nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO

Foja: 130 Ciento Treinta S.f.g.

Valparaíso, siete de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fs. 5 comparece nombre reservado, Postulante de la Corporación de Asistencia Judicial de San Antonio, domiciliado domicilio reservado, nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Justicia representada por el Ministro señor Jaime Alfonso Campos Quiroga, domiciliado en domicilio reservado y en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la no ejecución del mandato legal de proporcionar los medios para efectuar la práctica a los postulantes, conforme a lo que preceptúa la ley N° 17.995, lo que, a su juicio, constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a los recurridos, ya sea de forma individual o conjunta, que dicten una normativa en la que se especifiquen los medios con los que puede contar para llevar a cabo su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Jurídico de San Antonio.

Acompaña los documentos que rolan de fs. 2 a 4.

A fs. 13 informa la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso por los motivos que allí expresa.

A fs. 47 informa el señor nombre reservado (S) y solicita que el recurso sea rechazado, por los argumentos que allí desarrolla.

Acompaña copia de sentencia que se agrega de fs. 33 a 46.

A fs. 25 se agrega oficio de la Contraloría General de la República.

A fs. 52 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que don nombre reservado ha recurrido por esta vía constitucional, solicitando el amparo de sus garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se han visto perturbadas por el actuar ilegal y arbitraria del Ministerio de Justicia y de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, por la no ejecución del mandato legal de proporcionarle los medios para realizar su práctica profesional, conforme la preceptúa la Ley N° 17.995, que concede personalidad jurídica a la Corporación de Asistencia Judicial.

Solicita se ordene a los recurridos, ya sea de forma individual o conjunta, que dicten una normativa en la que se especifiquen los medios con los que puede contar para llevar a cabo su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Jurídico de San Antonio.

2°) Que fundando su recurso expresa que egresó de la carrera de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el año 2106, rindiendo su examen de licenciatura en julio de ese año. Añade que al concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial para realizar su práctica profesional, se le informó que en área de Viña/Valparaíso solo había posibilidad de iniciar la práctica en diciembre de 2017. Ante ello solicitó realizarla en otra ciudad, siendo asignado al Consultorio de San Antonio. Señala que inició su práctica el 21 de agosto del presente año y desde entonces ha debido costear sus gastos de movilización y se encuentra desprovisto de seguro contra accidentes., situación que, a su juicio, vulnera sus derechos constitucionales.

Explica que la ley N° 17.995, en su artículo 2° dispone que “La Corporación de Asistencia Judicial proporcionará los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado”. Estima que “los medios” son, de acuerdo a la definición de la RAE “una cosa que puede servir para un fin determinado”, lo que, en este caso, se trataría de elementos necesarios para realizar la práctica, como es poder contar con los recursos para la movilización o poseer seguridad de que alguien responderá frente a un accidente en el desarrollo de la labor.

Aclara que la afectación se produce porque hasta la fecha, ninguno de los recurridos ha dictado una legislación que especifique los medios con los que puede contar para llevar a cabo su práctica profesional.

Respecto del Ministerio de Justicia indica que es su labor dictar el Reglamento a que alude el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, el que se concretizó en el Decreto Supremo N° 265 de 1985, el que no debería consistir en una serie de obligaciones y medidas disciplinarias, de que es objeto el postulante, sino que además, debiera pronunciarse acerca de los medios que se proporcionarán al postulante para realizar su práctica profesional. Además, indica que el Ministerio de Justicia ha obviado el mandato legal del artículo 22 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, relativo a su obligación de estudiar y promover normas aplicables a los sectores a su cargo y velar por el cumplimiento de las normas dictadas, además de su obligación del artículo 8° de dicha ley, en cuanto a obrar por iniciativa propia. Añade que el D.L. 3.346 de 1980 que fija la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su artículo 5° letra E) establece como atribución del Ministerio la dictación de resoluciones, instrucciones y otras normas para el funcionamiento de las actividades del sector.

Respecto de la Corporación de Asistencia Judicial, denuncia el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de su ley Orgánica.

3°) Que informando la Corporación de Asistencia Judicial indica –en síntesis- que esa entidad es un organismo descentralizado y sin fines de lucro creado por la Ley N° 17.995, cuya misión esencial es proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que así lo requieran, así como patrocinar judicialmente, de manera profesional y gratuita a las personas que carecen de recursos económicos para ello.

En cuanto a la práctica profesional, indica que no se contempla el pago de ninguna remuneración, seguro u otros beneficios para los postulantes, por cuanto la práctica implica una obligación legal para obtener el título de abogado, de acuerdo lo dispone el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, el Decreto Supremo N° 265 del Ministerio de Justicia y el artículo 14 de la Ley N° 17995.

Sostiene que el artículo 2° de la Ley N° 17.995 no contiene mandato alguno en orden a dictar una normativa que permita otorgar alguna contraprestación en dinero a los postulantes durante su práctica profesional. Entiende que los medios que debe poner a disposición de los postulantes la Corporación son las asesorías de abogados guías, los medios materiales como oficina, insumos, medios tecnológicos, etc. Aclara que la regulación de la práctica profesional se encuentra en el D.S. N° 265 del año 1985 del Ministerio de Justicia.

Finalmente indica que no ha existido vulneración al principio de igualdad ante la ley, por cuanto la práctica profesional que contiene el Código del Trabajo se refiere a convenios facultativos de empresas, en cambio la práctica profesional para optar al título de abogado es un imperativo legal que prohíbe el pago de cualquier remuneración, lo que ha sido refrendado por la Contraloría General de la República. Por tanto, los postulantes no se encuentran en la misma situación de aquellos que realizan la práctica profesional de conformidad a lo que dispone el artículo 8° del Estatuto Laboral. Del mismo modo señala que no existe vulneración a esta garantía en cuanto al seguro de accidentes, por cuanto de conformidad a lo que dispone el artículo 4° de la Ley N° 16.744 en relación al artículo 1° del Decreto 313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se desprende que dicho beneficio solo procede respecto de estudiantes que realicen su práctica profesional en calidad de alumnos regulares, lo que también ha sido dictaminado por la Contraloría General de la República.

En cuanto al derecho de propiedad indica que no es posible observar cómo podría el recurrente verse afectado en su derecho a propiedad, ya que no es posible partir del supuesto que la práctica constituya un gravamen que genere daño a su patrimonio, por no existir ningún derecho reconocido a su favor en éste ámbito.

4°) Que, a su vez, a fs. 47 informa el señor nombre reservado (S) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando la calidad jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial, agregando que la vinculación que mantiene con esa Secretaría de Estado impide que pueda ejercer a su respecto facultades inherentes a la calidad de superior jerárquico, estableciendo la propia ley un sistema de administración autónoma, cuya instancia superior se radica en un Consejo Directivo.

En cuanto a la omisión que se le imputa, indica que la norma legal es el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en cuyo cumplimiento se dictó el Decreto Supremo N° 265 de 1985, que regula la Práctica Profesional de los Postulantes al Título de Abogado, el que no solo contiene obligaciones para quienes realicen su práctica, sino que también la forma en que ésta ha de realizarse disponiendo lineamientos técnicos para su ejecución y, condiciones objetivas para su calificación en cumplimiento con lo preceptuado en la letra n) del artículo 2° de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Hace mención a que los artículos 14 y 19 del Reglamento prohíben la percepción de cualquier tipo de remuneración o dádiva. Aclara que la pretensión última del actor es obtener el pago de sus gastos de movilización y contar con el seguro de la Ley N° 16.744, los que, de acuerdo a lo manifestado por la Contraloría General de la República no resultan procedentes, reiterando los argumentos entregados por la Corporación de Asistencia Judicial en su informe.

Finalmente señala que esta materia habría sido objeto de análisis en un recurso de protección deducido por varios postulantes a fin de obtener la tarjeta nacional estudiantil, el que fue rechazado.

5°) Que a fs. 25 la Contraloría General de la República remite copia del oficio N° 000345 de 3 de enero de 2014, que evacua consulta sobre la vinculación entre los postulantes al título de abogado y las Corporaciones de Asistencia Judicial y la aplicación a éstos del seguro establecido en la ley N° 16.744, en el que concluye que “la cobertura del seguro solo comprende a los alumnos que, siendo regulares, deben efectuar práctica profesional o cursar actividades curriculares, las que tiene que ser certificadas por la institución a la que pertenece.”. Añadiendo que “…unos de los requisitos para llevar a cabo la práctica profesional en las aludidas Corporaciones consiste en acreditar la calidad de egresado de derecho, de modo que los postulantes carecen de la condición de alumnos regulares, por haber finalizado su programa de estudios, razón por la cual no están amparados por el mencionado seguro.

Asimismo, remite copia del Dictamen N° 076384N14, en el que se establece que “La práctica profesional de los egresados de derecho constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado… y no a un acuerdo con el postulante y su régimen especialmente reglamentado en el aludido decreto N° 265 no contemplando este –como tampoco el Código Orgánico de Tribunales ni la ley N° 17.995- disposiciones que autoricen el pago de gastos de colación o locomoción.”.

6°) Que para que el recurso de protección pueda prosperar, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia del acto u omisión en que éste se sustenta; b) que ese acto u omisión sea ilegal y/o arbitrario; c) que afecte alguna (s) de las garantías constitucionales del recurrente, contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental; y d) que esta Corte se encuentre en condiciones de adoptar alguna medida cautelar que reestablezca el pleno ejercicio de las garantías vulneradas.

7°) Que el recurso denuncia una omisión por parte de los recurridos en cuanto no han dictado la reglamentación suficiente que describa “los medios” que debe proporcionar la Corporación de Asistencia Judicial a los postulantes para realizar la práctica profesional, pues entiende insuficiente la normativa existente, teniendo como última finalidad el obtener un pago por el gasto de movilización y contar con un seguro contra accidentes durante el período que ella dure.

8°) Que el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales dispone: “Para poder ser abogado se requiere:

1° Tener veinte años de edad;

2° Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3º No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4° Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y 5° Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.”.

9°) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma legal por Decreto Supremo N° 265 de 1985, el Ministerio de Justicia reglamentó la Práctica Profesional de los Postulantes al Título de Abogado, de manera que no es posible sostener que haya existido de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una omisión respecto a la obligación que le imponía la ley.

Por lo demás, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde, en forma privativa, a la administración, sin que esta judicatura pueda, por esta vía constitucional y extraordinaria, ordenar la complementación de la reglamentación existente.

10°) Que, en lo que respecta a la Corporación de Asistencia Judicial creada por la Ley N° 17.995, cabe destacar que en su artículo 2° dispone que “Dichas corporaciones gozarán de personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y no perseguirán fines de lucro. Su finalidad será prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos. Además, proporcionarán los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado.”. Tal normativa no impone a la Corporación la obligación de dictar reglamentación alguna y, si bien el artículo 19 letra n) de los Estatutos del Personal de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso establece como deberes y atribuciones del Director General “Proponer al Consejo Directivo necesarios para el buen funcionamiento de la Corporación”, ello no incluye la dictación de normas reglamentarias tendientes a otorgar beneficios pecuniarios a los postulantes, los que de acuerdo a lo que prevé el artículo 14 de la Ley N° 17.995deben prestar sus servicios gratuitamente, sin remuneración.

11°) Que, de este modo, no constatándose en la especie la omisión que se denuncia en el recurso y que le sirve de sustento, éste no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fs. 5 por don nombre reservado en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, sin costas, por estimar que el recurrente obró con motivos plausibles.

Comuníquese y regístrese.

Redacción de la Ministro Sra. Figueroa.

Rol I.C. N° Protección 5796-2017.

No firma el Ministro señor Miranda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente, haciendo uso de su feriado legal.