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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 6221-202629 sep 2026

nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Fecha
29 de septiembre de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 6221-2026, sentencia de 29 de septiembre de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra AFP Modelo y la Superintendencia de Pensiones: la negativa de devolución de fondos previsionales se funda en la falta de acreditación, en la forma exigida, de los requisitos de la Ley N°18.156, sin acto ilegal o arbitrario.

Texto íntegro

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, con ocasión del rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales por aplicación de la Ley N°18.156.

Expone, en síntesis, que la recurrente solicitó ante AFP Modelo, mediante el portal web respectivo, la devolución de sus fondos previsionales como técnica extranjera, de acuerdo con la Ley N°18.156.

Señala que, el 27 de julio de 2026, fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud de técnico extranjero, ingresada con folio N°2795, de 22 de julio de 2026, indicándose como motivo: “Otro - Documentación incompleta”.

Sostiene que la recurrente cumple con los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, por cuanto cuenta con título profesional, se encuentra afiliada a un régimen de seguridad social en Venezuela y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación.

Afirma que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable en el portal web oficial de dicha institución, mediante código de verificación, por lo que la AFP recurrida habría incurrido en un actuar ilegal y arbitrario al desconocerla como documento suficiente.

Agrega que la recurrida incorporó exigencias no previstas expresamente en la ley, especialmente al exigir legalización o apostilla de la constancia de afiliación, pese a que, a su juicio, la normativa especial solo exige acreditar la afiliación al régimen previsional extranjero.

Estima vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Solicita que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, conforme a derecho, disponiendo dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que esta Corte estime pertinente.

A folio 8, informa AFP Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, el 22 de julio de 2026, la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales por técnico extranjero, respecto de las cotizaciones enteradas a su nombre por el empleador Servicios Odontológicos Andrés Bello SpA.

Señala que la recurrente acompañó título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y contrato de trabajo celebrado con Servicios Odontológicos Andrés Bello SpA, además de sus anexos.

Indica que, revisados dichos antecedentes, se solicitó a la recurrente acompañar constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, atendido que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía, a juicio de la AFP, con los requisitos exigidos por la normativa para acreditar la afiliación a un sistema previsional o de seguridad social extranjero. Agrega que, al no haberse acompañado dicho antecedente en la forma requerida, el 27 de julio de 2026 se rechazó la solicitud de devolución de fondos.

Sostiene que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, cuyos requisitos son copulativos, y que la recurrente no acreditó encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile mediante certificación legalizada o apostillada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Afirma, además, que la AFP se encuentra obligada a cumplir las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, órgano regulador y fiscalizador del sistema, por lo que su actuación no puede estimarse ilegal ni arbitraria.

A folio 12, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en primer término, que la materia excede el ámbito propio del recurso de protección, por cuanto la acción cautelar no es idónea para declarar un derecho dubitado, como lo es el eventual derecho de la recurrente a obtener la devolución de sus fondos previsionales por aplicación de la Ley N°18.156.

Indica que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo ni presentación administrativa relativa a los hechos que motivan la acción, y que tampoco se individualiza un acto propio de la Superintendencia de Pensiones que sea objeto del recurso.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen excepcional, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos previstos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sostiene que la recurrente acredita su calidad de técnico extranjero mediante título apostillado, pero que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, por lo que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales vigentes para que un instrumento extranjero produzca efectos en Chile.

Agrega que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa del organismo, el requisito relativo a la afiliación a un régimen extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Indica, además, que la recurrente acompañó contrato de trabajo suscrito el 1 de marzo de 2021 y anexo de contrato de 1 de mayo de 2026, estimando que existiría una manifestación tardía o contradictoria respecto de la voluntad de mantener afiliación al régimen previsional extranjero, pues si durante la prestación de servicios el trabajador cotizó en Chile y solo con posterioridad manifestó su intención de mantenerse afecto a otro sistema, dicha declaración no satisface el requisito de voluntad inequívoca exigido por la Ley N°18.156.

Finalmente, solicita que se declare improcedente el recurso o, en subsidio, se rechace, por no existir actuación ilegal o arbitraria imputable a la Superintendencia.

A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto cautelar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma señala, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente impugna el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, formulada ante AFP Modelo S.A. al amparo de la Ley N°18.156, comunicado mediante correo electrónico de 27 de julio de 2026, respecto de la solicitud folio N°2795, de 22 de julio del mismo año.

Tercero: Que, la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, eximiéndolos, bajo determinadas condiciones, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores en Chile, siempre que concurran copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°.

Cuarto: Que, conforme a dicha normativa, para acceder a la devolución prevista en el artículo 7° del mismo cuerpo legal, el trabajador extranjero debe acreditar, entre otros requisitos, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente presentó ante AFP Modelo S.A. título profesional, constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada, contrato de trabajo celebrado con Servicios Odontológicos Andrés Bello SpA y anexos.

Sexto: Que, sin embargo, tanto AFP Modelo S.A. como la Superintendencia de Pensiones han sostenido que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, por carecer de firma autorizada y no encontrarse legalizada ni apostillada, sin que el código de verificación electrónica permita sustituir las exigencias formales previstas para que documentos otorgados en el extranjero produzcan efectos en Chile.

Séptimo: Que, asimismo, la Superintendencia de Pensiones informó que, en el caso de autos, existiría una manifestación tardía o no inequívoca de la voluntad de mantener afiliación al régimen previsional extranjero, desde que la recurrente acompañó un contrato de trabajo de 1 de marzo de 2021 y un anexo de 1 de mayo de 2026, siendo este último el instrumento en que se habría incorporado la declaración relativa a mantener el régimen previsional de su país de origen.

Octavo: Que, en este contexto, la controversia planteada no versa sobre un derecho indubitado, sino sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acogerse a un régimen excepcional de devolución de fondos previsionales, cuestión que requiere determinar la suficiencia formal y material de los documentos acompañados por la recurrente, así como la oportunidad y claridad de la manifestación de voluntad exigida por la Ley N°18.156.

Noveno: Que, en efecto, la negativa de AFP Modelo S.A. aparece fundada en la falta de acreditación, en la forma exigida por la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156, sin que pueda estimarse que dicho actuar carezca absolutamente de fundamento o constituya una decisión caprichosa.

Décimo: Que, respecto de la Superintendencia de Pensiones, además, no consta que la recurrente haya formulado reclamo o presentación administrativa previa ante dicho organismo por los hechos que motivan la presente acción, ni se individualiza un acto propio de la Superintendencia que haya privado, perturbado o amenazado el ejercicio de las garantías invocadas.

Undécimo: Que, por consiguiente, no se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario que justifique la intervención cautelar de esta Corte por la vía del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Ley N°18.156 y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6221-2026.