nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, ingresada con folio N°2747 el 14 de julio de 2026, comunicado por correo electrónico de 20 de julio de 2026, bajo el motivo de “cumplimiento del plazo normativo para rectificación de documentos”.

Expone que solicitó ante la Administradora, a través de su portal web, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para los técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, cuyo artículo 7° permite solicitar dicha devolución a quienes cumplan los requisitos de su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Sostiene que, en su calidad de profesional extranjero, cumple íntegramente tales requisitos, y que la recurrida efectúa una interpretación formalista de la norma, incorporando exigencias no previstas en la ley y desconociendo la validez del contrato, sus anexos y el certificado de afiliación a la seguridad social de su país de origen.

Refiere que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es expedida por la autoridad venezolana competente y puede ser verificada en el portal web oficial de dicha institución, ingresando el código de verificación que consigna el propio documento o el número de su cédula de identidad venezolana. Precisa que, según dicha constancia, expedida el 1 de julio de 2026 con vigencia hasta el 31 del mismo mes, registra 87 semanas cotizadas, con fecha de primera afiliación el 2 de mayo de 2011, en estatus de asegurado cesante, y que en ella se transcribe el artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana, que comprende las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Agrega que, en subsidio, prestó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada.

Alega que la normativa especial no exige que el certificado de afiliación se encuentre legalizado o apostillado, y que es un hecho público que no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo que imponer tal requisito, de imposible cumplimiento, contraviene lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, dado que su obtención no depende del recurrente sino de las relaciones entre ambos Estados.

Afirma que el acto vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados, o se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informando, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas. Señala que el 14 de julio de 2026 el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, respecto de las cotizaciones enteradas por su empleador AES Gener S.A., acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y contrato de trabajo con sus anexos. Indica que, analizados dichos antecedentes, el 15 de julio de 2026 le requirió acompañar una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por cuanto la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con las exigencias normativas, y que, no habiéndose cumplido lo requerido, el 20 de julio de 2026 rechazó la solicitud.

Agrega que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, con requisitos copulativos que deben acreditarse en la forma que exigen la ley, la normativa administrativa y la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones. Invoca el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, de dicha Superintendencia, y el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen acreditar la afiliación mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en consonancia con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Informa, asimismo, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 16095, de 31 de agosto de 2026, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Alega, en primer término, que la materia excede el ámbito de la acción de protección, la cual solo ampara derechos indubitados y preexistentes. Expone, además, que el recurrente no registra reclamo ni presentación alguna ante ese organismo respecto de los hechos que motivan la acción, ni individualiza acto alguno que le sea imputable.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156, cuya interpretación debe ser restrictiva. Reconoce que el recurrente acredita su calidad de profesional mediante título debidamente apostillado, pero sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, sin que el código de verificación electrónica sustituya tales exigencias, y que, conforme a su Oficio Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025, dichas constancias, cuando se limitan a mencionar en forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin señalar las coberturas con que cuenta el afiliado ni permitir inferir un período de cobertura, no sirven para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la citada ley; agregando que las declaraciones juradas no son idóneas para ese fin, por no emanar de la autoridad previsional extranjera.

Añade que el recurrente no acompaña contrato de trabajo en que conste su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, conforme a la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156; que cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo que no asegura su retorno a su país de origen y pone en riesgo que su pensión deba cubrirse con fondos fiscales; y que el rechazo no importa la pérdida de sus fondos, de los que podrá disponer conforme a las normas generales del D.L. N° 3.500.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar, urgente y concreta, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan una privación, perturbación o amenaza actual al legítimo ejercicio de las garantías expresamente protegidas por dicho precepto.

Segundo: Que, el acto que se reprocha de ilegal y arbitrario es la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., comunicada al recurrente por correo electrónico de 20 de julio de 2026, que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, folio N°2747 de 14 de julio de 2026, invocando el “cumplimiento del plazo normativo para rectificación de documentos”, luego de haberle requerido, el 15 de julio de 2026, acompañar un certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado.

Tercero: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 exime a las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y a este personal, del cumplimiento de las leyes de previsión, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su turno, el artículo 7° del mismo cuerpo legal permite a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Cuarto: Que, no resulta controvertido que el recurrente acreditó su calidad de profesional mediante título debidamente apostillado, como lo reconoce la propia Superintendencia de Pensiones, y que acompañó a su solicitud una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, una declaración jurada y su contrato de trabajo con sus anexos.

Asimismo, del informe de la recurrida aparece que el rechazo se fundó en no haberse acompañado, dentro del plazo conferido, un certificado de afiliación legalizado o apostillado, por estimar que la constancia electrónica no satisface la exigencia de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, de modo que la controversia se circunscribe a determinar si tal exigencia resulta ajustada a derecho.

Quinto: Que, por tratarse de un régimen excepcional, la aplicación de la Ley N°18.156 exige la concurrencia copulativa de los presupuestos legales, cuya acreditación corresponde al trabajador que pretende la devolución de sus fondos. En particular, la afiliación y cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante documentación emanada de la autoridad competente del país respectivo y presentada con las formalidades que permitan reconocerle eficacia en Chile, conforme lo instruye el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500, instrucciones que son obligatorias para las administradoras. Tal exigencia no constituye un requisito adicional a los legales, sino el modo de acreditar uno de ellos, en armonía con las normas generales sobre eficacia de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no resulta suficiente para acreditar la exigencia legal antes indicada. En efecto, según informó la Superintendencia de Pensiones, dicho documento no se encuentra firmado por quien lo emite ni debidamente legalizado o apostillado. Además, en cuanto a su contenido, se limita a transcribir de manera genérica el artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana, sin señalar las coberturas específicas con que cuenta el recurrente. La existencia de un código de verificación electrónica no permite, por sí sola, suplir tales deficiencias, y la declaración jurada acompañada tampoco resulta idónea para ese fin.

Séptimo: Que, a lo anterior se suma que el recurrente cuenta con permanencia definitiva en el país, según consta de la cédula de identidad para extranjeros acompañada a su recurso, circunstancia que permite presumir su ánimo de permanecer en Chile y que no se aviene con la finalidad del régimen excepcional de la Ley N°18.156, concebido para técnicos y profesionales extranjeros que mantienen su vinculación con el sistema previsional de su país de origen.

Octavo: Que, en este contexto, no es posible estimar que la Administradora recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario al rechazar la solicitud del recurrente, desde que, previo a ello, le requirió expresamente acompañar la certificación pertinente, y su decisión se fundó en la falta de acreditación formal y sustantiva de los requisitos legales exigidos para acceder a la devolución de fondos previsionales, conforme a la normativa sectorial y a las instrucciones del órgano fiscalizador competente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6156-2026.