Protección contra Servicio Nacional de Aduanas

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Rodrigo Molina Bauer, quien interpone recurso de protección en nombre y a favor de Inversiones nombre reservado Limitada, representada legalmente por don nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la excesiva demora de la entidad recurrida en el procedimiento sancionatorio iniciado en su contra, vulnerando los derechos contenidos en el artículo 19 números 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la Republica de Chile.

Señala que la recurrente inició sus actividades el 10 de septiembre de 2018 y que es contribuyente de la primera categoría del impuesto a la renta y también del impuesto al valor agregado, dedicándose a la venta al por mayor de desechos metálicos (chatarra), cuyo código de actividad económica es el número 466902.

Refiere que de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°1496, del año 1976 del Director del Servicio de Impuestos Internos, a su respecto rige el cambio de sujeto de derecho de IVA, en calidad de adquirente en las transferencias que le hagan comerciantes, personas naturales de difícil fiscalización que no emiten facturas, en artículos usados de escaso valor unitario.

Expresa que pretende entrar al negocio de exportación de lingotes de cobre, aprovechando su experiencia en el rubro de la compra y venta de chatarra.

Además, menciona que la primera operación de exportación proyectada, era hacia Bélgica, para lo cual se iba a hacer un primer embarque de lingotes de cobre de un peso de 22,16 kilos. El precio pactado era de 7.740 dólares por kilo, lo que hacía un monto de US$ 171.518 por el total de los lingotes materia de la exportación, debiendo agregarse un flete marítimo de US$ 2.990, lo que consta en Factura de Exportación Electrónica N°1, emitida con fecha 24 de junio de 2024 por la recurrente a la empresa Aion Metals Ad.

Asevera que para proveerse de la materia prima la actora compró 22.165 kilos de chatarra con componentes de cobre, de tercera categoría, a la Sociedad Recuperadora de Fierros SpA, rol único tributario 76.545.739-4 y que el precio pactado fue de $5.759 por S/UM, lo que hace un monto total de $127.448.750, lo que consta en Factura de Compra Electrónica N°5104 emitida con fecha 7 de junio de 2024 por la recurrente a la Sociedad antes referida.

Agrega que es preciso recordar, que respecto a su representada rige el cambio de sujeto de derecho de IVA, por lo que tuvo que emitir por la compra antes referida una factura de compra electrónica y retener el IVA por un monto de $24.215.263. El pago del precio de compra se pagó con 2 cheques, el primero correspondiente al cheque N°[cuenta reservada] del Banco BCI por $50.000.000 que fue cobrado fecha 7 de junio de 2.024, y el segundo al cheque N° [cuenta reservada] del Banco BCI por $77.448.750 que fue cobrado con fecha 25 de junio de 2024.

Menciona que, para transportar las especies desde Padre Hurtado, hasta la comuna de Lampa, emitió con fecha 7 de junio de 2024 la guía de despacho electrónica N°889, donde se dejó constancia del rut de la empresa transportista: 76.398.157-6 y de la patente del vehículo utilizado.

La materia prima adquirida fue maquilada por la empresa Copper Casting Chile SpA., proceso del cual se obtuvo lingotes de cobre, emitiéndose la factura N°43 el 28 de junio de 2024 por dicha labor.

Que, el 24 de junio de 2024 los lingotes de cobre fueron transportados por la empresa Transportes Internacional MK Limitada, rol único tributario 76.140.223-4, desde Lampa hacia el puerto de Valparaíso, emitiéndose la Factura Electrónica N°13281 de 27 de junio 2024.

Al llegar los contenedores al Puerto, la recurrente pagó la suma correspondiente, a la empresa Terminal Pacífico Sur Vap S.A, que es la encargada de la administración del Frente de Atraque número 1 del Puerto de Valparaíso, lo que consta en factura electrónica Nº00533296 de 24 de junio 2024.

A su vez señala que la recurrente pagó la inspección que se hace a los contenedores por la empresa Zeal Sociedad Concesionaria S.A., que es la empresa que opera la Zona de Extensión de Apoyo Logística, lo que consta en factura electrónica de 25 de junio 2024.

Sostiene que el procedimiento normal de salida legal de la mercadería debe cumplir las siguientes etapas: 1° presentación de las mercancías al Servicio (a través del Documento Único de Salida), 2° ingreso de las mercancías a zona primaria y autorización de salida, 3° embarque o salida al exterior de las mercancías, 4° legalización y 5° valor definitivo de la operación de exportación.

Señala que a partir del día 25 junio 2024, que corresponde al día siguiente a aquel en que arribó la mercadería al Puerto, se inició un intercambio de correos electrónicos entre doña nombre reservado, Fiscalizadora del Servicio Nacional de Aduanas y la Agencia de Aduana nombre reservado, quien presta servicios a su representada como gestor en el despacho de mercancías materia de la operación de exportación de marras, de los cuales se desprende que, la fiscalizadora solicitó a la recurrente que aportara todos los documentos disponibles para evidenciar el origen licito de la mercancía a exportar, a fin de regularizar la operación y proceder al embarque de la misma, los que fueron entregados en tiempo y forma por la recurrente.

Arguye que el 5 de agosto de 2024 doña nombre reservado informó que producto del análisis de los documentos enviados por la Agencia de Aduanas solicitados para verificar el origen lícito de las mercancías referidas en el Documento Único de Salida (en adelante DUS) que ampara los lingotes de cobre, se cursó una denuncia con fecha 2 de agosto del presente por el delito de contrabando contemplado artículo 169 de la Ordenanza de Aduanas por declaración maliciosamente falsa del origen de las mercancías, siendo remitidos los documentos y antecedentes al Departamento jurídico de la Dirección Regional de Valparaíso, lugar donde continúa el proceso administrativo sancionatorio de la operación de exportación.

Sin embargo, asegura que hasta la fecha la actora no ha recibido ninguna comunicación formal o informal de parte del Servicio Nacional de Aduana, ni se ha precisado los motivos por los cuales la Fiscalizadora estimó que en la especie mediaba una declaración maliciosamente falsa respecto del origen de las mercaderías. Producto de lo anterior, la recurrente ha debido asumir todos los gastos de bodegaje de las mercaderías en la zona primaria así como el lucro cesante derivado de la excesiva e injustificable demora en los trámites de fiscalización del producto y de un eventual procedimiento administrativo sancionatorio.

Concluye señalando que conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ordenanza de Aduanas, las infracciones a dicha Ordenanza u otras normas de orden tributario cuya fiscalización corresponda al Servicio de Aduanas, se aplicarán mediante un procedimiento administrativo, conforme a lo preceptuado en el Párrafo Primero del Título II del Libro III del citado cuerpo legal, pero que a la fecha dicho procedimiento no se ha llevado a cabo por la autoridad administrativa y que los plazos establecidos en el proceso sancionatorio han sido ampliamente sobrepasados.

A folio 7, evacua informe el abogado Luis Rodrigo Maturana Pacheco en representación del Servicio Nacional de Aduanas.

Como antecedentes generales señala que con fecha 24 de junio de 2024, se presentó, en oficinas de Aduanas, don nombre reservado., cédula de identidad RUT reservado, habilitado con carné de aduanas N°6050, en su calidad de auxiliar de la Agencia de Aduanas “nombre reservado” con antecedentes Documento Único de Salida NºRUT reservado de 18 de junio de 2024 cuyo exportador era la recurrente.

Señala que, revisado el DUS, se indicaba en él, como descripción de las mercancías a exportar, lingotes de cobre arancel aduanero 7403.1900, con un peso bruto de 22.635 KG y con un valor FOB de US$ 171.557,10 dólares, mercancía que fue presentada al interior del contenedor “MAGU 245213-3”, y distribuida en 19 pallets, indicándose como destino el puerto de Amberes, Bélgica, sindicándose además como consignatario a AION METALS AD.

Señala que atendido el rol fiscalizador del Servicio y la naturaleza de la mercancía declarada, fue seleccionada para revisión física y documental en zona primaria de jurisdicción, diligencia a cargo de la funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas, doña nombre reservado, profesional fiscalizador del Departamento contra la Evasión Tributaria. Producto de esta revisión surge a la funcionaria fiscalizadora una primera señal de alerta en cuanto a la regularidad de la operación: la modalidad de venta descrita en el DUS. En dicha declaración se señalaba como modalidad de venta “Firme”, en circunstancias que el empleo de dicha modalidad resulta inusual a la exportación de productos mineros, atendida la variabilidad de precio a las que se encuentra afecta este tipo de mercancía cuando se tranza en operaciones de mercado.

Asevera que, frente a ese escenario, se procedió a la inspección del contenedor y que en la inspección física se evidenció una segunda alerta: los lingotes de cobre presentaban irregularidades en sus bordes y formas, se presentaron sucios, con tierra y cal, cubiertos con plástico negro y una etiqueta escrita a mano con peso bruto y neto, la que contenía evidentes errores.

Posteriormente y siendo las 19:00 horas del día 25 de junio de 2024 el Auxiliar de la Agencia de Aduanas “nombre reservado” presentó un certificado de análisis enviado por la recurrente de marras, tratándose éste de un informe de Laboratorio de ensayos SIMET de la Universidad de Santiago de Chile de fecha 22 de mayo de 2024, documento que fue descartado por venir consignado a nombre de GENERATE SPA., que no era el exportador señalado en la DUS, constituyendo esta una nueva alerta.

En razón de lo anterior, indica que la fiscalizadora el 25 de junio de 2024 formuló observaciones al contenido del DUS por no cumplir con las formalidades establecidas para la declaración de este tipo de mercancías, requiriendo a la Agencia de Aduana tramitadora, la remisión de documentos vinculados al origen de la mercancía, su composición y proceso de fundición a fin de evidenciar el origen lícito de la mercancía a exportar, y con ello regularizar la operación y proceder al embarque de la misma.

Es así que con fecha 28 de junio de 2024, el recurrente acompañó la documentación previamente señalada, dentro de los cuales llamó la atención el documento denominado “Datos de Vendedor” Folio Nº005485, el cual consignaba como suscrito ante (en el encabezado) la Policía de Investigaciones de Chile, Sección de Inspección Actas de Procedencia, y suscrito por la “Sociedad Recuperadora de Fierros SPA” como vendedora de 22.165 kilos de cobre 3º chatarra de distintos tipos hacia la empresa “Inversiones nombre reservado Limitada”, quien ocupa el rol de comprador de la mercancía mencionada.

Expone que dicho documento resultaba ser presumiblemente falso, toda vez que se trataba de un instrumento que no había sido suscrito ante la Policía de Investigaciones, además que no cumplía con las exigencias legales vigentes al no consignarse en él los datos de las diferentes adquisiciones que habría efectuado la “Sociedad Recuperadora de Fierros SPA”, impidiendo con ello la debida trazabilidad que se debe certificar acerca de la procedencia de artículos usados. Asevera que esta conjetura fue confirmada por el Prefecto de la Policía de Investigaciones Sr. nombre reservado quien señaló al Servicio “a priori y sin contar con el documento original, se aprecia que no ajusta en forma y fondo a los utilizados en Actas Manuales PDI, careciendo del número de identificación validador entregado por nuestra Sección Inspección de Actas de Procedencia (SINAPRO)”, quien además agregó que “la empresa que figura en ese documento, “Sociedad de Recuperación de Fierros S.A. RUT RUT reservado”, no se encuentra inscrita como Comprador-Vendedor de metales”.

Señala que, en vista de todos los antecedentes expresados, no se autorizó definitivamente el embarque del DUS 112135519-1, por entregarse documentación presumiblemente falsa del origen de la mercancía presentada a exportación.

Por lo antes expuesto el Servicio Nacional de Aduanas presentó denuncia penal el 12 de julio de 2024, ante la fiscalía local de Valparaíso, por la comisión del delito de declaración maliciosamente falsa del origen en la exportación, contemplado en el artículo 169 de la Ordenanza de Aduanas, a la cual se le asigno el RUC 2400823724-3, encontrándose aquella en actual tramitación.

En cuanto al fondo, refiere que el presente arbitrio no resulta ser la vía idónea para reclamar de la negativa del despacho de mercancía, toda vez que el artículo 20 de la Constitución establece que la procedencia del recurso de protección está circunscrita a una actuación u omisión susceptible de ser calificada como arbitraria o ilegal, que vulnere garantías constitucionales, de modo que el derecho indubitado pueda ser protegido por esta acción de urgencia, por lo que atendida la pretensión esgrimida en el recurso y al hecho que dicha pretensión evidentemente da cuenta de un derecho al menos dubitado (y no indubitado) resulta ser improcedente.

Menciona que, en la parte petitoria del presente recurso, la recurrente pretende que en el evento de acogerse este recurso “se ordene a la entidad recurrida autorizar el embarque de las mercaderías de que se trata y su salida al exterior; o en su defecto, que se le ordene a la misma dar inmediato curso progresivo al procedimiento administrativo sancionatorio…” (sic, última página del recurso).

Así las cosas, arguye que la pretensión principal de la actora resulta ser precisamente una que no corresponde a un derecho indubitado, sino todo lo contrario, porque el conflicto se genera en torno a la no autorización del embarque de las mercaderías referidas, por los motivos indicados.

Que, conforme a lo anterior, afirma que puede advertirse claramente la existencia de una controversia en cuanto a la procedencia o no de la autorización de embarque lo que impide que el recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado respecto del cual pueda brindársele protección a través de la vía del recurso de protección, lo que no obsta la circunstancia de discutir y demostrar sus derechos en el procedimiento correspondiente, más aún incluso cuando existe ya iniciado un procedimiento penal por estos hechos.

Respecto a la petición subsidiaria, esto es que se ordene al Servicio dar curso progresivo al procedimiento administrativo sancionatorio, asevera que el presente recurso tampoco resulta ser la vía adecuada, ya que en este caso se ha iniciado un procedimiento penal, a través de denuncia, cuya conducción se encuentra radicada en la Fiscalía respectiva.

Agrega que la recurrente discurre en todo su recurso sobre la base de la aplicación o inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio que debió incoarse por el Servicio Nacional de Adunas, y más precisamente alude al procedimiento referido en los artículos 184 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas. Sin embargo, el artículo 168 inciso 1° de la Ordenanza, hace la distinción esencial aplicable al caso: “Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito”. Luego de ello, el artículo 184 ya referido resulta aplicable, tal como textualmente señala la norma a “Las sanciones por infracciones a esta Ordenanza u otras normas de orden tributario cuya fiscalización corresponda al Servicio de Aduanas”. Complementando lo anterior, el artículo 188 de la Ordenanza de Aduanas cierra el círculo, estableciendo que “Los delitos aduaneros serán investigados y juzgados conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal”. Con lo anterior, al constatarse por el Servicio la existencia de un delito aduanero (previsto en el artículo 169 de la Ordenanza de Aduanas), correspondía proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ordenanza, esto es presentar denuncia, debiendo dicho delito ser investigado y juzgado conforme las reglas procesales penales pertinentes, como ha ocurrido en el caso de marras.

Indica que no existió demora alguna en la tramitación del procedimiento de examen físico y documental por parte del Servicio, por el contrario, si hubo alguna retraso o negligencia fue provocado precisamente por la propia recurrente, la que a través de su mandatario, la Agencia de Aduanas nombre reservado no prorrogó oportunamente la Declaración Única de salida que vencía el 13 de julio de 2024, cuestión que fue omitida por la recurrente en su recurso e incluso del listado de correos electrónicos dirigidos entre el agente de aduanas y la fiscalizadora del Servicio. Y si bien fue presentada la solicitud de prórroga, ella lo fue el 18 de julio de 2024, habiendo vencido el plazo para hacerlo, razón por la cual fue rechazada la prórroga del DUS tanto para su embarque como para su legalización, tal como le fuera comunicada a la Agencia de Aduanas a través de correo electrónico dirigido por la Jefa de Unidad de Procesos Técnicos del Servicio Nacional de Aduanas con fecha 25 de julio de 2024.

Concluye indicando que no se cumple con los requisitos propios establecidos por el 20 de la Constitución Política de la República ni en el Autoacordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección para que tenga lugar la acción.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Visto y considerando:

Primero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Segundo: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Tercero: Que, en el presente caso, tal situación no concurre, puesto que tanto la recurrente como la recurrida han manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos que sirven de fundamento del recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes.

Cuarto: Que por lo demás, el fundamento de la acción no dice relación con el petitorio del recurso, en tanto lo que se solicita es que esta Corte autorice la exportación pedida, pero ello tiene como fundamento la omisión de la Aduana de seguir un proceso sancionatorio en contra de la sociedad exportadora. Esta situación es relevante al momento de resolver, por cuanto lo que se pretende es que, frente a una infracción constatada y denunciada por la Aduana, conforme a sus facultades, que se encuentra en conocimiento del Juzgado de Garantía correspondiente, esta Corte autorice una exportación que se encuentra cuestionada.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, no se puede imputar al servicio el haber omitido actuaciones que le eran exigibles toda vez que, habiendo constatado una situación a su juicio irregular – la falsificación del documento de origen de la mercancía -, dio cuenta como correspondía a la autoridad competente.

Sexto: Que atendido lo razonado, excediendo lo expuesto en el recurso a esta acción cautelar, este no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por a nombre y en favor de Inversiones nombre reservado Limitada, en contra del Servicio Nacional de Aduanas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5801-2024.