nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156.

Expone, en síntesis, que la recurrente solicitó ante AFP Uno S.A., mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales, acompañando los antecedentes que estimó pertinentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156.

Señala que, el 6 de julio de 2026, fue notificada vía correo electrónico del rechazo de su solicitud, indicándose que el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen no cumple con los criterios de aceptación, agregándose que la declaración efectuada ante notario en Chile no constituye un documento emitido por una entidad previsional extranjera.

Sostiene que la recurrida incorporó exigencias no previstas en la ley, pues la normativa especial solo requiere que el trabajador técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Agrega que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con código de verificación, documento que, en su concepto, permite acreditar la afiliación al régimen de seguridad social venezolano. Añade que dicho antecedente puede ser verificado en el portal web del referido instituto y que, además, se acompañó declaración jurada ante notario y apostillada en Chile.

Refiere que la exigencia de legalización o apostilla del documento emanado de la autoridad venezolana resulta excesiva, atendida la situación de inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, y que la negativa de la AFP importa una interpretación formalista que afecta su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados.

Estima vulneradas las garantías previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo la devolución de los fondos previsionales solicitados o la medida que esta Corte estime pertinente.

A folio 10, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en síntesis, que con fecha 1 de julio de 2026 la recurrente inició ante esa administradora el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto del empleador Grupo Gastronómico GVP Limitada, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato, título de abogada, apostilla del título profesional, certificado de constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada ante notario.

Indica que, el 6 de julio de 2026, se informó a la recurrente el rechazo de su solicitud, por cuanto el certificado de institución de seguridad social no cumplía con todos los criterios exigidos, al no acreditar suficientemente la afiliación a una institución de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, que tales prestaciones se mantengan durante todo el período trabajado en Chile, que el documento se encuentre apostillado o legalizado y que la fecha de afiliación sea anterior al inicio del contrato de trabajo.

Agrega que también fue observado el contrato de trabajo, pues no cumpliría con todos los criterios requeridos para acreditar la relación laboral entre la afiliada y el empleador respecto del cual se solicita el retiro de fondos, ni la manifestación de voluntad de mantener la afiliación al seguro social extranjero en los términos exigidos por la Ley N°18.156.

Sostiene que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y en los oficios emitidos por la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la materia.

Señala que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que un documento extranjero produzca efectos en Chile, y que la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario chileno no es idónea para acreditar una circunstancia que debe ser certificada por la autoridad previsional competente del país extranjero.

Añade que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no habilita a la AFP para prescindir de exigencias legales expresas ni para aceptar documentos carentes de la autenticación legal requerida, correspondiendo a la autoridad competente o al legislador establecer mecanismos alternativos de validación documental.

A folio 13, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, en primer término, que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Sin perjuicio de ello, expone que la regla general en materia previsional chilena es la obligación de cotizar respecto de los trabajadores que prestan servicios en Chile, cualquiera sea su nacionalidad, y que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley.

Precisa que, conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Explica que, conforme al N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera, el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Agrega que no basta un documento que señale de manera genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que debe consignarse específicamente, por la autoridad previsional competente, que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

En cuanto al caso concreto, señala que la recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada suscrita por ella, pero que esta última no es documento idóneo para probar la cobertura previsional fuera de Chile, pues dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente.

Añade que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, por cuanto no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, y además no señala las coberturas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano Finalmente, indica que la Ley N°18.156 debe interpretarse restrictivamente, por tratarse de una norma de excepción, y que tanto Chile como Venezuela son Estados parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla, de manera que el procedimiento de apostilla constituye la forma prevista para que los documentos emitidos en el extranjero produzcan efectos en Chile.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías allí señalados, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza actual en su ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente impugna el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, efectuado por AFP Uno S.A., fundado en que los documentos acompañados no cumplirían los requisitos exigidos para acreditar la afiliación y cobertura previsional extranjera, ni la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en los términos previstos en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, de los antecedentes aparece que la solicitud de la recurrente fue rechazada porque el certificado de institución de seguridad social no cumplía con todos los criterios exigidos, en particular, por no acreditar debidamente la afiliación a una institución de seguridad social fuera de Chile, la existencia de prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, la cobertura durante todo el período trabajado en Chile, su apostilla o legalización, y la fecha de afiliación anterior al inicio del contrato de trabajo. Asimismo, se observó el contrato de trabajo acompañado, por no cumplir con todos los criterios relativos a la relación laboral y a la manifestación de voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero.

Cuarto: Que, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156, la exención del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas respecto de personal técnico extranjero requiere que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Además, el artículo 7° de la misma ley, permite a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal.

Quinto: Que, la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional dentro del sistema previsional chileno, de manera que la devolución de fondos previsionales procede únicamente cuando se acreditan copulativamente los requisitos previstos en dicha normativa y conforme a las instrucciones administrativas aplicables.

Sexto: Que, en particular, la Superintendencia de Pensiones señaló que, para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en el caso concreto, la recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada suscrita ante notario en Chile. Sin embargo, la recurrida estimó que tales antecedentes, no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito legal, desde que la declaración jurada no emana de la autoridad previsional competente y la constancia electrónica acompañada no se encuentra firmada por quien la emite, ni apostillada o legalizada, ni acredita de manera específica la cobertura efectiva de la recurrente durante todo el período trabajado en Chile.

Octavo: Que, si bien la recurrente invoca la dificultad de obtener documentación venezolana debidamente apostillada o legalizada, dicha circunstancia no permite tener por ilegal o arbitraria la actuación de la AFP recurrida, desde que ésta se encuentra obligada a observar la normativa previsional vigente y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda prescindir de requisitos formales y sustantivos establecidos para la procedencia excepcional de la devolución solicitada.

Noveno: Que, en este contexto, el rechazo de la solicitud no aparece desprovisto de fundamento ni fundado en el mero capricho de la recurrida, sino en la falta de acreditación suficiente de los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 y por la normativa administrativa aplicable, en especial respecto de la certificación idónea, legalizada o apostillada, de cobertura previsional extranjera durante el período trabajado en Chile.

Décimo: Que, atendido lo razonado, no se advierte en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N°2, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5902-2026.