Protección contra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Foja: 38 Treinta y Ocho edp Valparaíso, veinte de junio de dos mil doce.

Vistos:

A fojas 3 don nombre reservado, ingeniero agrónomo, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representada por el señor rector don nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, misma comuna, en contra del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representado por doña nombre reservado. domiciliados en domicilio reservado, y en contra la Tesorería Regional de Valparaíso, representada por don nombre reservado, Tesorero Regional, por haberse vulnerado las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que con fecha 11 de abril de 2012, tras consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos, toma conocimiento que la devolución de impuestos correspondiente al periodo tributario 2011, por un monto de $ 1.793.704, había sido retenida por el Servicio de Tesorería, informándosele que el motivo era por una presunta deuda que mantenía con la Universidad recurrida, y que la retención se efectuaba con la sola información y nómina que le enviaba dicha Institución; lo que estima improcedente ya que la última obligación contraída con la Universidad fue en el año 1991, la que se encuentra prescrita.

Además, conforme la facultad que se contiene en el Art. 9 de la Ley N°19.848, modificada por la Ley N° 19.989, sólo se pueda aplicar a deudores de la Ley N° 19.287, que facultó a tales deudores del antiguo régimen a acogerse a sus disposiciones, lo que en la especie no ocurrió. Dicha norma establece que la Tesorería puede retener de la devolución de impuestos a la renta anual, a los deudores de crédito solidario que se acojan a los beneficios que ella contempla, los montos que se encuentran impagos, conforme lo informado por el respectivo administrador, según lo establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de tal deuda, beneficio al que no se ha acogido.

Por lo anterior, estima que el proceder de los recurridos es arbitrario e ilegal, que ha conculcado las garantías contenidas en los numerales 3° y 24° del Art. 19 de la Constitución; así no se ha observado un procedimiento racional y justo ya que la retención se ha dispuesto con la sola información enviada por la Universidad, sin haber tenido la posibilidad de presentar descargos que no sea otro que el certificado de pago que emite el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, lo que no satisface las exigencias mínimas de un procedimiento racional y justo; afectación que se extiende al orden patrimonial, ya que dicha actuación es en los hechos una expropiación, limitándosele la facultad dispositiva del dominio.

Solicita se acoja el presente recurso, se ordena la institución recurrida proceder a la devolución y reintegro de los dineros retenidos, con costas.

Acompaña, copia de certificado de declaración de renta internet del recurrente.

A fs. 13, se evacua informe por parte de los representantes de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que el recurrente cursó la carrera de Agronomía, entre los años 1985 a 1992, siendo beneficiado con el crédito fiscal universitario, (periodo 1985-1987) y luego con Crédito universitario (1988 en adelante) y firmó 13 pagares que describe, en garantía de pago de dicha deuda, y que acontecida la hipótesis legal para el pago de la deuda, no hubo conducta al respecto, y los únicos pagos parciales se han verificado por la vía de retención de impuestos, contemplados en la Ley Nº 19.989 correspondientes a los años 2005 a 2010, en las cantidades que indica, y que el año tributario 2012 se retuvo la suma de $1.450.593, aún no remitida por la Tesorería a la Universidad.

Alega la extemporaneidad del recurso, ello por cuanto las retenciones que se reclaman se viene produciendo desde el año 2006, correspondientes a al año tributario 2005, fundada en la Ley Nº 19.989, derivadas de la misma deuda educacional, habiendo transcurrido ya seis años desde la ocurrencia del hecho que se denuncia en el recurso, de manera que el recurrente tiene conocimiento de la deuda que motiva su acción desde el año 2006, por lo que el libelo debe ser rechazado por extemporáneo.

Que, en cuanto al fondo, expone que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Nº 19.287, a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario y sus Administradores Generales, se les asignó la calidad de “sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado”. De este modo, toda deuda contraída con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley (4 de febrero de 1994), se entiende regida por ésta y administrada por los nuevos Fondos Solidarios de Créditos Universitarios. Luego, con fecha 31 de diciembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.989, que facultó a la Tesorería General de la República para efectuar la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a deudores del crédito universitario regulado por la Ley Nº 19.287 y sus modificaciones a fin de imputar dicho monto al pago de esa deuda.

Hace presente que la referencia que contiene esta última normativa a los deudores de crédito regulado por la Ley Nº 19.287 debe entenderse hecha a aquellas deudas regidas por la Ley Nº 18.591 que se mantuvieron vigentes en la actualidad, y así la deuda que el recurrente contrajo en su momento, con el Fondo de Crédito Universitario, se encuentra dentro de esta situación especial, es decir, es una deuda vigente a la fecha de dictación de la Ley Nº 19.287, por lo que se concluye que pasó a ser deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario, por lo que no se advierte impedimento alguno para aplicar el procedimiento que se estableció en la ley Nº 19.989, estando ajustada a derecho la retención de la devolución de impuestos que se reclama por el actor. Menciona dos sentencias al respecto, pronunciadas por esta Corte de Apelaciones y la de Temuco.

Que se hace consistir la arbitrariedad en la retención que se denuncia, toda vez que se trataría de una deuda que se encuentra prescrita, estimando en este punto que ello no es efectivo ya que la deuda que se mantiene con el Fondo Solidario de Crédito Universitario se encuentra vigente, no ha prescrito ni caducado, sin perjuicio que la controversia que se intenta plantear no resulta posible sea conocida por la vía del recurso de protección, ya que se necesita una declaración pronunciada en juicio de lato conocimiento. Cita fallo de la Ilma. Corte de Apelaciones de Chillán.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas, por haber ajustado su conducta al marco legal, no habiendo incurrido en la acción arbitraria e ilegal que se denuncia.

A fs. 29, informa la Tesorería Regional de Valparaíso, quien explica que el recurrente es deudor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del crédito universitario, en conformidad a la Ley Nº 19.287, cuyo Artículo 20 estableció la calidad de sucesores y continuadores legales de los fondos de créditos universitarios a los ahora llamados Fondos Solidarios de Crédito Universitarios, habiéndose remitido la respectiva información por parte del administrador del crédito a la Tesorería, de manera que conforme a este procedimiento regulado, se ha ajustado a derecho la retención de la devolución de impuestos que se denuncia correspondiente al año tributario 2011, todo lo cual se condice con el cumplimiento de su obligación de recaudar y cobrar las obligaciones tributarias que la ley les asigne, conforme el DFL Nº 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico de Tesorería y los arts. 168 y 169 del Código Tributario. Indica además que según se establece en el Artículo 6º de su Estatuto, el Tesorero General se encuentra autorizado para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos se encuentren en Tesorería en condiciones de ser pagados por la institución.

Hace presente además, que la prescripción que se ha alegado, no resulta posible de ser conocida por intermedio del presente recurso, sino que en juicio contradictorio, o eventualmente ceñirse a las normas de cobro de obligaciones tributarias de dinero, que contempla el Título V Libro III del citado Código Tributario, lo que no ha acontecido, sin perjuicio de hacer presente que el procedimiento que ahora es materia del recurso, se viene produciendo desde el año 2006, sin que el contribuyente haya formulado reclamo alguno.

Acompaña a su informe nómina de consulta de retenciones del recurrente, solicitado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, correspondiente a la retención de devolución de impuesto a la renta, año tributario 2011, solicitado por esa casa de estudios, como acreedor y retenedor; informe consulta estado de renta que informa el detalle retención crédito universitario emanada de la tesorería, correspondiente a la devolución de impuesto año tributario 2012, e informe de retenciones anteriores del recurrente efectuados por el Servicio de Tesorería, con lo informado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

A fojas 34 se trajeron estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso interpuesto, formulado por los recurridos, fundado en que al reclamar la devolución del impuesto correspondiente al año tributario 2011, ello importa no haber reclamado por los años anteriores, de lo cual se desprendería que el recurso ha sido planteado fuera del plazo legal establecido por el Auto Acordado correspondiente, ello es una argumentación que no cabe considerar, por cuanto el recurrente ha limitado precisamente su recurso al año tributario que indica, por lo que la acción correspondiente a la devolución del impuesto del año 2011, lo que se efectúa el año 2012, ha sido interpuesta dentro del plazo de 30 días que contempla tal disposición.

Segundo: Que lo anterior es sin perjuicio de lo que se dirá en relación a los referidos períodos tributarios a partir del año 2006, al momento de abordar el fondo de la acción de protección deducida.

Tercero: Que el acto arbitrario e ilegal que se reprocha en el recurso es la retención de dineros que efectúa la Tesorería General de la República que le correspondía percibir al recurrente por concepto de la devolución de impuestos a la renta, año tributario 2011, ello por aplicación de la prerrogativa contenida en el Artículo 1° de la Ley Nº 19.989 invocada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través del Fondo Solidario de Crédito Universitario, por tener éste último la calidad de sucesor y continuador legal del Fondo de Crédito Universitario regido por la Ley Nº 18.591, en circunstancias que en concepto del recurrente no se ha acogido a la Ley N° 19.287 y que se trata de una deuda prescrita.

Cuarto: Que la norma legal señalada precedentemente establece: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dichos créditos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario del crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

Quinto: Que, de la norma transcrita precedentemente, se desprende que la actuación que se le reprocha a Tesorería, en connivencia con los otros recurridos, se encuentra amparada por el derecho, por lo que no es posible tildar dicha actuación como arbitraria e ilegal. Aún más, las partes en esta acción constitucional están además de acuerdo en la existencia de la deuda de que se trata, difiriendo en el hecho que, de acuerdo al recurrente, ella se encuentra prescrita, en tanto los recurridos estiman que no lo está. Sin perjuicio de que, además, esa posible prescripción de una deuda debe ser discutida y analizada en otro estadio procesal, no siendo el presente recurso de protección una herramienta eficaz para ello, lo cierto es que la deuda, de acuerdo a la documentación acompañada por los recurridos, se encuentra actualmente vigente, por lo que tal situación incierta no altera los basamentos de la discusión de fondo.

Sexto: Que, derivado de lo dicho, también de los antecedentes del propio recurso se desprende que no estamos en presencia de un derecho de carácter indubitado que permita la actuación de esta Corte en la discusión planteada, pues precisamente se objeta la facultad que tiene la Tesorería de la República de efectuar la retención. Ya se ha dicho, al respecto, que existe una normativa clara y contundente que permite la cuestionada retención y se estima entonces, por consecuencia, que la presente vía constitucional no permite adentrarse en tal problemática.

Séptimo: Que, en otro orden de consideraciones, también tenemos que en los años anteriores al que es cuestionado, el recurrente no ha planteado objeción alguna a las retenciones de los años 2006 al 2010, y si bien es soberano para aceptar o no tal situación, resulta sintomático que existiendo las mismas razones en la actualidad para fundar el presen te recurso de protección, no lo haya hecho en esas oportunidades, por lo que su posición pierde fuerza, estimándose que deduce la acción sólo cuando el monto de lo retenido es una cantidad mayor que la referida a los otros períodos. Esta circunstancia, unido a las consideraciones que se han señalado en los fundamentos precedentes, aparece suficiente para rechazar el recurso que se ha deducido.

Octavo: Que, por último, tampoco se advierte en el presente caso que la actuación de los recurridos haya vulnerado de alguna forma las garantías constitucionales que se indican en el recurso.

Por lo expresado y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema se rechaza la acción de protección interpuesta en lo principal de fs. 2 por don nombre reservado en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del Fondo Solidario de Crédito Universitario de esa misma Universidad y de la Tesorería General de la República.

Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Jaime Arancibia Pinto.

Rol N° 605 – 2012.

Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Valparaíso, Sr. nombre reservado, Sr. nombre reservado y la Fiscal Judicial Sra. Mónica González.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.