nombre reservado con LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN - RECREO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 24 de julio de 2026, comparece doña nombre reservado, por sí y en favor de su hija adolescente I.E.S.I., alumna de tercer año de enseñanza media, e interpone recurso de protección en contra del Liceo José Cortés Brown de Recreo, Viña del Mar, cuya entidad sostenedora es la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica de Valparaíso, por estimar totalmente desproporcionada la ratificación de la medida de expulsión aplicada a su hija tras la activación del procedimiento denominado Aula Segura, sin individualizar en el formulario respectivo otra garantía constitucional que la libertad de enseñanza asegurada en el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República.

Expone que la medida carece de proporción, por cuanto no existió violencia ni maltrato directo de parte de su hija, desde que los hechos se debieron a un momento de rabia en el patio del establecimiento, mientras aquélla defendía a una compañera, sin que haya maltratado, agredido ni dirigido directamente a la funcionaria, ni puesto en riesgo en momento alguno a la comunidad. Añade que, como familia, aceptaron la suspensión de diez días, dedujeron la apelación dentro del plazo indicado e ingresaron de inmediato a la estudiante a atención psicológica particular, demostrando su compromiso con su proceso formativo, y que durante el mes que la adolescente ha permanecido en el hogar sólo una profesora le ha remitido material, de la asignatura de biología, lo que la ha dejado en lo que califica como un grave abandono pedagógico.

Solicita, en los términos literales de su petitorio, “no innovar la medida de expulsión, creyendo que es una medida demasiado desproporcionada a la falta cometida”. Acompaña copia de su cédula de identidad, de la resolución de la Dirección del establecimiento de 20 de julio de 2026 que ratificó la expulsión, con acuse de recibo suscrito por la recurrente el 23 de julio de 2026, y del certificado emitido el 12 de julio de 2026 por la psicóloga infanto juvenil doña nombre reservado.

A folio 6, por resolución de 28 de julio de 2026, no se dio lugar a la orden de no innovar solicitada en el petitorio del recurso.

A folio 10, informa la Superintendencia de Educación, por intermedio de su Directora Regional (S) de la Región de Valparaíso, doña Sandra Abarca Córdova. Tras describir las facultades de fiscalización que le confieren los artículos 48, 49, 51, 57 y 66 de la Ley N° 20.529 y transcribir el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, relativo a la aplicación de las medidas de expulsión y de cancelación de matrícula, expone que el 30 de julio de 2026 el establecimiento le comunicó la aplicación firme de la medida de expulsión, mediante el expediente ECM-CAS-154656-R3B7N5, y que su Unidad de Comunicaciones y Denuncias, revisados los antecedentes, concluyó que la medida no se ajusta a la normativa educacional vigente, por no dar cumplimiento a la citada disposición en lo relativo a la aplicación de una medida discriminatoria o arbitraria y al debido proceso.

Funda esa conclusión en que en la notificación del procedimiento, de 11 de junio de 2026, no se otorgó a la estudiante ni a su familia la posibilidad de presentar descargos o medios de prueba; en que no se evidencia una investigación suficiente, objetiva y debidamente fundada, pues no se acompañan antecedentes que acrediten la realización de entrevistas a los involucrados u otros medios de prueba, y no existe relato de la estudiante ni de estudiantes testigos, sino sólo de funcionarios adultos; en que la decisión aparece sustentada principalmente en el relato de una agresión verbal hacia una funcionaria, sin un análisis ponderado de los antecedentes ni una fundamentación clara de las razones que justifican la medida; en que no se evidencia un acompañamiento pedagógico adecuado, oportuno y suficiente durante la suspensión, cuya extensión, entre el 11 de junio y el 8 de julio de 2026, estima excesiva; y en que el establecimiento no acreditó que la medida más gravosa resultara necesaria e indispensable para resguardar la convivencia escolar, existiendo otras de menor intensidad igualmente aptas para cumplir sus fines, más aún considerando que tenía conocimiento de la situación de vulneración de derechos que ha afectado a la alumna en el ámbito familiar y de su intervención psicoterapéutica en curso. Informa, por último, que el caso fue derivado a su Unidad de Fiscalización para el ejercicio de las atribuciones del artículo 52 de la Ley N° 20.529, y que, de detectarse infracciones a la normativa educacional, podrá instruirse un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del establecimiento conforme al artículo 66 del mismo cuerpo legal. Acompaña los antecedentes del caso disponibles a la fecha de su revisión.

A folio 13, informa la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica de Valparaíso, entidad sostenedora del Liceo José Cortés Brown de Recreo, representada por el abogado don Aldo Fendez Pacheco, solicitando el rechazo del recurso, por cuanto la medida de expulsión no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el resultado de un procedimiento disciplinario previamente establecido, desarrollado con conocimiento de la estudiante y de sus apoderados, fundado en antecedentes objetivos y aplicado como consecuencia de hechos de especial gravedad que afectaron directamente la integridad psíquica de una integrante de la comunidad educativa y la convivencia escolar del establecimiento.

Expone que desde el mes de abril de 2026 la estudiante era objeto de intervenciones del equipo psicosocial del establecimiento, a raíz de antecedentes personales y familiares comunicados por ella misma, frente a los cuales activó los protocolos de protección correspondientes, efectuó las derivaciones pertinentes y puso los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia, privilegiando durante los meses de abril y mayo medidas educativas y de apoyo, y que el 28 de mayo de 2026, sorprendida la estudiante fumando al interior del establecimiento, la propia encargada de convivencia escolar sostuvo con ella un diálogo formativo, lo que demostraría que no existía una actitud persecutoria en su contra.

Relata que el 10 de junio de 2026, mientras la encargada de convivencia escolar, en su calidad de inspectora general suplente, intervenía en una situación relativa a otros estudiantes, la hija de la recurrente intervino confrontacionalmente en dicho procedimiento, por lo que la psicóloga del establecimiento la condujo a un espacio tranquilo y privado con la finalidad de contenerla emocionalmente, instancia en la que la estudiante manifestó expresiones de abierta hostilidad contra aquélla, señalando, entre otras, que “la odio” y que “todo sería mejor sin ella”. Agrega que, al retirarse del establecimiento, la estudiante continuó profiriendo a gritos insultos dirigidos nominativamente a la funcionaria, acompañados de gestos obscenos, conducta que se prolongó aun en el exterior del recinto, de manera que no se trató de un comentario aislado, sino de una sucesión de actos de hostilidad que persistieron después de otorgársele un espacio de contención.

Señala que ese mismo día se activó el procedimiento de Aula Segura, calificándose inicialmente la conducta como falta gravísima; que durante la investigación se recabaron la declaración de la funcionaria afectada, el informe de la profesional que efectuó la contención, entrevistas a funcionarios y declaraciones de estudiantes que presenciaron los hechos, la hoja de vida y los antecedentes psicosociales de la estudiante; que el 11 de junio de 2026 los apoderados fueron formalmente informados de la situación ocurrida, de la activación del protocolo, de la medida cautelar adoptada y de su derecho a presentar descargos y medios de prueba, y que en esa misma fecha se revisó la situación académica de la estudiante, constatándose que no se encontraba en riesgo, y se adoptaron decisiones destinadas a resguardar sus evaluaciones durante la suspensión. Añade que el 8 de julio de 2026 la Dirección dictó resolución fundada disponiendo la expulsión, en la que se dejó establecido que la medida no se fundaba en la situación psicológica o personal de la estudiante, sino exclusivamente en las conductas acreditadas; que el 13 de julio se recibió la solicitud de reconsideración de los apoderados, acompañada de antecedentes emitidos por la profesional tratante, la que fue puesta en conocimiento del Consejo de Profesores en reunión extraordinaria de 14 de julio de 2026, cuya mayoría estimó que debía mantenerse la sanción; y que el 20 de julio de 2026 la directora ratificó la medida de expulsión.

En cuanto al fondo, sostiene que la conducta reviste especial gravedad por haberse dirigido contra la encargada de convivencia escolar, en razón y con ocasión del ejercicio de sus funciones, y que la integridad protegida por la normativa sobre convivencia escolar es tanto física como psíquica; que la trabajadora afectada experimentó consecuencias en su integridad psíquica y debió recurrir a los mecanismos de protección laboral correspondientes, lo que se registró durante la investigación y no con posterioridad para justificar la sanción; que el establecimiento no desatendió las circunstancias personales y familiares de la estudiante, frente a las cuales desplegó previamente acciones de apoyo y contención, pero tales circunstancias no podían significar dejar sin protección a los demás integrantes de la comunidad educativa, de modo que el interés superior de la adolescente fue ponderado durante todo el procedimiento, sin que pueda interpretarse de manera aislada y excluyente; que el certificado psicológico acompañado por la recurrente, cuyo contenido no controvierte, es posterior a los hechos y no desvirtúa las conductas sancionadas; y que la libertad de enseñanza no confiere un derecho absoluto e incondicionado a permanecer en un establecimiento determinado, cualquiera sea la conducta desplegada por el estudiante. Concluye que no existe ilegalidad, por haber actuado el establecimiento en ejercicio de sus facultades disciplinarias y dentro del marco normativo, ni arbitrariedad, por fundarse la decisión en antecedentes objetivos recopilados durante la investigación.

A folio 14, la recurrida acompañó, entre otros antecedentes, el oficio de 30 de julio de 2026 por el que informó la medida a la Superintendencia de Educación, la resolución de la Dirección de 8 de julio de 2026 que dispuso la expulsión y la de 20 de julio de 2026 que la ratificó, las pautas de entrevista de la estudiante de 10 de junio de 2026 y de sus apoderados de 11 de junio y de 9, 13 y 23 de julio de 2026, la entrevista del inspector del establecimiento de 11 de junio de 2026, las actas de reunión sobre medidas de apoyo pedagógico de 11 de junio y 27 de julio de 2026, la hoja de vida de la estudiante, el informe individual de acompañamiento elaborado por la dupla psicosocial del establecimiento, las comunicaciones del Instituto de Seguridad del Trabajo relativas a la atención de la funcionaria afectada, la carta dirigida por ésta a la directora el 7 de julio de 2026, la carta de reconsideración suscrita por el padre de la estudiante y el certificado psicológico de 12 de julio de 2026.

A folio 15, se trajeron los autos en relación.

A folio 18, la recurrida, en cumplimiento de lo ordenado, acompañó las actas de las audiencias preparatoria, de 18 de mayo de 2026, y de juicio, de 28 de julio de 2026, celebradas en la causa RIT P-1147-2026 del Juzgado de Familia de Viña del Mar, la denuncia formulada por la directora del establecimiento ante dicho tribunal con su certificado de envío, el informe individual de acompañamiento de la estudiante y el oficio remitido por el establecimiento al mismo tribunal.

A folio 20, para el mejor acierto del fallo, se decretó como medida para mejor resolver tener a la vista la causa RIT P-1147-2026 del Juzgado de Familia de Viña del Mar, seguida en favor de la adolescente, cuya carpeta electrónica fue remitida por dicho tribunal y agregada a folio 25.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho y a otorgar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma disposición enumera, facultando a esta Corte para adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para tales fines.

SEGUNDO: Que el acto impugnado es la resolución de 20 de julio de 2026 de la Dirección del Liceo José Cortés Brown de Recreo, que, previa consulta al Consejo de Profesores, desestimó la reconsideración deducida por el padre de la estudiante y ratificó la medida de expulsión que le fue aplicada por resolución de 8 de julio de 2026, en el procedimiento regulado en el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, a raíz de los hechos ocurridos en el establecimiento el 10 de junio de 2026.

Si bien el petitorio del recurso se formula como una solicitud de “no innovar” respecto de la expulsión, pretensión que en cuanto orden de no innovar fue desestimada a folio 6, el relato que lo precede pide que se reconsidere la medida por estimarla totalmente desproporcionada, de modo que, atendida la informalidad con que la acción puede deducirse y la amplitud de las providencias que el citado artículo 20 autoriza adoptar, la pretensión de fondo se dirige a que no se mantenga la expulsión por carecer de proporción respecto de la falta cometida. La controversia queda así circunscrita a determinar si la decisión de aplicar la medida más gravosa del régimen disciplinario, en los términos en que fue ratificada, se ajusta a las exigencias de proporcionalidad y de fundamentación que el ordenamiento impone al ejercicio de la potestad disciplinaria del establecimiento.

TERCERO: Que el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, dispone que sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, “las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria”, y que las medidas de expulsión y de cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno o afecten gravemente la convivencia escolar. El mismo precepto exige que, antes de iniciar el procedimiento de expulsión, el director haya representado a los padres la inconveniencia de las conductas e implementado en favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial previstas en el reglamento interno, exigencia que declara inaplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, caso en el cual la decisión, que sólo puede adoptar el director, es susceptible de reconsideración ante la misma autoridad, “quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito”.

De la estructura de la norma se sigue que la vía excepcional introducida por la Ley N° 21.128 dispensa de ciertos trámites previos y abrevia los plazos del procedimiento, pero no exime a la autoridad del deber de observar el principio de proporcionalidad, que el legislador erige en límite de toda sanción sin distinguir la vía por la cual se imponga. Dicho principio exige que la medida escogida guarde correspondencia con la entidad de la falta y con las circunstancias en que fue cometida, y que su intensidad se justifique frente a otras menos gravosas igualmente aptas para cumplir los fines de la potestad disciplinaria, exigencia que adquiere especial relevancia tratándose de la expulsión, que es la más severa de las consecuencias que el ordenamiento educacional contempla.

CUARTO: Que de los antecedentes allegados al proceso, en especial de los documentos acompañados por la recurrida a folio 14, cuya autenticidad no ha sido controvertida, y de la causa RIT P-1147-2026 del Juzgado de Familia de Viña del Mar, tenida a la vista, se encuentran establecidos los hechos que a continuación se reseñan.

El 10 de junio de 2026, mientras la encargada de convivencia escolar, que en ese momento se desempeñaba como inspectora general suplente, intervenía en una situación disciplinaria que involucraba a otros estudiantes, la estudiante intervino gritando e insultando a aquélla y a la psicóloga del establecimiento en presencia de otros alumnos, oportunidad en que esta última la escuchó gritar, en referencia al liceo, “son una mierda” y “estos weones hacen todo mal”, según consta de la pauta de entrevista de esa fecha. Luego, al retirarse del establecimiento, la estudiante, junto a otro alumno, gritó desde la puerta “gracias Siomara y la conchetumare” y “gracias liceo y la conchetumare”, levantando el dedo medio, según la declaración del inspector del establecimiento de 11 de junio de 2026, en términos concordantes con lo consignado en la hoja de vida de la estudiante y en la carta de la funcionaria de 7 de julio de 2026. Esas conductas no comprendieron agresión física alguna, como lo reconoce expresamente la resolución de 8 de julio de 2026 al señalar que “no existe una agresión de carácter físico”.

Las expresiones “la odio” y “todo sería mejor sin ella”, a las que las resoluciones de 8 y 20 de julio de 2026 atribuyen el carácter de amenaza, fueron vertidas por la estudiante en la entrevista que le realizó la psicóloga del establecimiento con el objeto de contenerla, cuyo registro consigna que en esa instancia negó los hechos y se encontraba en un estado de alteración que incluyó conductas de riesgo para sí misma, las que debieron ser contenidas por la profesional; en el mismo sentido, la pauta de la entrevista sostenida con sus apoderados el 11 de junio de 2026 deja constancia de que la psicóloga les informó que la estudiante se encontraba desregulada y que había manifestado expresiones de riesgo para su propia integridad.

Con anterioridad a esos hechos, el establecimiento había detectado antecedentes de vulneración de derechos de la estudiante en el ámbito familiar y los había puesto en conocimiento del Juzgado de Familia de Viña del Mar, tribunal que, en la causa RIT P-1147-2026, en la que el propio liceo figura como parte requirente, decretó el 18 de mayo de 2026, como medida cautelar, la derivación de la adolescente a un programa de reparación de maltrato, al que ingresó efectivamente el 1 de julio de 2026, encontrándose dicha causa actualmente en tramitación. A la fecha de la reconsideración, además, la estudiante se encontraba en proceso de intervención psicoterapéutica, según el certificado de 12 de julio de 2026, y tanto la carta de reconsideración de su padre, que reconoce las conductas y la gravedad de la situación, como la entrevista de 13 de julio de 2026, dan cuenta de su arrepentimiento.

Por su parte, la funcionaria afectada ingresó al Instituto de Seguridad del Trabajo el 11 de junio de 2026 y, por carta de 7 de julio de 2026 dirigida a la directora del establecimiento, expuso encontrarse en atención de salud mental y manifestó temor fundado de volver a ser objeto de agresiones, solicitando que se adoptaran “todas las medidas de resguardo definitivas necesarias para impedir la exposición de mi persona ante la estudiante”.

QUINTO: Que la resolución de 8 de julio de 2026 calificó los hechos como falta gravísima conforme al reglamento interno del establecimiento, texto que no ha sido acompañado a los autos, y justificó la medida en el riesgo que atribuyó a “los gritos, la persecución de la autoridad en el frontis del colegio y las amenazas explícitas dirigidas hacia profesionales específicos”, afirmando que la Dirección “debe priorizar” el deber de asegurar un espacio de trabajo libre de violencia, el cual “debe ponderarse en equilibrio con el derecho a la educación”. Dicho acto, sin embargo, no desarrolló ese balance, pues, tras dejar constancia de que la sanción se adoptaba “como último recurso” luego de implementadas diversas acciones de apoyo, entre ellas la presentación de una denuncia de protección ante el Tribunal de Familia, declaró bajo el epígrafe “Neutralidad respecto a la Salud Mental” que la sanción no se fundamentaba en modo alguno en la condición de salud o diagnóstico de la estudiante, sin referirse a la existencia de otras medidas disciplinarias o de resguardo ni a las razones por las cuales ellas resultarían insuficientes. Afirmó, además, que las expresiones vertidas en la entrevista de contención fueron formuladas “de forma libre y explícita”, aserto que no se condice con el registro de esa misma entrevista reseñado en el motivo precedente.

La resolución de 20 de julio de 2026, a su turno, ratificó la expulsión en consideración a la gravedad de la agresión verbal, a los relatos de testigos, a las consecuencias que la conducta tuvo para la salud psicológica de la funcionaria y para la comunidad de trabajadores y al deber de resguardar la seguridad de la comunidad, reseñando además la opinión de los docentes consultados, quienes estimaron que el liceo había entregado previamente a la estudiante “todos los apoyos necesarios”, “velando siempre por el interés superior del niño”, y observaron una “situación de amenaza implícita que no se puede ignorar, más aún en los tiempos actuales”. En lo que atañe a la reconsideración, se limitó a consignar que sus argumentos “se basan en señalar una situación de salud mental de la estudiante, la cual está siendo abordada desde psicóloga externa”, sin hacerse cargo de los demás antecedentes invocados en la carta del padre, que reconoce expresamente las conductas y da cuenta del arrepentimiento de la estudiante, de su mejora académica y de los compromisos asumidos por la familia, ni del contenido del certificado de la profesional tratante, y sin explicar por qué una medida distinta de la expulsión no resultaba adecuada.

SEXTO: Que la decisión de expulsar a la estudiante se sitúa en el punto de encuentro de derechos e intereses que el ordenamiento protege simultáneamente y que en la especie se encuentran en tensión.

De una parte, se encuentra el derecho de la funcionaria afectada a su integridad psíquica, asegurado por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, cuyo menoscabo se encuentra documentado, y a desempeñar sus funciones en un ambiente libre de violencia, que la Ley N° 21.643 incorporó al artículo 2° del Código del Trabajo al comprender la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, con el correlativo deber de protección que el artículo 184 del mismo Código impone al empleador, a lo que se añade el interés de la comunidad educativa en una convivencia escolar respetuosa y la potestad disciplinaria que la ley reconoce al establecimiento para resguardarla.

De otra parte, se encuentra la estudiante, adolescente de dieciséis años, cuya permanencia en el establecimiento escogido por sus padres forma parte del contenido de la libertad de enseñanza asegurada en el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República, que comprende el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, y que tiene derecho a que en toda decisión que la afecte su interés superior sea una consideración primordial, conforme al artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y a que la disciplina escolar se administre de modo compatible con su dignidad, en los términos del artículo 28.2 del mismo instrumento. En el caso concreto, esa posición se ve reforzada por circunstancias acreditadas y conocidas del establecimiento, como son su calidad de sujeto de una medida cautelar de protección judicial vigente, requerida por el propio liceo; el estado de alteración, con conductas de riesgo para sí misma, en que se produjeron las expresiones a las que se atribuye mayor gravedad; su proceso terapéutico en curso; y la circunstancia de que la expulsión se dispuso a mitad del año escolar, cuando cursaba el tercer año de enseñanza media.

SÉPTIMO: Que la tensión descrita no admite ser resuelta mediante la preeminencia abstracta de uno de los intereses en juego, sino mediante su ponderación en el caso concreto, que es precisamente lo que exige el principio de proporcionalidad al que el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, somete toda medida disciplinaria. Conforme a dicho principio, una medida que restringe derechos debe ser idónea para alcanzar el fin legítimo que persigue, necesaria, en cuanto no exista otra menos gravosa igualmente eficaz para lograrlo, y proporcionada en sentido estricto, esto es, que el beneficio que reporta al interés protegido guarde relación con el sacrificio que impone al interés que restringe.

En esta tarea no corresponde a esta Corte sustituir la apreciación disciplinaria del establecimiento ni determinar cuál de las medidas contempladas en su reglamento interno resulta procedente, sino verificar si la autoridad llamada a decidir efectuó y exteriorizó el juicio que la ley le impone. Tal exigencia se refuerza tratándose de decisiones que afectan a un niño, niña o adolescente, pues el interés superior no opera sólo como criterio sustantivo, sino también como norma de procedimiento, que obliga a quien decide a evaluar las repercusiones de la decisión en el afectado y a dejar constancia en su justificación de que ese interés se tuvo explícitamente en cuenta, según lo ha precisado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 14, de 2013, párrafo 6, letra c). Ello no confiere a la estudiante inmunidad frente a la potestad disciplinaria ni determina que su interés prevalezca de modo automático sobre los derechos de la funcionaria, pero sí impide que su situación sea excluida del análisis.

OCTAVO: Que, aplicado lo anterior, la finalidad de resguardar la integridad psíquica de la funcionaria y la convivencia escolar es legítima, y la separación definitiva de la estudiante resulta idónea para alcanzarla. El déficit de las resoluciones de 8 y 20 de julio de 2026 se sitúa en el examen de necesidad, pues ninguna de ellas contiene razonamiento alguno acerca de por qué otras medidas disciplinarias, formativas, reparatorias o de resguardo resultaban insuficientes para ese fin, cuestión que no era meramente teórica, desde que la propia funcionaria afectada, en la carta de 7 de julio de 2026 que precedió a la decisión, solicitó medidas destinadas a impedir su exposición ante la estudiante, cuya aptitud para ese objeto correspondía examinar a la autoridad, y desde que la Superintendencia de Educación, en su revisión preliminar, reparó precisamente la falta de acreditación de que la medida más gravosa fuera necesaria e indispensable.

No suple esa carencia la declaración de neutralidad respecto de la salud mental de la estudiante contenida en la resolución de 8 de julio de 2026. Abstenerse de fundar la sanción en la condición de salud de una estudiante se aviene con la prohibición de discriminación arbitraria, pero no releva a la autoridad del deber de considerar las circunstancias personales en que la conducta se produjo al momento de graduar la respuesta disciplinaria, pues una cosa es sancionar a una estudiante por su condición, lo que el ordenamiento proscribe, y otra, distinta, atender a esa condición y al contexto de los hechos para determinar la intensidad de la sanción, lo que el principio de proporcionalidad exige. Al excluir tales circunstancias, la resolución prescindió de antecedentes que el mismo establecimiento había documentado y llevado a conocimiento de la justicia de familia, y construyó la gravedad de la conducta sobre una premisa, la de que las expresiones de la estudiante se formularon de forma libre, que no se ajusta al registro de la entrevista en que fueron vertidas.

NOVENO: Que, en el examen de proporcionalidad en sentido estricto, la autoridad debía confrontar, de un lado, la entidad del menoscabo sufrido por la funcionaria, su temor fundado y el deber institucional de protegerla, y, de otro, el carácter exclusivamente verbal de la conducta, las circunstancias de alteración emocional en que se produjo parte de ella, la situación de protección judicial de la estudiante, su proceso terapéutico, el reconocimiento de la falta y el efecto que la exclusión del establecimiento a mitad del año escolar produce en una adolescente cuyo acompañamiento psicosocial era prestado por el propio liceo. Ninguno de estos elementos fue sopesado en las resoluciones de 8 y 20 de julio de 2026, que se limitaron a afirmar la gravedad de la conducta y el deber de resguardo, de modo que la elección de la medida más severa carece de una justificación que permita controlar su racionalidad. Esta Corte no emite juicio acerca de cuál deba ser el resultado de ese examen, que corresponde efectuar en primer término a la autoridad educacional, sino que constata que no fue realizado.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la resolución impugnada incurre en ilegalidad, por cuanto ratificó la medida de expulsión sin sujeción al principio de proporcionalidad al que el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, somete toda sanción disciplinaria, reproduciendo el defecto de que adolecía la resolución de 8 de julio de 2026 y que la reconsideración era precisamente la oportunidad de corregir, e incurre asimismo en arbitrariedad, por cuanto la decisión prescindió de antecedentes relevantes que obraban en poder del establecimiento y se apoyó en una premisa fáctica inexacta acerca de las circunstancias en que se produjeron las expresiones a las que atribuyó mayor gravedad, careciendo así de fundamento racional suficiente en cuanto a la elección de la medida más gravosa. Lo concluido no importa desconocer la gravedad de los insultos dirigidos a la funcionaria ni la afectación que le produjeron, que se encuentran acreditados y que el establecimiento está obligado a considerar, ni pronunciarse sobre la calificación de la conducta conforme al reglamento interno.

UNDÉCIMO: Que el acto así viciado perturba el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para su hija, comprendido en la libertad de enseñanza asegurada en el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República, pues la priva de continuar sus estudios en el establecimiento elegido en virtud de una decisión que no satisface las exigencias de racionalidad que la ley impone, y afecta la igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del mismo artículo, al someterla a la sanción más severa del régimen disciplinario sin una justificación que excluya la arbitrariedad de la diferencia de trato que ello importa.

DUODÉCIMO: Que, para restablecer el imperio del derecho, no corresponde que esta Corte determine la medida disciplinaria aplicable, pues su elección entre las que contempla el reglamento interno y el examen de los antecedentes que conducen a ella competen en primer término a la Dirección del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, órganos que la ley designa para ello. La providencia adecuada consiste, por tanto, en dejar sin efecto la resolución de 20 de julio de 2026 y retrotraer el procedimiento al estado de resolverse la reconsideración deducida por el padre de la estudiante, a fin de que la autoridad se pronuncie fundadamente sobre ella, efectuando la ponderación omitida y expresando las razones por las cuales, en su caso, las medidas menos gravosas no resultan idóneas para resguardar la integridad de la funcionaria afectada y la convivencia escolar, quedando entretanto la medida dispuesta por la resolución de 8 de julio de 2026 sujeta a lo que en esa instancia se decida. Esta solución se enmarca en la finalidad del petitorio, dirigido a que no se mantenga la expulsión por desproporcionada, y en la amplitud de las providencias que el artículo 20 de la Constitución Política de la República autoriza adoptar.

Atendido que la interposición de la reconsideración extiende la suspensión de la estudiante hasta la culminación de su tramitación, conforme al mismo artículo 6° letra d), y que el año escolar se encuentra en su último período, el nuevo pronunciamiento deberá emitirse en un plazo breve, y el establecimiento deberá asegurar entretanto la continuidad de los estudios de la estudiante, en los términos que la propia resolución de 8 de julio de 2026 dispuso y cuya ejecución no consta, habiéndose resuelto en el acta de 27 de julio de 2026 que respecto de ella no procedía el envío de materiales pedagógicos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y N° 11 y 20 de la Constitución Política de la República, en el artículo 6° letra d) del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en los artículos 3.1 y 28.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por doña nombre reservado, en favor de su hija adolescente I.E.S.I., en contra del Liceo José Cortés Brown de Recreo, cuya entidad sostenedora es la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica de Valparaíso, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución de la Dirección del establecimiento de 20 de julio de 2026, que ratificó la medida de expulsión aplicada a la estudiante, y se retrotrae el procedimiento al estado de resolverse la solicitud de reconsideración presentada el 13 de julio de 2026, quedando la medida dispuesta por resolución de 8 de julio de 2026 sujeta a lo que en ella se resuelva.

II. Que la Dirección del establecimiento deberá resolver nuevamente dicha reconsideración dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes que se encuentren disponibles, mediante resolución fundada que pondere los antecedentes señalados en los motivos cuarto, octavo y noveno y exprese las razones por las cuales, en su caso, las medidas disciplinarias, formativas, reparatorias o de resguardo de menor intensidad que el ordenamiento y el reglamento interno contemplan no resultan idóneas para proteger la integridad de la funcionaria afectada y la convivencia escolar.

III. Que, mientras se emite dicho pronunciamiento, el establecimiento deberá asegurar la continuidad de los estudios de la estudiante, proveyéndole el material pedagógico y las evaluaciones que correspondan.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al fallo sin compartir el fundamento duodécimo y teniendo además presente las siguientes consideraciones:

1.-Que, a entender de esta ministra, el asunto planteado no dice relación con el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos, sino con el interés superior de la adolescente afectada con la medida disciplinaria de expulsión y consecuencialmente se enmarca dentro de la garantía constitucional de la integridad psíquica;

2.-Que, en este contexto y tal como lo señala la sentencia de esta Corte, la expulsión decretada ha sido adoptada sin cumplir con el principio de razón suficiente ya que no se explican las razones por las cuales la recurrida ha elegido la más gravosa de las sanciones, sin antecedentes que permitan vislumbrar siquiera el sustento de dicha expulsión;

3.-Que, directamente relacionado con lo anterior, se constata una trasgresión evidente al principio de proporcionalidad, teniendo presente que las conductas desplegadas por la adolescente están constituidas por insultos hacia una docente y hacia el colegio en general, conducta por cierto indebida, pero que no es ajena al lenguaje utilizado por este grupo etario, en proceso de formación y donde las emociones suelen primar por sobre la racionalidad y el debido control; aspectos todos que el colegio debió tomar en consideración, sobre todo teniendo presente su calidad de experto en temáticas relacionadas con la educación y el comportamiento adolescente;

4.-Que, finalmente, esta ministra discrepa de la decisión de someter a la adolescente a un nuevo examen disciplinario, por resultar revictimizante y por lo tanto vulnerador de sus derechos, teniendo además presente que el examen realizado por esta Corte consiste en determinar la legalidad o arbitrariedad de la medida de expulsión, resultando improcedente, a entender de quien previene, reabrir un procedimiento disciplinario finalizado para permitir que el colegio recurrido subsane errores y omisiones sustantivas, o de juicio, y no meramente procedimentales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Pedro García Muñoz y de la prevención, su autora.

N°Protección-5769-2026.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Felipe Caballero Brun, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.