nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., fundada en los artículos 20 y 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Expone que el acto ilegal y arbitrario que motiva esta acción consiste en la decisión de la recurrida notificada el 28 de agosto de 2025, que rechaza verbalmente la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo la AFP que el certificado de afiliación del seguro social del país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela en Chile, se encontraba vencido.

Refiere que dicha conclusión desconoce el contenido del certificado acompañado, y que la Administradora incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, obstaculizando injustificadamente la solicitud de retiro de fondos, interpretando erróneamente la normativa y desconociendo su propósito, que es permitir a los extranjeros acceder a sus fondos previsionales.

Agrega que la condición de tener un certificado vigente no está contemplada en la normativa y que la AFP incurre en una interpretación restrictiva, exigiendo requisitos no previstos, vulnerando los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad (artículos 19 N° 2 y N° 24).

Sostiene que se acompañó certificado electrónico de afiliación verificable en la web del IVSS y que la normativa no exige que el certificado consular tenga una vigencia específica, lo que haría imposible su cumplimiento atendida la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que afirma constituye supuesto de fuerza mayor.

Finalmente, expone que el actuar descrito vulnera su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, ambos consagrados en los artículos 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política, solicitando que esta Corte ordene a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación presentada y proceder a autorizar el retiro de fondos previsionales solicitado conforme a la Ley N° 18.156.

A folio 9 se evacúa informe por la Superintendencia de Pensiones, quien señala que la reclamante no registra ante ese Servicio reclamo alguno relativo a los hechos materia del recurso.

Indica que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción, aplicable sólo en caso de cumplimiento copulativo de las exigencias del artículo 1°, y que por ser norma excepcional debe interpretarse en forma restrictiva.

Transcribe los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 y cita el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señalando que para acreditar la cobertura extranjera se requiere certificación emitida por la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada y que conste cobertura efectiva y específica en los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, esta última comprendiendo "prestaciones médicas y pecuniarias".

Señala que la constancia electrónica acompañada por la recurrente no acredita la cobertura exigida, que no está firmada por quien la emite, que no se encuentra apostillada o legalizada. Además, respecto del certificado consular, indica que se encontraba vencido de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, por lo que no es posible para la AFP o para esta Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

Cita jurisprudencia administrativa y judicial uniforme, señalando que la Excma. Corte Suprema —causa Rol 17866-2025— y esta Iltma. Corte —autos Rol N° 1431-2025— han confirmado que no basta un documento electrónico sin apostilla ni un certificado vencido, y que no existe derecho indubitado si no se acredita la cobertura en los términos exigidos por la normativa especial.

Concluye señalando que no existen antecedentes que permitan tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 en la especie, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 12 evacúa informe el abogado Daniel Santoni, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, fundado en primer término en la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto el conflicto presentado no se vincula con la existencia de derechos indubitados, sino con una controversia respecto de la aplicación de la Ley N° 18.156, relativa al retiro de fondos previsionales de trabajadores extranjeros. Sostiene que tal materia corresponde ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, de manera que el recurso no constituye la vía idónea.

Luego expone que la Ley N° 18.156 tiene carácter excepcional, y que conforme a la jurisprudencia administrativa sistemática de la Superintendencia —solo procede el retiro cuando el trabajador acredita— los requisitos del artículo 1° de dicha norma, siendo vinculantes para las Administradoras las instrucciones del organismo fiscalizador.

Indica que, con fecha 28 de agosto de 2025, Provida resolvió rechazar la solicitud de devolución por cuanto —a juicio de la Administradora— el certificado de afiliación del seguro social del país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela en Chile, se encontraba vencido. Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no se encuentra apostillada ni legalizada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya, afectando su valor probatorio.

Asimismo, afirma que la Superintendencia de Pensiones se pronunció en este caso, informando que los certificados acompañados no permiten determinar con claridad las coberturas previsionales ni el período específico de cobertura, y que dichos documentos carecen de firma y no se encuentran apostillados.

Refiere diversos oficios del organismo fiscalizador que han establecido que no basta la descripción genérica del sistema previsional extranjero, sino que se requiere certificación específica que acredite que el trabajador contó —durante toda la prestación de servicios en Chile— con cobertura en los riesgos exigidos por la Ley N° 18.156. Además, respecto de la vigencia del certificado consular, sostiene que no es posible tener por vigente un documento que la propia autoridad emisora señaló como vencido.

Concluye que no procede acceder a la devolución de fondos previsionales, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., notificada a la recurrente el día veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, que rechaza verbalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo la actora haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen o de representación consular actuando como tal, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que tanto la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos como el certificado consular no cumplen con dichas exigencias, el primero por no estar firmado, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo, y el segundo por encontrarse vencido según lo dispuesto por la propia autoridad emisora.

A su vez, AFP Provida sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como certificados vencidos.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, y la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario.

Además, respecto del certificado de afiliación emitido por el Consulado de Venezuela en Chile, consta que la propia autoridad emisora estableció un plazo de vigencia para dicho documento, el cual se encontraba vencido al momento de su presentación ante la AFP. Conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que no es posible para la AFP o para este Tribunal tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

Sexto: Que, respecto a la alegación de la recurrente en orden a que la exigencia de vigencia del certificado consular constituiría un requisito no establecido en la ley, cabe señalar que cuando un documento público extranjero es emitido con un plazo de vigencia determinado por la propia autoridad que lo expide, no corresponde a las autoridades chilenas —ni a las AFP— desconocer dicha limitación temporal impuesta por la entidad emisora. Aceptar lo contrario implicaría desconocer la fe pública del documento y la competencia de la autoridad extranjera para determinar las condiciones de validez de sus propias certificaciones.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Décimo: Que, además, cabe consignar que conforme a la jurisprudencia de esta Iltma. Corte —sentencia Rol N° 1431-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 17866-2025— se ha resuelto que: "el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional", criterio plenamente aplicable al caso de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5886-2025.