nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

Que, se interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber procedido dicha entidad a ordenar, de manera unilateral, la retención de parte de las remuneraciones de la recurrente a través de descuentos por planilla efectuados a su empleador, sin previa notificación ni consentimiento de aquélla, actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que se ejecutó al margen de todo procedimiento legal y sin mediar comunicación o documento alguno que autorizara el descuento directo sobre sus remuneraciones, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente reconocidos en el artículo 19 N°1, en cuanto garantiza el derecho a la integridad psíquica de la persona, y en el artículo 19 N°24, en cuanto consagra el derecho de propiedad y la inviolabilidad del dominio sobre los bienes que lo integran, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales.

Señala que el 28 de octubre de 2024, doña nombre reservado suscribió un crédito de consumo con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por un monto de $6.570.641 (seis millones quinientos setenta mil seiscientos cuarenta y uno de pesos), pagadero en 45 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $233.090 pesos. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2025 firmó contrato de trabajo con la empresa Industrial Rental S.A., RUT: RUT reservado, desempeñándose en su calidad de prevencionista de riesgos en faena.

Agrega que, al revisar su primera liquidación de sueldo, correspondiente al mes de noviembre de 2025, tomó conocimiento de que la recurrida había oficiado a su actual empleador para retener cantidades de dinero directamente desde sus remuneraciones, figurando en dicha liquidación un descuento por la suma de $256.523. Del mismo modo, y sin que mediara notificación ni consentimiento previo, se efectuó un descuento equivalente durante el mes de diciembre de 2025, por la suma de $266.220. Hace presente que en ningún momento fue notificada, por medio alguno, de la decisión de la Caja de Compensación de proceder de dicha forma, ni existe documento firmado que acredite su consentimiento respecto del descuento por planilla acordado con su nuevo empleador.

Invoca, en primer término, lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies. En segundo término, invoca el artículo 19 N°1 de la misma Carta Fundamental, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

En lo que respecta a la forma en que se habrían vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente, señala que el actuar de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha significado una privación y perturbación del derecho de propiedad de doña nombre reservado sobre las sumas de dinero descontadas de sus remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2025. También ha experimentado una significativa angustia, lo que importa a su vez una vulneración a su derecho a la integridad psíquica, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes cesar todo tipo de retención o descuento sobre las remuneraciones de la recurrente; se le ordene, asimismo, restituir a ésta las sumas ya descontadas, debidamente reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor desde la fecha del primer descuento hasta su pago efectivo, así como también las que pudieran efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y, finalmente, todo aquello que el Tribunal Ilustrísimo estime pertinente para velar por el cese efectivo de las vulneraciones a sus derechos constitucionales.

Informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 28 de octubre de 2024 otorgó a doña nombre reservado la operación de crédito social código N° 006CON104179245, por un capital inicial de $6.828.623, a una tasa de interés mensual de 2,08%, pagadera en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $233.090, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de diciembre de 2024. Indica que las cuotas correspondientes a los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 —números 1 a 3— fueron pagadas entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2025; que la cuota número 4, correspondiente al mes de marzo de 2025, fue diferida para su pago con posterioridad a la última cuota pactada; y que las cuotas número 5 y 6, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025, fueron pagadas los días 10 de diciembre de 2025 y 10 de enero de 2026, respectivamente. Agrega que, a la fecha de presentación del informe, la operación de crédito presenta en estado de morosidad las cuotas correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2025, esto es, las cuotas números 7 a 13, hallándose el crédito plenamente vigente y sus acciones sin que haya operado prescripción alguna.

Sostiene que el inicio de acciones de cobranza judicial en contra de la recurrente no constituyó un acto voluntario ni discrecional de su parte, sino el cumplimiento de una obligación normativa contenida en la Circular N° 3567 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social —SUSESO—, que impone a las Cajas de Compensación la obligación de iniciar acciones de cobranza judicial respecto de deudores de crédito social en un plazo máximo equivalente al sexto mes de morosidad, cuando la deuda supere las 100 UF. Señala que la Circular N° 3894, de fecha 13 de noviembre de 2025, modificó el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, incorporando instrucciones específicas relativas al reinicio de los descuentos de crédito social cuando existe una acción judicial en curso, disponiendo que las cuotas descontadas de las remuneraciones deberán ser informadas al tribunal en la etapa de liquidación de la deuda, a fin de que sean rebajadas del monto total adeudado, con lo cual queda descartada toda posibilidad de doble cobro.

En segundo término, invoca el carácter especial del mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, conforme al cual lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Sostiene que dicho mecanismo no constituye una gestión de cobranza extrajudicial, sino un procedimiento de pago especialmente reglado por el legislador, atendida la naturaleza jurídica de los créditos sociales, los cuales revisten ese carácter por expreso mandato legal, en razón de la naturaleza de la entidad que los otorga, con prescindencia de la finalidad que el deudor asigne a los fondos recibidos. Enfatiza, asimismo, que la obligación de efectuar el descuento recae sobre el empleador y no depende de la voluntad de la Caja, por lo que su aplicación opera de pleno derecho una vez verificados los supuestos normativos que la hacen procedente; que practicada la deducción, la obligación se entiende extinguida respecto del trabajador desde la fecha en que ella tuvo lugar, aun cuando el empleador no haya remesado los fondos a la Caja, según lo establece el inciso segundo del artículo 22 de la Ley N° 18.833; y que el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla, toda vez que dicho mecanismo es consustancial al crédito social que libremente contrató.

En tercer término, la recurrida invoca la plena exigibilidad de la obligación, sosteniendo que la prescripción extintiva no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente, conforme lo disponen los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, lo que no ha ocurrido.

Niega vulneración de garantías fundamentales porque actuó dentro de la legalidad.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente denuncia como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, consistente en haber descontado de su sueldo un monto superior a la cuota pactada por un crédito social otorgado por dicha entidad, habiendo pagado ya tres veces lo solicitado inicialmente, lo que estima es un exceso y vulnera alguna de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que los descuentos realizados corresponden a obligaciones plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es pertinente y oportuna.

Cuarto: Que, del mérito de la documentación acompañada, se ha acreditado que la recurrida ha efectuado descuentos en la remuneración de la actora en los meses de noviembre y diciembre de 2025, utilizando el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833. Asimismo, consta que dichos descuentos, tienen su origen en un crédito otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes a la recurrente el 28 de octubre de 2024, por un monto de $6.570.641 (seis millones quinientos setenta mil seiscientos cuarenta y uno de pesos), pagadero en 45 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $233.090 pesos.

Quinto: Que, atendido los hechos asentados, no se aprecia que exista un actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, en el entendido que se encuentra ejerciendo una facultad que emana de la ley, en específico, el artículo 22 de la Ley N°18.833, que ampara a las Cajas de Compensación para deducir de las remuneraciones de los afiliados los créditos adeudados, tratándose de un crédito reciente y vigente, que no ha sido objeto de judicialización, de manera tal, que el recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-622-2026.