COMUNIDAD EDIFICIO ZAFIRO con CENTRO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE VALPARAÍ

Foja: 40 Cuarenta Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 10 comparece don nombre reservado, en su calidad de administrador y en representación de la Comunidad Edificio Zafiro, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso, con domicilio en domicilio reservado; en razón de los fundamentos que expone y que, en síntesis, consisten en lo siguiente:

Señala que el día 12 de junio de 2017, la Dirección del Trabajo le cursó una multa por “No comparecer a citación de la Inspección del Trabajo”, la que fue notificada por carta certificada, la cual fue ingresada a Correos de Chile de Valparaíso el día 19 de junio del año 2017 y luego a la oficina de correos de Viña del Mar el 3 de julio de 2017, siendo recibida en ésta última fecha por la recurrente.

Aduce que el día 1 de agosto de 2017, solicitó la sustitución de la sanción, conforme a lo dispuesto por el artículo 506 ter del Código del Trabajo, sin embargo, con fecha 17 de agosto del presente año, mediante resolución Ord.Nº963, la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo se pronuncia respecto de la solicitud, declarándola inadmisible, señalando: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, no cumple con requisito admisibilidad”. Alega que el plazo para presentar la solicitud no es de días corridos, sino de días hábiles, conforme se ha resuelto reiteradamente por los tribunales superiores de justicia, por lo que si la multa que le fue cursada se entiende notificada al sexto día de ingresada a la oficina de correos, aún contando tal término desde su primer ingreso en la oficina de correos de Valparaíso, el plazo para interponer su solicitud expiraba el 8 de agosto de 2017, por lo que su presentación, de 1 de agosto de 2017, lo fue dentro del plazo legal.

Conforme a los antecedentes señalados, sostiene que la resolución de la recurrida constituye un acto arbitrario que priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de la recurrente, establecidos en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política, referido al debido proceso, y en el artículo 19 Nº2, referido a la igualdad ante la ley.

Finaliza solicitando se declare que la resolución Ord.Nº963 de 2017, de la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo, es arbitraria e ilegal, ordenando a la recurrida admitir a tramitación la solicitud de sustitución de multa.

A fojas 29 comparece doña Mabel Muñoz Miranda, abogado, en representación de la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación, informando el recurso y solicitando su rechazo, quien alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, señalando que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en los artículos 420 e) y siguientes del Código del Trabajo. En consecuencia, el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley.

Aduce que la resolución reclamada en ningún caso ha sido ilegal ni arbitraria, sino que por el contrario se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectuó la presentación al día 35, es decir, cinco días después de expirar el plazo. Arguye que el Ordinario N°963, de 17 de agosto de 2017, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustado a derecho, tanto es así que la Contraloría General del República, mediante dictamen N°49.126 de fecha 20 de octubre de 2008, ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa y en tal tenor señala que el “Plazo de 30 días corridos establecido en el Código del trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del código civil relativas a los plazos en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la administración”. Y luego agrega que “Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello.”

Añade que el formulario mediante el cual la recurrente plantea su solicitud, N°10 (F-10), es explícito y claro en señalar dentro del ítem “Notas Importantes: Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa.” Cita fallos de Tribunales Superiores de Justicia, en que se ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, señalando aquel dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 57-2012; y fallos Rol 1970-2015, 4840-2015, 4701-2015 y 1390-2016, todos de esta Corte de Apelaciones de Valparaíso. Indica que en el plano interno, la Circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2012, emitida por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo ha resuelto que el plazo para solicitar los recursos administrativos de reconsideración y de sustitución conforme al artículo 511 y 506 ter del Código del Trabajo, es de 30 días corridos. Agrega que la Dirección del Trabajo solicitó en su oportunidad la reconsideración del dictamen Nº64.985, de 2009, en la parte en que éste concluye que es de días corridos el plazo de 30 días, establecido en el artículo 512 del Código del ramo, para reclamar en contra de las multas cursadas por los inspectores del trabajo, y la Contraloría ratificó en todas sus partes lo informado en el dictamen N° 64.985, de 2009, en el sentido de que el plazo que contempla dicho precepto es de días corridos.

Sostiene que el artículo 511 del Código del Trabajo faculta al Director del Trabajo, en aquellas situaciones en que el afectado no haya reclamado de conformidad con el artículo 503, para dejar sin efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia; y el artículo 512 del mismo cuerpo legal previene que “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. Entonces, señala, la disposición transcrita no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles. Ahora bien, el hecho de que esta norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley Nº19.880, en cuya virtud “los plazos de días establecidos .en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”. En efecto, plantea, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1° de la Ley N°19.880 está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar. En este sentido, aduce que cabe consignar que una reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes Nº33.255 de 2004, 12.971 de 2006 y 15.492 de 2008, entre otros, que ha informado que la aplicación de la Ley N°19.880, con carácter de supletoria, debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. Sin embargo, en el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

Conforme a lo anterior, sostiene que no se aprecia cómo podría estimarse arbitrario el acto recurrido, pues la finalidad abierta y transparente de la fiscalización dispuesta y de la sanción aplicada es desincentivar la conducta infraccional multada. Así, cabe concluir la total carencia de arbitrariedad en la actuación del Servicio, permitiendo sostener que la resolución que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno ha podido privar, perturbar o amenazar el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente, por lo que finaliza solicitando rechazar el recurso por ser absolutamente improcedente, con costas.

A fojas 34 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción de protección se ha enderezado en contra del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso, en razón de la resolución que consta en el Ordinario Nº963, de fecha 17 de agosto de 2017, a través de la cual la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso no admitió a tramitación la solicitud de sustitución de la Multa Administrativa N°3508/17/53, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Segundo: Que, por su parte, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, para la presentación de la petición de sustitución de multa por el interesado es de días corridos y no hábiles, de tal manera que la solicitud respectiva fue presentada en forma extemporánea.

Tercero: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas, por lo que tal alegación no resulta atendible.

Cuarto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 506 ter del Código del Trabajo establece para solicitar sustitución de una multa administrativa, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo tanto, encontrándose tal solicitud contemplada dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Director del Trabajo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº19.880, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la misma ley, que prescribe: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.” En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 506 ter del Código del Trabajo es de días hábiles, de manera que es posible concluir que la solicitud de sustitución de multa, de fecha 1 de agosto de 2017, lo fue dentro del plazo legal.

Quinto: Que, conforme a lo razonado, es posible estimar que la recurrida ha conculcado la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República respecto de la recurrente, toda vez que no dio tramitación –por extemporánea– a una solicitud deducida dentro de plazo, motivo por el cual la presente acción constitucional será acogida, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la Comunidad Edificio Zafiro, en contra del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo de Valparaíso, por lo que se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario Nº963, de fecha 17 de agosto de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación la solicitud de sustitución de la Multa Administrativa N°3508/17/53.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Nº Protección 5797-2017.