nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓNES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjera y el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156, relativos a encontrarse afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que el 27 de julio de 2026 fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en que "Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado." Sostiene que dicha decisión desconoce la normativa especial aplicable, desde que la ley no exigiría formalidades adicionales a la acreditación de la afiliación extranjera, y que la recurrida habría efectuado una interpretación formalista, contraria a la finalidad de la Ley N°18.156, cual sería permitir al trabajador extranjero disponer de sus ahorros previsionales cuando cumple las condiciones legales.

Afirma que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en el sitio web oficial de dicho organismo mediante código de validación o consulta por cédula de identidad venezolana, además de declaración jurada notariada y título profesional apostillado. Agrega que tales documentos emanan de la autoridad competente de su país de origen y permiten acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, por lo que la negativa de la AFP a considerarlos o verificar su autenticidad constituiría un actuar arbitrario e ilegal.

Añade que la recurrida habría impuesto exigencias no contempladas expresamente en la Ley N°18.156, tales como la apostilla o legalización de la documentación, pese a que existiría dificultad o imposibilidad para los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos consulares, atendida la actual situación diplomática entre Chile y Venezuela. Refiere, además, que otras administradoras habrían aceptado documentación similar mediante verificación electrónica, lo que, a su juicio, evidenciaría un trato desigual.

Estima que el rechazo impugnado vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de fondos previsionales que estima de su propiedad y al exigirle requisitos que no se aplicarían del mismo modo en otros casos.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se disponga un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene, en primer término, que la acción de protección no sería la vía idónea para resolver una materia controvertida y de lato conocimiento, desde que no existiría un derecho indubitado a la devolución de los fondos previsionales.

En cuanto al fondo, reconoce que rechazó la solicitud de devolución formulada por doña nombre reservado el 27 de julio de 2026, por no haberse acompañado un certificado de afiliación vigente, apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisando que la constancia electrónica de cotizaciones que adjuntó no reemplaza dicho certificado, siendo un documento que, además, carece de firma, no se encuentra legalizado ni apostillado, no señala de manera específica las coberturas previsionales de la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones del sistema venezolano. Por ello, afirma que no acredita el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Añade que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, siendo propietaria de un inmueble en Chile, e invoca jurisprudencia conforme a la cual dicha circunstancia resulta relevante al analizar la procedencia del retiro excepcional de fondos previsionales, por el eventual impacto en el sistema de seguridad social chileno.

Concluye que su actuación se ajustó a la Ley N°18.156, al D.L. N°3.500 y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no existiría acto ilegal o arbitrario ni vulneración de las garantías invocadas.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo ante dicho organismo respecto de los hechos materia del recurso, por lo que no cuenta con antecedentes administrativos específicos sobre la solicitud cuestionada.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que permite la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales sólo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, en relación con el artículo 7°.

En cuanto al caso concreto, sostiene que la recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que no sería idóneo para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la ley, por cuanto no se encuentra firmado por quien lo emite, ni apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Añade que dicho antecedente tampoco señala las coberturas específicas con que contaría la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de manera genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano. Precisa que, según su jurisprudencia administrativa, no basta una referencia general al sistema extranjero, sino que debe constar, por certificación de la autoridad previsional competente, que la trabajadora contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Finalmente, indica que la exigencia de apostilla o legalización responde a la forma prevista para que documentos emitidos en el extranjero produzcan efectos en Chile, citando jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema en casos similares, concluyendo que no procede acceder a la pretensión de la recurrente.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerado:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, titular de cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, que cuenta, además, con cédula de identidad chilena y residencia permanente en el país, siendo propietaria de un inmueble en Chile.

2° La recurrente acompañó a su solicitud de devolución de fondos previsionales un título profesional apostillado, una declaración jurada notariada y una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), documento que, según se indica, contendría un código de verificación electrónica que permitiría constatar su autenticidad a través del portal web de dicha entidad.

3° Con fecha 27 de julio de 2026, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente, fundado en que "Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado", precisando en su informe que dicho documento, además, carece de firma de quien lo emite, no se encuentra legalizado ni apostillado, y no señala de manera específica las coberturas previsionales con que contaría la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones del sistema previsional venezolano.

Añade que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, e invoca jurisprudencia conforme a la cual dicha circunstancia resulta relevante al analizar la procedencia del retiro excepcional de fondos previsionales, por el eventual impacto en el sistema de seguridad social chileno.

Séptimo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante título profesional apostillado, y que, por lo tanto, puede ser considerada como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, cabe considerar la calidad de la recurrente como titular de residencia permanente, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5901-2026.