nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, notificado vía correo electrónico de 20 de agosto de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 20 de agosto de 2025, fue notificado vía correo electrónico del rechazo de su solicitud, argumentándose que no se acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que acredite que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que la administradora desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen, no obstante, rechaza argumentando que el mismo no se encuentra apostillado. Sostiene que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos. Argumenta que la recurrida incorpora un requisito adicional que se aparta de lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia. Asevera que acompañó constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariada y apostillada, la cual puede ser verificada y validada en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

Refiere que la constancia electrónica incluye un código alfanumérico que puede ser verificado en la web señalada. Aduce que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida. Agrega que acompañó certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado. Menciona que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web, han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley. Añade que no existen relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, por lo que incorporar un requisito imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil respecto al caso fortuito o fuerza mayor. Afirma que incorporar requisitos no expresamente establecidos en la ley deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección interpuesto, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; b) Cédula de identidad para extranjeros; c) Constancia de afiliación previsional del país de origen; d) Título universitario apostillado; e) Contratos y anexos de contratos de trabajo; f) Declaración jurada, apostillada.

A folio 7, evacúa informe don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sostiene que, el 18 de agosto de 2025, don nombre reservado ingresó ante la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Señala que la revisión efectuada por la Administradora determinó que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales vinculadas principalmente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, conforme a lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Indica que el recurrente acompañó dos documentos: una declaración jurada emitida en Chile por la 2° Notaría de Santiago, y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones", ninguno de los cuales cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente. Alega que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Argumenta que la declaración jurada presentada por el recurrente constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de fuerza probatoria necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito legal. Asevera que la constancia electrónica de cotizaciones tampoco satisface las exigencias normativas: carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley N°18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile. Refiere que el documento sólo indica semanas cotizadas y hace una referencia genérica a la Ley del Seguro Social, lo que no permite verificar la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, ni que esta cumpla con los requisitos copulativos establecidos por la normativa chilena.

Aduce que la Superintendencia de Pensiones, mediante el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, estableció que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, y que se limiten a referencias genéricas sobre el sistema previsional venezolano, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Agrega que se descartó expresamente el uso de declaraciones juradas suscritas por los propios afiliados, incluso si han sido certificadas ante notario público chileno y cuentan con apostilla, por cuanto no constituyen medios probatorios válidos en materias de seguridad social. Menciona que la Superintendencia reiteró que la acreditación debe emanar exclusivamente de la autoridad previsional competente del país de origen, única facultada para certificar la existencia de cobertura por todos los riesgos exigidos por la ley.

Afirma que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, informado por la Administradora al afiliado, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que ha actuado estrictamente dentro del marco normativo vigente, cumpliendo con las obligaciones legales y reglamentarias que rigen el Sistema de Pensiones.

Finalmente pide se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en contra de su representada, por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., con expresa condena en costas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Oficio Ordinario N°12.954, emitido con fecha 17 de julio de 2025, por la Superintendencia de Pensiones; b) Sentencia Corte Suprema Rol N°54783-2024 de 08 mayo de 2025; c) Solicitud de devolución de fondos previsionales ingresada ante la AFP.

A folio 4, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, en donde sostiene que el Sr. nombre reservado no registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Señala que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad.

Indica que la ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley N°18.156. Alega que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie y a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta Institución.

Argumenta que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Asevera que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que, para acreditar el requisito antes mencionado, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde. Refiere que la sostenida jurisprudencia de esta Superintendencia ha exigido que el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado, durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el citado precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Aduce que, para acreditar la cobertura en el país de origen, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que, en el caso de autos, para acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una declaración jurada suscrita por él, mediante la cual manifiesta que la constancia acompañada indica que se encuentra afiliado a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a lo preceptuado a la normativa aplicable en la especie. Menciona que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

Añade que, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, notificado vía correo electrónico el 20 de agosto de 2025, pretendiendo el recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales vinculadas principalmente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, debidamente apostillada o legalizada. La Declaración Jurada constituye un documento unilateral sin respaldo de entidad oficial, y la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, apostilla o legalización, y no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en todas las contingencias requeridas durante todo el período trabajado en Chile. La Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, estableció que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS sin legalización o apostilla no son idóneas para acreditar el requisito legal, y que la acreditación debe emanar exclusivamente de la autoridad previsional competente del país de origen.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, que lo solicitado por el recurrente fue rechazado por no incorporarse el certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que tal tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, de los documentos presentados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado, ni apostillado al efecto. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. Respecto del resto de los antecedentes incorporados no permiten dar cuenta de lo contrario puesto que salvo su certificado de licenciatura, ningún otro cuenta con la legalización o apostilla requerida.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP PlanVital S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5816-2025.