Protección contra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, estudiante de Psicología, patrocinada por la abogada doña Constanza Belén Catalán Lazcano, e interpone recurso de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, impugnando el Acuerdo N° NUM000 de su Consejo Superior, adoptado en sesión ordinaria N° NUM001, de 7 de julio de 2026, notificado el 9 del mismo mes, que rechazó su apelación y confirmó la resolución definitiva de 29 de mayo de 2026, dictada por la Comisión para la Prevención, Acompañamiento y Sanción en Conductas de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria en la causa NUM002, que dispuso la cancelación definitiva de su matrícula.

El acuerdo hizo suyas las consideraciones de hecho y de derecho del informe de la Comisión de Asuntos Normativos de 1 de julio de 2026. Este estimó que los antecedentes médicos y psicológicos aportados permitían comprender la especial vulnerabilidad de la estudiante, pero no desvirtuaban la responsabilidad establecida ni la gravedad de las conductas, su reiteración y el impacto en el denunciante. La resolución sancionatoria había tenido por configurados actos de hostigamiento y violencia psicológica, mediante comunicaciones de control, amenazas de autolesión y conductas con incidencia en la participación universitaria del afectado. Ponderó la irreprochable conducta anterior y el abuso de confianza, descartó la atenuante de reconocimiento de los hechos por su carácter parcial y explicó su apartamiento de la propuesta fiscal de matrícula condicionada, atendida la intensidad y persistencia de las conductas y la insuficiencia de medidas menos gravosas para resguardar la convivencia universitaria.

La recurrente sostiene que el acto es ilegal y arbitrario y vulnera las garantías del artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita dejar sin efecto el acuerdo y la sanción, ordenando su reincorporación con acceso a los beneficios y apoyos estudiantiles; subsidiariamente, pide retrotraer el procedimiento para dictar una nueva resolución, previa audiencia sobre la sanción, examen de los antecedentes de la causa NUM003 y ponderación de sus antecedentes personales, con los ajustes pertinentes.

Expone que ingresó a la carrera en 2019, se encuentra próxima al egreso y presenta un diagnóstico de trastorno del espectro autista conocido por la Universidad, además de antecedentes de salud mental.

Reprocha que no se efectuaran ajustes durante el procedimiento ni se ponderara debidamente su condición al sancionarla. Añade que la notificación de la cancelación de matrícula provocó una grave descompensación, constatada por el Servicio Médico Estudiantil, y acompaña un informe psicológico sobre el daño que atribuye a esa decisión.

Afirma que los intercambios investigados correspondían a una relación íntima recíproca desarrollada principalmente en espacios virtuales, cuya prueba habría sido seleccionada unilateralmente por el denunciante. Cuestiona la competencia de la Comisión para conocer tales hechos, la agravación de la propuesta de la Fiscal sin nueva audiencia, el rechazo de la atenuante de reconocimiento y el trato distinto respecto de la otra estudiante investigada, sancionada con suspensión temporal y matrícula condicionada.

Agrega que denunció al mismo estudiante en la causa NUM003, admitida a tramitación y posteriormente sobreseída temporalmente por haber dejado el denunciado de pertenecer a la comunidad universitaria.

Estima que la decisión recurrida se sustenta en una premisa equivocada al señalar que su denuncia fue declarada inadmisible por incompetencia.

Acompaña, entre otros antecedentes, las resoluciones universitarias, las impugnaciones deducidas, documentos de la causa NUM003, informes médicos y psicológicos y antecedentes del Programa PUCV Inclusiva.

A folio 18 informa el abogado don Hugo Muñoz López, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que la denuncia de 11 de junio de 2025 dio origen a una investigación reglamentaria en la que la estudiante prestó declaración, contó con asesoría letrada, aportó antecedentes y formuló observaciones al informe fiscal, ejerciendo posteriormente reposición y apelación.

Explica que la Comisión estaba facultada para determinar la sanción, sin quedar vinculada por la propuesta de la instructora, y que justificó la cancelación de matrícula por la gravedad y reiteración de los hechos y sus efectos sobre la salud y continuidad académica del denunciante. Sostiene que los antecedentes clínicos fueron examinados en sede recursiva y que la distinta sanción aplicada a la otra estudiante responde a diferencias en las conductas y circunstancias personales.

Precisa que la denuncia de la actora fue investigada respecto de los hechos comprendidos en la competencia universitaria y sobreseída temporalmente por falta de matrícula del denunciado, mientras que los de eventual carácter delictivo sexual quedaron excluidos de su conocimiento. Acompaña el expediente disciplinario, el reglamento aplicable y resoluciones de la causa NUM003.

A folio 19, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que señala frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que lo priven, perturben o amenacen. En la especie corresponde examinar la competencia del órgano que dictó el acto impugnado, la regularidad del procedimiento y la suficiencia de los fundamentos de la sanción aplicada.

Segundo: Que, la presente acción se dirige en contra del Acuerdo N° NUM000 del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, adoptado en sesión ordinaria N° NUM001, de 7 de julio de 2026, notificado a la recurrente el 9 del mismo mes, que rechazó el recurso de apelación deducido por doña nombre reservado y confirmó la resolución definitiva de 29 de mayo de 2026, dictada por la Comisión para la Prevención, Acompañamiento y Sanción en Conductas de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria en la causa NUM002, mediante la cual se le impuso la sanción de cancelación definitiva de su matrícula por conductas constitutivas de hostigamiento y violencia psicológica.

Tercero: Que, en cuanto a la competencia del órgano que dictó el acto impugnado, corresponde señalar que la Universidad, en ejercicio de la autonomía reconocida por el artículo 2 letra a) de la Ley N° 21.091, regula su potestad disciplinaria mediante el Reglamento contenido en el Decreto de Rectoría Orgánico N°607/2020. Conforme a sus artículos 21 y 25, corresponde a la Comisión resolver el procedimiento y aplicar las sanciones previstas, entre las cuales se contempla la cancelación definitiva de matrícula. Si se impone esta medida y se deduce apelación, el artículo 28 dispone que debe resolverla el Pleno del Consejo Superior, previo informe de la Comisión de Asuntos Normativos. Este fue el órgano que conoció la impugnación de la recurrente y confirmó la sanción, por lo que el acuerdo recurrido fue adoptado por la autoridad competente.

Cuarto: Que, en cuanto al procedimiento, consta que la recurrente conoció la denuncia, prestó declaración, contó con asistencia de abogada, aportó antecedentes y formuló observaciones al informe de investigación el 17 de marzo de 2026. Posteriormente dedujo reposición con apelación subsidiaria, acompañando documentación clínica y exponiendo las razones para sustituir la sanción. Ambas impugnaciones fueron conocidas y resueltas, de modo que dispuso de oportunidades efectivas para ejercer su defensa. Asimismo, conforme a los artículos 20 letra e) y 21 del Reglamento, la propuesta de la Fiscal no vinculaba al órgano encargado de decidir, por lo que la sola circunstancia de haberse apartado de ella no determina un vicio de tramitación, sin perjuicio del deber de justificar suficientemente esa decisión.

Quinto: Que, establecido lo anterior, la competencia de la autoridad y la regularidad del procedimiento no bastan para legitimar cualquier sanción. Su ejercicio exige una motivación que permita comprender la relación entre los hechos, el fin de protección invocado y la intensidad de la medida escogida. El artículo 25 del Reglamento obliga a ponderar la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes y atenuantes, aplicando criterios de proporcionalidad entre la falta, los daños y la sanción. Con mayor razón debe satisfacerse esa exigencia cuando se dispone la cancelación definitiva de matrícula, que pone término al vínculo educacional. Examinar su cumplimiento corresponde al control de legalidad y razonabilidad propio de esta acción y no importa sustituir a la Universidad en la apreciación del mérito disciplinario.

Sexto: Que, la fundamentación del acto no satisface dicho estándar. Si bien la resolución describe comunicaciones que estima constitutivas de hostigamiento y violencia psicológica y las consecuencias que atribuye a ellas en la salud y trayectoria académica del denunciante, no explica suficientemente cómo el conflicto privado entre ambos estudiantes compromete a la comunidad universitaria en su conjunto, de manera que la permanencia de la recurrente resulte incompatible con la seguridad y convivencia institucionales. La invocación del deber de mantener espacios libres de violencia, de los valores formativos de la Universidad y del perfil de egreso de la carrera no reemplaza ese razonamiento.

Séptimo: Que, tampoco se justifica de manera concreta por qué otras medidas serían insuficientes para proteger al denunciante y, eventualmente, a la comunidad. La resolución afirma esa insuficiencia a partir de la gravedad y persistencia de las conductas, pero no confronta la cancelación definitiva con las alternativas del propio Reglamento, como la suspensión temporal, la matrícula condicionada o las medidas de prohibición de contacto y resguardo de las actividades académicas. La sola afirmación de que ninguna medida menos intensa sería eficaz no demuestra la necesidad de aplicar la máxima sanción.

Octavo: Que, la decisión presenta, además, una diferencia de trato carente de justificación suficiente respecto de la otra estudiante sancionada en el mismo procedimiento. En efecto, a doña nombre reservado se le aplicó suspensión por dos semestres y matrícula condicionada, pese a haberse configurado a su respecto dos infracciones, hostigamiento y violencia, sustentadas en actuaciones que comprendieron amenazas en dependencias universitarias y exposición pública del denunciante en redes sociales.

Noveno: Que, de lo razonado, la medida de cancelación definitiva de matrícula resulta desproporcionada en contravención a la exigencia del artículo 25 del Reglamento, además de arbitraria por la insuficiencia de sus motivos y la diferencia de trato injustificada. De ello deriva una afectación de las garantías de igualdad ante la ley e integridad psíquica de la recurrente, reconocidas en el artículo 19 N°s 2 y 1 de la Constitución Política de la República, que hace procedente acoger la acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, en consecuencia, se dejan sin efecto el Acuerdo N° NUM000 del Consejo Superior, de 7 de julio de 2026, y la Resolución NUM004, de 12 de junio de 2026, debiendo la Comisión para la Prevención, Acompañamiento y Sanción en Conductas de Acoso, Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria emitir una nueva decisión sobre la sanción que corresponda aplicar a la recurrente, de conformidad con lo razonado en este fallo, y la Universidad restablecer la matrícula de la recurrente y su acceso a las actividades académicas y apoyos institucionales que le correspondan, mientras no exista una nueva decisión ejecutoriada sobre la materia.

Se previene que la Ministra Sra. Lavín, estuvo por no ordenar el restablecimiento inmediato de la alumna mientras no se resuelva el procedimiento objeto de estos antecedentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6036-2026.