nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MARGA MARGA

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, por estimar ilegales y arbitrarias las omisiones en que habría incurrido durante la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la imposición de una multa por su incomparecencia a un comparendo de conciliación laboral, contenida en el Formulario N°42, folio 7971253051, particularmente, la falta de notificación de la resolución sancionatoria y su posterior remisión a cobro ejecutivo ante la Tesorería General de la República. Sostiene que dichas actuaciones vulneran las garantías contempladas en el artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 3 de noviembre de 2025 fue notificada de la causa laboral RIT M-162-2025, seguida ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana, oportunidad en que la contraparte acompañó el Acta de Comparendo de Conciliación N°508/2025/1432 de 1 de agosto de 2025, correspondiente a la audiencia celebrada el 12 de agosto del mismo año. Señala que en las observaciones finales de dicho documento se dejó constancia de que la citación había sido enviada al correo electrónico “correo reservado”, registrado en el portal web de la Dirección del Trabajo, y que, efectuados los llamados respectivos, la reclamada no compareció ni acreditó excusa válida.

Afirma que no fue válidamente citada al comparendo, pues el correo electrónico utilizado contenía una extensión errónea, “.con” en lugar de “.com”, por lo que sostiene que la comunicación debió haber sido devuelta y que nunca tomó conocimiento de la audiencia. Agrega que, al advertir esta situación, concurrió a la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, donde se le habría indicado que debía formular su reclamación por escrito una vez notificada de la resolución de multa, oportunidad en que podría ejercer los recursos administrativos correspondientes.

Refiere que dicha notificación nunca se practicó y que, por consiguiente, no tuvo oportunidad de impugnar la sanción ni ejercer los derechos y recursos que estima procedentes.

Añade que el 9 de julio de 2026, a las 09:40 horas, recibió en su casilla de correo electrónico un mensaje remitido desde correo reservado, mediante el cual tomó conocimiento del cobro judicial de la multa y del respectivo mandamiento de ejecución y embargo correspondiente al Formulario N°42, folio 7971253051. Sostiene que sólo en esa oportunidad advirtió que la Inspección del Trabajo había remitido la sanción a cobro sin haberle notificado previamente la resolución que la impuso.

Expresa que, como consecuencia de ello, se inició ante la Tesorería Provincial Marga Marga el expediente administrativo N°11.598-2026, en el cual se habría trabado embargo sobre bienes suficientes de su patrimonio. Afirma que la recurrida omitió un trámite esencial del procedimiento administrativo sancionatorio al no notificarle su acto terminal y remitir directamente sus antecedentes a cobranza, privándola de la posibilidad de formular descargos e interponer los recursos administrativos y acciones jurisdiccionales que estima pertinentes.

Califica dicha omisión de ilegal, por estimar infringidas las normas que regulan la notificación de los actos administrativos, en particular los artículos 45 a 47 de la Ley N°19.880, conforme a los cuales sostiene que los actos administrativos de efectos individuales deben ser notificados a los interesados. Asimismo, la estima arbitraria, por cuanto la falta de notificación carecería de justificación y la habría colocado en una situación de indefensión frente al ejercicio de la potestad sancionadora estatal.

En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley, sostiene que recibió un trato diferenciado respecto de quienes intervienen en procedimientos administrativos sancionatorios, al impedírsele ejercer los mecanismos de defensa e impugnación que la legislación contempla, quedando excluida de las garantías procedimentales relativas a la notificación.

Respecto del derecho a un procedimiento racional y justo, afirma que la omisión de notificar la resolución sancionatoria le impidió conocerla y controvertirla antes de que fuera remitida a cobro ejecutivo.

Finalmente, en relación con el derecho de propiedad, señala que la remisión de la multa a la Tesorería General de la República dio lugar a un procedimiento ejecutivo en el cual se decretó embargo sobre bienes de su patrimonio, afectación que atribuye directamente a la falta de notificación reclamada.

Solicita que se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho, ordenando retrotraer el procedimiento sancionatorio de aplicación de la multa al estado de notificársele en forma la resolución que la impuso, además de adoptar toda otra medida que esta Corte estime necesaria para asegurar la debida protección de sus derechos, con costas.

A folio 7, informa la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 1 de agosto de 2025 doña nombre reservado formuló un reclamo por despido en contra de la recurrente, al que se asignó el folio N°508/2025/1432, citándose a las partes a comparendo para el 12 de agosto de 2025, a las 09:00 horas.

Señala que, según consta en el acta respectiva, la recurrente no compareció a dicha audiencia, dejándose constancia de que el 1 de agosto de 2025 se remitió la citación al correo electrónico “correo reservado”, registrado en el portal web de la Dirección del Trabajo. Agrega que, efectuados los llamados correspondientes, aquella no compareció personalmente ni mediante mandatario y tampoco acreditó excusa válida, por lo que se cursó la respectiva sanción.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción constitucional, por estimar que ésta no puede emplearse como sustituto de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales establecidos específicamente por el legislador para impugnar las resoluciones de multa de la Dirección del Trabajo.

Explica que los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo contemplan mecanismos específicos para controvertir tales sanciones, permitiendo reclamar judicialmente de la resolución que aplica la multa ante el Juzgado de Letras del Trabajo y solicitar su reconsideración administrativa, siendo también reclamable judicialmente la decisión que recaiga sobre esta última. Añade que la situación planteada por la recurrente se ajustaría, asimismo, a la hipótesis contemplada en el artículo 60 de la Ley N°19.880, relativa al recurso extraordinario de revisión.

En cuanto al fondo, expresa que, revisada la casilla de correos despachados por la repartición, constató que efectivamente la citación al comparendo fue remitida a “correo reservado” y no a “correo reservado”, siendo esta última la dirección de correo electrónico registrada por la recurrente.

No obstante, sostiene que actualmente se encuentra impedida de subsanar de oficio dicho error. Funda esta afirmación en la Circular N°078 de 4 de agosto de 2016, de la Dirección del Trabajo, que modificó las instrucciones sobre defensa judicial y dejó sin efecto el denominado principio de corrección de oficio del acto impugnado. Explica que, conforme a esas instrucciones, una vez sometido el asunto al conocimiento de los tribunales, el Servicio debe abstenerse de efectuar actuaciones relacionadas con el acto administrativo cuestionado, aun cuando éste presente vicios de forma o de fondo, correspondiendo al tribunal resolver sobre ellos.

Concluye que el recurso debe ser rechazado por resultar improcedente como sustituto de los mecanismos específicos de impugnación previstos por el ordenamiento jurídico y que, sin perjuicio del error constatado en el envío de la citación, la Inspección se encuentra impedida de corregirlo de oficio mientras el asunto permanezca sometido al conocimiento jurisdiccional.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Segundo: Que, la recurrente reprocha a la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga no haberla notificado válidamente de la citación a un comparendo de conciliación laboral ni de la resolución que posteriormente la sancionó por su incomparecencia, remitiéndose, no obstante, la multa a cobro ejecutivo ante la Tesorería General de la República. Sostiene que tales omisiones le impidieron ejercer oportunamente los mecanismos de impugnación correspondientes, por lo que solicita retrotraer el procedimiento sancionatorio al estado de notificársele en forma la resolución que impuso la multa.

Tercero: Que, al informar, la recurrida solicita el rechazo de la acción, sosteniendo que existen procedimientos administrativos y judiciales específicos para impugnar las multas de la Dirección del Trabajo, que no pueden ser sustituidos por esta vía cautelar. Sin perjuicio de ello, reconoce que la citación al comparendo fue remitida a una dirección de correo electrónico errónea, distinta de aquella registrada por la recurrente, señalando que se encuentra impedida de subsanar de oficio dicho error por hallarse el asunto sometido al conocimiento jurisdiccional.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción de protección, ésta se encuentra destinada a brindar tutela inmediata frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales amparadas por esta vía, cuando resulte necesaria la adopción de medidas prontas para restablecer el imperio del derecho.

Quinto: Que, en la especie, lo planteado por la recurrente se relaciona con la regularidad de las actuaciones desarrolladas en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, particularmente, con la forma en que se practicaron sus notificaciones y las consecuencias derivadas de ellas, cuestión que, por su naturaleza, no requiere ser conocida ni resuelta mediante la tutela cautelar urgente que caracteriza a esta acción constitucional, pudiendo ser discutida a través de las vías que el ordenamiento jurídico contempla al efecto.

Sexto: Que, en consecuencia, no concurriendo en la especie una situación que haga necesaria la adopción urgente de medidas de protección por esta vía cautelar, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Señor Álvaro Pavez Jorquera, quien estuvo por acoger el recurso, dejar sin efecto las actuaciones reclamadas y retrotraer el procedimiento en los términos solicitados por la recurrente, teniendo para ello presente que:

1.- La propia recurrida reconoció haber remitido la citación al comparendo a una dirección de correo electrónico errónea, distinta de aquella registrada por la afectada, circunstancia que le impidió tomar conocimiento oportuno de la actuación y ejercer las defensas que el ordenamiento jurídico le franquea, configurándose, a su juicio, una vulneración manifiesta al debido proceso.

2.- Que, una vez constatado dicho error, la recurrida se encontraba facultada para subsanarlo mediante el ejercicio de la potestad invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la Ley N°19.880, por lo que su mantención y las consecuencias posteriores derivadas de la actuación viciada no resultan justificadas. Por estas razones, estuvo también por condenar en costas del recurso a la recurrida.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6182-2026.

En Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.