nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre en favor propio, sin patrocinio letrado, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo arbitrario e ilegal de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acto que —sostiene— amenaza, perturba y priva el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales.

Expone que, con fecha 2 de septiembre de 2025, presentó ante la recurrida solicitud de devolución de sus fondos previsionales, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la citada ley. Sin embargo, con fecha 8 de septiembre de 2025, fue notificada del rechazo de su solicitud, sin que se expresara motivación ni fundamento alguno, limitándose la AFP a denegar la petición.

Indica que acompañó certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que acredita su afiliación a un régimen de seguridad social que cubre enfermedad, invalidez, vejez y muerte, junto con declaración jurada notarizada y apostillada en Chile, lo que —afirma— satisface las exigencias formales de autenticidad. Señala que otras AFP, como AFP Cuprum, han aceptado documentos de igual naturaleza, verificables mediante el código de autenticidad en la página web del IVSS, de modo que la negativa de AFP Modelo carece de toda razonabilidad y se aparta de la práctica previsional vigente.

Agrega que la exigencia de apostilla o legalización diplomática resulta materialmente imposible de cumplir, debido a la ruptura de relaciones consulares y diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que configura un caso de fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, ya que “a lo imposible nadie está obligado”.

Sostiene que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye una privación arbitraria de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, afecta el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso administrativo y contraviene los principios pro persona y pro operario, debiendo ordenarse la devolución de los fondos previsionales conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable.

Concluye solicitando que esta Corte acoj​a el recurso de protección, declare ilegal y arbitrario el rechazo de AFP Modelo S.A., y ordene a la recurrida reconocer la validez de los documentos presentados, disponiendo la devolución de sus fondos previsionales dentro del plazo de 30 días, o el que S.S. fije.

A folio 6, comparece la Superintendencia de Pensiones, por orden del señor nombre reservado, y evacua informe al tenor de lo solicitado en el Recurso de Protección Rol N° 5969-2025, deducido por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., acompañando copia de la resolución impugnada y los antecedentes que obran en su poder.

Señala que la recurrente, de nacionalidad venezolana, dedujo acción constitucional de protección en contra de AFP Modelo S.A., por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, requerida conforme a la Ley N° 18.156. Expone que, según el relato de la actora, esta presentó su solicitud el 2 de septiembre de 2025, la que fue rechazada el 8 de septiembre del mismo año, sin motivación ni fundamentos, pese a haber acompañado un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los demás documentos exigidos por la normativa.

La Superintendencia informa que no registra reclamo alguno de la recurrente respecto de los hechos materia de esta acción cautelar, por lo que no existen antecedentes adicionales sobre el caso en sus registros.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente las condiciones del artículo 1° de dicho cuerpo legal, a saber:

a) estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que, conforme al artículo 7° de la ley citada, la devolución de fondos previsionales procede sólo si se acreditan los requisitos copulativos del artículo 1°, lo que —por tratarse de una norma de excepción— debe interpretarse restrictivamente.

Precisa que, para acreditar el cumplimiento de la letra a) del artículo 1°, el trabajador extranjero debe acompañar certificación emitida por la autoridad previsional competente de su país, debidamente legalizada o apostillada, que consigne de manera específica la cobertura efectiva en los cuatro riesgos antes señalados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que la jurisprudencia administrativa del Organismo ha resuelto que no resulta suficiente acompañar una declaración jurada personal ni un documento genérico que mencione coberturas previsionales sin especificar la existencia efectiva de dichas prestaciones. En tal sentido, sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el IVSS —documento que la recurrente habría acompañado— no constituye un medio idóneo, al no estar firmada, legalizada ni apostillada, ni especificar coberturas ni períodos determinados.

Reitera que el procedimiento de apostilla es la forma legal prevista para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en Chile, y que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, por lo que no puede omitirse dicho requisito.

Hace presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 12 de mayo de 2025, Rol N° 1431-2025, y la Corte Suprema, en fallo de 26 de junio de 2025, Rol N° 17866-2025, rechazaron recursos de protección análogos interpuestos por afiliadas venezolanas en contra de AFP Provida S.A. y de esta Superintendencia, al considerar que no es ilegal ni arbitrario exigir la apostilla en los certificados previsionales extranjeros.

Asimismo, informa que, mediante Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, esta Superintendencia impartió instrucciones a todas las AFP, ratificando dicho criterio y descartando que los certificados del IVSS sin apostilla sean válidos para acreditar cobertura previsional.

Concluye señalando que no cuenta con antecedentes que permitan acreditar que la recurrente cumple los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de sus fondos previsionales, y solicita tener por cumplido lo ordenado por esta Iltma. Corte.

A folio 8, comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., domiciliada en domicilio reservado, quien se hace parte en estos autos y evacúa informe en el recurso de protección Rol N° 5969-2025, caratulado “nombre reservado / Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.”, interpuesto por doña nombre reservado.

Señala que la recurrente dedujo acción constitucional en contra de la Administradora, alegando que el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156 constituiría un acto ilegal y arbitrario.

Expone que con fecha 3 de septiembre de 2025, la actora presentó ante AFP Modelo una solicitud de devolución de sus fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, invocando la exención prevista en la citada ley respecto de las cotizaciones efectuadas por su empleador Patagonia Foods Ltda.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la recurrente acompañó los siguientes documentos: título profesional, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo de 1 de noviembre de 2019 y anexo de contrato de 1 de marzo de 2025. Analizados los antecedentes, la recurrida solicitó a la interesada acompañar certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera competente, advirtiendo que ni la constancia electrónica ni la declaración jurada personal constituyen medios idóneos para acreditar afiliación a un régimen previsional fuera de Chile.

Indica que, ante el incumplimiento de dicho requerimiento, con fecha 8 de septiembre de 2025 se rechazó la solicitud, fundado en que la recurrente no acompañó un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la relación laboral.

Sostiene que AFP Modelo actuó en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, dado que la Ley N° 18.156 —norma de excepción— exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° para proceder a la devolución de fondos.

Cita el artículo 7° de la ley, que autoriza la devolución sólo si se cumplen tales condiciones, y el artículo 1°, que dispone que el trabajador extranjero debe encontrarse afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Añade que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la acreditación debe hacerse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada, y que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017, ratificó este criterio.

Cita también los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que exigen la legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros para surtir efecto en Chile, subrayando que dicha exigencia protege la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico.

La recurrida acompaña jurisprudencia reciente que confirma la validez de este criterio, destacando sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Protección N° 22142-2024 (confirmada por la Corte Suprema, Rol Civil N° 13722-2025); de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol Protección N° 2023-2025 (confirmada, Corte Suprema Rol Civil N° 18581-2025); y de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Protección N° 1763-2025 (confirmada, Corte Suprema Rol Civil N° 23218-2025), en las que se resolvió que los certificados electrónicos del IVSS carecen de firma y apostilla, y que la negativa de las AFP a aceptar tales documentos no constituye acto arbitrario ni ilegal.

En consecuencia, sostiene que la actuación de AFP Modelo se ajusta al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia uniforme sobre la materia, de modo que no ha existido privación, perturbación ni amenaza alguna a los derechos fundamentales de la recurrente.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relación y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta por doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en la falta de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional extranjero. Alega que dicha exigencia carece de sustento legal y resulta de imposible cumplimiento, toda vez que los documentos presentados —constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y declaración jurada notarial apostillada en Chile— acreditan su afiliación efectiva a un régimen de seguridad social, verificable electrónicamente.

Tercero: Que, la recurrida, al evacuar su informe, sostiene que la solicitud fue rechazada conforme a la normativa vigente, en cuanto la documentación presentada no satisface los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 ni del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no encontrarse apostillada ni especificar de modo concreto las coberturas exigidas.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo de la recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten su afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Añadió que la jurisprudencia y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han ratificado la necesidad de acompañar documentación auténtica y legalizada, desestimando la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En consecuencia, la recurrida y el órgano fiscalizador coinciden en que la exigencia formal de apostilla constituye requisito indispensable para la procedencia de la devolución solicitada.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero estarán exentas de las leyes de previsión chilenas siempre que concurran copulativamente las condiciones de:

a) encontrarse el trabajador afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal autoriza la devolución de fondos previsionales solo a quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos del artículo 1°.

Quinto: Que, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título XI, desarrolla la aplicación de la citada ley, estableciendo que la afiliación previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste expresamente la obligación de otorgar las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laborado en Chile.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados se desprende que la “constancia electrónica” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la actora no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, ni consigna de forma específica las coberturas exigidas por la ley, por lo que no resulta idónea para acreditar la afiliación previsional en los términos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y la normativa complementaria.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contempla expresamente la exigencia de apostilla o legalización, tal formalidad se deriva de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos públicos extranjeros, artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y del Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela. En consecuencia, la exigencia impuesta por la administradora constituye una aplicación razonable de las reglas destinadas a asegurar la autenticidad de los documentos emitidos en el extranjero, especialmente tratándose de un régimen previsional de excepción.

Octavo: Que, en mérito de lo expuesto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por cuanto su decisión se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la autoridad competente, sin que se advierta vulneración a las garantías constitucionales invocadas, considerando además que la recurrente mantiene residencia en Chile y no ha acreditado su intención de retorno definitivo a su país de origen, supuesto que habilitaría el retiro de fondos en los términos previstos por la Ley N° 18.156.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5969-2025.