nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgg C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado representada por nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que estima vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, como profesional extranjero, solicita la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, sin embargo, la AFP rechazó su solicitud con fecha 25 de septiembre de 2025, señalando que la constancia electrónica de cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni que la cobertura por enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Argumenta que el recurrente cumple íntegramente todos los requisitos de la Ley N°18.156, presentando contrato y anexo de trabajo; certificado de cotizaciones electrónicas del IVSS; título profesional debidamente apostillado y certificado de no nacionalizado.

La AFP recurrida interpreta la norma de manera extra legal y plantea un error que no se ajusta a la realidad ni a la intención del legislador, quien busca permitir la disposición de los ahorros previsionales. Los documentos presentados, como el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen, tienen la validez requerida.

En cuanto a los derechos constitucionales afectados, refiere vulneración del derecho de Igualdad ante la Ley consagrado en el articulo 19 N°2 de la Constitución política de la República, pues se ha dado al recurrente un trato desigual respecto a otros solicitantes en iguales circunstancias, exigiéndole una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156. Respecto del derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por retener injustificadamente sus fondos previsionales, los cuales son de su exclusiva propiedad, afectando la esencia de su derecho.

Finalmente señala que la Ley N°18.156, en su artículo 7 permite a los trabajadores extranjeros solicitar la devolución de los fondos previsionales si cumplen con los requisitos del artículo 1 de la misma ley. Sostiene que la jurisprudencia en casos similares, las cuales han resuelto que exigir requisitos no contemplados en la ley o realizar interpretaciones excesivamente literalistas y formalistas es un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

Concluye solicitando se orden a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, y que proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectué la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 10, A.F.P PROVIDA S.A. informa y sostiene que en primer lugar la improcedencia de la acción de protección, ya que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, haciendo improcedente el recurso. Argumenta que la acción no es un juicio de lato conocimiento para solicitar declaraciones de derechos, como ha sostenido la jurisprudencia. Lo que la recurrente pide es una modificación de los cuerpos normativos o discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia, lo que excede la finalidad del recurso.

Agrega que no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, lo que impide su solución por vía de protección.

Añade que no existe un acto ilegal o arbitrario, ya que ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156. Argumenta que la ley antes citada permite a los técnicos o profesionales extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales, pero es una norma de carácter excepcionalísima y requiere el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Expone que la razón del rechazo es que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones exige que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónicas de Cotizaciones) emitidas por el IVSS sean legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional venezolana competente. Dichas certificaciones deben señalar las coberturas con que cuenta el afiliado y un período de cobertura; limitarse a mencionar genéricamente las coberturas no es suficiente. Detalla que, desde el 30 de agosto de 2016, Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla, por lo que la certificación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

En consecuencia, expone que la recurrida debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, por instrucción de la Superintendencia de Pensiones, el Decreto Ley N° 3.500 y la Ley N°18.156. Por estos motivos reitera que la negativa a devolver los fondos no es ilegal ni arbitraria, sino que responde a la aplicación de la legislación vigente.

Concluye solicitando el rechazo total del recurso.

A folio 11, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se cuestiona la ilegalidad y arbitrariedad de la notificación de rechazo de solicitud de devolución de fondos de pensión de 25 de septiembre de 2025. Se impugna la interpretación extralegal de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. Se pretende dejar sin efecto el rechazo y ordenar la devolución de los fondos previsionales de la recurrente.

Tercero: Que, el recurrido informa en síntesis que su actuar es el correcto de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, ya que la recurrente no acreditó el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para el certificado del régimen previsional extranjero.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regulando las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).-Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de quince de junio de dos mil dieciocho, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

S éptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en consecuencia, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la AFP recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse su actuación como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6159-2025