nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTRO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

1° A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, venezolano, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 24 de septiembre de 2025, emitida por la primera de las recurridas, en que se le informa el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a las recurridas que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que se estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley, del siguiente tenor:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Señala que, resolviendo su solicitud, la recurrida dictó la comunicación impugnada, que es del siguiente tenor: “En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 08 de septiembre del 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 15 de enero del 2007 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile.

Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Además, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, por lo que tampoco se puede considerar una declaración jurada, para dar continuidad a su trámite.

Por lo anterior señalado se le sugiere aportar constancia de afiliación vigente, la cual debe estar Apostillada en el país extranjero en que fue otorgado o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.”

Indica que de lo expuesto, logra evidenciarse que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP; sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Asimismo, indica que se le ha solicitado acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;” requisito que no se encuentra incorporado en la ley, máxime cuando el certificado acompañado por su parte a la AFP es verificable electrónicamente vía Web, y expedido por la autoridad venezolana competente.

De este modo, indica, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula, toda vez que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia; y haciendo presente, en todo caso, que ha presentado una declaración jurada con estos documentos, la que tampoco ha sido valorada.

2° A folio 11, evacua informe AFP Provida, solicitando el rechazo del recurso, señalando, en primer lugar, la improcedencia del presente arbitrio por tratarse de una materia de lato conocimiento que excede la vía cautelar, por no existir vulneración a derecho indubitado alguno susceptible de remedio.

En cuanto al fondo, indica que, efectivamente, AFP Provida rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156. Señala que si bien el recurrente aporta una constancia de cotización sin firma y declaración jurada, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N° 5376 emitido por la Superintendencia de Pensiones, “para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Al efecto indica que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónicas de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Respecto de las declaraciones juradas, asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Así, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, la que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

3° A folio 12, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso, señalando, en primer lugar, la improcedencia del presente arbitrio por tratarse de una materia de lato conocimiento que excede la vía cautelar, toda vez que que lo que pretende el recurrente es una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por esta Superintendencia, olvidando que no acreditó que cumple con los requisitos normativos para acceder a tal devolución; y existiendo además, una controversia acerca dela validez de los certificados presentados por el recurrente, ello debe ser materia de un juicio declarativo.

En cuanto al fondo, indica que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que de conformidad al N° 7 del artículo 47, de la Ley N°20.255, el N° 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que, en ejercicio de dicha facultad legal, es que este Organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N°18.156, y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Al respecto, hace presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Conforme con la mencionada normativa y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente en su escrito no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado, como exige el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

Con respecto a las alegaciones que hace la parte recurrente respecto del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, cabe señalar que, hasta el cierre, la delegación consular de ese país extendía a los afiliados venezolanos las certificaciones respectivas para los efectos de acreditar la cobertura previsional en el extranjero, la que debía ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, las Administradoras informaron, en relación con la verificación electrónica de los certificados, que a partir del 5 de agosto de 2024, no pudieron verificar ningún código QR puesto que el sitio web arrojaba el mensaje: “No responde servidor” y que existía indisponibilidad en la página web.

Por último, señala que el certificado de afiliación previsional puede ser solicitado y apostillado en el país de origen y que, para estos efectos, las Administradoras de Fondos de Pensiones debían recibir y verificar el documento directamente en las plataformas que señale su apostilla, sin intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En otras consideraciones, indica que la causal de rechazo citada por el recurrente dice relación con la vigencia del documento Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): “1.- La Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue emitida con fecha 25 de abril de 2022 y, según consta en el mismo documento, tiene una validez hasta 120 días. Por tanto, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierto, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, toda vez que, no se encuentra vigente, por ende, se solicita acompañar certificado válido y vigente”.

Al respecto, se ha resuelto por la Superintendencia que cuando dicho documento tiene una validez por 120 días con posterioridad a su firma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo, no sirve para acreditar que se contó con cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, al haber perdido su vigencia.

Indica que el hecho de no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales por parte de una persona que desea acogerse a dicha ley, no implica la perdida de sus fondos, sino solamente que no tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros, improcedencia de derecho que deja indemne el ejercicio de la totalidad de los derechos previsionales establecidos en el D.L. 3.500, de 1980, por lo que en su oportunidad y conforme con sus normas generales, podrá disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. 3.500, de 1980, como todos los afiliados al sistema, sean chilenos o extranjeros.

Por otra parte, cabe señalar que el contrato de trabajo acompañado por la parte recurrente no permite acreditar con el requisito de expresar inequívocamente en su contrato de trabajo con su empleador, su voluntad de permanecer afiliado a un régimen previsional en el extranjero que le otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con el fin de eximirse del pago de las cotizaciones.

En este sentido, los contratos de trabajo contienen una expresión de voluntad contradictorias entre sí, ya que por una parte manifiesta mantener afiliación en el extranjero y continuar cotizando en Chile. En este sentido, esta Superintendencia en virtud de sus atribuciones referidas en el Punto IV. Derechos, estableció que debe primar la opción que obedece a la regla general, que es la obligación del trabajador de tener que enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios, en este caso Chile.

Por consiguiente, si el contrato estipula que mantendrá su afiliación al país de origen y al mismo tiempo consigna su voluntad de autorizar al empleador a descontar sus cotizaciones previsionales enteradas en Chile, no procederá la devolución de fondos previsionales al no cumplirse el requisito legal. Al incumplir este requisito legal expreso, no procede acceder a su solicitud, independiente de los demás requisitos.

4° A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 24 de septiembre de 2025, emitida por AFP Provida, en que se informa al actor el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la Ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

SEGUNDO: Que, al informar las recurridas, señalan que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por el solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo no expresa las coberturas exigidas por la ley ni la extensión de las mismas, y se agota solamente en la constancia de que el actor se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social extranjero, sin mayores detalles.

TERCERO: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que el actor presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no menciona expresamente el otorgamiento de cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte ni en qué consiste la misma, de modo que el referido no cumple con los requisitos legales para dar lugar a la solicitud de retiro de fondos previsionales impetrada.

CUARTO: Que, por otra parte, se advierte que dicho certificado, aun cuando se considerara suficiente, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, corolario de lo anterior, el rechazo de la solicitud del actor, obrado por la AFP recurrida, se encuentra conforme a derecho, desde que el recurrente no ha cumplido con los requisitos legales prescritos por los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 para la procedencia de su solicitud de retiro de fondos.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que el Ministro (S) señor Núñez concurre a la decisión anotada, teniendo en consideración únicamente lo razonado en el considerando tercero de este fallo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6103-2025.