Protección contra INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA

Foja: 53 Cincuenta y tres.

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, diez de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

A fojas 7, comparece don Jaime Lavín Velarde, abogado, en representación de la empresa C.P.S. & FIRST SECURITY S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, quien de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República y a las normas contenidas en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone recurso de protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA, representada para estos efectos, por el Jefe de ese servicio don nombre reservado.

Funda el recurso señalando que el 09 de julio de 2018 a las 17:19:55 horas, al obtener vía internet el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, tomó conocimiento de la existencia de la Resolución de Multa Nº 7751/17/056 -1, 2, 3 y 4, de fecha 15 de diciembre de 2017, la cual según indica el mismo se encuentra en estado de “ejecutoriada”.

Que el jefe de personal de la empresa, ingresó al portal web de la Inspección del Trabajo, sección sobre información de multas y encontró la referida Resolución, la cual habría sido cursada en la instalación ubicada en Supermercados Unimarc de la comuna de Villa Alemana. Que en la copia que obtuvo de la página, se indica que el domicilio de la recurrente correspondería al de Avenida Valparaíso, Comuna de Villa Alemana, sin indicar la numeración.

Que para verificar lo anterior, el 12 de julio de 2018, se concurrió a la inspección Provincial del Trabajo de Quilpué, donde el funcionario de turno de la oficina de partes, les hizo entrega del registro de envío por correo certificado de la Resolución de Multa N°1180588777309, y donde aparece como dirección de destino la ubicada en domicilio reservado. Además, en el registro de envío consta que el sobre que contenía la Resolución de Multa Nº 7751/17/056 -1, 2, 3 y 4, fue recepcionado en dicha dirección, el día 6 de febrero de 2018, a las 13:47 horas por doña nombre reservado.

Hace presente que el domicilio registrado de la recurrente en la Inspección del Trabajo, es su casa matriz ubicada en domicilio reservado, razón por la cual la resolución de multa fue enviada al domicilio de otra empresa, en particular, al de “Supermercados Unimarc” de Villa Alemana, ubicado en domicilio reservado.

Destaca que la recurrente prestó servicios de seguridad privada para Supermercados Unimarc en la instalación de Villa Alemana, sólo hasta el día 15 de enero de 2018, razón por la cual cuando fue recepcionado el sobre que contenía la resolución de multa, ya no prestaba servicios en ese lugar. En consecuencia, nunca fue debidamente notificada, de la resolución de multa cuya ilegalidad y arbitrariedad reclama, cuyo contenido transcribe y que en la resolución referida se aplicó una multa administrativa a beneficio fiscal ascendente en total a $11.938.280.

Que los hechos relatados configuran una actuación arbitraria de la recurrida, generando un menoscabo y perturbaciones al haberse conculcado las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a la igualdad ante la ley y al debido proceso, en particular el derecho a defensa.

Pide, en definitiva, se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, se acoja y se ordene dejar sin efecto la Resolución de Multa Nº 7751/17/056 -1, 2, 3 y 4, por constituir un acto arbitrario que implica la privación y conculcación de las garantías constitucionales referidas, con costas.

A fin de acreditar sus afirmaciones acompañó los siguientes documentos: 1.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales de la empresa, de 09 de julio de 2018; 2.- Resolución de Multa Nº 7751/17/056 -1, 2, 3 y 4 de 15 de diciembre de 2017, 3.-Carta de aviso de término de servicios de 14 de diciembre de 2017, 4.-Comprobante con datos de entrega de correspondiente emitido por correos de Chile, 5.-Resolución de solicitud de reconsideración de multa administrativa 7, de 5 de enero de 2017.

A fojas 35, comparece doña nombre reservado, abogada de la Inspección Provincial del Trabajo recurrida, informando el presente recurso y solicitando su rechazo, con costas.

Señala que el procedimiento de fiscalización se inició el 05 de diciembre de 2017, previa denuncia de un trabajador. Luego explica el proceso de fiscalización, las citaciones efectuadas al recurrente para corregir las observaciones manifestadas y la constatación de las infracciones, proceso que terminó con la dictación de la resolución de multa recurrida la que fue notificada a la empresa mediante correo certificado, el 07 de febrero 2018, de acuerdo a la presunci6n dispuesta en el artículo 508 del C6digo del Trabajo, toda vez que fue depositada en Correos Chile el 31 de enero 2018, conforme guía de despacho, al domicilio de prestación de los servicios donde se efectuó la fiscalización, esto es, domicilio reservado.

Luego se refiere a la finalidad constitucional del recurso interpuesto, señalando que se debe tener presente que las resoluciones dictadas por la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas, están sujetas a un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo y a uno administrativo de reconsideración, por lo que la acción de protección no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional que reemplace los procedimientos legales al efecto, por lo que ésta resulta inadmisible.

Que, de otro lado, la resolución recurrida se ha ajustado a los procedimientos establecidos por la Dirección del Trabajo, apegándose a la legalidad vigente, por lo que ni el fiscalizador, ni la recurrida actuaron en forma arbitraria e ilegal.

En cuanto a la alegación consistente, en que la resolución de multa no se fue notificada en forma legal, por lo que debe dejarse sin efecto, indica que ésta fue notificada en el lugar donde se prestaban los servicios y donde se llevó a cabo la fiscalización, mismo lugar donde el día 29 de diciembre 2017 se notificó la citaci6n al representante legal de la empresa para comparecer ante la Inspecci6n del Trabajo, lo que hizo el día 03 de enero 2018, por intermedio del abogado don Rodolfo Galleguillos quien no efectuó reproches acerca del lugar donde se le notificó la citación.

Por último, se expresa que la recurrida no indica cuáles fueron las diferencias discriminatorias desarrolladas y en qué forma fueron conculcados los derechos que indica en su recurso.

Concluye que el propósito de la recurrente es dejar sin efecto la multa aplicada, lo que no es objeto del presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias, que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente plantea la circunstancia de verse afectada en sus garantías constitucionales, por habérsele notificado la resolución de multa 7751/17/056 1,2,3,4 de fecha 15 de diciembre de 2017 de la Inspección del Trabajo de Marga Marga, en el que sería el domicilio de un establecimiento comercial, en el cual se habría desempeñado en los servicios de seguridad, motivando la fiscalización en esa misma fecha. Señala que la afectación alegada, justifica que se deje sin efecto la resolución de multa citada “… por constituir un acto arbitrario que implica la privación y conculcación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 n° 2 y 3.” De la manera antes dicha, aparece que lo que se pretende por el presente recurso es dejar sin efecto la resolución que sanciono a la recurrente y aplico la mencionada multa.

TERCERO: Para obtener lo anterior, en orden a invalidar la resolución, la recurrente arguye que la notificación legal le fue realizada en un domicilio inhábil, donde ya no prestaba servicio, no obstante que allí se desarrollo la fiscalización. En consecuencia, por la vía de cuestionar el emplazamiento, llega a cuestionar el procedimiento y como resultado, su acceso a la defensa y con ellos al debido proceso.

CUARTO. No obstante, lo expuesto por la recurrente, lo que entienden estos sentenciadores como establecido, es que la fundamentación del recurso no se condice con el petitorio final del mismo, ya que el cuestionamiento de la notificación de la resolución que aplico la multa, no invalida tal acto administrativo, dictado por la autoridad competente dentro de sus facultades legales. En otras palabras, de haberse faltado a la igualdad ante la ley o al debido proceso, lo que no explica como lo habría sido, no se condice con que ello implique la nulidad de la resolución, sino solo de la notificación.

QUINTO: Ha de entenderse, que, en el caso descrito por el recurrente, útil habría sido, plantear la problemática sometida a la resolución de un tribunal, por la vía de alegar la nulidad de la notificación, tan pronto conocida la infracción procesal, para exigir el adecuado emplazamiento y a través de él, acceder al procedimiento de reclamación correspondiente, pero jamás invalidar la resolución por el hecho de cuestionar su notificación.

SEXTO: Que los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, establecen el procedimiento de reclamo de una resolución de multa, lo que está al alcance de quien se estime vulnerado por la aplicación de una sanción infundada, así como a su tiempo la nulidad lo es y está a disposición, para cuestionar el acto que impida el oportuno conocimiento de una resolución que afecte a un interesado, por vicios de emplazamiento.

SEPTIMO: Que tampoco se aclara por el recurrente como se habrían afectado efectivamente las garantías constitucionales invocadas.

OCTAVO: Que no correspondiendo dejar sin efecto la resolución administrativa de multa, conforme lo solicita el recurrente, por la vía de la acción de protección, necesariamente ha de rechazarse el recurso intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fs. 7, por Jaime Lavín Velarde, en representación de C.P.S. & FIRST SECURITY S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.- Redacción del abogado integrante don Waldo del Villar Mascardi.

N°Protección-6066-2018.

No firma la Ministra Suplente Sra. Alvial, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en sus funciones ante esta Corte de Apelaciones.