nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN UNO S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Funda su acción constitucional en el acto ilegal y arbitrario de fecha 2 de septiembre de 2025, mediante el cual la recurrida rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, invocando como derechos constitucionales vulnerados la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 y el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes fácticos señala el recurrente que solicitó la devolución de fondos previsionales mediante el portal web de la Administradora, siendo notificado del rechazo vía correo electrónico, fundamentando la recurrida su decisión en que el certificado de afiliación a la seguridad social no se encontraría apostillado y que el contrato de trabajo presentaría supuestos vicios no especificados. Sostiene que la recurrida desconoce la normativa especial al incorporar requisitos adicionales no establecidos expresamente en la ley, realizando una interpretación formalista que desatiende la finalidad del legislador.

Argumenta el recurrente, que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, esto es, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. En sustento de lo anterior, indica que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) puede ser verificada mediante código alfanumérico en el portal web oficial de dicha institución, existiendo además medios tecnológicos alternativos para corroborar su autenticidad.

Asimismo hace presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para obtener documentos apostillados, dada la inexistencia actual de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, incorporando la recurrida un requisito que resulta de imposible cumplimiento, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, lo anterior, señala que acompañó certificado de afiliación expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente notariado y apostillado, el cual fue descartado por la recurrida sin mayor fundamento.

Concluye, el recurrente que la negativa de la Administradora constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, al otorgarle un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados.

Finaliza solicitando, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y se disponga la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 2) Cedula de identidad para extranjeros; 3) Declaración jurada de Afiliación al IVSS; 4) Constancia electrónica de cotizaciones que da cuenta de afiliación al IVSS; 5) Anexos de contrato de trabajo que contiene clausula previsional; y 6) Apostilla de título profesional del recurrente.

A folio 4, evacua informe la Superintendencia, manifestando que el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

En cuanto a los fundamentos de derecho la Superintendencia expone que la Ley N° 18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo legal. Sostiene que, siendo una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo cuando se cumplan todas las exigencias establecidas.

Respecto del requisito de cobertura previsional contemplado en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, argumenta que el trabajador extranjero debe acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Explica que, conforme al N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar dicho requisito debe aportarse certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar las prestaciones señaladas, o bien un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social.

Sostiene que, el documento debe acreditar en forma específica que el trabajador contó durante la prestación de sus servicios en Chile con la protección por todos los riesgos indicados, siendo insuficiente un documento que señale genéricamente las coberturas que otorga un sistema previsional. Asimismo, precisa que la cobertura debe ser efectiva, esto es, la entidad de previsión debe otorgar los beneficios sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella, y debe existir desde el inicio de la prestación de servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato.

En el caso concreto, señala que la declaración jurada acompañada por el recurrente no constituye un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional, toda vez que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, única entidad que posee facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado emisor.

Asimismo, argumenta que el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, por cuanto no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al artículo 1° del Convenio de la Apostilla, siendo que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de dicha Convención. Agrega que dicho documento no señala las coberturas específicas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Respecto de la manifestación de voluntad exigida en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, indica que debe acreditarse mediante cláusula en el contrato de trabajo o anexo, expresada en forma oportuna durante la vigencia de la relación laboral, siendo extemporánea cualquier declaración posterior al término de la prestación de servicios.

En relación con la alegación del recurrente sobre vulneración del derecho de propiedad, la Superintendencia señala que no es controvertido que los afiliados son dueños de los fondos en sus cuentas de capitalización individual, encontrándose bajo tutela constitucional del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. Sin embargo, argumenta que no resulta razonable concebir dicha propiedad de manera aislada de la naturaleza del bien sobre el que recae, que constituye parte del sistema de previsión social tutelado por el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política.

A folio 6, evacua informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas, fundado en las consideraciones que a continuación se exponen.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señala que con fecha 2 de septiembre de 2025, el recurrente don nombre reservado inició ante AFP Uno S.A. su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, respecto de los empleadores Dispolab Farmacéutica S.A., Innovation Health SpA. y Lonchera SpA., acompañando diversos antecedentes entre los cuales se encontraban contratos de trabajo, anexos, título profesional de economista, apostilla, constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada ante notario. Indica que ese mismo día se le informó el rechazo de la solicitud, fundamentado en que los documentos presentados no cumplían con los requisitos legales exigidos.

Respecto de los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece requisitos copulativos para que proceda la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros, constituyendo un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente. Explica que dichos requisitos son: a) detentar la calidad de técnico; b) encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social de origen.

Argumenta que conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para producir efectos en el territorio nacional. Invoca el Oficio Reservado N° 2966 de fecha 3 de agosto de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece los requisitos de legalización y apostilla para documentos extranjeros, y el Oficio Ordinario N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que específicamente se refiere a la situación de afiliados venezolanos, señalando que las certificaciones electrónicas que no se encuentren firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la cobertura previsional exigida.

Sostiene la recurrida que el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentado por el recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado, siendo insuficiente el código de verificación electrónica para sustituir los requisitos legales formales vigentes. Asimismo, señala que la declaración jurada notarial acompañada no constituye documento idóneo para acreditar la cobertura previsional, toda vez que debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Adicionalmente, arguye que los anexos y contratos presentados respecto del empleador Innovation Health SpA. no permiten determinar con certeza quién suscribió los documentos en calidad de representante legal, al no individualizarse al firmante ni consignarse su nombre o cargo, circunstancia que impide verificar la representación legal y genera dudas sobre la autenticidad de las firmas y la validez del contenido, particularmente respecto de la declaración de voluntad de mantenerse afiliado al régimen previsional de origen. Agrega que detectó la existencia de otro anexo presentado por empleador distinto cuyo contenido es idéntico, variando únicamente la persona que figura como firmante, lo que refuerza las dudas sobre autenticidad y veracidad de los documentos.

Concluye que el recurrente no cumple con los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por lo que el rechazo de la solicitud se fundamenta en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y no en criterios arbitrarios o restrictivos. Invoca jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, específicamente sentencia de fecha 12 de mayo de 2025, Rol N° 1431-2025 (posteriormente confirmada por la Corte Suprema), que rechazó recurso similar presentado por afiliada venezolana, y sentencia Rol N° 1992-2025, ambas sustentadas en idénticos fundamentos.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Contrato de Trabajo con Innovation Health SpA.; 2) Anexo de Contrato de Trabajo Innovation Health SpA.; 3) Contrato de Trabajo con Dispolab Farmacéutica S.A.; 4) Anexo de Contrato de Trabajo Dispolab Farmacéutica S.A.; 5) Contrato de Trabajo con Lonchera SpA.; 6) Anexo de Contrato de Trabajo Lonchera SpA.; 7) Título Profesional de "Economista" otorgado por la Universidad de Zulia; 8) Apostilla título profesional; 9) Constancia Electrónica de Cotizaciones; 10) Declaración Jurada ante notario; 11) Extracto Oficio Reservado N° 25057 de fecha 29 de diciembre de 2023; 12) Extracto Oficio Ordinario N° 2119 de fecha 30 de enero de 2025; y 13) Oficio Ordinario N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, todos emitidos por la Superintendencia de Pensiones.

A folio 7, se ordenaron traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5904-2025.

En Valparaíso, quince de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.