nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Linda Quintero Mogollón, abogada, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario notificado el 15 de septiembre de 2025, que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales, lo que estima vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expone que, el 6 de septiembre de 2025, presentó una solicitud para la devolución de sus fondos previsionales amparada en la Ley 18.156. Señala que el 15 de septiembre de 2025 recibió el rechazo de la AFP recurrida, que se funda en la falta de apostillado del documento de afiliación y en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es un certificado de afiliación y menciona las prestaciones de forma genérica. Aduce que dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir (caso fortuito) debido a que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumentos.

Argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, a pesar de no estar apostillada, acredita fehacientemente su afiliación al sistema de seguridad social venezolano (IVSS). Sostiene que la validez de dicho documento puede ser verificada electrónicamente en el sitio web oficial del IVSS mediante el código alfanumérico que contiene o con el número de cédula, lo que satisface el requisito legal de estar afiliada. Alega que la AFP Modelo ha incurrido en una interpretación restrictiva y formalista de la Ley 18.156 al incorporar requisitos no establecidos por el legislador, lo que vulnera el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y su garantía de igualdad ante la ley.

Solicita que se acoja el recurso de protección, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y seguir con la tramitación de su solicitud, efectuando la devolución de los fondos de pensión.

Acompaña comprobante de ingreso solicitud; cédula de identidad para extranjeros de la recurrente; declaración jurada de constancia electrónica; correo electrónico rechazo y requerimiento ante la Superintendencia; título profesional apostillado, que acredita profesión; y anexo contrato de trabajo.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, cuyo representante expone que la Ley 18.156, es un régimen de excepción que exige para la devolución de fondos el cumplimiento de requisitos copulativos, entre ellos, acreditar que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Indica que, para acreditar este requisito, se requiere una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Aduce que la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada por la recurrente no es apta para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmada por quien la emite, ni apostillada o legalizada, lo que incumple con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. Sostiene que el documento solo menciona de forma genérica las coberturas y no prueba la cobertura efectiva y a todo evento durante el tiempo de servicio en Chile.

Agrega que la decisión de la AFP, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos, no puede estimarse ilegal ni arbitraria, tal como lo ha confirmado la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en casos similares.

A folio 7, comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, quien evacúa informe en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien señala que se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales el 8 de septiembre de 2025, debido a que la recurrente no acompañó un certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura “a todo evento” y para todos los riesgos exigidos por el artículo 1° de la Ley 18.156.

Aduce que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es un certificado de afiliación y no cumple con los requisitos de la normativa vigente por lo que carece de autenticidad y no cumple con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, ni con la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que la AFP ha actuado con estricto apego a las normas y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, ya que está legalmente impedida de admitir documentación otorgada en el extranjero que no esté debidamente legalizada o apostillada, con el fin de proteger la fe pública y la legalidad del sistema.

Afirma que la negativa no es un acto arbitrario ni ilegal, sino un cumplimiento del deber que excluye la vulneración de las garantías constitucionales.

Pide el rechazo del recurso y acompaña título profesional del recurrente; declaración jurada de la recurrente ante notario; constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; carta explicativa de la recurrente; y contratos de trabajo de 4 de mayo de 2019, y de 28 de agosto de 2025, suscrito con su empleador.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por la recurrente en fecha que no detalla, fundando la acción en que ella sí cumplió con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, hace presente que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierta durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no permite acreditar que la actora se encontraba protegida por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa MPP PARA LA EDUCACIÓN, inscrita bajo el Número Patronal D19830022 con Fecha de egreso 11/04/2019 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que la actora se encontraba cubierta por el seguro social.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el tiempo de trabajo en Chile, ni las prestaciones garantizadas.

Quinto: Que, respecto al argumento relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular apostillada debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Sexto: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Séptimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre a la decisión teniendo únicamente presente que, a su entender, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, requiriendo de una discusión dentro de un procedimiento laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5971-2025.