VANGUARD LOGISTICS SERVICFES CHILE S.A. CONTRA SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Foja: 117 nombre reservado

eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de abril de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 27 comparece Vanguard Logistics Services Chile S.A., domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado, contador auditor, Jefe del Departamento de Fiscalización Agentes Especiales y de don nombre reservado, abogado, Subdirector Jurídico, ambos del Servicio Nacional de Aduanas y funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que los actos arbitrarios e ilegales fueron notificados con fecha 23 de diciembre de 2013 y son el Oficio Ordinario N°16029 de fecha 19 de diciembre de 2013, suscrito por la primera en su calidad de Jefa del Departamento de Fiscalización Agentes Especiales del Servicio Nacional de Aduanas, y el Oficio Ordinario N°14238 de fecha 15 de noviembre de 2013, suscrito por el segundo, como Subdirector Jurídico del mismo Servicio, los que consideran constituyen una perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19° números 2 inciso 2°, 3° inciso 4°, 21°, 22°, 23° y 24° de la Constitución Política del Estado.

Que mediante los actos emanados de las autoridades aduaneras se pretende, por una parte, imponer la gratuidad en las operaciones de canje de los B/L y, por otra, la restitución de los precios ya cobrados a los consignatarios finales de la carga Explican que la recurrente es una empresa que presta servicios de transitario, es decir, interviene en el transporte de mercancías facilitando su circulación en el ámbito internacional. El transitario, a cambio del pago de un flete, se obliga a tomar las mercancías en el lugar convenido para su transporte, coordinar la ejecución de la totalidad de éste y supervigilar el mismo, así como elegir los distintos medios de transportes necesarios para tal propósito mediante su subcontratación, extendiendo al cargador el respectivo documento de transporte, que generalmente consiste en un conocimiento de embarque. Agrega que VANGUARD usualmente subcontrata porteadores marítimos en cuyas naves transporta las mercancías de sus clientes. El naviero emite su conocimiento de embarque y esta compañía emite sus propios conocimientos de embarque a sus clientes.

Señala que en Chile, la autoridad llamada a recibir las mercancías de la entrega que hace el transportista marítimo es el Servicio Nacional de Aduana. Que desde el punto de vista de la Aduana, una de las normas más relevantes a observar en el proceso de entrega de la carga, es la Resolución 2250/2005 de dicho Servicio, en la que se obliga al agente de aduanas a entregar el conocimiento de embarque original al transportador marítimo antes que se produzca el retiro de la mercancía por parte del consignatario.

Explica que el conocimiento de embarque es un documento que prueba la existencia de un contrato de transporte marítimo, y acredita que el transportador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías y se ha obligado a entregarlas contra la presentación de ese documento a una persona determinada, a su orden o al portador, siendo este medio el más común para probar la recepción de las mercancías que deban transportarse, sin perjuicio que existen otros. Agrega que en el caso de un agente transitario, el conocimiento de embarque que emite es llamado "hijo" o house bill of lading (HBL), ya que se trata de una persona natural o jurídica que sin ser porteador efectivo en los términos previstos en el artículo 975 N° 2 del Código de Comercio ha celebrado un contrato de transporte. El conocimiento de embarque permite, al presentarlo, exigir la entrega de la mercancía por una persona determinada o a su orden, o al portador. Es un título de la mercancía, la simboliza y representa, es decir, es posible transferir, disponer y endosar el conocimiento de embarque, con lo que se estaría transfiriendo, disponiendo o endosando la mercancía que ampara dicho documento.

Explica que los agentes transitorios, pueden efectuar correcciones o modificaciones a los conocimientos de embarque o documentos que hagan sus veces y que hayan sido emitidos por ellos, debiendo notificar dicha circunstancia a la respectiva empresa de transporte. En el contexto recién descrito, en virtud de las correcciones y/o modificaciones que VANGUARD puede introducir a los conocimientos de embarque o B/L por ellos emitidos, es que se produce el CANJE de los mismos.

VANGUARD emite un Conocimiento de Embarque o B/L en el lugar de origen, y se lo entrega al embarcador o en el lugar de destino, en cuyo caso se le entregará al Agente de Aduanas que representa al consignatario en destino. Cualquiera sea el caso, el B/L llegará a manos del Agente de Aduanas que representa al consignatario en Chile. Dicho B/L deberá ser endosado por el consignatario al Agente de Aduanas, mandatario de su confianza que ha previamente nominado. Adicionalmente, se deben entregar los documentos para la internación. Hecho el trámite del endoso y entrega de documentos adicionales, el Agente de Aduanas deberá apersonarse en las oficinas de VANGUARD, donde deberá pagar los gastos locales por cuenta de su cliente, el consignatario local, y procederá a "corregir" el conocimiento de embarque que le fue previamente endosado por el consignatario. La corrección consiste en incorporar en el conocimiento de embarque hijo o HBL, la información declarada ante la Aduana en los manifiestos, es decir, la información del conocimiento de embarque madre emitido por el transportista marítimo, el almacén donde se ha manifestado y el flete. A su turno, el Agente de Aduana deberá presentar una carta a VANGUARD. Siguiente a lo anterior, VANGUARD revisa la documentación, copia por ambos lados el conocimiento de embarque hijo o HBL ya corregido, guarda el original en conjunto con la carta del agente de aduanas, y le entrega la copia canjeada del HBL a dicho agente. VANGUARD guardará el original conocimiento de embarque hijo en su poder por el lapso de 5 años conforme dispone el artículo 201 N°3 de la Ordenanza de Aduanas.

En definitiva, VANGUARD no sólo realiza una labor administrativa, sino que debe almacenar por 5 años y exponer su responsabilidad civil en el procedimiento denominado canje y por ello en forma legítima y ajustada a la ley cobra aproximadamente $9.500.(US$15 más IV A).

Expresa que los actos emanados de las autoridades aduaneras a través de los cuales se pretende, por una parte, imponer la gratuidad en las operaciones de canje de los HBL y, por otra, la restitución de los precios ya cobrados a los consignatarios finales de la carga, afecta gravemente el denominado orden público económico consagrado por la Constitución Política, orden que no se agota en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y en el derecho de propiedad, sino en el reconocimiento de la libertad individual y la autonomía que se reconoce a las personas, en el principio de la igualdad y la no discriminación arbitraria, todo ello garantizado, a su vez, en el principio de la reserva legal. Así, la cuestión fundamental a dilucidar es si tiene una autoridad administrativa, específicamente los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas arriba individualizados, competencia legal para imponer a un particular la gratuidad por determinadas prestaciones que realice y, además que, como consecuencia de esa gratuidad establecida administrativamente, se le imponga la obligación de restituir los valores cobrados por dichas prestaciones.

Respecto al Principio de la Igualdad y la no discriminación arbitraria, confrontando lo obrado por las autoridades aduaneras con el marco constitucional, se concluye que dicho proceder ha sido ilegal y arbitrario, pues se pretende hacer vinculante al recurrente, una resolución administrativa que fue resultado de una propuesta de trabajo de una "Comisión Técnica" de la Cámara Aduanera de Chile, que agrupa a los agentes de aduana del país, respecto de la resolución Nº 2250, publicada en el Diario Oficial de fecha 25.05.2005, en que las compañías navieras se comprometieron a no efectuar cobros por el canje de sus conocimientos de embarque.

Respecto a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, señala que como corolario de lo anterior, resulta que las autoridades se han atribuido funciones jurisdiccionales al resolver controversias originadas en intereses de los particulares, como es la gratuidad de determinadas prestaciones y la devolución de lo pagado en razón de ellas, constituyéndose así, en verdaderas comisiones especiales, prohibidas expresamente por la Constitución en el art. 19 Nº3, inciso 40 En efecto, la actuación arbitraria e ilegal de los funcionarios recurridos responde a presentaciones efectuadas por la Asociación Gremial de los Agentes de Aduana, respecto de las cuales, la recurrente nunca fue informada por el Servicio de Aduanas de estas peticiones y menos invitada a formular sus descargos.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la Constitución Política garantiza a todos los particulares el derecho a desarrollar cualquier actividad económica realiza sus actividades en Chile con estricto apego a la Constitución, la ley y los reglamentos, reconociéndole a la autoridad aduanera chilena todas sus potestades fiscalizadoras y sancionadoras dentro del respectivo marco legal, marco que no la autoriza a fijar precios y, menos aún, imponer la gratuidad por las prestaciones que pueda realizar dentro de su giro.

Respecto a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y el derecho de propiedad, señala que la autoridad administrativa al imponer la gratuidad la está privando del derecho a adquirir el dominio sobre los créditos que nacen como consecuencia de sus prestaciones y, al mismo tiempo, la priva del derecho de propiedad al obligarla a restituir los precios cobrados a otros particulares por dichas prestaciones, así, se ven vulneradas las garantías del art 19 N° 23 y 24, esto es, el derecho de adquirir toda clase de bienes y el derecho de propiedad.

Respecto del principio de reserva de ley, señala que no desconocen las potestades fiscalizadoras y disciplinarias que le confiere la Ordenanza de Aduanas, pero dichas potestades deben ejercerse dentro del marco que la propia ley establece, y no puede extenderse a materias completamente ajenas a las mismas, como es establecer la gratuidad para determinadas prestaciones.

Respecto a la igualdad ante la ley, se vulnera cuando un órgano de la administración, de manera arbitraria, impone a un tercero, regulaciones administrativas acordadas con determinados agentes del mundo marítimo, en el caso particular, los transportistas marítimos, como ocurre en este caso, pues en el Oficio Ordinario N° 5616 de 09.06.2005, en su numeral 6, se lee: "debe tenerse en consideración el compromiso escrito manifestado por las compañías transportistas en la etapa de observaciones al proyecto original de resolución, en orden a no realizar cobro alguno por el procedimiento de canje que dicho proyecto contemplaba.", documento que fue resultado de una "Comisión Técnica" constituida con la Cámara Aduanera de Chile A.G.

Agrega que el actuar de los órganos denunciados infringe lo preceptuado en el inciso 4 del N° 3 del artículo 19 de la Carta Magna, por cuanto, lo que hacen es dirimir controversias de orden jurisdiccional para la cual no han sido convocados por la ley, resultando un proceder inconstitucional e ilegal en el que han incurrido al dictar los oficios denunciados. Las materias resueltas a través de los actos impugnados, y respecto de los cuales los funcionarios aduaneros se han constituido en comisiones especiales, se manifiesta en el Oficio Ordinario N° 14238 de 15.11.2013, del Subdirector Jurídico, Sr nombre reservado, que concluye la improcedencia del cobro por parte de VANGUARD, señalando que "la responsabilidad del despachador relativa al canje del conocimiento de embarque, queda sujeta a los criterios expuestos, debiendo él y los demás intervinientes, adoptar las medidas y mecanismos idóneos para su cumplimiento.” y del oficio ordinario N°16029 de fecha 19.12.2013, de la Jefa del Departamento de Fiscalización Agentes Especiales, doña nombre reservado, que junto con notificar lo resuelto por el Sr. Subdirector Jurídico, señala que no es procedente por parte de las empresas de transportes, efectuar cobro alguno por el canje de conocimientos de embarque a que se refiere la Resolución Nº2250 de 17.05.2005, resolviendo en el párrafo final la restitución de los montos pagados por concepto de canje de B/L. Más grave aún, el último párrafo de su oficio deja en evidencia que no le consta siquiera la implementación del cobro pues pide a VANGUARD informar sobre el particular pese a que ya le ha sancionado. Ello demuestra que la autoridad procedió con el sólo mérito de la denuncia de la Cámara Aduanera sin siquiera molestarse en oír a su representada, sin perjuicio de carecer de las facultades que se atribuyó.

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los preceptos invocados, tener por interpuesta acción de protección y declarar que las recurridas han incurrido en acciones ilegales y arbitrarias en contra de la recurrente de protección y que, en consecuencia, se dejan sin efecto los Oficios impugnados, con costas.

A fojas 58 y 90 informan los recurridos en forma similar, quienes solicitan el rechazo del recurso interpuesto en su contra. Alegan primeramente la extemporaneidad, ya que se reclama de la obligación de efectuar el canje de los B/L y de la instrucción de no pago por dicho trámite y su eventual restitución, todo lo cual, fue regulado por Director Nacional de Aduanas mediante resolución y oficio del año 2005. Refiere que por Resolución N° 79 de fecha 07.01.2000, del Director Nacional de Aduanas, se autorizó a Vanguard Logistics Services Chile S.A., para inscribirse en el Registro de Operadores de transportes, para operar en calidad de Agente de Carga y Freight Forwarder o Transitario. Luego, por Resolución N° 2250 de fecha 17 de mayo del 2005, del Director Nacional de Aduanas, estableció la obligación de efectuar el canje de los conocimientos de embarque. Posteriormente por Oficio Ordinario N° 5616 de fecha 9 de junio del 2006, del Director Nacional de Aduanas, se instruyó que la obligación de efectuar el canje de los conocimientos de embarque no podía generar ningún cobro, por cuanto ello es una responsabilidad y acción exclusiva del Agente de Aduanas, y además, dado que las compañías trasportistas, en la etapa de observaciones a la resolución 2250/05, se comprometieron a no realizar cobros por dicho concepto. Con fecha 30 de agosto del 2013, la recurrente, pone en conocimiento de sus clientes que a partir del 15 de septiembre del mismo año, implementarán el cobro de US$ 15 más IVA, por el canje de cada B/L.

Señala que lo expuesto, pone en evidencia que la recurrente desde el año 2005 hasta el 15 de septiembre del 2013, esto es, por el lapso aproximado de 8 años, cumplió cabalmente las instrucciones del Director Nacional de Aduanas, en orden a no realizar cobro alguno por el canje de los conocimientos de embarque.

Que en presentación Registro N° 55166, de fecha 03.09.2013 la Cámara Aduanera de Chile, pone en conocimiento del Jefe del Departamento de Fiscalización, que Vanguard incumple una de las condiciones bajo las que opera la entrega y canje de B/L, por lo que solicita se instruya la prohibición de cobro existente en la materia, por lo que se solicitó a la Subdirección Jurídica un pronunciamiento respecto de si resulta procedente o no, implementar un cobro por el Canje de los Conocimientos de Embarque a que se refiere la Resolución N° 2250 de fecha 17 05 2005. Dicha Subdirección Jurídica responde que el Oficio Ord. 5616 de 09.06.05, en su numeral sexto, dispone que la entrega directa del documento de transporte a la Compañía Transportista, no debe generar ningún tipo de cobro, por ser una responsabilidad y acción exclusiva del agente de aduana, por lo cual se informó a la recurrente que no es procedente el cobro por canje, por lo que, en caso de haberse generado cobros, éstos debían ser restituidos a los interesados, a la brevedad.

Expresa que no obstante citarse los oficios N°s 16.029/13, y 14.238/13, se reclama a propósito la obligación de efectuar el canje de los B/L, de la instrucción de no pago por dicho trámite, y su eventual restitución, todo lo cual aparece regulado e instruido por el Director Nacional de Aduanas, mediante resolución y oficio del año 2005.

Sostiene que consecuencia, los supuestos actos ilegales y arbitrarios que hipotéticamente pudieron afectar sus derechos reclamados, son, precisamente la Resolución 2250 del año 2005 y el Oficio Ordinario N° 5616 de 9 de junio del 2006, respecto de los cuales el recurrente nunca reclamó, hasta ahora, de estos actos y los aplicó a su actividad durante más de 8 años, sin objeción alguna. Agrega que no es posible entender que los actos habilitantes para procurarse un plazo para ejercer esta acción de protección, sean los oficios Ordinarios N°s 14238/13 y 16.029/13, toda vez que éstos, se limitan a repetir las instrucciones que desde el año 2005 rigen la materia, sin alterar en nada el statu quo preexistente a contar de dicha data, por lo que, en caso alguno, pueden habilitar plazo para recurrir de protección En relación al fondo, también procede el rechazo pues no existe acto ilegal y/o arbitrario que vulnere las garantías invocadas por el recurrente, habida consideración de que los oficios impugnados se ajustan a derecho.

Señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 y 201 de la Ordenanza de Aduanas resulta que la recurrente, en su calidad de transitario, se encuentra sometido a la potestad de la Aduana, debe respetar las reglamentaciones y obligaciones que establezca el Director Nacional de Aduanas y, además, está afecto a las obligaciones legales especiales de conservación de documentación por al menos 5 años y de respetar las normas que mismo Director establezca para el cobro de honorarios.

Cita el artículo 202 en su incisos 6, 8 y 9, en cuanto a la facultad de aplicar sanciones y expresa que en uso de sus facultades legales, el Director Nacional de aduanas dictó la Resolución N° 2250 del año 2005 y el Oficio Ordinario N° 5616 de 9 de junio del 2006, actos administrativos que establecieron la obligación de efectuar el canje de los conocimientos de embarque y que este canje no puede generar cobros por los operadores de comercio exterior, como lo es el recurrente, por lo que lo dispuesto por el referido Director le era y es obligatorio, lo que el recurrente cumplió cabalmente durante más de 8 años a la fecha.

En cuanto a la obligación de canje y prohibición de cobrar, expresa que el canje del conocimiento de embarque o B/L consiste en la entrega que debe hacer el consignatario de la mercancía del original del documento referido al emisor, con el fin de poner término a la problemática que se originaba en relación a la entrega de la carga y la eventual incertidumbre respecto del cumplimiento del contrato de transporte marítimo de mercancías, todo ello por aplicación de las normas del Libro III del Código de Comercio. Explica que el problema radicaba en que, por el sistema portuario chileno, el transportista no entrega la carga al consignatario, sino a un tercero, a saber el almacenista, y, por ello, no recuperaba un ejemplar original del B/L, para dejar constancia del cabal cumplimiento del contrato de transporte marítimo. Expresa que en uso de sus facultades legales el Director Nacional de Aduanas, con el objeto de terminar con las inconveniencias que presentaba el sistema, modificó el Compendio de Normas Aduaneras, en cuanto a la exigencia de los documentos de base para tramitar las declaraciones aduaneras, y la necesidad de establecer como obligación la devolución del B/L original a las compañías, mediante la Resolución Exenta N° 2250/2005, que estableció como obligatorio que el agente de aduana entregue al emisor del conocimiento de embarque su original, una vez aceptada a trámite la declaración y antes del retiro de las mercancías desde zona primaria. En caso de que no se cumpla con esta obligación, el agente de aduana puede ser objeto de una medida disciplinaria. Agrega que conjuntamente con lo anterior, el mismo Director Nacional, por el también citado Oficio Ordinario N° 5616 de 09.06.2006, estableció que este canje no podía generar ningún tipo de cobro, dado que, es función del Agente de Aduanas y, además, dado que las compañías transportistas se comprometieron a no efectuar cobro alguno por el acuse recibo del B/L original.

Sostiene que por lo explicado, no ha existido acto ilegal y arbitrario y cita jurisprudencia al respecto.

En relación con la resolución 2250/05 Y ORD. 5616/06 ya se indicó que el Director Nacional de Aduanas, conforme al artículo 24 de la Ordenanza del ramo, tiene las facultades para reglamentar las obligaciones y facultades de, entre otros, los transitarios, los que están sujetos a la potestad de la Aduana y, que, conforme a los artículo 201 y 202 del mismo Estatuto Jurídico, tienen las obligaciones que allí se señalan, dentro de las cuales, deben respetar las normas que mismo Director establezca para el cobro de honorarios.

Para el caso del canje, en los considerandos de la resolución, se indican las razones de lo resuelto, que, en suma, suponen que la para la confección del despacho se requiere del original del conocimiento de embarque como prueba de la consignación, sin que sea necesario conservarlo en original en la carpeta de despacho del Agente, por lo que resulta procedente que éste entregué el original, en la oportunidad que establece la misma resolución. Agrega además, que ello es concordante con los procedimientos y mecanismos que se aplican a nivel internacional en materia de retiro de mercancías y permiten adaptar racionalmente las normas aduaneras a las prácticas comerciales, considerando las responsabilidades de los distintos agentes y operadores, dentro del marco legal.

En relación con la prohibición de cobro, el Oficio 5616/05, relacionado directamente con la Resolución N° 2250/05, en su número 6, al determinar que el canje no debe generar ningún tipo de cobro, explica que ello se debe a dos razones. a) El canje es de responsabilidad y acción exclusiva del Agente de Aduanas; y, b) Los transportistas efectivos manifestaron por escrito que no se cobraría por el procedimiento de canje, por lo que con mayor razón no debe exigirse cobro por un acuse recibo para la actividad realizada por los despachadores.

Señala que llama lo atención que la recurrente pretenda obrar por recibir y guardar un documento de su propia creación, que acredita en contrato de transporte que celebró con el embarcador o consignante y es título de las mercancías que se obligó a transportar, y que, en definitiva, constituye su prueba del cumplimiento de su obligación como transportista transitario.

En relación al ORD. 16029/13 en caso alguno, resulta ilegal o arbitraria En concreto, no se hace más que aplicar lo establecido por el Director Nacional en la Resolución 2250/05 y en el Ord. N° 5616/05, Y que la recurrente aplicó durante más de 8 años y que, conforme a su carta de fecha 30 de agosto del 2013, pretendió incumplir sus obligaciones como transitario.

Indica que, conforme al artículo 8º de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas (DFL 329/79), corresponde la Subdirección de Fiscalización, entre otras, efectuar las investigaciones respecto de despachadores, almacenistas y otras personas que se encuentran sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional, a cuyo efecto, se creó el Departamento de Fiscalización de Agentes Especiales, cuya jefatura ejerce esta autoridad informante.

Hace presente que en caso alguno se está juzgando la conducta del reclamante, como tampoco supone la aplicación de una sanción, toda vez que, para ello, las facultades legales residen en el Director Nacional, conforme al artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas, y no en el recurrido.

En cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, señal que el impedimento se aplica a todos los agentes del comercio exterior que intervienen en el procedimiento de canje, por lo que no existe ninguna diferencia entre las personas en situación jurídica similar.

En cuanto al Juzgamiento por Comisiones especiales para rechazar lo pretendido, basta con tener en cuenta que los oficios recurridos no suponen actuaciones jurisdiccionales, sino simples actos administrativos que no implican, en caso alguno juzgamiento, ni siquiera, en sede administrativa, de la conducta del recurrente. Y menos, se resuelven controversias entre partes.

En cuanto al derecho a desarrollar una actividad económica, expresa que el recurrente se encuentra en pleno ejercicio de su actividad, conforme le fuera autorizado por la Resolución N° 79/2000 del Director Nacional de Aduanas y que la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema ha dicho que, un eventual mayor gravamen no es susceptible de vulnerar la garantía del Nº 21 del artículo 19 del Estatuto Constitucional, habida consideración de que ésta protege el desarrollo de la actividad misma, pero no su mayor o menor utilidad.

En cuanto al derecho de adquirir el dominio y el derecho de propiedad, cita los artículos 24, 201 y 202 de la Ordenanza de Aduanas, de conformidad a los cuales el recurrente debe ejercer su actividad, en lo que interesa, sometido a la potestad de la Aduana y de acuerdo a las reglamentaciones y obligaciones que establezca el Director Nacional y sujeto a la potestad disciplinaria del mismo. Dentro de las reglamentaciones establecidas por el Director Nacional esta, precisamente, la del impedimento de cobro por el canje de conocimientos de embarque.

Respecto del Informe del Subdirector Jurídico don nombre reservado, alega además la falta de legitimación pasiva ya que solo se limito a responder una consulta y en la cual solo se citan resoluciones e instrucciones vigentes desde el año 2005.

Termina solicitando se rechace el recurso de conformidad a lo expuesto, con costas.

A fojas 108, informa el Presidente de la Cámara Aduanera de Chile y agrega que falta legitimación pasiva de los recurridos, pues de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio el Director Nacional de Aduanas es el jefe superior del servicio y tiene la autoridad y atribuciones inherentes al cargo, por lo que el presente recurso se debió haber interpuesto en su contra y no de los dos funcionarios que actuaron en el ejercicio de sus cargos directivos y emitieron opinión dentro de la esfera de sus competencias .

A fs. 115, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el recurso de protección es esencialmente cautelar. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido y en el presente caso los recurrentes sostienen que los recurridos, funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas, han emitido oficios que lesionan las garantías constitucionales mencionadas en el recurso, solicitando que se declare que estos han incurrido en acciones ilegales y que como consecuencia de ello, piden se dejen sin efecto los oficios que indican.

Tercero: Que, como cuestión previa y en base a lo que se indica en la parte expositiva de este recurso, debe resolverse primeramente en cuanto a la extemporaneidad del mismo, petición formulada en su oportunidad por ambos recurridos a fojas 58 y 90, en el sentido de que el reclamo que formula la parte recurrente de la instrucción de no pago del canje de los B/L y su eventual restitución, tiene su origen en una resolución y oficio del Director Nacional de Aduanas del año 2005, y que desde esa fecha y hasta el año 2013 esa parte ha cumplido con esas instrucciones, no pudiendo entenderse que los oficios N°s 16.029/13 y 14.238/13, que se dictaron para aplicar la referida instrucción del año 2005, constituyan los actos arbitrarios e ilegales respecto de los cuales se computa el plazo para interponer el presente recurso de protección.

Cuarto: Que estos sentenciadores estiman que el presente recurso no es extemporáneo, toda vez que concordando con lo que señala la parte recurrente al respecto, debe entenderse que los actos que son objeto del recurso datan del año 2013, sin perjuicio de que el origen de ellos es una instrucción que emana del año 2005, y la afectación que se denuncia por vía de esta acción constitucional ha tenido lugar con ocasión de la dictación de los Oficios a que se ha hecho referencia.

Quinto: Que sin perjuicio de lo resuelto, deberá también analizarse la pretensión de falta de legitimación pasiva de los recurridos, atento a lo que solicita a fojas 108 la Cámara Aduanera de Chile, a quien también se le solicitó se informara al tenor del presente recurso de protección.

Sexto: Que en cuanto a lo mencionado, esto es, la falta de legitimación pasiva de los recurridos, por cuanto tal calidad le corresponde al director Nacional de Aduanas, tal pretensión no será acogida, pues, en primer lugar, tanto los funcionarios recurridos como su Director, representan por último al mismo servicio en lo que se refiere a la aplicación y determinación de las normas e instrucciones que son objeto del recurso, por lo que resulta indistinto, atendido la situación concreta de este recurso, interponer la acción de la manera que fue planteada.

Séptimo: Que, respecto al fondo del asunto, esto es, si la actuación de los recurridos es arbitraria e ilegal y si se conculcan las garantías constitucionales que se indican en el recurso, las partes están de acuerdo en que la discusión se suscita por la implementación de instrucciones que datan del año 2005, emanadas del Director Nacional de Aduanas y que disponen que no es procedente el cobro del canje del conocimiento de embarque o B/L, en la tramitación completa del contrato marítimo de mercancías, por las razones que en esa instrucción se consignan y que básicamente establece como obligatorio que el agente de aduanas entregue al emisor del conocimiento de embarque su original, una vez aceptada a trámite la declaración y antes del retiro de la mercadería desde una zona primaria, no pudiendo generarse cobro alguno por el referido canje, pues se trata de un documento emanado del propio consignante y además porque con ello se cumple con lo acordado en su oportunidad por las compañías transportistas en el tráfico marítimo, situación que es señalada en el informe de fojas 108.

Octavo: Que, sobre este particular, debe observarse que la actuación de los recurridos se ajusta plenamente a la legislación aduanera existente debiendo tenerse presente lo que a su turno señalan los artículos 24, 201 y 202 de la Ordenanza de Aduanas y, tanto la instrucción tantas veces referida como los oficios del año 2013, también mencionados, constituye una de las formas como se manifiesta la potestad aduanera a través de sus agentes.

Noveno: Que, derivado de lo anterior, aparece también ajustado a derecho que a raíz de la pretensión de la recurrente de efectuar el cobro que se ha cuestionado, a partir del 30 de Agosto de 2013, la Aduana haya reaccionado al mes siguiente recordando la normativa existente desde el año 2005. Que, por otra parte, tampoco resulta plausible para las pretensiones de los recurrentes que habiendo cumplido las instrucciones desde el año 2005 al 2013, recién este último año cuestione la referida instrucción a través del oficio que remite a sus clientes, pues en el período intermedio existió una aplicación permanente de la referida instrucción, lo que no puede ser desconocido en esta etapa.

Décimo: Que, en todo caso, si bien en los hechos la recurrente cuestiona veladamente la instrucción del año 2005, indicando que en cualquier momento podía disponer el cobro de algo que legítimamente le correspondía, tal discusión debe ser llevado ante los Tribunales especializados que existen sobre la materia y no corresponde en el ámbito de un recurso de protección un análisis técnico de esa materia, toda vez que este arbitrio se establece para aquellas situaciones de hecho que son incontrovertibles y que importen una real afectación de derechos constitucionales, lo que, como se ha venido diciendo, no ocurre en este caso.

Undécimo: Que, en consecuencia, de lo expuesto no se advierte de parte de los recurridos, en el presente caso, una actuación ilegal o arbitraria, pues tiene la potestad para dictar la instrucción de que se trata y las razones que expone para su dictación, resultan atendibles, razonables y ajustadas a derecho.

Duodécimo: Que, con lo dicho, no es posible sostener que se haya vulnerado la igualdad ante la ley, por cuanto no existe evidencia alguna de que el impedimento hecho valer por los recurridos no se apliquen a todos los agentes de comercio exterior que intervienen en el procedimiento de canje, no existiendo evidentemente un tratamiento diferente que implique la mencionada afectación.

Décimo tercero: Que respecto al juzgamiento por comisiones especiales, aparece claro que tanto las instrucciones como lo oficios que fueron recurridos, constituyen manifestaciones administrativas legítimas de parte del Servicio de Aduanas, no configurándose decisión jurisdiccional alguna al respecto.

Décimo cuarto: Que en cuanto al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, la no discriminación arbitraria que debe dar el Estado y sus organismos, la libertad para adquirir el dominio de todas clases de bienes y el derecho de propiedad en sus diversas especies, tampoco se advierte su conculcación en perjuicio de la recurrente, toda vez que las instrucciones impartidas y los oficios que despachó en su oportunidad la recurrida, no implica afectación de derechos patrimoniales de parte de aquellos, desde el momento en que pueden realizar perfectamente su actividad económica, siempre y cuando den cumplimiento a la normativa concreta que se le exige de parte del Servicio Nacional de Aduanas.

Décimo quinto: Que, en virtud de estas consideraciones, no considerándose que la parte recurrida haya tenido una actuación ilegal y arbitraria y no existiendo afectación alguna de las garantías indicadas en el recurso de protección, esta acción constitucional será rechazada.

Por lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara:

A.- Que no se hace lugar a declarar extemporáneo el recurso de protección deducido a fojas 1 y no se hace lugar a la falta de legitimación pasiva planteada a fojas 108.

B.- Que se declara sin lugar el recurso de protección interpuesto a fojas 27, por Vanguard Logistics Services Chile S.A., en contra de doña nombre reservado, contador auditor, Jefe Departamento de Fiscalización Agentes Especiales y de don nombre reservado, abogado, Subdirector Jurídico ambos del Servicio Nacional de Aduanas, ambos funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas, sin costas, por estimarse que el recurrente tuvo motivo plausible para recurrir.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.

N° Protección-61-2014.

Pronunciada por los Ministros de la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sr. nombre reservado, Sr. Jaime Arancibia Pinto y Sra. nombre reservado.

En Valparaíso, ocho de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.