nombre reservado con ADMINISRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, RUT RUT reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de AFP Hábitat S.A., RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, notificado mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, a través del portal web de AFP Hábitat solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156. Señala que, mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2025, la AFP Hábitat le notificó el rechazo de su solicitud.

Aduce que el rechazo se fundamentó en que debía acompañarse los documentos originales presentados. Agrega que, respecto del requisito de afiliación a un régimen de previsión extranjero, se le indicó que debía acompañarse un certificado emitido por la entidad de seguridad social que acredite que durante todo el período que trabajó en Chile tuvo derecho a prestaciones en caso de enfermedad (laboral y común), invalidez, vejez y fallecimiento y que, además, en este documento debe legalizarse la firma de quien lo suscribe en el país de origen (apostilla). Menciona que también se observó que había manifestado en fotocopia del contrato de trabajo con el empleador RUT RUT reservado su voluntad de mantener afiliación fuera de Chile.

Sostiene que la AFP obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos debido a una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma. Argumenta que presentó un certificado de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado. Añade que la constancia electrónica de cotizaciones puede ser verificada a través del portal web del IVSS mediante el código de verificación 6e0143172-2025809.

Asevera que la situación política de Venezuela y el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile justificarían una supuesta imposibilidad de obtener cierta documentación.

Refiere que la AFP desconoce lo señalado en la normativa especial al rechazar la solicitud cuando admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen. Aduce que la recurrida incorpora requisitos adicionales que se apartan de lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia. Alega que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web del IVSS, han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley. Afirma que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP.

Concluye solicitando que se acoger el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; b) Cédula de identidad para extranjeros; c) Constancia de afiliación previsional del país de origen; d) Título universitario apostillado; e) Contratos de trabajo; f) Anexo de contratos de trabajo; g) Declaración jurada.

A folio 5, evacúa informe el abogado Roberto Felipe Díaz Bravo, en representación de AFP Hábitat S.A. Sostiene que, el recurso de protección es inaplicable en este caso. Expone que, el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Señala que, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende. Indica que, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado.

Argumenta que, el recurrente presentó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS sin ninguna legalización y una declaración jurada suscrita por él ante notario. Agrega que, la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile. Añade que, el certificado emanado del IVSS aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Menciona que, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura. Asevera que, la Ley N°18.156 es una norma de excepción, por lo que debe ser interpretada de manera restrictiva y aplicada únicamente en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal. Refiere que, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado debe estar apostillado o legalizado. Aduce que, tanto Chile como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, por lo que no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente. Alega que, la jurisprudencia de esta Superintendencia ha exigido que para la acreditación de los requisitos legales que hacen procedente la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156, es necesario que el trabajador extranjero acompañe los documentos originales o copias autorizadas ante Notario. Afirma que, el recurrente acompañó una fotocopia simple del contrato de trabajo, declaración jurada del propio afiliado ante el notario de Valparaíso nombre reservado de 13 de agosto de 2025, documento no contemplado en la normativa, Constancia Electrónica de Cotizaciones de 12 de agosto de 2025, emitida directamente por el I.V.S.S., sin ninguna legalización o apostilla. Finalmente pide rechazar en todas sus partes el recurso deducido en contra de AFP Habitat, con expresa condenación en costas.

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Antecedentes presentados por don nombre reservado para respaldar su solicitud de devolución de fondos Previsionales Ley 18.156, de 25 de agosto de 2025; b) Informe legal FDE N° 676/2025 emitido por la Administradora; c) Oficio Ord. N° 24.472 de la Superintendencia de Pensiones de 26 de octubre de 2015; d) Normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros.

A folio 8, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que, el recurrente no registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Señala que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. Indica que, la normativa contenida en la Ley N°18.156 es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Argumenta que, para acreditar el requisito de cobertura, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Agrega que, el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS sin ninguna legalización y una declaración jurada. Añade que, conforme a la normativa y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, el certificado del IVSS no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado, ni apostillado o legalizado. Menciona que, siendo la Ley N°18.156 una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, notificado mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2025, pretendiendo el recurrente que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Tercero: Que, del informe recurrido y de lo evacuado por la Superintendencia de Pensiones, en síntesis, refieren que, el recurrente no acreditó debidamente el requisito de cobertura previsional en el extranjero establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, pues presentó una constancia electrónica del IVSS sin legalización ni apostilla, que no se encuentra firmada y no indica específicamente las coberturas ni el período de cobertura. Asimismo, señala que acompañó fotocopia simple del contrato de trabajo cuando debió presentar el documento original o copia autorizada. Argumenta que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, y que tanto Chile como Venezuela son parte de la Convención de la Apostilla, por lo que los documentos deben cumplir con dichas formalidades para tener valor probatorio en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, que lo solicitado por el recurrente fue rechazado por no incorporarse el certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que tal tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, de los documentos presentados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado, ni apostillado al efecto. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. Respecto del resto de los antecedentes incorporados no permiten dar cuenta de lo contrario puesto que salvo su certificado de licenciatura, ningún otro cuenta con la legalización o apostilla requerida.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Hábitat S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de AFP Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6034-2025.