nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VALPARAÍSO

Sfg C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso, representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución N°301-G.G./2025, de 5 de agosto de 2025, que conoció el 2 de septiembre de 2025, que declara su salud incompatible con el cargo y consecuencialmente, vacante su cargo, con lo que entiende vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los números 2,3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar a la entidad recurrida el 1 de marzo de 2016 en el cargo de auxiliar de servicio en establecimiento de salud administrados esa Corporación, desempeñándose en el Cesfam Puertas Negras, en labores de aseo. Por motivos de salud, atendido que sufre de coxatrosis o artrosis de cadera, ha debido hacer uso de licencia por un plazo superior a seis meses, lo que motivó la resolución contra la que recurre.

Hace presente que hasta el mes de julio de 2025 recibió la remuneración que se depositaba en su cuenta bancaria, y en agosto, al no haberse depositado el sueldo consultó a su empleador le dieron a conocer el acto impugnado, el que no había sido notificado formalmente, puesto que le fue enviada a su domicilio por Chileexpress, siendo devuelta al remitente.

Indica que la resolución recurrida carece de toda fundamentación y motivos, lo que la convierte en ilegal y arbitraria, porque se limita a consignar el tiempo durante el cual estuvo con licencia médica y a citar de manera genérica las disposiciones del Estatuto Administrativo, sin explicar por qué, en su caso concreto, habiendo calificado su estado de salud como recuperable la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), sería incompatible con las funciones propias del cargo que desempeña.

Al efecto señala que la salud irrecuperable equivale a una situación de invalidez que habilita al funcionario para acceder a las prestaciones previsionales y supone la imposibilidad definitiva de reintegro a su cargo. La salud incompatible, en cambio no se refiere a invalidez permanente, sino a un juicio de idoneidad respecto del desempeño de las funciones asignadas, de lo que se deriva que no basta la constatación de licencias prolongadas, debiendo explicar en forma técnica y fundada, por qué esa condición de salud, aunque recuperable, impide el ejercicio de sus funciones, lo que no se hizo, desconociendo la finalidad de la Ley N°21.050, que reforzó la necesidad de contar con informes técnicos y con motivaciones serias y suficientes antes de adoptar una medida tan gravosa como la pérdida del cargo.

Pide se acoja el recurso de protección dejando sin efecto la resolución que declaró la vacancia de su cargo y se disponga su reincorporación, junto con el pago de todas sus remuneraciones y estipendios desde la fecha de su desvinculación hasta su efectivo reintegro, con costas.

A folio 39 evacúa informe el abogado don Leonardo Weber Aguilar, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Valparaíso, exponiendo que la recurrente se desempeñaba como auxiliar de servicios, siendo su último lugar de trabajo el Cesfam de Puertas Negras, Valparaíso. Durante los períodos que van desde noviembre de 2021, 2022 y 2023, la recurrente presentó licencias médicas por un total de 789 días, y en el período 2024 y 2025, un total de 519 días, lo que equivale a que en cuatro años solo asistió a prestar servicios 192 días. Las referidas licencias fueron catalogadas de “enfermedad común”, descartándose una enfermedad profesional. Por lo anterior, señala que la determinación para destituir a un funcionario no es un hecho antojadizo, a esta decisión se llega, además del informe previo indispensable del COMPIN, efectuando una mesa de trabajo con los gremios respectivos, donde se evalúa caso a caso la situación particular de cada uno de los funcionarios que se encuentra en la misma situación que la recurrente, verificando que no se trate de personas con diagnósticos que podrían justificar las extensa licencias, medida que es razonada detenidamente.

Indica que en virtud de lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley N°18.883, se podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Añade que la Contraloría General de la República, por dictamen N°17-351/2018, ha sostenido que en el evento que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste, por dicha causal. A las mismas conclusiones ha llegado el dictamen E188441/2022 que ratifica el criterio del dictamen precedente.

Finaliza indicando que hay una interpretación sistemática de las normas contenidas en el artículo 10 letra c), del artículo 144 letra c), artículo 147 letras a) y b) y artículo 148 de la Ley N°18.883, lleva necesariamente a concluir que, si durante el transcurso de su carrera funcionaria la salud de un servidor público deviene en incompatible con el desempeño de su cargo, el jefe superior del servicio debe, al menos, ponderarla posibilidad de declarar la vacancia del cargo que este ocupa y, en caso que, efectivamente, la salud del servidor público, estando aun vinculado estatutariamente con la Administración del Estado, no dé certeza y seguridad de que continuará cumpliendo sus funciones regularmente y que esto impacte negativamente en el funcionamiento del servicio o unidad en el que se desempeña, a la autoridad le asiste el deber de declarar la vacancia del cargo puesto que, es un deber de las autoridades y funcionarios públicos velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos y el debido cumplimiento de la función pública.

Acompañó a su informe un certificado de licencias médicas con indicación de períodos, una carta aviso de termino de funciones con su respectivo comprobante de envío; la resolución de evaluación del COMPIN, la Resolución N°301/2025 que decreta el cese de funciones de la recurrente y el último contrato de trabajo de la recurrente que da cuenta de su domicilio, donde se remitió la carta de aviso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de toda persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 19 de la carta fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar, se impugna la Resolución N°301-G.G./2025, de 5 de agosto de 2025, dictada por la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, que declaró vacante el cargo por salud incompatible de la recurrente, por carecer de toda fundamentación y motivos, lo que la convierte en ilegal y arbitraria, porque se limita a consignar el tiempo durante el cual estuvo con licencia médica y a citar de manera genérica las disposiciones del Estatuto Administrativo, sin explicar por qué, en su caso concreto, habiendo calificado su estado de salud como recuperable la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), sería incompatible con las funciones propias del cargo que desempeña.

La recurrida argumenta que, atendido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determinó que la salud de la recurrente era recuperable, la autoridad administrativa se encuentra habilitada para considerar la salud de la recurrente como incompatible con el desempeño del cargo. Al efecto señaló que durante los períodos que van desde noviembre de 2021, 2022 y 2023, la recurrente presentó licencias médicas por un total de 789 días, y en el período 2024 y 2025, por un total de 519 días, lo que equivale a que en cuatro años solo asistió a prestar servicios 192 días. Las referidas licencias fueron catalogadas de “enfermedad común”, descartándose una enfermedad profesional. Añade que, además del informe previo indispensable del COMPIN, en una mesa de trabajo con los gremios respectivos, se evalúa caso a caso la situación particular de cada uno de los funcionarios que se encuentra en la misma situación que la recurrente, verificando que no se trate de personas con diagnósticos que podrían justificar las extensas licencias, medida que es razonada detenidamente.

Tercero: Que, para dilucidar la controversia planteada, conviene tener presente las siguientes circunstancias: 1.- Que la recurrente se desempeñaba desde el 1° de marzo de 2016, como auxiliar de servicio. 2.- Que, desde noviembre de 2021 y hasta el año 2023, la recurrente hizo uso de 789 días por licencias médicas, y en el período 2024 a 2025 un total de 519 días. 3.- Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a requerimiento de la autoridad administrativa y a través de la Resolución Folio N°18548945 de 28 de febrero de 2025, determinó que la salud de la funcionaria era recuperable. 4.- Que, el 7 de agosto de 2025, se notificó a la recurrente de la Resolución N° 201-D.G.P./2025, de la Corporación Municipal de Valparaíso, por la cual se declaraba vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a 180 días, señalándose que las razones de hecho en que se fundamenta esa determinación corresponden a Resolución N°301-S.G./2025 de 5 de agosto de 2025.

Cuarto: Que, analizada la resolución impugnada N°301-G.G./2025 de 5 de agosto de 2025, se puede constatar que, en sus vistos, entre otros, figura que por resolución N°46 de 20 de julio de 2022 a través de la cual se ha aprobado en la Corporación Municipal de Valparaíso para el desarrollo Social el procedimiento de aplicación general para la causal de salud incompatible contemplada en las leyes N°19.378 y 18.883. En los considerandos se efectuaron las citas legales, artículos 148 de la Ley N°18.883, 48 letra g) de la Ley N°19.378 y 63 y 64 de la Ley N° 21.050. Los dictámenes de la Contraloría General del La República, N° 17.351 de 2018 y N°E188441 de 24 de abril de 2022, referidos a la Ley N°21.050, que concluyen que en el evento que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años.

También trae a colación la Resolución Folio N°18548945 de 28 de febrero de 2025 de la COMPIN por el que se declara que la recurrente adolece de un estado de salud recuperable. Y asimismo, que conforme a la Resolución N°46 antes citada se efectuó revisión conjunta de los antecedentes del caso por parte de la mesa de evaluación, conclusiones que por intermedio de informe N°01 de la Comisión Mesa de Licencias Médicas 2025 de 6 de junio de 2025, fue remitida al Gerente General.

Finalmente, se tuvo a la vista que doña nombre reservado ha hecho uso de licencias médicas por un total de 789 días en el período comprendido entre 2022 y 2023, excediendo el período de seis meses en los últimos dos años y que en el período comprendido entre 2024 y junio de 2025 la actora ha hecho uso de licencias médicas por un total de 519 días.

De lo anterior se colige que la resolución impugnada no carece de la fundamentación necesaria para su comprensión.

Quinto: Que, como ha resuelto la Excma. Corte Suprema: “Cuarto: Que, entre las causas de cesación en un empleo público se contempla la declaración de vacancia en el cargo, que, entre otras circunstancias, procede por tener el funcionario, un estado de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. Así previenen, con carácter general, los artículos 150 letra a), 151 y 152 del Estatuto Administrativo.

Los conceptos de salud irrecuperable y salud incompatible son distintos. El primero tiene relevancia para el goce de prestaciones de seguridad social (porque se lo estima equivalente al estado de invalidez que habilita al goce de determinadas pensiones), mientras que el segundo mira la idoneidad del funcionario para el cumplimiento de las tareas que se le asignan y, entonces, es importante para el interés sistémico del servicio público. En este sentido, la ley contempla como un indicio de incompatibilidad del estado de salud del funcionario con sus tareas, el hecho de haberse ausentado del servicio, con permisos respaldados en licencias médicas, por más de seis meses (continuos o discontinuos) en el lapso de dos años.

Ahora bien, la sola existencia de licencias médicas por esa extensión de tiempo no es automáticamente motivo de cesación en el empleo, sino un factor que incide en la apreciación que al respecto ha de formular la autoridad que dirige la institución administrativa en cuestión. A partir de las reformas introducidas a los textos estatutarios por la Ley Nº 21.050, de 2017, para que el jefe de servicio formule la declaración de salud irrecuperable o incompatible se contempla la necesidad de requerir un informe previo de la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o COMPIN. En los términos legales, a este órgano le corresponde “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. (Rol N°15.478-2025).

Sexto: Que, en el caso de la recurrente la recurrida adjuntó el Certificado N°1301 D.G.P./2026 emanado del director de Gestión de Personas de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, certifica que doña nombre reservado, se desempeñó en el cargo de Auxiliar de servicio en Cesfam Puertas Negras dependiente de esa institución presentó las licencias que allí se señalan desde el 26 de noviembre de 2021, por un total de 1374 días. Del certificado de Fonasa que da cuenta de las licencias del año 2025, tomando en consideración únicamente el año 2025, consta que, la última licencia del año 2024 se extendió por 90 días hasta el 19 de enero de 2025, por un diagnóstico de coxartrosis y, desde el 23 de enero al 6 de junio de 2025, se le extendieron tres licencias por fractura a nivel de la mano y de la muñeca, enseguida, desde el 7 de junio de 2025 al 3 de noviembre de 2025 presentó dos licencias por un total de 180 días, por el mismo diagnóstico de coxartrosis primarias bilateral, que justificaban las licencias de los períodos anteriores.

Estas probanzas demuestran que la actora no tiene salud compatible con el cargo de Auxiliar de Servicio que desempeñaba en el Cesfam de Puertas Negras.

Séptimo: Que, por todo lo explicado, al no concurrir en autos arbitrariedad o ilegalidad alguna que deba ser corregida a través de esta vía, corresponde rechazar la presente acción constitucional, tal como se dispondrá.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra de la Abogada Integrante doña Verónica Munilla Espinoza, quien fue de opinión de acoger el recurso por los siguientes fundamentos:

1º Que del mérito de los antecedentes que constan en la causa y las alegaciones realizadas por las partes, consta que la recurrente ingresa a prestar servicios para la recurrida el año 2016, y se desempeña en el mismo bajo modalidad de contrato a plazo fijo que deviene en indefinido. La naturaleza de la relación habida entre las partes es laboral, pero destinada a la provisión de una función pública de cargo de una persona jurídica de derecho privado, de conformidad a lo establecido en la ley 18.883. Por ende, es aplicable a su respecto la protección derivada de la aplicación del artículo 19 nº 24 de nuestra Constitución, pero además es protegida por el principio de estabilidad laboral.

2º Que la aplicación de la causal de vacancia “salud incompatible” por otra parte, resguarda el principio de servicialidad del Estado, consagrado en el artículo 1º inciso cuarto de la Constitución Política de la República. Así, éste es responsable que se otorgue el servicio público encomendado.

3º Conforme lo expuesto, estamos en presencia de una hipótesis de choque de derechos fundamentales, entre el citado principio de servicialidad y por otra parte, tanto la estabilidad garantizada tanto en su calidad de trabajadora destinada a cubrir una función pública. Y, debido a la sede en la que nos encontramos, la interpretación debe realizarse bajo en principio pro homine.

4º En este sentido, el concepto de salud incompatible con el cargo, contiene un requisito asociado a su procesabilidad y de carácter objetivo, relacionado con el uso de licencias médicas, el que no obsta a la fundamentación del acto administrativo. En el caso de marras, dicha fundamentación se traduce en entender que el recurrente si bien realiza el trabajo pactado, no lo hace a la velocidad adecuada a efecto del otorgamiento del servicio público, entre otras razones por tener pocos funcionarios.

5º Sin embargo, esta abogado estima que para que proceda la aplicación de una causal que quiebra el principio de estabilidad en el empleo, la salud debe ser incompatible con el cargo en términos absolutos, esto es, que el funcionario carezca totalmente de la capacidad para la realización de la función encomendada, debido precisamente a que la norma interpretativa obliga adoptar una posición pro funcionario, parte subordinada de la relación estatutaria. Aquí estamos en presencia de una persona que trabaja como auxiliar de aseo en el Cesfam de Puertas Negras que se encuentra en recuperabilidad.

Lo que se observa entonces es una ausencia de proporcionalidad entre la situación del recurrente y la medida adoptada por la Corporación, lo que deviene en la arbitrariedad del acto que afecta el derecho a la estabilidad en el empleo en cuestión, debiendo acogerse el recurso en esta parte.

No obsta lo anterior el hecho de que la posición de la recurrente sea de trabajadora, puesto que analizada la figura en la especie, de todas formas la causal de cese es propia del sector público. De ser así, la recurrente quedaría en una posición doblemente subordinada, incluso respecto de otros trabajadores del sector privado.

6º Lo anterior es conteste con la historia fidedigna de la ley y el estatuto de protección del empleo público, según ha sostenido la Excma. Corte Suprema. En este sentido, cabe destacar causa Rol 13.442-2024, que indica lo siguiente:

“Quinto: Que, conforme se expresa en las causas citadas en el basamento que antecede, el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”

Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del Servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016). Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales.

En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Sexto: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151, del Estatuto Administrativo. Séptimo: Que, en efecto, y al tenor de lo sostenido por esta Corte Suprema en las causas antes citadas, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que -de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.”

Sentencia redactada por el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa y el voto en contra por su autora.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

R. Protección Rol N°6126-2025.

Se deja constancia que no firma la ministra señora Fierro Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente, autorizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.