nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. .

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros bajo la Ley N°18.156, comunicado vía telefónica el 20 de julio de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales en virtud de la Ley N°18.156, siendo informado vía telefónica por el servicio de atención telefónica de la entidad que su requerimiento no sería aprobado debido a que su certificado de seguridad social no se encontraba legalizado ni apostillado. Señala que, si bien el instrumento no cuenta con legalización, la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y sin funciones consulares, circunstancia de público conocimiento que constituye una imposibilidad objetiva no imputable a su parte.

Indica que cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, susceptible de validación en línea mediante código alfanumérico y número de cédula de identidad, lo que satisface la exigencia legal de afiliación foránea. Argumenta que negar valor a dicha constancia impone requisitos no previstos en la ley y desconoce la flexibilización adoptada por órganos estatales como el Servicio Nacional de Migraciones en su Circular N°10.

Asevera que la Ley N°18.156 solo exige que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional exterior que otorgue coberturas básicas y manifieste su voluntad contractual, sin imponer formalidades solemnes adicionales. Sostiene que exigir una legalización consular deviene en una exigencia de cumplimiento imposible que contraviene la noción de caso fortuito o fuerza mayor. Afirma que la negativa caprichosa de la administradora lesiona la igualdad ante la ley al conferirle un trato discriminatorio frente a otros solicitantes, conculcando asimismo su derecho de propiedad sobre los fondos de capitalización individual.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacúa informe doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social de la Superintendencia de Pensiones. Expone que en los registros de la Superintendencia no constan actuaciones promovidas por el recurrente.

Señala que la regla general en el ordenamiento previsional chileno radica en la obligatoriedad de enterar cotizaciones de seguridad social, revistiendo la Ley N°18.156 el carácter de régimen de excepción de interpretación restrictiva. Indica que la acreditación de la cobertura previsional foránea contemplada en el artículo 1 letra a) de la citada ley debe efectuarse mediante certificación oficial debidamente legalizada o apostillada, según lo instruido en el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Apostilla.

Argumenta que el certificado electrónico del IVSS aparejado por el requirente carece de firma y no se encuentra legalizado ni apostillado, omitiendo además precisar si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Sostiene que el código de verificación digital no sustituye las solemnidades legales de autenticación de documentos extranjeros, citando jurisprudencia uniforme de los tribunales superiores de justicia que respalda la legalidad de tales exigencias probatorias.

A folio 7, evacúa informe don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima. Expone que el 18 y 24 de diciembre de 2025 el actor dedujo solicitud de devolución de fondos previsionales amparado en la Ley N°18.156, respecto de imposiciones enteradas por su empleador Soc. Com. Wu y Pazzanese Ltda.

Señala que, tras la revisión documental, se solicitó al trabajador aportar un certificado de afiliación previsional debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, procediéndose al rechazo de la solicitud al no subsanarse dicha exigencia. Sostiene que, su representada no ha incurrido en un actuar arbitrario ni ilegal, limitándose a dar cabal cumplimiento a las exigencias copulativas de la Ley N°18.156, a las instrucciones vinculantes del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a los Oficios Ordinarios N°21.480 de 2017 y N°12.954 de 2025.

Argumenta que, las certificaciones electrónicas no firmadas ni apostilladas y las declaraciones juradas del afiliado carecen de aptitud probatoria en Chile con arreglo a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Refiere que el estricto apego a las directrices fiscalizadoras descarta la infracción a la garantía de igualdad y al derecho de propiedad.

Finalmente pide tener por evacuado informe para el presente recurso de protección y rechazarlo con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de AFP Modelo S.A. a la solicitud de devolución de fondos previsionales de un trabajador técnico extranjero, fundado en la falta de legalización o apostilla del certificado de régimen de seguridad social. La actora alega ilegalidad y arbitrariedad, señalando que se exigen requisitos ajenos a la norma especial, se ignora la verificabilidad digital de las constancias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y se omite la imposibilidad material de legalizar dichos documentos por el cierre consular de Venezuela. Por lo anterior, solicita acoger la acción, reconocer la validez de los documentos, dictar nuevo pronunciamiento y restituir los fondos previsionales dentro de plazo razonable.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la devolución de fondos de la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción que exige acreditar copulativamente cobertura previsional en el extranjero. Agrega que, conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, dicha acreditación requiere instrumento legalizado o apostillado emanado del órgano previsional competente, careciendo de idoneidad las constancias electrónicas del IVSS sin firma ni apostilla.

Por su parte, la Superintendencia informa que no registra reclamos del actor y ratifica la vigencia de las referidas formalidades legales para la pretendida devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida".

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo establece que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar su devolución, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Quinto: Que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con las facultades que le confieren la Ley N°20.255, el Decreto Ley N°3.500 y el Decreto con Fuerza de Ley N°101, interpretar administrativamente las normas que regulan el Sistema de Pensiones e impartir instrucciones obligatorias a las Administradoras de Fondos de Pensiones. En ejercicio de tales atribuciones, dicho organismo ha regulado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones la forma en que deben acreditarse los presupuestos contemplados en la Ley N°18.156, exigiendo que la afiliación y cobertura extranjera consten en una certificación emanada de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la cual se indique específicamente que el trabajador contó, durante la prestación de sus servicios en Chile, con protección frente a las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que las exigencias anteriores no constituyen requisitos creados discrecionalmente por la recurrida, sino que corresponden a la forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones sustantivas establecidas por la propia Ley N°18.156. En efecto, la devolución solicitada constituye una excepción a la regla general de obligatoriedad de las cotizaciones previsionales respecto de quienes prestan servicios en Chile, motivo por el cual corresponde al solicitante demostrar que, durante el período trabajado, se encontraba efectivamente protegido por otro sistema de seguridad social que cubriera todas las contingencias previstas por el legislador. Del mismo modo, la legalización o apostilla no altera el contenido de la exigencia legal, sino que permite reconocer en Chile la autenticidad y eficacia probatoria de un instrumento público otorgado en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención de La Haya sobre la Apostilla.

Séptimo: Que las constancias electrónicas de cotizaciones emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañadas por el actor, dan cuenta que éste registra 306 semanas cotizadas, afiliación desde el 15 de abril de 1996 y estado de asegurado cesante desde el 1 de marzo de 2008. Dichos instrumentos no certifican que el recurrente hubiese estado cubierto por el sistema previsional venezolano durante la relación laboral que mantuvo en Chile con Studio Group SpA a contar del 8 de julio de 2020, ni especifican que hubiese gozado durante ese período de protección efectiva frente a la enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En particular, tampoco acreditan que la cobertura por enfermedad comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, a lo anterior, se agrega que las referidas constancias no fueron acompañadas con la legalización o apostilla requerida para que un instrumento otorgado en el extranjero pueda producir efectos probatorios en el territorio nacional. En tal sentido, la posibilidad de verificar electrónicamente la existencia de las constancias mediante un código incorporado al documento no permite arribar a una conclusión diferente. Tal mecanismo puede permitir comprobar que el instrumento fue generado en determinado portal electrónico, pero no sustituye la certificación específica de las coberturas previsionales exigidas ni las formalidades previstas por el ordenamiento para acreditar la autenticidad y eficacia en Chile de los documentos expedidos en el extranjero.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación relativa a la imposibilidad de legalizar o apostillar documentos venezolanos por el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, cabe señalar que, aun cuando dicha circunstancia pueda dificultar la obtención de determinados antecedentes, no permite prescindir de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio previsional excepcional. Por lo demás, la apostilla de documentos venezolanos puede gestionarse mediante los mecanismos electrónicos dispuestos por la autoridad del país de origen o por medio de terceros y sedes consulares habilitadas en otros países, no habiéndose acompañado antecedentes que acrediten una imposibilidad absoluta de cumplir la exigencia. En todo caso, aun prescindiendo de dicha formalidad, las constancias acompañadas seguirían siendo insuficientes, por cuanto no acreditan la cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile en los términos exigidos por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Décimo: Que, asimismo, consta de los antecedentes acompañados que el recurrente es titular de residencia definitiva en Chile, circunstancia que da cuenta de la estabilidad y vocación de permanencia de su residencia en el país. Si bien dicha calidad migratoria no constituye, por sí sola, una causal legal para denegar la devolución solicitada, sí constituye un antecedente que abona a la conclusión alcanzada, desde que no se advierten elementos que permitan sostener que el actor mantenga una expectativa cierta de regresar a su país de origen y continuar allí sujeto al régimen previsional cuya afiliación invoca. Lo anterior resulta coherente con el carácter excepcional del beneficio contemplado en la Ley N°18.156, destinado a trabajadores extranjeros que mantienen efectivamente su afiliación y cobertura previsional fuera de Chile.

Undécimo: Que, de lo expuesto, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad, puesto que se limitó a exigir el cumplimiento de los presupuestos contemplados en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 y de las instrucciones impartidas por el organismo legalmente facultado para interpretar y fiscalizar el sistema previsional. Tampoco puede calificarse de arbitraria su decisión, desde que ésta expresa las razones concretas por las cuales los antecedentes acompañados no resultaban suficientes, referidas a la falta de acreditación de la cobertura extranjera durante el período trabajado en Chile y a la ausencia de legalización o apostilla de los documentos respectivos. En consecuencia, al no configurarse un acto ilegal o arbitrario que vulnere alguna de las garantías invocadas, la acción constitucional intentada deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5825-2026.