Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 11 de julio de 2026, emanada de la Unidad Médica de dicha repartición pública, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, de 10 de abril del mismo año, manteniendo la calificación de origen común respecto de su patología de salud mental y denegando otorgarle la cobertura del seguro de la Ley N°16.744.

Expone que se desempeña como supervisor de operaciones de seguridad para la empresa Securitas S.A. y que, el 11 de julio de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social dictó la resolución que rechazó su recurso de reposición, confirmando la calificación de origen común de su cuadro clínico y negándole la cobertura por enfermedad profesional laboral.

Señala que dicha decisión no ponderó adecuadamente los antecedentes allegados relativos a su condición de salud mental, la cual sostiene tiene su causa directa en los reiterados actos de hostigamiento, malos tratos, agresiones verbales, descalificaciones y acoso laboral que debió soportar por parte de jefaturas y compañeros de trabajo de su entidad empleadora.

Indica que, la persistencia de dichas conductas y la alteración unilateral de sus condiciones laborales motivaron la presentación de diversas denuncias ante la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y la activación de procedimientos de tutela bajo la Ley N°21.643, derivando en que fuera apartado de sus labores ordinarias y mantenido con permisos con goce de remuneraciones. Sostiene que el ambiente hostil vivenciado en su empleo generó la emergencia de su sintomatología ansiosa y depresiva, con crisis de pánico, temblores corporales e insomnio, por lo que desestimar la naturaleza profesional del cuadro resulta arbitrario e infundado, dejándolo desprovisto de la cobertura integral que consagra el seguro social obligatorio contra riesgos laborales.

Concluye solicitando que se reconozca y otorgue la calidad de enfermedad profesional a su patología.

A folio 4, evacúa informe don Francisco Miguel Ortega Bello, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alega la improcedencia de la acción constitucional por estimar que la controversia ventilada versa sobre la calificación médica del origen de una patología, lo que constituye una materia técnica propia de un procedimiento declarativo de lato conocimiento y desborda los límites del recurso de protección, el cual exige la afectación de un derecho indubitado y preexistente.

En subsidio, en cuanto al fondo, expone que su actuar se ciñe estrictamente a las atribuciones legales conferidas por la Ley N°16.395 y la Ley N°16.744. Señala que, el 2 de diciembre de 2025, el recurrente reclamó ante ese organismo fiscalizador en contra de la resolución de la Asociación Chilena de Seguridad que calificó como de origen común su enfermedad psíquica.

Indica que, tras requerir al organismo administrador los antecedentes médicos y el respectivo Estudio de Puesto de Trabajo para Patologías de Salud Mental (EPT-PM), los profesionales de la Unidad Médica procedieron al estudio del caso, concluyendo mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 10 de abril de 2026, que la patología es de origen común, toda vez que no se constató una relación de causalidad directa en los términos del artículo 7 de la Ley N°16.744, al no verificarse exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficientes en el trabajo que expliquen el origen del cuadro.

Agrega que, el 15 de abril de 2026, el trabajador dedujo reposición administrativa, resolviéndose el 11 de julio de 2026, a través de la Resolución Exenta N°NUM000, mantener a firme la calificación de patología común tras un nuevo análisis técnico de los antecedentes.

Afirma que no se han conculcado las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, pues el acto impugnado fue emitido en el marco de un procedimiento reglado y técnico, no comprometiéndose el derecho a la salud ni de propiedad, encontrándose garantizadas las prestaciones económicas y asistenciales a través del régimen común de salud.

Finalmente pide declarar la improcedencia de la acción de protección, con expresa condenación en costas, o bien, en subsidio, desestimarla en todas sus partes en cuanto al fondo, con costas.

A folio 6, evacúa informe don Patricio Humberto Castillo Barrios, abogado, en representación de la Asociación Chilena de Seguridad.

Expone que el actor ingresó a los centros asistenciales de su representada el 29 de octubre de 2025 para estudio por posible neurosis laboral (DIEP N°NUM002), realizándose la evaluación clínica inicial y el posterior Estudio de Puesto de Trabajo para Patologías de Salud Mental el 5 de noviembre de 2025, instancia en que se recibieron declaraciones de tres testigos y se descartó la presencia de agentes de riesgo laboral asociados a hostilidad de jefaturas o pares.

Señala que, el 13 de noviembre de 2025, el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales, conformado de manera multidisciplinaria por un médico del trabajo, un psiquiatra y una psicóloga, concluyó unánimemente que la patología diagnóstica de 'trastorno adaptativo' es de origen común, al advertirse que las tensiones laborales descritas obedecían a conductas confrontacionales del propio trabajador y al ejercicio legítimo de facultades de supervisión que aquel interpretaba como acoso, emitiéndose la Resolución de Calificación N°NUM003.

Añade que todo el procedimiento de evaluación se ejecutó conforme a las directrices del Compendio Normativo y que lo obrado fue íntegramente ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social al rechazar el reclamo y la reposición del trabajador, no existiendo acto ilegal o arbitrario alguno.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la alegación de improcedencia deducida por la Superintendencia de Seguridad Social Primero: Que, la Superintendencia de Seguridad Social funda su alegación de improcedencia en que la controversia versaría sobre la calificación médica del origen de una patología, materia propia de un procedimiento de lato conocimiento y ajena al ámbito de la acción cautelar de protección.

Sin embargo, lo sometido a conocimiento de esta Corte no es la calificación médica en sí misma, sino la supuesta ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo terminal que puso término a dicho procedimiento y la eventual vulneración de la garantía constitucional de la integridad física y psíquica que de él derivaría, materia que se encuentra dentro de la competencia que el artículo 20 de la Constitución Política de la República confiere a esta Corte, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo, por lo que la alegación será desestimada.

II. En cuanto al fondo:

Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la Resolución Exenta N°NUM000, de 11 de julio de 2026, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, de 10 de abril de 2026, manteniendo la calificación de origen común de la patología mental del recurrente, sustentado en que dicha decisión no ponderó el contexto de acoso y malos tratos laborales acreditados que originaron su afección psíquica. Por lo anterior, solicita que se reconozca y otorgue la calidad de enfermedad profesional a su patología.

Cuarto: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la calificación como patología común emanó de un procedimiento administrativo reglado y debidamente fundamentado por su Unidad Médica y la mutualidad administradora, cuyos peritajes médicos, psicológicos y estudio de puesto de trabajo concluyeron unánimemente que no existen factores de riesgo psicosocial en el empleo que guarden relación de causalidad directa con el trastorno adaptativo presentado, sin vulnerar garantías constitucionales. Finalmente pide desestimar la acción en todas sus partes, con costas.

Quinto: Que, el artículo 4 del Decreto 109 que aprueba el Reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nª16.744, de 1° de febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades, dispone que: “La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de Empleadores, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

Para proceder a realizar dichas acciones, en caso de accidentes del trabajo, las respectivas Compin citarán al Instituto de Normalización Previsional y/o a la empresa con administración delegada si correspondiere y, en caso de enfermedades profesionales, citarán a todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el enfermo a contar del 1° de Mayo de 1968.”.

Sexto: Que, conforme se desprende de lo dispuesto en la normativa transcrita precedentemente, la calificación del origen común o profesional de una enfermedad ha sido entregada por el legislador a organismos técnicos especializados, en la especie, la Asociación Chilena de Seguridad como organismo administrador y la Superintendencia de Seguridad Social como ente fiscalizador.

Dichas instituciones en este caso intervinieron conforme con los procedimientos reglados aplicables, practicando las evaluaciones médicas, periciales y de puesto de trabajo pertinentes, cuyas conclusiones fueron posteriormente revisadas por la Unidad Médica de la Superintendencia de Seguridad Social en dos oportunidades, mediante las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM000, ambas debidamente fundadas en los antecedentes técnicos reunidos en el respectivo procedimiento administrativo.

Séptimo: Que, en tales condiciones, se concluye que la resolución impugnada fue adoptada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones legales, y se encuentra debidamente fundada en los antecedentes técnicos referidos, sin que la sola discrepancia del recurrente respecto de la ponderación que de ellos efectuaron los organismos especializados sea suficiente para transformarla en arbitraria, ni para tener por acreditada la vulneración de la garantía constitucional invocada en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I. Que, se rechaza, la alegación de improcedencia deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5768-2026.