nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo a la Ley N° 18.156 y que el 8 de julio de 2026, la recurrida le notificó el rechazo argumentando que el "Certificado de Seguridad Social no se encuentra legalizado o apostillado". Señala que, debido al cierre de la embajada de Venezuela, es imposible legalizarlo, hecho público y de fuerza mayor.

Argumenta que cuenta con una constancia electrónica vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales verificable en línea, lo que cumple con el requisito del artículo 1 de la Ley 18.156 de estar afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que cubra los riesgos exigidos. Sostiene que negar su validez y exigir un requisito no contemplado legalmente es un acto arbitrario e ilegal.

Añade que el propio Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, ha flexibilizado las formalidades para ciudadanos venezolanos. Alega que exigir documentos imposibles de obtener desconoce el espíritu de la ley y vulnera su derecho de propiedad sobre sus fondos y la igualdad ante la ley, citando jurisprudencia en apoyo de sus pretensiones. Concluye solicitando que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se efectúe la devolución de sus fondos de pensión.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la actora no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción cautelar.

Señala que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que exige interpretación restrictiva. Explica que, según su Compendio de Normas y jurisprudencia administrativa, para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, el trabajador debe presentar un certificado de la institución de seguridad social debidamente legalizado o apostillado, que consigne específicamente la cobertura para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Argumenta que la constancia electrónica acompañada no sirve para acreditar dicho requisito, ya que carece de firma, legalización o apostilla, infringiendo lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya. Añade que el documento solo menciona coberturas de forma genérica, sin permitir inferir un periodo de cobertura efectivo, citando jurisprudencia de los tribunales superiores en apoyo a sus descargos. Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 10, evacúa informe Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima.

Refiere que la actora registra afiliación desde el 1 de julio de 2022 y que no registra ingreso formal de solicitudes de devolución de fondos al amparo de la Ley N° 18.156, por lo que su representada no ha emitido pronunciamiento, no existiendo acto u omisión ilegal o arbitraria.

Argumenta que, a mayor abundamiento, la constancia electrónica acompañada por la recurrente no constituye un certificado válido, ya que carece de legalización o apostilla, tal como exigen las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Oficio N° 21.480 de 2017) y su Compendio de Normas. Sostiene que dicho documento resulta insuficiente para acreditar la cobertura en el extranjero y cumplir los requisitos de la Ley 18.156, citando jurisprudencia de esta Corte que avala su postura. Finalmente pide rechazar el recurso con expresa condena en costas.

A folio 14, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundado en la falta de legalización o apostilla de los antecedentes aportados.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida AFP Modelo S.A. sostiene la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario al no registrar solicitudes formales de la actora, añadiendo que la constancia acompañada incumple los requisitos legales al carecer de legalización. En el mismo sentido, la Superintendencia de Pensiones informa que el documento no es idóneo por no estar apostillado y porque sólo menciona coberturas de forma genérica sin precisar un período determinado de protección efectiva.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos probatorios en el territorio nacional, conforme a lo prevenido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio de naturaleza excepcional que consagra dicha norma.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, tal como ha sido sostenido por el organismo fiscalizador en su informe, el documento acompañado se limita a mencionar de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga el sistema previsional venezolano, no resultando suficiente para acreditar de manera específica que la trabajadora contó efectivamente con protección para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó sus servicios en nuestro país.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los estándares y normativas vigentes para el reconocimiento de instrumentos emitidos en el extranjero, aplicando de manera estricta los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones respecto a un régimen de excepción, sin que con ello se configure vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6155-2026.