nombre reservado con SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de enero de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Rodolfo Marín Figueroa, quien deduce recurso de protección en favor de funcionarios del Hospital Gustavo Fricke: nombre reservado, funcionaria de la unidad de personal; Camilla Dagnino Bahamondes, nutricionista coordinadora de la unidad de asistencia nutricional, nombre reservado, funcionario jefe de la Sección de Recaudación y Cobranzas, nombre reservado, nutricionista clínico con funciones en la unidad de paciente crítico pediátrico y nombre reservado, Jefe de la unidad de control de existencias e inventario y, en contra del Hospital Dr. nombre reservado y del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, por revocar de manera abrupta una práctica previamente tolerada y permitida consistente en el cambio de modalidad de contratación de algunos funcionarios de planta a contrata, para mejorar su condición remuneraciones, la cual había generado una legítima expectativa en los recurrentes, lo que estima conculcaría las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°2 y 26, de la Constitución Política de la República.

Explica que el ejercicio de la función pública en la administración del Estado se realiza a través de dos tipos de vínculo: cargos de planta (titulares) y cargos a contrata, afirmando que estos últimos, con el tiempo, se han vuelto predominantes.

Refiere que en el hospital recurrido se ha observado una práctica tolerada y permitida, consistente en que los funcionarios que inicialmente ingresan como titulares sean luego contratados en modalidad de contrata para mejorar su condición remuneracional, ya sea continuando en las mismas funciones o siendo asignados a otras distintas. Agrega que esta forma de administración del personal ha sido utilizada sin mayores reparos o inconvenientes, permitiendo ofrecer una alternativa de mejora considerable en las remuneraciones, como aumentos de hasta 6 grados, citando algunos ejemplos al efecto.

Indica que, frente a este comportamiento reiterado, documentado en un total de 11 casos, la Asociación Comunal de Profesionales de la Salud Hospital Dr. Gustavo Fricke Aprus –FEDEPRUS– inició una serie de conversaciones con la autoridad del Hospital recurrido, con el objeto de incluir otros casos que, al igual que los ya expuestos, califiquen para mejorar su condición remuneracional mediante el cambio de calidad jurídica, describiendo, a continuación, la situación en que se encontraría cada uno de los recurrentes, cuyos perfiles ameritarían que su condición remuneracional sea revisada.

Hace presente que durante las conversaciones entre Fedeprus, el Hospital Dr. nombre reservado y el Servicio de Salud para abordar la situación de sus representados, ambos organismos emitieron correos electrónicos informando que en adelante no se autorizaría la renuncia de funcionarios titulares para postular a cargos a contrata. En efecto, el 6 de agosto pasado, el Director (s) del Hospital, nombre reservado, indicó que no se había recibido autorización para permitir estos cambios y, posteriormente, el 9 de agosto, el Subdirector de Gestión y nombre reservado del Servicio de Salud instruyó formalmente a los hospitales de su dependencia, incluido el recurrido, que no autorizaran dichas renuncias.

Sostiene que este cambio abrupto en el comportamiento administrativo, tras haber generado expectativas legítimas en los funcionarios, revocó una práctica previamente tolerada y permitida.

Arguye que los recurrentes habían sido incluidos en conversaciones oficiales sobre la posibilidad de mejorar sus condiciones contractuales bajo la modalidad de contrata, sin embargo, este proceso fue interrumpido de manera unilateral y arbitraria, terminando las negociaciones mediante un simple correo electrónico. Actuar de la Administración que vulnera el principio de certeza jurídica, consagrado en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República, que protege las legítimas expectativas de los administrados.

Refiere que, conforme a este principio, la Administración debe abstenerse de realizar cambios injustificados que restrinjan los derechos de los particulares y que, al revocar la posibilidad de cambio sin fundamentos válidos, los recurridos rompieron con una práctica legítima que había generado confianza en los funcionarios, sin garantizar la igualdad de trato. Al respecto, explica que los recurrentes no pedían un beneficio automático, sino la posibilidad de concursar o ser designados en cargos a contrata en igualdad de condiciones con otros compañeros que ya habían accedido a mejoras salariales similares, situación que fue negada de manera injustificada.

Refiere que los recurridos discriminan a los funcionarios titulares basándose únicamente en su calidad jurídica, pese a que ésta es equivalente a la de los funcionarios a contrata bajo el concepto de "función pública". Indica que la Administración, que previamente permitió el cambio entre ambas modalidades sin reparos, generó una legítima expectativa en los recurrentes que ahora es negada de manera arbitraria.

Agrega que este cambio de postura carece de fundamentación y vulnera los principios de imparcialidad y fundamentación establecidos en la Ley 19.880, ya que no existe un acto administrativo válido que justifique esta restricción y, además, contraviene los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que protegen a los administrados de modificaciones injustificadas en el actuar estatal. Que, si bien no es ilegal cambiar de calidad jurídica, incluso manteniendo las mismas funciones, negarlo sin un fundamento válido vulnera los derechos de los funcionarios y resulta antijurídico, contradiciendo las normas que regulan el comportamiento de la Administración.

Solicita que no se prohíba o excluya a los recurrentes de acceder a un cargo a contrata, sea mediante nominación directa o previo concurso público, por el hecho que estos estén en propiedad de un cargo titular.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 16, evacúan informe los recurridos Hospital Dr. nombre reservado y Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, solicitando el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por su parte, que haya vulnerado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales de los actores.

Sobre el particular, el informe da cuenta de los antecedentes de carrera funcionaria de cada uno de los recurrentes e informa que el Hospital Dr. nombre reservado, perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, cuenta con 3.726 funcionarios al 31 de octubre de 2024, distribuidos en 730 titulares y 2.897 contratas.

Explica que los funcionarios titulares están sujetos a un sistema de carrera funcionaria regulado por el Estatuto Administrativo, que les garantiza igualdad de oportunidades para ingresar y ascender mediante procesos de acreditación de competencias, precisando que este sistema, regulado por el Decreto N°216, evalúa capacitación, experiencia y calificaciones, generando un escalafón de mérito para el ascenso.

Refiere que, por su parte, los funcionarios a contrata tienen estabilidad laboral a través de contratos anuales y concursos públicos y que, aunque su calidad jurídica no les permite ascender como los titulares, su experiencia les otorga ventajas competitivas en procesos de selección. Afirma que actualmente, el Servicio busca alcanzar una proporción de 80% titulares y 20% contratas y que, bajo esta meta, se realizan concursos abiertos para nuevos cargos, permitiendo la participación de titulares, contratas y honorarios sin discriminación, lo que refleja la política de fortalecimiento institucional y de ajuste a las necesidades del mercado.

Señala que, el presente recurso se fundamenta en dos correos electrónicos, emitidos el 6 y 9 de agosto de 2024, en los cuales el Hospital Dr. nombre reservado y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota instruyen no autorizar la renuncia de funcionarios titulares para postular a cargos a contrata. Sin embargo, el acto administrativo relevante sería un acta de reuniones sostenidas -entre la Unidad de Personal del Servicio de Salud y la mesa multigremial- los días 12 de junio y 1 de agosto de 2024, lo que permite cuestionar que los correos electrónicos puedan considerarse actos administrativos recurribles, conforme a la Ley N°19.880. Y, dado que los recurrentes estaban presentes en las reuniones en que se dictaron las actas, enterándose por tanto en dicha oportunidad de tal decisión, el recurso sería extemporáneo.

Sostiene que no se han realizado traspasos para garantizar mejoras salariales como afirman los recurrentes, argumentando que no existe autoridad competente para instruir un cambio de funcionarios titulares a cargos a contrata en las mismas funciones, ya que la carrera funcionaria se basa en mérito, antigüedad e idoneidad, priorizando la estabilidad de los titulares. La renuncia a un cargo titular implica perder los derechos asociados, mientras que el cambio a contrata supone nuevas funciones y responsabilidades. Los concursos públicos, que garantizan transparencia y probidad, adjudican cargos en función del puntaje obtenido, no de vínculos previos con la Administración.

Finalmente, asegura que la administración no realiza ni realizará prohibiciones ni discriminaciones al recibir postulaciones en concursos públicos, garantizando un trato justo y conforme a las diferencias jurídicas relevantes entre los postulantes.

A folio 22, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, por esta vía se denuncia el acto ilegal y arbitrario en que incurren las recurridas, consistentes en la remisión de dos correos electrónicos, el primero del 6 de agosto de 2024 enviado por D. nombre reservado, Director del Hospital Gustavo Fricke, a la Federación Democrática de Profesionales de la Salud de la Base Hospital Gustavo Fricke, cuyo tenor es el siguiente: “Estimados /as Dirigentes Fedeprus. En atención a vuestra consulta del correo de arrastre, quiero informar a Ud., que la política de Concursos es llevada por el SSVQP y que nos ratifica que No hay autorización a los hospitales de la red para que funcionarios titulares se cambien a la Contrata en las mismas funciones. Además, hay que esperar dictamen de la CGR por caso similar en Hospital de La Calera. Saludos cordiales”.

El segundo de fecha 9 de agosto de 2024, del D. nombre reservado, a los Directores de los Hospitales de la red Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, que señala: “Esta Dirección no autoriza a que los directores de Hospitales acepten la renuncia de los funcionarios titulares para optar a un grado mejorado en su unidad de trabajo. Por motivo que como servicio estamos trabajando junto a los gremios en realizar concursos para proveer cargos vacantes de la Planta, y por ende es contradictorio por un lado implementar concursos para proveer cargos vacantes para ingresar a la planta y en paralelo promover o aceptar la renuncia a los cargos de titulares de la planta”.

Señala que tal decisión revoca de manera abrupta una práctica previamente tolerada y permitida por las mismas recurridas, relativa al cambio de modalidad de contratación de algunos funcionarios de planta a contrata, en aras a mejorar su condición remuneracional, la que había generado una legítima expectativa en los actores, y que estima conculcatorio de las garantías fundamentales consagradas en artículo 19 números 2 y 26 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, por su parte, las recurridas cuestionan que los correos electrónicos aludidos puedan considerarse actos administrativos recurribles conforme a la Ley N°19.880, señalando que el acto administrativo relevante en este caso serían las actas de reuniones entre la Unidad de Personal del Servicio de Salud y la mesa multigremial, llevadas a cabo el 12 de junio y el 1 de agosto de 2024, en las que los recurrentes estuvieron presentes, razón por la cual el recurso sería extemporáneo.

En cuanto al fondo, señalan que la administración no realiza ni realizará prohibiciones ni discriminaciones al recibir postulaciones en concursos públicos, garantizando un trato justo y conforme a las diferencias jurídicas relevantes entre los postulantes.

En cuanto a la extemporaneidad:

TERCERO: Que, los correos electrónicos de los cuales nace la supuesta vulneración de derechos datan del 6 y 9 de agosto de 2024, en tanto, la decisión de carácter general o instrucción divulgada a través de éstos, es decir, el supuesto acto administrativo que se intenta impugnar, fue implementado en dos reuniones realizadas entre la autoridad sanitaria y los gremios de la salud, los días 12 de junio y 1 de agosto de 2024, según dan cuenta las actas que acompaña la recurrida, resultando por tanto extemporánea la presente acción, toda vez que se interpuso el 6 de septiembre de 2024, habiendo transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto, o desde que se tuvo noticia o conocimiento cierto del mismo.

En cuanto al fondo:

CUARTO: Que, sin perjuicio de la extemporaneidad declarada, la pretensión esgrimida en el presente arbitrio excede a la naturaleza y características de esta acción cautelar, establecida para situaciones de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En tal sentido, la acción cautelar de que se trata está destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, y no constituye la instancia para efectuar la declaración de aquellos que no tengan tal carácter, como acontece en este caso.

En efecto, los aludidos correos instruyen no autorizar la renuncia de funcionarios titulares a sus cargos para postular a los de contrata, situación que los mismos recurrentes señalan que constituía una práctica tolerada y permitida, lo que descarta se esté frente a derechos indubitados de quienes recurren o puedan sentirse afectados, condición sine qua non para la procedencia de la presente acción constitucional.

En el mismo sentido, acerca que aquella práctica permitía mejorar las remuneraciones de los funcionarios titulares, lo que para éstos constituiría una expectativa legítima, estimándose por ello vulnerado el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República, baste consignar que el contenido de esta norma no se encuentra bajo el amparo del recurso de marras de conformidad al artículo 20 de la Carta Fundamental, no siendo en consecuencia ésta la vía para entrar a discernir y decidir si tal instrucción es o no ilegal y/o arbitraria.

Tampoco puede considerarse que lo actos impugnados infringen el principio de igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2 del referido artículo 19, estableciendo diferencias arbitrarias, desde que no se alega la existencia de alguna diferenciación entre quienes se encuentran en idéntica situación.

QUINTO: Que, por último, avala lo que se viene sosteniendo acerca de la improcedencia de la acción deducida para los fines pretendidos por los recurrentes, que según se advierte del correo enviado por D. nombre reservado, Director del Hospital Gustavo Fricke, a la Federación Democrática de Profesionales de la Salud de la Base Hospital Gustavo Fricke, respecto de un caso similar del Hospital de La Calera, se encuentra pendiente un dictamen de la Contraloría General de la República Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y normas pertinentes del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

Que se acoge la extemporaneidad alegada por las recurridas.

II.- En cuanto al fondo:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Rodolfo Marín Figueroa, en representación de los funcionarios del Hospital Gustavo Fricke que individualiza, en contra del Hospital Gustavo Fricke y del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministra doña María del Rosario Lavín Valdés.

N°Protección-5836-2024.

No firma la Ministro Sra. Lavín, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar Sala el día de hoy, autorizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.