ley indica que el plazo es de días hábiles…”, por aplicación del artículo 25 de la ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, y teniendo también presente la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en esta materia, conforme fallos que cita en el recurso, y todo lo cual deriva en la vulneración de las garantías fundamentales que señala.

Con el mérito de lo expuesto, solicita se acoja el recurso impetrado, “declarando que la recurrida debe admitir a tramitación la petición de reconsideración…respecto de la Resolución N° 8115 / 16 / 102, por haberla efectuado dentro del plazo legal, con costas…”.

Acompaña a fojas 6 de autos, copia del Ordinario N° 704 de 13 de julio de 2016 que impugna.

A fojas 20 rola informe del servicio público recurrido, “Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso”, representado por doña nombre reservado.

Previo a los descargos de fondo respecto del recurso impetrado, hace una relación de los hechos que motivaron la aplicación de multa administrativa a la empresa reclamante, relacionados con el reclamo deducido por doña nombre reservado con fecha 26 de abril del año en curso en contra de su ex – empleador y recurrente de autos, “figurando entre los conceptos reclamados, cotizaciones previsionales de INP, y el aporte al seguro de cesantía, del período 5 de marzo 2012 al 31 de enero 2016…”, fiscalización que devino al fin en la dictación de la Resolución de Multa N° 8115 / 16 / 102 de fecha 18 de mayo de 2016, por un monto de 4 UTM y 10 UF, la que fuera objeto de reconsideración administrativa, “sin embargo tal presentación la efectúa fuera del plazo establecido…”, toda vez que la resolución de multa se notifica por carta certificada el día 02 de junio de 2016, en tanto que “se recurre administrativamente el día 11 de julio de 2016, es decir fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador…”. El plazo fatal de impugnación vencía en tanto el día 02 de julio de 2016, atento a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo del reclamo, desarrolla sus argumentos en base a los siguientes acápites:

1.- Improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido: ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible una solicitud de reconsideración administrativa de multa por ser dicha presentación extemporánea, en circunstancias que la el ordenamiento jurídico laboral contempla instancias y recursos específicos para impugnar una resolución pronunciada por la Inspección del Trabajo, “garantizando con ello…un juicio rápido, oral, bilateral y contradictorio, donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión…”, siendo improcedente la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880, y de lo cual concluye que la presente vía constitucional no puede ser utilizada con el objeto preciso de “resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución…”, y 2.- Improcedencia del recurso de protección por ausencia de acto arbitrario e ilegal: toda vez que el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Estatuto Laboral es un plazo de días corridos y no hábiles como lo sostiene el recurrente, citando al efecto jurisprudencia judicial y administrativa de la propia Inspección del Trabajo, y sin perjuicio además, que el propio formulario Nº 10 de reconsideración administrativa establece expresamente como “NOTA IMPORTANTE”, que “Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de la multa.”

Solicita en definitiva el rechazo de la acción constitucional impetrada por ser “absolutamente improcedente…”.

Acompaña los documentos y antecedentes en que funda sus descargos.

A fojas 29 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que la recurrente, sociedad “PG Corp Servicios S.A”, interpone acción de protección en contra de “Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso” por haber aplicado un multa administrativa ascendente a 4 UTM y 10 UF, y ante la reconsideración de éstas en misma sede, estimó la recurrida de autos, que eran extemporáneas, por lo que no les dio tramitación. Agrega, que ello se vulneran las garantías fundamentales del artículo 19 Nº 3 inciso 5° y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que informando la recurrida señala, en síntesis, que el recurso de reconsideración administrativa en contra de la Resolución de Multa N° 8115 / 16 / 102 de fecha 18 de mayo de 2016, se presentó extemporáneamente ante el servicio público reclamado, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, no se le dio tramitación, razón por la cual no existe una actuación ilegal ni arbitraria alguna de su parte. Agrega además que el mismo Código del Trabajo contempla procedimientos de reclamo del acto recurrido, por lo cual no resulta el presente recurso cautelar y brevísimo procedente para su resolución. Indica también que en definitiva, el fundamento que motiva el presente recurso es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, materia que escapa del ámbito de aplicación de una acción constitucional como la presentada, la cual tiene por finalidad adoptar las medidas cautelares de emergencia cuando exista una vulneración o amenaza a algunas de las garantías constitucionales establecidas en el art. 20 de la Constitución Política de la República, cuyo no es el caso.

Cuarto: Que sobre el particular y en relación a la materia discutida en autos – forma de computar el plazo fatal de 30 días que señala el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo – se ha de destacar que dicho término legal no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Lo dicho además, ha sido el razonamiento reiterado que sobre la misma materia en análisis ha desarrollado la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que es un hecho no controvertido, y consta además del documento agregado a fojas 16 de estos antecedentes, que el recurso de reconsideración administrativo fue presentado el día 11 de julio del año en curso, esto es, conforme con lo razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la resolución de multa administrativa, lo que acaeció el día 02 de junio del mismo año.

Sexto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectándose así la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 9 por don nombre reservado, en representación de la sociedad “PG Corp Servicios S.A”, en contra del “Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso”, y en consecuencia se deja sin efecto el Ordinario N° 704 de fecha 13 de julio de 2016 rolante a fojas 6 y 18 de autos, ordenándose a la recurrida dar tramitación a la solicitud de reconsideración de multa administrativa deducida por el recurrente de protección, en contra de la Resolución N° 8115 / 16 / 102 de fecha 18 de mayo de 2016 que rola a fojas 3 y 14 de autos.

Regístrese, notifíquese, comuníquese, y en su oportunidad archívese.

N° Protección: 6230 - 2016.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros: Srta. nombre reservado, Sra. nombre reservado, y abogado integrante Sr. Eduardo Morales Espinosa.

En Valparaíso, a quince de septiembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.