nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR- SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolana, en contra el Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del Interior, por el acto ilegal y arbitrario cometido en la dictación del Decreto Exento N°1201 de fecha 13 de agosto de 2025, notificado el 25 de agosto de 2025 por impedir dicha acción el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó al país en calidad de residente temporario, y que previo al vencimiento de visa temporal y encontrándose dentro del plazo que prevé la ley, la recurrente realiza solicitud del beneficio migratorio de residencia definitiva, lo anterior con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Posteriormente, y luego de cumplir con todos los requisitos establecidos por Ley, la recurrente el 25 de abril de 2024 solicita la carta de nacionalización, en este proceso la autoridad migratoria el 25 de agosto de 2025 remite copia de Decreto totalmente tramitado, informando que mediante Decreto Exento N°1201 de 13 de agosto de 2025 se ha rechazado su carta de solicitud de nacionalización “(…) 3. Que, en adición a lo indicado, y según la información que al respecto posee el Servicio Nacional de Migraciones, consta que la parte solicitante registra, además, una denuncia realizada en su contra ante Carabineros de Chile, con fecha 01 de enero de 2020, por el delito de Lesiones graves, en causa RUC N° 2000016305-9, de la Fiscalía Local de La Serena”.

Arguye que la Resolución Exenta que se recurre no distingue ni analiza diligentemente la causa penal que se cita. Es del caso que, efectivamente el recurrente participó en dicho proceso sin perjuicio de ello, es dable hacer la siguiente acotación para efectos de dilucidar grado de participación, consumación, condena y bien jurídico afectado.

Agrega que en relación con la causa RUC N° 2000016305-9, de la Fiscalía Local de La Serena, no existen los registros para determinar primero que todo, la existencia de aquella y, en caso de existir, la recurrente nunca ha tenido conocimiento de una investigación en su contra, por lo que difícilmente podría existir una sanción y finalmente, una conducta que pudiese quebrantar los bienes jurídicos señalados en la Resolución que se impugna. En consecuencia, no existe sentencia condenatoria ni otro antecedente judicial en contra de la recurrente de autos derivado de dicha causa, ni de ninguna otra.

Refiere que no registra antecedentes penales vigentes, ni anotaciones en el registro de condenas, de conformidad a lo establecido en el artículo 246 del código procesal penal, lo que puede ser corroborado mediante certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Señala que la actuación de la autoridad se torna ilegal y arbitraria por carecer de motivación plausible y acorde al caso en concreto de la solicitante de nacionalidad. Lo anterior fundado en que la resolución recurrida sólo menciona formalmente la “existencia” de un proceso asociado a la recurrente mas no realiza un estudio pormenorizado de cómo la causa infringe un bien jurídico protegido por el Estado, siendo el caso que, de haberse realizado dicho estudio conforme las normas de la sana crítica, es evidente que en el proceso no existe una sanción, no siendo proporcional fundar un rechazo de nacionalidad en circunstancias como las de la recurrente.

Además, especial consideración debe darse al hecho de que la recurrente vive con su marido don nombre reservado, quien es el sostenedor económico del matrimonio, siendo el caso que actualmente cuenta con contrato de trabajo que permite solventar las necesidades del núcleo familiar.

Solicita que se deje sin efecto dicho acto administrativo terminal, y que adquiera como providencia necesaria el restablecimiento del imperio del derecho A folio 6, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien explica que, conforme la normativa actual, el Servicio Nacional de Migraciones es el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su resolución, conforme lo dispone expresamente el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, lo que ocurre mediante Oficio Ordinario N° 15889 de fecha 1 de abril de 2025.

Agrega que, en ejercicio de sus facultades conforme al artículo 1 y 2° del D.S. N° 5.142 de 1960, se dictó el Decreto Exento N°1201 de fecha 13 de agosto de 2025 del Ministerio del Interior, rechazando la solicitud de carta de nacionalización. Que es conveniente recordar que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa, por el Presidente de la República, a través del ejercicio de una facultad discrecional, lo que se desprende de la lectura del artículo 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, por lo que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundado.

A folio 8, informa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien explica que en el caso del Decreto Exento N°1201 de fecha 13 de agosto de 2025, del Ministerio Del Interior, no es posible afirmar que carezca de fundamento, toda vez que, para su dictación, previamente la autoridad ministerial formó su convencimiento en base a un exhaustivo análisis de antecedentes, que se apoyó estrictamente en informes técnicos efectuados por diversos organismos expertos en la materia, tales como los informes de la Policía de Investigaciones de Chile y el estudio casuístico efectuado por el Servicio Nacional de Migraciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

En cuanto a la ilegalidad señala que el Decreto referido, fue dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por expreso otorgamiento de facultades del legislador conforme la normativa legal. En ese sentido, el acto administrativo impugnado está dictado por autoridad competente, previa investidura regular, en uso de sus facultades y conforme las formalidades que dispone la Ley.

Agrega que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa, por el Presidente de la República, a través del ejercicio de una facultad discrecional, lo que se desprende de la lectura del artículo 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960. Pues bien, se aprecia entonces que el otorgamiento de carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, siendo un ejercicio de esta facultad es discrecional, privativa del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior.

Concluye que no sería procedente que, a través de una acción de protección, se intente revertir la decisión de la autoridad administrativa, la cual se encuentra debidamente fundada según los estándares normativos establecidos para ello, en base al ejercicio de una atribución privativa, por cuanto, tal como indica el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

A folio 10, se decretó que rijan los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación del Decreto Exento N°1201 de 13 de agosto de 2025 del Ministerio del Interior, que rechazó la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente.

Tercero: Que, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor se tramita de conformidad al del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

Cuarto: Que, de los dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto antes señalado, el otorgamiento de la carta de nacionalización es un privilegio otorgado por el Jefe de Estado a aquellas personas que cumplan con los requisitos legales, en uso de sus facultades discrecionales, razón por la que no corresponde revisar por esta vía los fundamentos que la autoridad tuvo en consideración para proceder al rechazo de la solicitud de nacionalización del actor, motivo por el cual se desestima la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del Interior.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Señor Eduardo Morales Espinosa, quien estuvo por acoger la presente acción dejando sin efecto el Decreto N° 1201 de 13 de agosto de 2025, por las siguientes consideraciones:

1° Que, de los antecedentes acompañados se desprende que el recurrente registra una denuncia realizada en su contra ante Carabineros de Chile, con fecha 01 de enero de 2020, por el delito de Lesiones graves, en causa RUC N° 2000016305-9, de la Fiscalía Local de La Serena.

2° Que, el Decreto Exento N°1201 de 13 de agosto de 2025 en su considerando décimo sexto señala que antecedentes policiales del recurrente “…quebrantan los bienes jurídicos de seguridad pública, seguridad individual e integridad física y psíquica de las personas, por lo que no se aconseja conceder la carta de nacionalización por no ser poseedor del mérito requerido para el otorgamiento de tal gracia”.

3° Que, respecto a lo señalado por la recurrida en cuanto a que el actor registraría antecedentes negativos en Chile por la existencia de una denuncia en su contra por el delito de lesiones, sin haberse iniciado procedimiento alguno. En este contexto, considerando los principios que informan el derecho penal en Chile, resulta inconducente concluir que el actor mantiene antecedentes negativos toda vez que no existe una sentencia condenatoria que así lo declare.

4° Que, de esta manera, es posible concluir que la actuación de la administración es arbitraria al dictar el Decreto Exento que se impugna por esta vía, pues los fundamentos en los que basa el rechazo de la carta de nacionalización del recurrente no se condicen con los antecedentes que han sido ponderados para ello tal como se señala en el considerando anterior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5817-2025.

En Valparaíso, once de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.