nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1 y 3, comparece don nombre reservado, empleado, con domicilio domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA V REGIÓN, siendo su Director Regional, don Jorge Antonio Andreucic Martínez, ambos domiciliados en domicilio reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias, de las cuales tomó conocimiento el 12 de diciembre de 2022, donde se le rechazó el Recurso de Consideración que se dedujo, con fecha 07 de octubre de 2022, en contra del Informe de Fiscalización Nº0513/2022/94 de fecha 09 de agosto de 2022, acciones que se perpetúan a la fecha y que vulneran de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio, solicitando que se acoja el presente recurso.

Alega que el acto que se impugna, corresponde a la resolución del Recurso de Reconsideración emitido por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso, que rechaza en forma arbitraria e ilegal el recurso, dado que acoge y se basa en un Informe de Fiscalización Nº 0513/2022/94 de fecha 09 de agosto de 2022, que fue emitido por una persona fuera de las facultades y competencias legales, siendo dicho informe nulo por contravenir el artículo 7° incisos segundo y tercero de la Constitución Política de la República, por lo que consecuentemente la resolución que rechaza la reconsideración es arbitraria e ilegal al basarse en un acto administrativo que debe ser declarado nulo absolutamente.

Señala que se le imputa acoso sexual, sin haberse tomado su declaración por parte de la Fiscalizadora doña nombre reservado, quien es Ministro de Fe, quien le envió un formulario, a su correo electrónico, con varias preguntas que debía escribir su respuesta o respuesta alternativa (Entrevista Inspección del Trabajo. Fiscalización 0513/2022/94.), sin informar si se le iba a efectuar una declaración de descargos o responder a lo que se le consultará, además no le informa si existirá un careo, confrontación o esclarecimiento con la parte denunciante doña nombre reservado, testigos o con la persona que le informa a la denunciante.

Indica que la denunciante no da nombres en la denuncia, con quienes él se encontraba, cuando supuestamente, hizo un chiste con doble sentido y así pudieran ratificar lo que estaba afirmando sobre ello.

Expresa que la denunciante acusó que la habría llamado en horario fuera de trabajo, tipo 21:00 horas, para señalar que iba hacer bien directo con respecto a una supuesta relación y corta la llamada, grabando la conversación.

Señala que de acuerdo con unos audios de whatsapp y llamadas telefónicas, se estaría configurando en parte un supuesto acoso sexual a la denunciante, siendo su deseo tratar de clarificar y entender las dos situaciones, que son extrañas.

Indica con respecto a los audios de whatsapp, que en ningún momento se le informó que estos existían y que serían escuchados por terceras personas sin su autorización, y que él no los oiría para verificar si había sido quien los había efectuado, además de no señalar la hora y el día de esos audios.

Menciona que respecto a las llamadas telefónicas, tampoco se hace referencia al día, hora y lugar, porque no le consta que una llamada y solamente una, se pueda tipificar como un presunto acoso sexual o hostigamiento.

Indica que en el recurso de reconsideración, además se solicitaron las siguientes diligencias: Que se le entregase copia del audio que se transcribió en el informe de Fiscalización; además del registro de llamadas, que debería haber sido aportado por la denunciante para la investigación; documento donde autoriza a que sean grabadas las conversaciones telefónicas o las conversaciones personales, además que se señale el día, la hora y en el lugar que se efectuaron las grabaciones telefónicas y de whatsapp; que se solicite un informe a doña nombre reservado, funcionaria que tomó el comparendo de conciliación el día 30 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas; copia de la entrevista que le efectuó la Fiscalizadora doña nombre reservado.

Expresa que con fecha 07 de octubre de 2002, interpuso un Recurso de Reconsideración, en contra de la resolución Informe de Fiscalización Nº 05013.2022.94, de fecha 29 de agosto de 2022, a fin de que se declarase su nulidad por no estar sustentado en normas jurídicas y contener una motivación insuficiente, lo que contraviene la Constitución y la Ley, y que la Unidad Derechos Fundamentales de la Dirección del Trabajo correspondiente debió haber señalado, habiendo actuado como Inspector Jefe don nombre reservado, para que se reevalúe lo resuelto, atendiendo a nuevos antecedentes o alegaciones que se efectuaron.

Indica que con fecha 12 de diciembre de 2022, se rechazó el recurso, actuando nuevamente como autorizante el Inspector Jefe ya individualizado, por encontrase extemporáneo, cuando el recurso era absolutamente procedente por cuanto el plazo para interponerlo era de un año, y éste aún no estaba vencido.

Indica que en el informe, no se le señaló que tuviese un plazo de 5 días, para la apelación o un plazo administrativo para solicitar la reconsideración de ese informe, y menos señala a quien deba dirigir dicha reconsideración.

Con fecha 13 de diciembre de 2022, se entrevistó con don nombre reservado, para consultarle que pasaba con la solicitud de reconsideración por el informe de acoso sexual, quien le señalo que don nombre reservado, no tendría la facultad para dictar una resolución sobre acoso sexual y menos firmarla, a quien le corresponde, analizar la petición de reconsideración, debe ser resuelta por el abogado de la referida unidad especializada, visado por el Jefe de Unidad de DDFF y firmado por el Director Regional de Valparaíso.

Expresa que no se aplicó lo dictaminado por la Ley 19.880, del recurso extraordinario de revisión, artículo 60.

En cuanto al derecho, cita la norma precedente, y señala que las garantías constitucionales vulneradas, lo son por el rechazo de la resolución que rechazó el recurso de reconsideración, lo cual vulnera garantías constitucionales, entre otras, los derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 N°3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado de Chile, en relación al artículo 161-A del Código Penal, por cuanto se ha basado en un informe que acoge hechos de su vida privada en forma ilegal, y de los cuales no ha podido defenderse al no haber un justo y debido proceso ante la Dirección del Trabajo, llegando a una conclusión, arbitraria e ilegal.

Señala que la forma en que se produce la afectación, se basa en un informe ilegal y nulo, que afectan su situación personal, laboral y los derechos constitucionales, en cuanto su empleador está por aplicar sanciones en su contra incluso la pérdida de su trabajo, el descrédito a su honra y la violación de la privacidad de las comunicaciones, que se hicieron públicas ante terceros sin su autorización ni conocimiento, falseando la realidad de modo de hacer creer que existió un acoso que nunca hubo.

Pide, en definitiva: 1.- Se ordene a la recurrida dictar las resoluciones correspondientes para anular todo lo efectuado en relación a estos hechos, ordenando la realización de una nueva investigación, con todos los involucrados, solicitado la documentación a cualquier Institución Pública o Privada, a fin de demostrar lo que denunciante, comparecencia de testigos, fotos o grabaciones autorizadas por el que está siendo grabado; 2.- Que el Director Regional de la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la V región, acompañe el decreto, qué faculta a don nombre reservado, Inspector/a Jefe/a Inspección, para dictar resoluciones y firmarlas, y que sean válidas, sin esperar, que sea resuelta por un Abogado (a) de la referida Unidad Especializada, visado por el Jefe de Unidad DDFF y firmado por el Director Regional de Valparaíso: 3.- Que se remita copia de la denuncia al Ministerio Público, que debió efectuar en su calidad de funcionaria pública la Fiscalizadora que transcribió las grabaciones, dado que tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito por la denunciante, el cual es parte fundante de las resoluciones que se solicita anular por el presente recurso constitucional, para que investigara este delito; y 4.- Se declaren que los actos del recurrido son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales señaladas en el cuerpo de la presentación, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos y decretando las medidas solicitadas o las demás providencias que US Iltma. estime adecuadas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 6, evacúa informe el DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO, solicitando el completo y total rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Señala que el Servicio efectuó una fiscalización, asignada al folio 0513/2022/94, fiscalización que concluye que existen indicios suficientes de que la denunciante fue víctima de acoso sexual en los términos que el informe respectivo señala, aquel resultado fue informado al actor de protección, por medio del oficio ordinario N°500-9632/2022, de fecha 29 de agosto de 2022, notificado con fecha 02 de septiembre de 2022 y que conforme el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificado el 07 de septiembre de 2022.

Indica que fecha 07 de octubre de 2022 el actor impetró un recurso de reconsideración contra de la resolución de informe de fiscalización N° 0513.2022.94, solicitando se declare su nulidad, sin embargo, conforme regula el artículo 511 del Código del Trabajo, el recurso de reconsideración se deduce contra una resolución de multa, y atendido que no existe multa alguna aplicada al recurrente, en el caso de marras, ya resulta discutible la procedencia del recurso deducido, pues el actor no es el empleador fiscalizado, sin embargo, y a la luz del principio de no formalización, regulado en artículo 13 de la Ley 19.880, teniendo especialmente presente la fundamentación del recurso y que aquel se interpuso contra la misma autoridad que dictó el acto impugnado, es que se concluye que el mismo obedece a un recurso de reposición Expresa que la última presentación fue resuelta por la Resolución Ex. N°500-7164/2022 de fecha 12 de diciembre de 2022 dictada por el Inspector Comunal de Viña del Mar don nombre reservado, rechazando el recurso fundado en que aquel se dedujo fuera del plazo que contiene el artículo 59 de la Ley 19.880, sería éste y no otro el acto impugnado en esa sede, según aclara el propio recurrente cumpliendo lo ordenado por S.S.I.

Menciona que el recurrente confunde dos instituciones completamente independientes como lo es la Dirección Regional del Trabajo y la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo.

Indica que lo alegado por la reclamante en cuanto a las facultades del Inspector Comunal del Trabajo tiene su origen en que al formular sus consultas la información que el mismo recurrente entregó fue parcial, pues revisado el expediente este corresponde a una fiscalización ordinaria de acoso sexual cuya competencia territorial corresponde precisamente a la del Inspector Comunal de Viña del Mar, confundiendo el actor los casos de investigación de vulneración de derechos fundamentales que recaen en la fiscalía especializada en la materia, de competencia regional y donde efectivamente es el Director Regional del Trabajo quien evacua los respectivos actos administrativos.

Alega en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, por cuanto el Recurso de Protección, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, y no está destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley, y teniendo especialmente presente la fundamentación del recurso y que aquel se interpuso contra la misma autoridad que dictó el auto impugnado, es que se concluye que el mismo obedece a un recurso de reposición, por lo que el recurso es del todo inadmisible, por cuanto éste se ha interpuesto en contra una resolución administrativa que resuelve una reposición respecto de las cuales el ordenamiento jurídico otorga al afectado amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa conforme regula el capítulo IV de la Ley 19.880, como judicial de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

Señala que de concluirse que el recurso deducido por el recurrente era una reconsideración, aquella es del todo inadmisible pues no se le cursó multa alguna, sin embargo, el Servicio, atendido lo sustantivo de su recurso y conforme el ya invocado principio de no formalización, dio curso a su solicitud como si de una reposición se tratase, y al expresar el actor que tenía un plazo de un año para deducir su recurso, vuelve a confundir los medios de impugnación que le asisten conforme la Ley, en esta ocasión, al parecer con un recurso de revisión, sin embargo, de ser así su recurso también resulta improcedente pues no se dirigió al superior jerárquico, ni expresó ninguna de las causales reguladas por el artículo 60 de la Ley 19.880.

Alega, a su vez, la imposibilidad de destruir la presunción de veracidad por la vía del recurso de protección, por cuanto si se concluye que resulta pertinente revisar en lo sustantivo el actuar del Servicio, amerita señalar que de acuerdo a lo dispone el D.F.L. Nº 2 del año 1967 en su artículo 23, lo constatado por un fiscalizador en el ejercicio de sus funciones, goza de presunción de veracidad, y éste además tiene, por el cargo que ocupa, la calidad de Ministro de fe, según el inciso 1º del artículo 503 del Código del Trabajo, por lo que la sede de Protección no permite destruir la presunción de veracidad, pues, requiere de un derecho indubitado que amparar. Ese derecho que amparar no se puede encontrar cuando frente a él se topa con una presunción de veracidad, que en la sede escogida para amparar el derecho, es imposible destruir por la técnica constitucional que invariablemente exige un atentado cierto y claro.

Expresa que existiendo un procedimiento de lato conocimiento y de carácter contradictorio, con la posibilidad de rendir probanzas para acreditar los dichos de las partes, resulta absolutamente improcedente, al tenor de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, la interposición de la acción cautelar de protección, siendo la vía de la reclamación judicial de multa ante el Tribunal del Trabajo respectivo, la vía jurídica hábil aplicable en la especie, y la cual ha sido utilizada por el conglomerado como vía idónea para la revisión judicial de multas de idéntica naturaleza tal como se señaló en el número 4º, del acápite precedente.

Alega, asimismo, la inexistencia del acto ilegal o arbitrario de la Dirección del Trabajo, por cuanto las alegaciones de la contraria, carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, toda vez que la acción impugnada es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios. Indica que el artículo 1º del D.F.L. 2 DE 1967, señala expresamente las facultades y consecuencialmente los límites a la acción de la Dirección del Trabajo, quedando claro dos conceptos claves en la discusión de autos, a saber el de fiscalización y el de interpretación, en cuanto a facultades de la Dirección del Trabajo. Menciona que el Servicio cumplió conforme lo mandante su Ley orgánica y además los Arts. 211-A y siguientes del Código del Trabajo, además de la normativa interna vigente, oyendo a todos los involucrados, denunciante, imputado de acoso y empleador fiscalizado, lo que es reconocido por el propio recurrente al admitir que recibió y contestó el formulario con que le toma declaración la fiscalizadora actuante.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por esta vía cautelar, se recurre por el actor en contra de la resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente, acto emitido por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes y de lo informado en estrados por la recurrida, el presente recurso si bien se dirige en contra de la resolución singularizada en el considerando segundo, que resuelve la reposición del actor, declarando extemporáneo dicho recurso, la resolución que pudo haber vulnerado las garantías constitucionales que se alegan conculcadas por el actor, corresponde a la resolución del Informe de Fiscalización N°0513/2022/94 de fecha 9 de agosto de 2022, por lo que el recurso es extemporáneo.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo expresado en el considerando precedente, de acuerdo al artículo 59 de la Ley N°19.880, el recurso de reposición debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco días, lo que no sucedió en la especie, ya que la resolución Informe de Fiscalización N°0513/2022/94 de fecha 9 de agosto de 2022, fue notificada el día 7 de septiembre del mismo año y el recurso se presentó con fecha 10 de enero de 2023, por lo que no aparece como ilegal la decisión adoptada por la recurrida, ni se advierte arbitrariedad alguna, por lo que el presente recurso no podrá ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado contra la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la V Región.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-597-2023.

En Valparaíso, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.