nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

1° A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 22 de septiembre de 2025, emitida por la recurrida, en que se le informa el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a las recurridas que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que se estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley, del siguiente tenor:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Señala que, resolviendo su solicitud, la recurrida dictó la comunicación impugnada, en que niega el retiro de los referidos fondos. Señala que luego del rechazo, ingresó un reclamo a la Superintendencia de Pensiones, alegando la imposibilidad material de legalizar los documentos solicitados por no existir representación diplomática venezolana en el país. Ante dicho reclamo, respondió la AFP, indicando: “…En atención a la solicitud de la referencia, en conformidad a disposiciones establecidas por la Superintendencia de Pensiones en su compendio de normas, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.156, por instrucciones de la Fiscalía de esta Administradora, se ha procedido a rechazar su solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros por la razón que se detalla a continuación: No se puede considerar apostilla de título, ya que, al ingresar los datos en la página correspondiente arroja como titular a otra persona, por lo que no se puede dar continuidad a su trámite.

Señalamos que, como parte del proceso del trámite de devolución de fondos por concepto de técnico extranjero amparado bajo la Ley N°18.156, se aplican las respectivas medidas de validación de la documentación que se presenta ante esta Administradora de Fondos de Pensiones. Es por ello que, si a la Administradora no le es posible verificar la validez de los documentos emitidos, no se puede dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley para acceder a la devolución de fondos.

Además, en relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 04 de septiembre de 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 16 de marzo de 2008 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. …”

Señala, en cuanto a la primera causal de rechazo, esto es, la no consideración de la apostilla de su título profesional, que ingresando al portal respectivo y colocando los datos que contiene la apostilla se evidencia que corresponde a los datos de la recurrente. En cuanto al segundo motivo, esto es, la falta de apostilla de la constancia electrónica de cotizaciones, si bien ello es efectivo, se debe a una imposibilidad material por no existir representación consular en el país que permita legalizar el mismo, y en todo caso, ello puede ser verificado en la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acreditándose que cuenta con cobertura previsional en su país de origen.

Así, el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente, vulnerando lo prescrito en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 y los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad.

2° A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que de conformidad al N° 7 del artículo 47, de la Ley N°20.255, el N° 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que, en ejercicio de dicha facultad legal, es que este Organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N° 18.156, y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Al respecto, hace presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Conforme con la mencionada normativa y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente en su escrito no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado, como exige el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

3° A folio 12, evacua informe AFP Provida, solicitando el rechazo del recurso, señalando, en primer lugar, la improcedencia del presente arbitrio por tratarse de una materia de lato conocimiento que excede la vía cautelar, por no existir vulneración a derecho indubitado alguno susceptible de remedio.

En cuanto al fondo, indica que, efectivamente, AFP Provida rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, hace presente que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones sobre la materia, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado, y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N° 18.156.

Así, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

4° A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 22 de septiembre de 2025, emitida por AFP Provida, en que se informa a la actora el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

SEGUNDO: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo no expresa las coberturas exigidas por la ley ni la extensión de las mismas, y se agota solamente en la constancia de que el actor se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social extranjero, sin mayores detalles; además de encontrarse vencido y carecer de la apostilla procedente para su valor en Chile.

TERCERO: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no menciona expresamente el otorgamiento de cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte ni en qué consiste la misma, de modo que el referido no cumple con los requisitos legales para dar lugar a la solicitud de retiro de fondos previsionales impetrada.

CUARTO: Que, por otra parte, se advierte que dicho certificado, aun cuando se considerara suficiente, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

QUINTO: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

SEXTO: Que, adicionalmente, del análisis de los anexos de contrato acompañados se desprende que la recurrente se desempeñó como cajera, vendedora y reponedora en Supermercados Jumbo, función que no corresponde a la categoría de "personal técnico extranjero" a que se refiere el artículo 1 de la Ley N° 18.156. En efecto, dicha normativa establece expresamente que la exención del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas se aplica exclusivamente a "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero", requisito de especialización que constituye un presupuesto esencial para la procedencia del beneficio solicitado. Al no cumplir la recurrente con la calidad de técnico extranjero exigida por la ley, carece del derecho a solicitar la devolución de fondos previsionales contemplada en el artículo 7 del mismo cuerpo legal, motivos por los cuales la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6083-2025.

En Valparaíso, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.