Protección contra Tesorería Regional de Valparaíso

Foja: 46 Cuarenta y Seis S.f.g.

Valparaíso, a quince de octubre de dos mil trece.

Visto:

A fojas 2, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Tesorería Regional de Valparaíso, a cargo de su Director Regional Tesorero, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, con ocasión del acto ilegal y arbitrario que lo hace consistir “en que la Tesorería Regional de Valparaíso lo despojó de manera ilegal y arbitraria de $ 190.608.965.- al momento de pagarle la indemnización a que fue condenado el Estado, por la violencia y privación de que fue víctima por parte del Ejército de Chile entre los años 2002 y 2007””, en cuanto vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 Nº 2 (igualdad ante la ley), 19 Nº 3 inciso 5° (derecho a no ser juzgado, sino por un Tribunal de la República, cuya sentencia habrá de fundarse en un proceso justo, racional y legalmente tramitado) y 19 N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso, indicando que el acto ilegal y arbitrario se cometió el 18 de julio de 2013, fecha en que la Tesorería Regional de Valparaíso emitió el formulario de egreso 72-A Folio 71548, que se plasmó en un cheque por la suma de $ 211.982.509, de un total que debió pagarle de $ 402.982.509, es decir, se le despojó de la suma de $ 190.608.965.- Explica que en el año 2002 el Ejército, empleando violencia, destruyó con armamento pesado los caminos de acceso y las instalaciones de sus 20 pertenencias mineras, ubicadas en un predio de la Comuna de La Ligua, V Región, impidiéndole desde el año 2002 desarrollar su trabajo de minero, privándolo de hacerse dueño del mineral de sus pertenencias. Por lo anterior demandó de indemnización de perjuicios al Estado de Chile en el año 2007, tramitándose la causa rol C-3305-2007.

Agrega que esta Corte, conociendo la causa Rol IC 915-2010 revocó la sentencia de primera instancia y dio lugar a su demanda, condenando al Fisco a pagarle por concepto de indemnización de perjuicios materiales la suma de $ 300.000.000.- y por daño moral la suma de $ 100.000.000.-. Esta sentencia fue objeto de recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema, los que fueron rechazados con fecha 08 de noviembre de 2012.

Refiere que el 17 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, el Primer Juzgado Civil de Valparaíso ordenó cumplir la sentencia ejecutoriada, para lo que fue notificado el Ministerio respectivo, ordenándole dictar el decreto de pago, lo que ocurrió el 09 de julio de 2013, ordenando a la Tesorería Regional de Valparaíso pagar la suma de $ 400.000.000.- más IPC, en total $ 402.591.474.- por concepto de indemnización de perjuicios, con cargo al ítem presupuestario 50/01/03/26/02/001, lo que consta en Decreto exento N° 2014 del Ministerio de Justicia.

Manifiesta que tiene el derecho de propiedad sobre el monto de la indemnización, tiene el derecho adquirido que los órganos del Estado cumplirán la sentencia respetando sus derechos.

Expresa que el 29 de julio de 2013 recibió por correo certificado un cheque de la cuenta única fiscal del Estado por $ 211.982.509.-. Averiguando supo que la Tesorería Regional de Valparaíso, por la vía de la compensación lo privó de la suma de $ 190.608.965.-, sin mediar un procedimiento racional y justo, siendo más grave, que no se consideró que la exigibilidad de la obligación que invocó para compensar está en discusión ante el Segundo Juzgado de Letras de Quillota, en la causa Rol C-325-2012 y en la que está pendiente proveer el escrito que cita a las partes a oír sentencia.

Señala que la compensación invocada no está en la esfera de competencia de la recurrida y no se dan los presupuestos legales para que se haya podido compensar. Así las cosas, la compensación es ilegal y arbitraria en la forma y en el fondo, por cuanto no tiene facultad para ello y la exigibilidad de la obligación está en discusión y no se cumplen las exigencias legales, ya que además de verificarse los requisitos especiales del Estatuto de Tesorerías, deben cumplirse las exigencias de los artículos 1567 N° 5 y siguientes del Código Civil, además de estar expresamente prohibida por la ley en el artículo 1662 del Código Civil, que prohíbe la compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude.

Expresa que el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías sólo autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, facultad que no se extiende a los tesoreros regionales, por lo que la compensación alegada el nula de derecho público, conforme artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. El mismo artículo 6 del Estatuto Orgánico señala que la compensación podrá ser aplicada por el Tesorero General de la República cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, pero ello no ocurre, ya que la deuda que invoca está en discusión y los documentos que tienen, lejos de estar en estado de ser pagados, dan cuenta de obligaciones prescritas, según consta en la causa Rol C-325-2012 del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, por cuanto son obligaciones que datan del año 2004, 2005, enero y mayo de 2006 por un valor de $ 50.332.611; siendo evidente que el plazo de prescripción de tres años transcurrió sin que operara la suspensión o interrupción del mismo. Asimismo, no se cumplen los requisitos de los artículos 1567 y siguientes del Código Civil, ya que ambas obligaciones a compensar deben ser líquidas y actualmente exigibles, no siendo exigible la obligación compensada al estar prescrita. Del mismo modo, según el artículo 1662 del Código Civil, se prohíbe la compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, siendo éste el caso, toda vez que la indemnización otorgada es por el daño violento que el ejército de Chile le causó.

Refiere que se ha producido un abuso de la función pública, toda vez que en la causa C-325-2012 se despachó mandamiento de ejecución y embargo hasta por la suma de $ 50.332.611, según cálculo al 1 de agosto de 2011, lo que ha motivado que se le embarguen fondos en cuentas corrientes, un inmueble, se ha compensado su devolución de impuesto, lo que arroja un monto que supera los $ 29.000.000.-, que en total implica que el Estado de Chile le ha embargado y se ha pagado lícita y arbitrariamente de la suma de $ 219.684.470.- por una deuda prescrita de $ 50.332.611.-.

Señala el actuar inequitativo y discriminatorio para con él, haciendo presente la condonación a la tienda Johnson´s por miles de millones de pesos, pero a él, en cambio, en vez de condonarle, le cobran los $ 50.332.611, luego de haber sido víctima de fraude por clonación de facturas, situación que fue investigada, siendo constatado por Servicios de Impuestos Internos de Quillota que sus facturas aparecían falsificadas, con valores y datos distintos a las que fueron emitidas originalmente.

Solicita finalmente se acoja el recurso y se ordene a la Tesorería Regional de Valparaíso le restituya la suma de $ 190.608.965, con intereses y reajustes, sin perjuicio de las acciones civiles que intentará por los daños que este despojo ilegal le ha causado, con costas.

Acompaña a su recurso diversos documentos, entre los cuales destacan, el comprobante de Egreso de la Tesorería Regional de Valparaíso de 18 de julio de 2013; Decreto exento N° 214, de 09 de julio de 2013; copia de sentencia de esta Corte en los autos rol 915-2010; resoluciones que inciden en la causa Rol C-325-2012 del Segundo Juzgado de Letras de Quillota; copia de presentaciones y reiteradas comparecencias ante el Servicio de Impuestos Internos, que dan cuenta que a partir del año 2001 fue suplantado, víctima de falsificación y robo.

A fojas 36 y siguientes, rola informe de la recurrida, evacuado por don nombre reservado, Director Regional Tesorero V Región, en el siguiente sentido:

Refiere, en primer término, que la Tesorería General de la República es un servicio dependiente de la Administración del Estado, encargado de recaudar los tributos y demás entradas fiscales, la que se desconcentra territorial y funcionalmente a través de Direcciones Regionales. Refiere que según el artículo 177 del Código Tributario le corresponderá a los Directores Regionales y a los Tesoreros Provinciales, en cuanto jueces sustanciadores, conocer de la compensación, en tanto se haya emitido la orden de pago correspondiente y los documentos respectivos estén en Tesorerías en condiciones de ser pagados.

Señala que el Fisco debía pagar al recurrente la suma de $ 400.000.000.- en tanto que éste, en virtud del juicio ejecutivo especial de cobro rol N° 10.214-2011, se hallaba en el imperativo de pagar al Fisco la suma aproximada de $ 200.000.000.- por giros de impuesto formularios 21, reiterando que esta cobranza especial no se hallaba suspendida a la fecha de la compensación, habiéndose rechazado las excepciones opuestas en la instancia ante el juez sustanciador.

Señala que la compensación se ha realizado en uso de las atribuciones que el artículo 177 del Código Tributario señala, lo que debe entenderse, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva en el juicio Rol N° 325-2012, que conoce de la oposición del recurrente a la cobranza judicial ejecutiva.

Precisa que en la causa ejecutiva especial Rol 10214-2011 se opusieron excepciones y no se decretó la suspensión del Procedimiento, sometiendo la oposición del recurrente a la decisión de la justicia ordinaria, proceso que no está afinado, de tal manera que se trata de una causa activa, no suspendida, no existiendo pronunciamiento del fondo de las excepciones opuestas.

En cuanto al aspecto formal señala que el Tesorero Regional de Valparaíso podía efectuar la compensación, en tanto ente desconcentrado de la Tesorería General de la República. En cuanto al fondo, respecto de lo dispuesto en el artículo 1662 del Código Civil, señala que el Fisco de Chile no opuso la excepción de compensación a la indemnización a que tuvo derecho el recurrente con ocasión del juicio en el que se determinó el pago de la referida indemnización.

Respecto de la prescripción de los créditos, es una materia de lato conocimiento que está en discusión ante la justicia ordinaria.

En relación a la discriminación que alega, por haberse condonado la deuda de una tienda de retail, el Servicio de Tesorerías no tuvo injerencia alguna, sino que fue el Servicio de Impuestos Internos la institución que dio curso a la condonación.

Expresa que la Tesorería se ha ajustado a derecho, tratándose todas las materias del recurso de lato conocimiento, que no deben ventilarse por esta vía.

Solicita, en definitiva, rechazar la acción cautelar deducida.

Acompaña copia simples del expediente administrativo rol N° 10214-2011, de la Tesorería Provincial de Quillota.

A fojas 43 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de protección intentada en esta causa tiene por objeto obtener que la Tesorería Regional de Valparaíso le restituya la suma de $ 190.608.965.- con intereses y reajustes, de la que fue despojado arbitraria e ilegalmente al momento de pagarle la indemnización a que fue condenado el Estado en la causa Rol C-3305-2007, Rol I. C. 915-2010, resguardándose determinados derechos y garantías establecidas en el artículo 19 y que señala el artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República, que le han sido conculcados.

Segundo: Que el recurrido ha sostenido, en síntesis que su actuar se apega estrictamente a la ley puesto que el artículo 177 del Código Tributario faculta a los Directores Regionales y a los Tesoreros Provinciales, en cuanto jueces sustanciadotes, para conocer de la compensación en tanto se haya emitido la orden de pago correspondiente y los documentos respectivos estén en Tesorerías en condiciones de ser pagados.

Tercero: Que en caso sometido a la decisión de esta Corte, de los antecedentes que se han agregado a los autos consta que el Fisco debía pagar al recurrente la suma de $ 400.000.000.-, en tanto éste debía pagar al Fisco una suma cercana a los $ 200.000.000.- por giros de impuestos formulario 21 en virtud de un juicio ejecutivo especial de cobro Rol 10.214-2011, expediente administrativo. Sin embargo, de los mismos antecedentes se desprende que el recurrente opuso excepciones a la ejecución consistentes en no empecer el título al ejecutado y prescripción que están siendo conocidas por la justicia ordinaria en causa Rol 325-2012 seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Quillota las que aun no han sido falladas, hecho éste que reconoce el propio recurrido al momento de emitir su informe.

Cuarto: Que el artículo 2° del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que tendrá, entre otras, la función de efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos, multas y créditos que señala en el numeral 2.- y en su artículo 6° autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Quinto: Que la norma del artículo 177 del Código Tributario, en que se asila el recurrido, está inserta en el Título V del Libro III, que trata del Cobro Ejecutivo de las Obligaciones Tributarias de Dinero y al referirse a la oposición a la ejecución del ejecutado, permite la compensación de las deudas respectivas, cuando el ejecutado fuera a su vez acreedor del Fisco, produciéndose la extinción de las obligaciones hasta la de menor valor. Pero tal compensación debe ser solicitada por el ejecutado.

Sexto: Que sin perjuicio que el mencionado artículo 6° del Estatuto mencionado precedentemente reconoce a la recurrida la facultad de compensar, sin embargo, para que ello sea procedente es necesario que se cumplan con las exigencias previstas en el Código Civil, esto es, no sólo que ambos sean recíprocamente deudores y acreedores sino que, previamente, las obligaciones que se compensan sean líquidas y exigibles. Ello no ocurre en el caso sometido a la decisión de este Tribunal, ya que se encuentra aún pendiente de ser resuelta por la justicia ordinaria la excepción de prescripción opuesta frente al cobro de determinados tributos. De esta forma se han vulnerado las normas respectivas del Código Civil y también la del artículo 177 del Código Tributario por cuanto, como se anotó, la compensación se puede efectuar a solicitud del ejecutado.

Séptimo: Que en consecuencia el acto aparece desprovisto de legalidad puesto que se ha apartado de las normas sustantivas y procesales mencionadas y, además, es arbitrario por cuanto se ha actuado por la mera voluntad del ente recurrido, con lo cual se ha vulnerado el derecho de propiedad del actor al privarlo de parte de una suma de dinero que le correspondía legítimamente percibir, lo que es suficiente para acoger la acción de protección interpuesta en autos.

Vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se hace lugar al recurso de protección deducido en lo principal de fs. 2 sólo en cuanto se declara que la Tesorería Regional de Valparaíso, deberá dejar sin efecto la compensación que efectuar del crédito que el recurrente tiene contra el Fisco y pagarle la totalidad del mismo.

Regístrese y archívese en su oportunidad. Devuélvanse, cuando corresponda, las causas tenidas a la vista a sus tribunales de origen y los documentos de custodia.

Rol N° 6085-2013.

Redacción del Ministro don Julio Miranda Lillo.

No firma la Ministro señora Aguirre, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse integrando Comisión de Libertad Condicional.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Julio Miranda Lillo, Sra. Rosa Aguirre Carvajal y el Abogado Integrante Sr. Germán Lührs Antoncich.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.