EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS "CENTAURO S.A." CONTRA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

Foja: 66 Sesenta y Seis eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de abril de abril de dos mil catorce.

Vistos:

A fs. 2 comparece don nombre reservado, en representación de la Empresa de Transporte Público de Pasajeros Centauro S.A., domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción de amparo económico, con el objeto de que se resguarde su derecho a desarrollar una actividad económica licita, garantizada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la dictación del Decreto Municipal N° 56 de 9 de enero de 2014, mediante el cual se ordena la inmediata clausura del establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado por ejercer actividades comerciales sin patente municipal, lugar donde funciona el único terminal de taxis colectivos que permite desarrollar la actividad económica de la Empresa de Transporte Público de Pasajeros Centauro S.A..

Indica que con la orden de clausura se impide de hecho el ejercicio lícito del giro social o económico que contempla la escritura de constitución de la sociedad recurrente.

Solicita en definitiva se deje sin efecto la orden de clausura, en cuanto esta afecte el funcionamiento del terminal de taxis colectivos del establecimiento comercial ubicado en la domicilio reservado de Valparaíso.

A fs. 15 se decretó orden de no innovar.

A fs. 39 informa don nombre reservado, por la recurrida Ilustre Municipalidad de Valparaíso, quien solicita el rechazo del amparo económico deducido por ser improcedente y abiertamente infundado.

Respecto a la improcedencia del amparo deducido, expresa que la Ley N° 18.695, en su artículo 151, contempla un recurso especial para reclamar en contra de los actos u omisiones del Alcalde o de los funcionarios de su dependencia, que se estimen ilegales, acción denominada reclamo de ilegalidad municipal; que en caso que sea rechazado en sede administrativa, se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva. En consecuencia, si la recurrente estimaba que una actuación municipal le ha causado agravio, debió deducir un reclamo de ilegalidad municipal.

En cuanto al fondo, expone que la actora no ha pagado la patente municipal por la actividad gravada que realiza, de lo que se sigue que la actuación municipal no es ilegal ni arbitraria, sino que se ajusta a derecho.

Hace presente que a raíz de denuncias de los vecinos del sector en que ubica el terminal de taxis colectivos, en cuanto a que se habría levantado el establecimiento careciendo de los permisos pertinentes, se ordenó la fiscalización respectiva.

Con fecha 19 de junio de 2013 se constató que no contaban con permiso de instalación de surtidor de gas, de juegos de entretención y con patente para ejercer giro de casino (manipulación y expendio de alimentos), por lo que se cursó la infracción respectiva.

Con lo informado por el Departamento de Rentas Municipales, se solicitó al departamento de cobranzas gestionar la clausura de las instalaciones por no contar con patente para funcionar. Unidad que pidió un nuevo informe al Departamento de Inspectoría Urbana.

Los inspectores municipales con fecha 5 de diciembre de 2013 concurrieron nuevamente al lugar, constatando que la empresa no había realizado ningún trámite, lo que hacía necesaria su clausura.

Señala que la clausura del establecimiento se ha dispuesto luego de un proceso administrativo en que se ha constatado el incumplimiento de la recurrente, sin que por otra parte se haya acreditado la realización de gestiones conducentes a dar solución a las infracciones.

Expresa que sin perjuicio de estimar errónea la acción ejercida, ella además carece de todo fundamento, por cuanto la actora tiene la carga impositiva, al ejercer una actividad comercial, de pagar el impuesto de contribución de patente municipal, lo que no ha sido cumplido por el actor.

Conforme a lo expuesto, la actuación de la Municipalidad de Valparaíso no resulta injustificada, ilegal, arbitraria o contraria a derecho, toda vez que la recurrente no registra en la Municipalidad el pago de ninguna patente, ni de las actividades comerciales objeto de la clausura ni de la actividad de transporte terrestre de pasajeros. Registrando en el Servicio de Impuestos Internos, al menos cinco giros comerciales, no pagando patente respecto de ninguno de ellos.

Concluye solicitando el rechazo del amparo económico deducido.

A fs. 48 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de amparo económico que contempla la Ley 18.971, al tenor literal del artículo único de la misma, es la que puede interponer cualquier persona ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de denunciar las infracciones en que se incurra respecto del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que el inciso primero del N° 21 del mencionado artículo 21 estatuye que la Constitución asegura a todas las personas, entre otros, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

De esta disposición se colige que se trata de cualquier actividad económica, esto es, según los autores, "se consagra el principio de la iniciativa particular en el campo económico como el medio preferente y natural que tiene una comunidad de progresar y desarrollarse" (nombre reservado y nombre reservado en "Los recursos procesales", Edit. Jurídica de Chile, 2010).

Sin embargo, de la citada disposición se desprende claramente que el desarrollo de una actividad económica reconoce limitaciones. En efecto dicha actividad no debe ser contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y "debe respetar las normas legales que la regulen".

Tercero: Que la acción de amparo económico es básicamente cautelar, esto es, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, tiene por finalidad iniciar una investigación para verificar la vulneración de alguna de las garantías que contiene el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y de constatarse, el tribunal se limitará a declararla.

Cuarto: Que en el caso sometido a la decisión de esta Corte, el actor ha pedido que acogiendo la acción de amparo económico interpuesta se disponga dejar sin efecto la orden de clausura impuesta a su parte mediante la Resolución N° 56, de 09 de enero de 2014, dictada por el Administrador Municipal de la I. Municipalidad de Valparaíso, que afectó el funcionamiento del Terminal de Taxis Colectivos del Establecimiento Comercial ubicado en la domicilio reservado de Valparaíso y se condene en costas a la referida municipalidad.

Quinto: Que de la investigación realizada, se ha podido constatar que la mencionada municipalidad, no ha vulnerado la garantía constitucional que se denuncia por el actor. En efecto, si bien la Resolución que sirve de fundamento a la acción de amparo económico deducida ha dispuesto la clausura del mencionado establecimiento, sin embargo, de los antecedentes que ha acompañado a su informe el municipio de Valparaíso, se desprende, claramente, que los actores han sido fiscalizados por los Inspectores de la Dirección de Obras del mismo, en el mes de junio del año 2013 constatándose que carecían de patente para funcionar y tampoco contaban con permiso para instalación de surtidor de gas, de juegos de entretención (chumbeque), asi como tampoco contaban con patente para ejercer el giro de casino (desayunos y almuerzos); que luego de una segunda fiscalización, realizada en el mes de diciembre del mismo año, los actores no habían iniciado ningún trámite tendiente a obtener la patente que se les exige.

Sexto: Que el artículo 23 del DL 3073/79, Ley de Rentas Municipales establece que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación está sujeta a una contribución de patente municipal. A su vez, el artículo 24 del mismo texto dispone que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, entre otros casos, en su local comercial.

Séptimo: Que la obligación de la actora de contar con patente municipal para el desarrollo de la actividad económica que realiza en el inmueble ubicado en domicilio reservado, se ha podido constatar con documentos agregados a esta carpeta, donde aparece que ha hecho iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por lo siguiente: 1.- Servicio de lavado de vehículos automóviles; 2.- Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; 3.- Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores; 4.- Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y 5.- Transporte urbano de pasajeros vía taxi colectivo; estando afectas a IVA las cuatro primeras actividades económicas para cuyo desarrollo ha timbrado, en el mencionado Servicio, boletas de ventas y servicios, boletas de prestación de servicios de terceros, boletas de terceros electrónicos, otros libros empastados y libro de compra-ventas. Se trata de un contribuyente de empresa de menor tamaño Pro-Pyme.

Octavo: Que los artículos 56, 57 y 58 del ya mencionado D.L. contemplan las sanciones que se pueden aplicar ante las infracciones e incumplimientos de las normas que gravan una actividad económica las que pueden consistir en multas o clausuras, siendo esta última de facultad de los Alcaldes quienes pueden, según el inciso segundo del artículo 58 decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren la multa que le haya sido impuesta.

Noveno: Que, consecuentemente, como se anotó en el considerando quinto, no ha existido vulneración de la garantía constitucional establecida en el N° 21 del artículo 19 ya que la autoridad administrativa ha actuado conforme a las disposiciones legales que regulan la materia por lo que la acción de amparo económico será desestimada.

Décimo: Que la circunstancia que la actora cuente con la Resolución Exenta N° 3011 del mes de julio de 2012 del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, que autorizó el funcionamiento de Terminal de Servicios de Locomoción Colectiva Urbana a la actora en el inmueble de Avenida Rodelillo y el que haya obtenido un certificado de Recepción Definitiva de obras de edificación del referido inmueble, no lo habilita para el ejercicio de la actividad económica que desarrolla en su interior si no ha cumplido con la obligación de obtener todos los permisos como lo es, por ejemplo, el necesario para la instalación de un surtidor de gas, pagar todos los derechos, entre ellos, la patente municipal; todo lo que originó la sanción que, ajustada a derecho le impusiera el municipio de Valparaíso.

Vistos, además, lo dispuesto en la Ley 18.971, artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Amparo, se rechaza la acción de amparo económico interpuesta por don nombre reservado, en representación de la Empresa de Transporte Público de Pasajeros "Centauro S.A." en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso, representada por su Alcalde, don Jorge Castro Muñoz.

Atendido lo resuelto precedentemente, déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, comuníquese y consúltese si no se apelare.

N° Amparo Económico 586-2014 Redacción del Ministro don Julio Miranda Lillo.

Pronunciada por los Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sr. Julio Miranda Lillo, Sr. Jaime Arancibia Pinto y Sra. Gloria Torti Ivanovich.

En Valparaíso, veintiuno de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.