nombre reservado con ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156, comunicado el 31 de diciembre de 2025, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, no obstante, fue informada que su solicitud no podía avanzar porque el documento que acredita la afiliación al sistema previsional de su país de origen no se encontraba apostillado.

Sostiene que este actuar es arbitrario e ilegal, pues la recurrida incorpora requisitos no previstos en la ley, desconociendo que la autenticidad del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede ser verificada directamente en el portal web oficial de dicha institución mediante un código de validación.

Aduce que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la actual ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso de fuerza mayor.

Afirma que se cumplen íntegramente los requisitos del artículo 1 de la Ley N° 18.156, ya que la actora posee la calidad de técnica y mantiene su afiliación en el extranjero, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad.

Pide que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento para efectuar la devolución de los fondos.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamos ante dicho organismo.

Explica que la Ley N° 18.156 permite a trabajadores técnicos extranjeros solicitar devolución de fondos si cumplen requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación.

Refiere que, conforme a su jurisprudencia y al Compendio de Normas, para acreditar la cobertura no basta una cartola genérica, sino una certificación específica debidamente apostillada.

Menciona que la situación diplomática no habilita a las Administradoras para validar antecedentes que no cumplen los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

A folio 7 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que el 3 de diciembre de 2025, la recurrente solicitó la devolución de fondos como técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, acompañando diversos antecedentes. El 12 de diciembre de 2025 se le comunicó el rechazo por no cumplir el Certificado de la Institución de Seguridad Social con los criterios de aceptación.

Destaca que en Chile rige el principio de territorialidad en materia previsional, y que la Ley N° 18.156 establece excepciones restrictivas. Enfatiza que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados. Arguye que la constancia de cotizaciones presentada no cumple con los requisitos legales de legalización o apostilla, e invoca el Oficio Ordinario N° 12954 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como medio probatorio.

A folio 8 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora consistente en la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de 1 de diciembre de 2025, carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta su afiliación al sistema venezolano, se concluye que no es idónea para acreditar la cobertura previsional exigida, ya que debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Octavo: Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que ha circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-610-2026.