nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Angela Cecilia López Rodríguez, abogada, en representación de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-91906-2026, de 29 de junio de 2026, mediante la cual se rechazó el reclamo administrativo deducido por el actor y se confirmó el rechazo de la licencia médica N° 3-117986468, extendida por treinta días a contar del 7 de mayo de 2025, todo lo cual estima vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se desempeñó hasta el año 2025 en funciones de carga y descarga de camiones y en labores administrativas en una sucursal de supermercados, actividades de elevada exigencia física y psicológica, presentando además patologías de base, como diabetes mellitus tipo 2 y una hernia lumbar, a lo que se sumó un progresivo deterioro de su salud mental, con un cuadro de ansiedad generalizada.

Refiere que el 6 de mayo de 2025 fue evaluado presencialmente por el médico nombre reservado, quien emitió la licencia médica N° 3-117986468 por treinta días, entre el 7 de mayo y el 5 de junio de 2025, inició manejo farmacológico y dejó consignada en la ficha clínica la necesidad de mantener el reposo para control sintomático y para evitar el aumento de los síntomas y riesgos de accidentes en el hogar o en el lugar de trabajo.

Precisa que, a esa fecha, se encontraba pendiente la atención por psicología y psiquiatría, circunstancia que no obedecía a una decisión voluntaria ni a falta de adherencia al tratamiento, sino a la imposibilidad de acceder oportunamente a horas en dichas especialidades.

Agrega que, durante la vigencia de la licencia, fue objeto de una visita domiciliaria por un funcionario de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien constató el cumplimiento del reposo, antecedente del cual no se hicieron cargo las resoluciones administrativas.

Señala que, por resolución de 15 de julio de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez rechazó la licencia invocando como única causal la de estar "sin causa médica que justifique el reposo. Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo", decisión que fue mantenida por los mismos motivos al resolverse la reposición, el 16 de abril de 2026. Deducido reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social el 5 de junio de 2026, este fue rechazado por el acto recurrido, sobre la base de que los antecedentes médicos y administrativos no permiten establecer incapacidad laboral más allá de los 30 días de reposo ya autorizados por la misma patología y que la documentación acompañada no aporta antecedentes clínicos objetivos acerca de la evolución del cuadro, la respuesta al tratamiento ni la persistencia de limitaciones funcionales, limitándose el informe médico a reiterar el diagnóstico inicial, con evaluaciones por psicología y psiquiatría pendientes y sin un plan terapéutico estructurado.

Sostiene que el acto es ilegal y arbitrario, por cuanto no satisface el deber de fundamentación que imponen los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, ya que se limita a enunciar conclusiones generales sin explicar las razones técnicas por las que los antecedentes aportados por el médico tratante, quien examinó directamente al paciente, resultaban insuficientes. Añade que, habiéndose fundado el rechazo precisamente en la insuficiencia de los antecedentes clínicos, la autoridad no ejerció ni explicó por qué estimó innecesario ejercer las facultades que le confiere el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, tales como requerir informes complementarios al profesional tratante, disponer exámenes o interconsultas, lo que contraviene los principios de objetividad y exhaustividad.

Aclara que no pretende que esta Corte sustituya el criterio médico de la autoridad, sino que reprocha que se hayan desestimado antecedentes médicos concretos sin expresar las razones que lo justifican. Hace presente, por último, que la licencia formaba parte de un proceso terapéutico continuo, pues con posterioridad se le autorizaron nuevas licencias por diagnósticos concordantes.

En cuanto a las garantías, afirma que se ha vulnerado el derecho de propiedad, al privársele del subsidio por incapacidad laboral; la igualdad ante la ley, por constituir el acto una manifestación del ejercicio arbitrario de la potestad administrativa; y el derecho a la protección de la salud, al incidir la decisión en un instrumento destinado a ese fin.

Pide que se acoja el recurso, se declare que la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-91906-2026 constituye un acto ilegal y arbitrario, se la deje sin efecto y se disponga la autorización de la licencia médica N° 3-117986468 o, en subsidio, se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado, previa realización de las diligencias de investigación y obtención de antecedentes clínicos que resulten necesarias, con costas.

A folio 8 informa doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer término que se declare la improcedencia de la acción, por cuanto la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral son materias que pertenecen al derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no se encuentra amparado por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En subsidio, en cuanto al fondo, expone el marco normativo de la licencia médica, contenido en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, y en el D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud, destacando su carácter esencialmente temporal y su finalidad de permitir que el trabajador recupere su salud y se reintegre a sus labores.

Explica que la resolución impugnada se fundó en que, si bien los antecedentes permitían establecer un cuadro ansioso inicial, que justificó los 30 días de reposo ya autorizados, para extender el reposo por un nuevo período no bastaba la mantención o reiteración del diagnóstico, sino que era necesario acreditar, mediante antecedentes clínicos objetivos y actualizados, la persistencia de una incapacidad laboral temporal, lo que no ocurrió, pues los informes no describían la evolución clínica durante el período ya autorizado, la respuesta al tratamiento ni la existencia de limitaciones funcionales actuales, manteniéndose pendientes las evaluaciones por psicología y psiquiatría y sin un plan terapéutico estructurado, de modo que la documentación no satisfacía los criterios de las Guías Clínicas Referenciales relativas a las licencias médicas de causa psiquiátrica.

Invoca las atribuciones que le confieren los artículos 2°, 3°, 27 y 38 de la Ley N° 16.395 y sostiene que no estaba obligada a suplir las deficiencias de los antecedentes aportados mediante la realización de nuevas diligencias o evaluaciones, pues la existencia de facultades de instrucción no la transforma en responsable de producir los antecedentes clínicos indispensables para acreditar la procedencia del reposo, ni le impide resolver conforme al mérito de los antecedentes disponibles.

Niega la afectación de las garantías invocadas, toda vez que el actor no identifica un trato diferenciado respecto de otras personas en igual situación, el rechazo de una licencia no le impide acceder a prestaciones de salud y no existe derecho de propiedad sobre un subsidio que solo nace a partir de una licencia médica autorizada. Pide el rechazo del recurso, con costas.

A folio 11 informa Gonzalo Alonso Jaque Lara, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, de la cual depende la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, haciendo presente que su representada no ha sido recurrida.

Explica que, según los registros del Sistema Informático de Fonasa, el actor presenta licencias médicas por patología psiquiátrica entre abril y junio de 2025 y entre noviembre y diciembre del mismo año, acumulando 72 días autorizados por dicha patología, y que la licencia reclamada fue rechazada por la causal R-104, sin causa médica que justifique el reposo.

Precisa que dicho rechazo se fundó en informes solicitados especialmente al efecto, según consta en la cartola médica: el 9 de mayo de 2025 la contraloría médica solicitó informe médico, informe de psicólogo y pronunciamiento sobre recuperabilidad laboral; el 15 de julio de 2025 se rechazó la licencia, por cuanto el informe médico aportado no permitía establecer incapacidad laboral temporal y no consignaba plan terapéutico ni psicoterapia; y el 16 de abril de 2026 no se acogió la reposición, por no permitir los antecedentes establecer incapacidad laboral temporal durante la licencia reclamada, con escasa descripción de síntomas, reposo otorgado por alta demanda laboral y sin psicoterapia, análisis efectuado por dos médicos contralores.

Aduce que, conforme al artículo 3° del D.S. N° 7, de 2013, y al artículo 21 del D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud, la Comisión adoptó la medida de solicitar informes al profesional que expidió la licencia, cuya elección le corresponde, y que la licencia no satisface las guías clínicas referenciales del artículo 4° del citado D.S. N° 7, al haber sido extendida por un médico general sin especialidad en psiquiatría y sin acompañar informe de especialista ni antecedentes sobre refractariedad al tratamiento, evaluaciones periódicas, tratamiento farmacológico o psicoterapia.

Agrega que la normativa no exige un peritaje como requisito para pronunciarse sobre una licencia médica y que lo pretendido importa que esta Corte sustituya las facultades técnicas de la autoridad sanitaria, cuestión propia de un juicio de lato conocimiento. Solicita el rechazo del recurso, con costas, y hace presente el privilegio de pobreza de que goza su representada.

A folio 12 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción.

Primero: Que, la Superintendencia de Seguridad Social ha alegado la improcedencia de la presente acción, sosteniendo que la materia sobre la que versa corresponde al derecho a la seguridad social, consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida en la enumeración del artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece al ámbito de la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, y en el D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud, lo que se reprocha en estos autos es la legalidad y razonabilidad de un acto administrativo concreto, que el actor estima lesivo de garantías que sí se encuentran amparadas por la acción de protección, como ocurre con la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por consiguiente, la cuestión planteada puede ser examinada por esta vía cautelar, motivo por el cual la alegación será desestimada.

II. En cuanto al fondo.

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental que en dicho precepto se señalan.

Cuarto: Que, por la presente vía se impugna la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-91906-2026, de 29 de junio de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó el reclamo deducido por el actor y confirmó el rechazo de la licencia médica N° 117986468-8, extendida por 30 días a contar del 7 de mayo de 2025, por estimar el recurrente que dicho acto carece de fundamentación suficiente y que fue dictado sin que la autoridad ejerciera las facultades que el ordenamiento le confiere para esclarecer las dudas que ella misma identifica.

Quinto: Que, la resolución impugnada confirmó el rechazo de la licencia médica N° 117986468-8 sobre la base de que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 30 días de reposo ya autorizados por la misma patología, agregando que, si bien el trabajador presentó inicialmente un cuadro ansioso susceptible de justificar un período inicial de reposo, la documentación acompañada no aportaba antecedentes clínicos objetivos sobre la evolución del cuadro, la respuesta al tratamiento ni la persistencia de limitaciones funcionales.

Sexto: Que, por su parte, la ficha clínica de 6 de mayo de 2025 describe la sintomatología del actor, los hallazgos del examen físico y mental y la indicación de reposo, dejando constancia de que la valoración por psicología y psiquiatría se encontraba pendiente; y el informe del médico tratante de 19 de mayo de 2025, emitido a requerimiento de la propia Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, da cuenta del inicio de manejo farmacológico, de la persistencia de los síntomas, de la necesidad de mantener el reposo y de una fecha probable de reintegro laboral. Consta, además, en el listado maestro de licencias y en la cartola médica del actor, que la misma Subcomisión Viña del Mar le autorizó con posterioridad las licencias médicas N° 125895450-1 y N° 126652155-K, por 21 días cada una, entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre de 2025, por reacción al estrés grave y trastornos de adaptación (código F43), dejándose constancia, respecto de la segunda, que el reposo "se justifica con ant presentados".

Séptimo: Que, los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 imponen a la Administración el deber de expresar los fundamentos de hecho y de derecho de los actos que afectan los derechos de los particulares.

En la especie, la resolución recurrida reconoce la existencia de la patología y que ella justificó un período de reposo, y funda el rechazo únicamente en la insuficiencia de la documentación, sin exponer antecedente técnico alguno que contradiga la indicación del médico tratante, sin explicar por qué los elementos concretos consignados en la ficha clínica y en el informe de 19 de mayo de 2025 resultaban insuficientes, y reprochando al trabajador la falta de evaluaciones especializadas que, según los mismos antecedentes, se encontraban pendientes por causas que no le son imputables.

Y si la autoridad mantenía dudas sobre la evolución del cuadro, contaba con las facultades del artículo 21 del D.S. N° 3, de 1984, para despejarlas, sin que, más allá del requerimiento inicial de informes, haya adoptado medida alguna. Una decisión así construida es meramente conclusiva y no satisface el deber de motivación, lo que la torna ilegal y, a la vez, arbitraria.

Octavo: Que, lo anterior se ve reforzado por la circunstancia de que el mismo organismo autorizó con posterioridad licencias médicas al actor por la misma patología, reconociendo la persistencia del cuadro y su aptitud para justificar reposo laboral, hecho que constaba en el listado maestro y en la cartola médica que la Superintendencia tuvo a la vista al resolver el reclamo, y del cual no se hizo cargo.

Noveno: Que, el acto impugnado vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privar al actor del reposo prescrito mediante una decisión que no se sustenta en un examen razonado de sus antecedentes, situándolo en una posición desmejorada respecto de otros trabajadores cuyas licencias son resueltas previa ponderación fundada y afecta, asimismo, su derecho de propiedad, garantizado en el numeral 24 del mismo artículo, en cuanto le priva del subsidio por incapacidad laboral que le habría correspondido percibir.

Décimo: Que, para restablecer el imperio del derecho, se tiene presente que la indicación de reposo emanó de un profesional legalmente habilitado que examinó directamente al paciente, sin que haya sido desvirtuada por antecedente técnico alguno, que la patología fue reconocida por la propia recurrida y su persistencia confirmada por las autorizaciones posteriores y que el tiempo transcurrido desde el período de reposo, superior a un año, priva de eficacia a una evaluación practicada en esta oportunidad.

En tales condiciones, procede disponer la autorización de la licencia médica y el pago del subsidio correspondiente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1° y siguientes del Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que:

I. Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-91906-2026, de 29 de junio de 2026, y se dispone que la recurrida deberá adoptar las medidas necesarias para que se autorice la licencia médica N° 117986468-8 y se pague el subsidio por incapacidad laboral correspondiente, en la medida que el actor cumpla los demás requisitos legales para su percepción.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N° Protección-5915-2026.