Protección contra “Dirección Regional del Instituto de Previsión Social”

Foja: 87 Ochenta y Siete S.f.g.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar el abogado Sr. Enrique Jofré, 10 minutos, por el recurso y el abogado Sr. Sergio Basaez, 10 minutos, contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

nombre reservado

Relator Suplente Valparaíso, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 5, comparece don nombre reservado, oficial de marina mercante, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la “Dirección Regional del Instituto de Previsión Social”, representado por su Director Regional don Juan Carlos Tapia Espinoza, domiciliados en domicilio reservado, conforme los fundamentos de hecho y derecho que desarrolla.

Señala que el día 6 de julio de 2016, la recurrida le notifica mediante Carta N° 038 de misma data, la negativa a percibir una pensión de invalidez “por carecer de cotizaciones en la ex Caja Capremer, a la fecha de inicio de mi invalidez, esto es al día 29 de mayo del año 2013, encontrándome desafiliado de la referida ex Caja…”, en circunstancias que de acuerdo a la Resolución N° 58 de fecha 4 de julio del año 2013 dictada por la COMPIN de Viña del Mar, “mi incapacidad laboral es superior a los dos tercios, aprobando en definitiva mi invalidez, la que en todo caso es absoluta…”, cumpliéndose así con el requisito establecido en el artículo 25 de la Ley N° 6037 que crea la “Caja de la Marina Mercante Nacional”: “La invalidez que da derecho a la jubilación debe ser absoluta para el desempeño del empleo en que se jubile”, reiterando que la Resolución N° 58 de 4 de julio del año 2013 de la COMPIN Viña del Mar, “aprobó invalidez permanente por incapacidad superior a 2 / 3, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6.037, artículos 24 y 25…”, a contar del 29 de mayo de 2013, y en virtud de cuya incapacidad permanente “me correspondía por ley tener derecho a pensión por invalidez…”.

Precisa en todo caso que en el período comprendido entre el 1 de abril del año 2014 y el 31 de mayo del año 2015, su parte volvió a cotizar para CAPREMER, desempeñando eso sí una función o trabajo que no es invalidante, “compatible con mi capacidad residual de trabajo…”, lo que fue así declarado por la COMPIN de Viña del Mar en documento de 18 de marzo del año en curso: “Esta COMPIN declara que no existía impedimento jurídico alguno para que…se desempeñase como Analista en labores administrativas con la capacidad residual que posee a la fecha.”

Sin embargo de lo expuesto, habiendo su parte cumplido “con el requisito de ser cotizante para obtener mi pensión de invalidez…”, no teniendo impedimento alguno para laborar en el contexto de su capacidad residual de trabajo, solicitó nuevamente la pensión de invalidez que le interesa, “beneficio que fue nuevamente denegado por los motivos que se señalan en la Carta N° 38…” suscrita por el recurrido, y en cuyo documento se señala como fundamento de la negativa de pensión de invalidez: “no ha variado el hecho impositivo fundamental, esto es, que Ud. carece de cotizaciones con la ex Caja CAPREMER, a la fecha de inicio de su invalidez, esto es, al día 29 de mayo de 2013, encontrándose desafiliado de la referida ex Caja…”.

Afirma sin embargo que la negativa de la recurrida de otorgar pensión de invalidez, fundada en la exigencia de tener la calidad de cotizante a la momento y época de solicitar la pensión de invalidez, resulta ser un acto ilegal y arbitrario, atendido lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 10.986, pues su parte a la fecha de dictación de la Carta N° 038 de 6 de julio de 2016 tiene ya 64 años de edad, “razón por la cual el mínimum de afiliación efectiva inmediatamente anterior a la fecha inicial de la pensión es de un año…”, y conforme con todo lo cual “se me ha privado de mi legítimo derecho de gozar de una pensión de invalidez, sólo y por exclusiva decisión arbitraria del órgano encargado de declarar y otorgar este beneficio…”, vulnerándose de esta forma las garantías fundamentales del artículo 19 N° 3, “garantizada la igualdad ante la ley, precisando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”, N° 18 (“derecho a la seguridad social”), y N° 24 (“derecho de propiedad sobre toda clase de bienes”).

Con el mérito de lo expuesto, solicita en definitiva se acoja el recurso impetrado, y ordenar al recurrido “el pago de la pensión de invalidez desde el momento que correspondía gozar de este beneficio, y adoptar las demás providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarles la debida protección…”.

Acompaña la Carta N° 038 de 6 de julio del año en curso que se impugna por esta vía.

A fojas 69 rola informe del recurrido, “Instituto de Previsión Social” (IPS), representado por el abogado don Sergio Basáez Toledo, solicita el rechazo del recurso deducido, por motivos de forma y fondo.

Previamente, relata los antecedentes del recurso que informa, precisando que de acuerdo a los fundamentos del mismo, el actuar del recurrido trasunta en ilegal y arbitrario al exigir el requisito de ser cotizante al momento de solicitar la pensión de invalidez, “ya que a su juicio y de conformidad con la norma establecida en el art. 11 de la ley N° 10.986, no corresponde aplicar por tratarse de una pensión por invalidez absoluta y ser una situación exenta del cumplimiento de ese requisito según dicha norma…”, destacando que la petición de pensión por invalidez fue objeto de un primer pronunciamiento administrativo conforme Resolución Exenta N° 595 – CB de 29 de octubre de 2013, y en la que se precisa el motivo o fundamento del rechazo de la pensión por invalidez: que a la fecha de declaración de invalidez absoluta y permanente (Resolución N° 58 de 4 de julio de 2013 que determina la invalidez a contar del 29 de mayo del mismo año), “el interesado se encontraba desafiliado de la Ex Caja Capremer, pues su última cotización data del 08 de noviembre de 2012…”, actuación administrativa que no fue objeto de impugnación alguna por el recurrente de protección.

Desarrolla a continuación los fundamentos de hecho y derecho para decidir por el rechazo del arbitrio cautelar.

En cuanto a la forma, indica que el recurso deducido: (I) es improcedente atendida la materia en análisis: reclamación en contra de una resolución dictada en materia previsional y de seguridad social, la que atento a lo prevenido en la letra E) del artículo 420 del Código del Trabajo, asunto que es de competencia de los Juzgado del Trabajo, “de esta forma, la acción de protección constitucional intentada, no es idónea para la resolución de esta causa, puesto que es una materia de lato conocimiento, siendo del todo incompatible con las vías constitucionales ordinarias…”, citando al efecto jurisprudencia en apoyo de este argumento, y (II) el recurso es extemporáneo, habida consideración que el mismo asunto acerca de la pensión de invalidez que reclama el recurrente ya fue objeto de una decisión administrativa contenida en la Resolución Exenta N° 595 – CB de fecha 29 de octubre de 2013 antes aludida.

En cuanto al fondo, afirma que su parte no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria pues “ha actuado dentro de sus competencias legales y de acuerdo a la legalidad vigente…” al decidir por el rechazo de la pensión de invalidez del actor de protección: “el Sr. nombre reservado carece de cotizaciones de la Ex Capremer a la fecha de inicio de su invalidez…”, argumento que no se ve desvirtuado por la norma del artículo 11 de la Ley N° 10.986 que invoca el recurrente, desde que la misma normal legal dispone, en lo que interesa, que para efectos de acceder a la pensión “es necesario haber cumplido además de los requisitos legales aplicables a cada caso…”, faltando justamente el requisito básico de toda pensión: esto es, tener la calidad de imponente activo a la fecha que la respectiva COMPIN fije como inicio de la invalidez del interesado.

Solicita en definitiva el rechazo del arbitrio constitucional, con costas del actor de protección.

Acompaña los documentos y antecedentes en que funda sus descargos.

A fojas 84 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que del mérito de los antecedentes y de lo que se desprende del recurso, el acto que provoca el agravio es la resolución exenta N° 595-CB, ROL ex Capremer N° 30517, de fecha 29 de octubre de 2013, que negó la pensión de invalidez solicitada por el recurrente, limitándose el acto recurrido la carta de fecha de 6 de julio de 2016 a transcribir dicha resolución.

Que por lo expuesto para los efectos del plazo de interposición de la acción de protección, al no acreditarse la impugnación de dicho acto el plazo inicial de los treinta días corridos que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se encuentra sobradamente cumplido.

Segundo: Que la acción cautelar intentada en autos está destinada a proteger derechos indubitados, que se han visto amagados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales garantías.

Que al tenor de los hechos que se describen en el libelo pretensor de fojas 5, se desprende que el actor reclama la vulneración respecto de un derecho que no aparece como indubitado, según se puede constatar, al tenor de lo informado por la recurrida, en razón de lo cual la acción de protección intentada no resulta la vía idónea para impugnar el acto del que reclama el actor.

En efecto, y al tenor de lo dispuesto por el artículo 420 letra E) del Código del Trabajo, el recurrente dispone de otras acciones para obtener su pretensión, todo lo cual lleva a desestimar la acción intentada en estos autos.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a fojas 5 por don nombre reservado, en contra de la “Dirección Regional del Instituto de Previsión Social”, representado por su Director Regional don Juan Carlos Tapia Espinoza.

Regístrese, notifíquese, comuníquese, y archívese en su oportunidad N° Protección: 5880 - 2016.- Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Patricio Martínez Sandoval, Sr. Rosa Aguirre Carvajal y la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.